Mario Cantalapiedra – Economista

En la regulación de las plataformas de crowdfunding en las que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que presta, que acaba de ser introducida en España, se especifican los servicios que dichas plataformas pueden ofrecer. En primer lugar, están los servicios de carácter básico que se relacionan con su función de lugar de encuentro de inversores y promotores, como son la recepción, selección y publicación de proyectos de financiación participativa, así como el desarrollo, establecimiento y explotación de canales de comunicación para facilitar la contratación de la financiación. En segundo lugar, pueden ofrecer los servicios adicionales siguientes:

  • Asesoramiento a los promotores en la publicación de los proyectos, incluyendo la prestación de servicios y asesoramiento en las áreas de tecnología de la información, marketing, publicidad y diseño.
  • Análisis de los proyectos de financiación participativa recibidos determinando, de un modo objetivo, el nivel de riesgo que implican para los inversores, sin que puedan realizarse recomendaciones de tipo personalizado.
  • Habilitación de canales de comunicación directa entre inversores y promotores.
  • Puesta a disposición de las partes de los modelos de contratos necesarios para la participación en los proyectos.
  • Transmisión a los inversores de la información sobre la evolución de los proyectos.
  • Reclamación judicial y extrajudicial de los derechos de crédito, actuando en representación de los inversores o en nombre propio.
  • Otros que, en su caso, determine el Ministerio de Economía y Competitividad o, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, la regulación también especifica una serie de servicios que no pueden ofrecer las plataformas de crowdfunding por estar reservados a empresas de servicios de inversión o a entidades de crédito. Concretamente, y como ya he adelantado, no pueden realizar recomendaciones personalizadas a los inversores sobre los proyectos publicados, lo que entraría dentro del asesoramiento financiero propio de las empresas de servicios de inversión, ni proporcionar mecanismos que automaticen las decisiones de inversión a los inversores no acreditados (en cambio a los acreditados sí pueden ofrecérselos y ellos utilizarlos). Tampoco se les permite procesar pagos entre inversores y promotores, salvo que tengan autorización como entidades de pago híbridas. Con estas restricciones, el legislador pretende asegurar la neutralidad de las plataformas de crowdfunding en la relación que se establece entre inversores y promotores y minimizar el riesgo que corren éstos al utilizarlas.