Mario Cantalapiedra – Economista

De los datos presentados por el Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, parece desprenderse una mejora en la cultura de pagos de las administraciones públicas. Así puede verse como un 28 por ciento de las empresas encuestadas declara que sus plazos de pago se han reducido, mientras que un 7 por ciento adicional señala que, a pesar de no observar cambios significativos en los plazos que se pactan, la Administración acepta antes sus facturas. Por su parte, un 21 por ciento de las empresas proveedoras de la Administración no percibe cambios en los plazos de pago, sin embargo, sí reconoce los efectos positivos que los distintos planes de pago a proveedores impulsados por el Gobierno han tenido en la liquidación de la deuda antigua. El grupo más amplio, formado por el 44 por ciento restante, no percibe ningún cambio en los plazos de pago de las administraciones públicas, no obstante, este porcentaje es diez puntos más bajo que hace un año.

Interrogadas las empresas que operan en España por la incidencia de los niveles de impago en el ámbito de las administraciones públicas, el 74 por ciento del total declara mantener una tasa de impago inferior al 4 por ciento de su facturación (nivel adecuado de riesgo, según el Estudio), cuando en la primavera de hace un año solamente un 63 por ciento de las empresas mantenía dicho nivel. Por su lado, el 11 por ciento de los proveedores de la Administración soporta una tasa de impago por encima del 10 por ciento respecto al volumen de sus operaciones (nivel de riesgo extremo, según el Estudio), pero, en este caso, también hay una mejora de cinco puntos con respecto a los niveles de la primavera de 2013.

Los esfuerzos realizados desde lo público a través de los distintos planes de pago a proveedores, así como a través de las medidas legislativas introducidas para que las administraciones públicas paguen las facturas a sus proveedores dentro de los treinta días siguientes a la fecha de conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados, empiezan a dar sus frutos. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, si lo que se desea es que la cultura del pago de las facturas a plazo razonable (legal) se extienda por el tejido empresarial español, las administraciones públicas son las primeras que deben predicar con su ejemplo.