Haciendo encajes de bolillos para cumplir los plazos de pago legales

Mario Cantalapiedra – Economista

Por lo que se ve algunas empresas están haciendo encajes de bolillos para cumplir “a su manera” los plazos de pago marcados por la legislación vigente contra la morosidad. Es el caso que me llega de una constructora que está ofreciendo el pago a sus proveedores a través de confirming, es decir, a través de una operación en la que una entidad financiera actúa como gestor en los pagos aplazados de la empresa a sus proveedores, pudiendo, a elección de estos últimos, anticipar el importe de las facturas tras deducir unos intereses y comisiones.

Pues bien, la constructora está ofreciendo a sus proveedores el pago mediante confirming sin recurso a 240 días, en el que no obstante, si el proveedor anticipa el importe, se compromete a devolverle mediante cheque el gasto financiero correspondiente hasta los últimos 180 días antes del vencimiento, previa justificación del mismo. Así, aparentemente, estaría respetando los 60 días de plazo máximo de pago que marca la Ley. El problema es que el efecto no es neutro para el proveedor, puesto que si bien se le restituyen los gastos financieros que sobrepasan el aplazamiento legal y ello siempre que “espere” a anticipar sus facturas justo cuando falten seis meses para el vencimiento, no ocurre lo mismo con la comisión que la entidad financiera cobra por la gestión de la operación y que, en este caso concreto, asciende al uno por ciento del importe nominal anticipado. Al menos, se podría decir que el confirming es sin recurso, es decir, que la empresa proveedora si anticipa queda liberada de cualquier responsabilidad en caso de impago, pero esto no debe ser suficiente.

El problema es que esta política de pago va en la línea de confundir medios de pago con plazos de pago, de la que ya he hablado en el blog, que, por otro lado, se apoya en la modificación de la legislación contra la morosidad prevista en el anteproyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial. De momento, el texto que se conoce prevé la posibilidad de ampliar los plazos máximos de pago legales cuando haya acuerdo entre acreedor y deudor para ceder la deuda comercial a un tercero, y siempre que ello permita al acreedor cobrar dentro del plazo legal, aunque nada se dice de quién asumiría los costes asociados a la cesión, si el deudor o el acreedor. Habrá que estar muy atentos a la aprobación definitiva, en su caso, de la modificación prevista en el anteproyecto, pero mientras tanto yo que tú me iría preparando para ver más encajes de bolillos como el comentado.

 

 

 

 

 

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