Las “fintech” más cerca de poder probar sus negocios de forma controlada en España

Mario Cantalapiedra – Economista

De forma recurrente se alude a la dificultad que representa para el regulador legislar sobre aquellos negocios innovadores relacionados con el mundo digital que continuamente están apareciendo en el mercado. Van tan rápidos que es difícil seguirles la pista. Además no les queda otra que ir rápido, ya que la globalización lleva a que la competencia pueda venirles desde cualquier parte y hacer que pierdan su ventaja competitiva si se paran.

El problema que subyace aquí es el de ser capaces de aunar los intereses de las empresas que ofrecen productos y servicios innovadores a través de internet, los de los clientes que los contratan y los del legislador que tiene la tarea de supervisar y regular la transacción económica, entendiendo cómo funcionan estos negocios. Es muy difícil regular un zapato si nunca has visto uno. La solución parece estar en el llamado “sandbox” o entorno de pruebas controlado, que precisamente ayer fue aprobado por el Gobierno español, en concreto para que prueben dentro de él sus modelos de negocio las empresas que ofrecen innovaciones financieras de base tecnológica, es decir, las empresas “fintech”.

En principio, España debía ser uno de los países pioneros en la introducción de un sandbox para las fintech, pero la parálisis política que hemos sufrido en los últimos tiempos ha hecho que otros se nos adelanten. Lejos de nuestras latitudes encontramos ejemplos de estos entornos controlados en el sector financiero en Singapur o en Malasia, pero también los encontramos cerca de nuestras fronteras en Dinamarca, Países Bajos o Reino Unido.

El sandbox aprobado ayer, que ahora tiene que pasar el pertinente trámite parlamentario antes de verse reflejado en una ley, pretende introducir condiciones seguras en las que las fintech prueben sus productos y servicios con las máximas garantías para los usuarios. De este modo, los que participen en las pruebas tendrán que prestar su consentimiento expreso, los promotores de los proyectos deberán disponer de garantías para cubrir posibles daños o perjuicios y el proyecto deberá contar con el seguimiento y diálogo continuo con la correspondiente supervisor financiero, que dependiendo de la naturaleza del negocio fintech, podrá ser el Banco de España (BdE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

La previsión del Gobierno apunta a que los primeros proyectos de este entorno controlado puedan ver la luz antes de que finalice 2020. No es la mejor de las previsiones, pero después de la parálisis de la que venimos, no parece ser una mala noticia para el sector fintech español.

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