Mario Cantalapiedra – Economista

En el camino emprendido por el Gobierno para tratar de erradicar la morosidad de las administraciones públicas, se acaba de producir un nuevo hito con la reciente aprobación y entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Mediante este Real Decreto se establece una tercera fase del denominado mecanismo de financiación para el pago a proveedores, que incluye esta vez las obligaciones contabilizadas por las administraciones públicas pendientes de pago, vencidas, líquidas y exigibles con anterioridad al 31 de mayo de 2013. Las entidades locales y las comunidades autónomas tendrán de plazo hasta el próximo 19 de julio para introducir la relación inicial de facturas y a partir del 25 de julio y hasta el 6 de septiembre, para introducir los certificados y realizar la aceptación, en nombre de sus proveedores, de las facturas. Como novedad en esta tercera fase, los acreedores de las empresas a las que las administraciones públicas deben dinero podrán conocer si sus clientes van a cobrar sus facturas pendientes a través de este mecanismo y en qué momento, con ello se pretende extender el efecto económico dinamizador del Plan al resto de la cadena de pagos.

Con esta tercera, y por lo que se nos ha anunciado ‘última’, fase del Plan de pago a proveedores, el ejecutivo español trata de ‘poner el contador de la deuda comercial a cero’ antes de implantar las reformas estructurales previstas para controlarla mejor, y esto dentro de un contexto donde dicha deuda comercial se equipara a la financiera y al déficit a los efectos de sostenibilidad financiera, con la aplicación de los mismos mecanismos de control. Entre las reformas anunciadas, se prevé impulsar la factura electrónica y la creación de un registro contable para agilizar los procedimientos de pago a proveedores, dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes y mejorar los controles contables, superando aquello de las facturas ‘olvidadas’ en un cajón que tanto daño ha hecho a nuestras empresas. Ambas herramientas, la factura electrónica y el registro contable, contribuirán al seguimiento de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos, que servirá para visualizar el volumen de deuda comercial de las administraciones públicas.