Los planes de Montoro para terminar con la morosidad de las administraciones públicas

Mario Cantalapiedra – Economista

Ya he comentado en alguna entrada anterior del blog que considero que una de las medidas más positivas emprendidas por el Gobierno popular ha sido la de arbitrar un plan de pago a proveedores de las facturas adeudadas por las distintas administraciones públicas. Aunque hasta la fecha con el mecanismo ejecutado solamente se advierta una solución parcial al problema de la morosidad pública (recordar que en la primera quincena de junio han de recibir el siguiente pago los proveedores acogidos a la segunda fase del plan), resulta evidente el avance con respecto a la situación previa, el cual ha de ser valorado en su justa medida.

No obstante, se ve que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, está determinado a atajar el problema de la morosidad pública desde su raíz y en esta línea se nos acaba de anunciar un nuevo decreto a aprobar en junio. Con él se pretende que las deudas vencidas de las diferentes administraciones públicas con sus proveedores queden saldadas a la vuelta del verano, es decir, para el mes de septiembre. A partir de entonces las entidades públicas españolas deberán respetar el plazo de pago de treinta días naturales desde la recepción de la factura o de una solicitud de pago equivalente, que establece la Directiva europea contra la morosidad vigente. En este sentido, el Gobierno planea que si un ayuntamiento o una comunidad autónoma no abona una factura vencida a uno de sus proveedores, éste pueda acudir directamente a Hacienda para que sea ella la que la abone en su lugar, a cuenta de los ingresos que correspondan a la entidad pública de los impuestos estatales.

Me parece muy importante que se confirme con datos esta ‘intención’ del Gobierno español de acabar, de una vez por todas, con el problema de la morosidad pública. Estoy pensando en que, más allá de solucionar parte de los problemas de liquidez de muchas pequeñas y medianas empresas españolas, que ya de por sí se antoja como algo sumamente necesario, se puede producir un efecto ‘contagio’ que comience a desterrar de nuestro país las prácticas de mal pagador. Si a las administraciones públicas se les obliga, por fin, a predicar con el ejemplo y a respetar los plazos marcados por la legislación contra la morosidad, será mucho más sencillo convencer al tejido empresarial privado de que haga lo propio.

2 pensamientos en “Los planes de Montoro para terminar con la morosidad de las administraciones públicas”

  1. Precisamente desde la AAPP pueden controlar que se aplique la Directiva europea y se ira haciendo una labor del todo ejemplarizante, pero precisamente vamos empeorando en cuanto a morosidad privada, dadas las dificiles condiciones de acceso al crédito. Impunemenete grandes empresas no cumplen hoy dia con los plazos establecidos por la Directiva. No estaría de más que desde Europa apretaran al Gobierno español a avanzar con más determinación en esta otra dirección, la empresarial.

  2. Eloy, con la entrada en vigor de la nueva Directiva europea parece que Europa también apuesta por atajar el problema de la morosidad (pública y privada). Desde luego la ‘presión’ de Bruselas a España viene desde muchos frentes, no estaría de más que el respeto de los plazos legales de pago se incluya entre ellos.

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