Mario Cantalapiedra – Economista

Siguiendo con el análisis del Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que inicié en el “post” anterior, es preocupante comprobar como siguen siendo mayoría las empresas que cobran las facturas de sus clientes por encima del plazo de pago legal. Solamente el 41 por ciento de las empresas pueden decir que cobran dentro del mismo (recuerdo que el plazo de pago entre empresas debe ser dentro de los 30 días después de la fecha de recepción de los bienes o prestación de los servicios, ampliable hasta un máximo de 60 días si hay pacto entre las partes). Por su parte, un 45 por ciento declaran cobrar entre 60 y 90 días, y el 14 por ciento restante cobran por encima de 90 días, cifra esta última que, por cierto, se mantiene constante en los últimos tres ejercicios.

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Hasta un 81 por ciento de las empresas declaran tener que aceptar plazos de pago superiores a los deseados, luego no hace falta ser muy sagaz para comprobar que solamente el 9 por ciento de las empresas en este país están satisfechas con los plazos a los que les pagan sus clientes. Las peores pagadoras son, como de costumbre, las grandes empresas (a un 51 por ciento de sus proveedores les imponen plazos de pago superiores a los deseados), sin embargo, solamente un 8 por ciento de las empresas que trabajan con las administraciones públicas tienen queja de sus plazos, esperemos que siga así.

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En cuanto al motivo concreto del retraso hay dos razones principales que muestran igual resultado en la encuesta, aunque lo que subyace detrás de ellas es muy diferente. Por un lado, el retraso se puede deber a la falta de disponibilidad de fondos (pobre cliente, “no tiene” para pagarme), por otro, a la intención del cliente (en este caso, de pobre nada… “no quiere” pagarme).

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