Los plazos de pago legales en 2013

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 15/2010, de 5 de julio, estableció los plazos de pago a cumplir por los deudores en las operaciones comerciales en España, los cuales durante los últimos tres años (2010, 2011 y 2012) han estado sometidos a una especie de aterrizaje suave que, en teoría, debía conducir a que tanto empresas privadas como administraciones públicas se ajustaran progresivamente a esta legislación y pagaran a un plazo temporal más corto. Digo en teoría porque, como bien sabes, si sigues los posts que publicamos en Gestores de Riesgo y Morosidad, aquí se sigue pagando bastante más tarde de lo que legalmente se establece.

No obstante, cumplido el calendario transitorio parece oportuno recordar los plazos que se encuentran en vigor desde el 1 de enero de 2013:

Los deudores de operaciones comerciales que sean empresas deberán pagar dentro de los sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, plazo que no podrá ser ampliado por acuerdo entre proveedor y cliente. Recuerdo que se exceptúan de esta regla general en cuanto a plazo se refiere, los pagos de productos de alimentación frescos y perecederos, para los que no se aplicó ningún calendario transitorio, por lo que desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010 se estableció que su período máximo de pago fuera de treinta días desde la fecha de recepción.

Por su parte, las administraciones públicas deberán pagar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o desde la recepción de bienes o prestación de servicios, si no proceden dichas certificaciones.

Y estos son los plazos de pago legales en la actualidad mientras se decide o no la transposición a la legislación española de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la cual debería estar adoptada a más tardar el 16 de marzo próximo, aunque a nadie le debería extrañar que se incorporara con retardo, como ya ocurrió en el pasado con legislación comunitaria referente al mismo ámbito de la morosidad. La adopción de esta Directiva comunitaria ha de aclarar fundamentalmente como queda la posibilidad, por ahora no aplicable en España, de que las partes puedan pactar un aplazamiento de los plazos de pago legales.

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