Nueva medida para reducir el plazo de pago de las grandes empresas a las pymes

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, ha incorporado una medida que, en palabras del Gobierno, trata de reducir la morosidad de las grandes compañías con sus proveedores, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas.

De este modo, se modifica el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para incluir el periodo medio de pago a proveedores de las grandes empresas como elemento acreditativo de su solvencia económica y financiera a la hora de contratar con la Administración. En concreto, se añade el siguiente párrafo al final del artículo 75.1 del RDL 3/2011, el cual se refiere a los medios que sirven para acreditar dicha solvencia:

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el órgano de contratación podrá exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad”.

Recuerdo que los límites para poder presentar en el Registro Mercantil el modelo abreviado de cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes (se han de cumplir, durante dos ejercicios consecutivos a la fecha de cierre, al menos dos de las tres circunstancias):

  • Total activo inferior a 11.400.000 euros.
  • Importe neto de la cifra de negocios inferior a 22.800.000 euros.
  • Número medio de trabajadores inferior a 250.

Por lo tanto, se comprueba como la medida se encamina a reducir la morosidad de grandes empresas que deseen contratar con los entes públicos. En cuanto al plazo de pago que marca la legislación vigente contra la morosidad en España, recordar que es de 60 días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Ahora habrá que ver si esta nueva disposición consigue reducir la morosidad que de forma recurrente vienen soportando las sufridas pymes españolas de sus grandes clientes.

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