Mario Cantalapiedra – Economista

Según los resultados del Quinto Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España sólo el 13 por ciento de las empresas llegan a aplicar siempre los intereses de demora que les reconoce la legislación vigente ante la morosidad de sus clientes. El 43 por ciento de las empresas reconocen que los aplican a veces, siendo muy alta la cifra de empresas que manifiestan no aplicarlos nunca, en concreto el 44 por ciento del total.

Te recuerdo que la vigente Ley 3/2004 contra la morosidad en su artículo 5 contempla el derecho a reclamar intereses de demora, del siguiente modo: ‘El obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor’.

Actualmente y salvo que en el contrato se pacte otro distinto, el tipo legal de interés de demora a aplicar es nada menos que del 8,75 por ciento. No obstante, muchas empresas tienen miedo a reclamar estos intereses a un cliente moroso. Aunque tengan derecho a ellos, piensan que reclamarlos puede suponer perder al cliente, el cual puede llegar a sentirse ‘molesto’ con la petición. A esto tampoco ayuda que sea la propia Administración Pública a través de los planes de pago a proveedores de entidades locales y comunidades autónomas, la que obligue a que los proveedores que quieran adherirse a los mismos renuncien al cobro de los intereses de demora a los que tuvieran derecho. Si lo pensamos fríamente, a los ayuntamientos y comunidades autónomas españoles, con esta medida, la financiación extra que ha significado dilatar el pago a sus proveedores le ha salido ‘gratis’. Ya he manifestado anteriormente en el blog que estos planes han supuesto un deshago importante para los problemas de liquidez de muchas empresas y que son algo positivo, pero eso no evita mi desacuerdo con la obligación de renunciar a los intereses de demora devengados que conllevan. Piensa que de haberse reconocido también su pago y no sólo del nominal de las facturas, además de respetarse un derecho legal, serviría para extender el ejemplo entre el sector privado.