Tarea pendiente en materia de lucha contra la morosidad para el nuevo Gobierno

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, en su sesión del pasado 27 de abril de 2016, aprobó una Proposición no de Ley que insta al próximo Gobierno que se constituya en España, a tomar medidas que garanticen que los contratistas adjudicatarios de obra pública cumplan el plazo de pago legal a sus suministradores y subcontratistas. En concreto, el texto que fue aprobado por la Comisión, con los votos de todos los Grupos Parlamentarios salvo el Popular, fue el siguiente:

 “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

  1. Adopte con urgencia medidas tendentes a controlar los plazos de pago de los contratistas principales con sus suministradores y subcontratistas y a otorgar a estos una protección en el cobro de sus prestaciones que les garantice que puedan percibir sus contraprestaciones dentro del plazo máximo de 60 días naturales, computados desde la fecha de la realización de sus prestaciones.
  2. Exija a las empresas contratistas en las licitaciones públicas certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.
  3. Diseñe y aplique medidas para que las Administraciones Públicas y Entes Públicos comprueben el estricto cumplimiento de los pagos y de los plazos de pago de los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos a los subcontratistas y suministradores.
  4. Garantice la solvencia económica de los contratistas de la Administración y que el plazo medio de pago de los contratistas sea uno de los criterios que se valoren a la hora de garantizar esa solvencia.
  5. Estudie la implantación de un Régimen sancionador en materia de morosidad a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio del Estado y disuadir los retrasos en los pagos.
  6. Incorpore como condición especial de ejecución de los contratos públicos, en los casos en los que se admita la subcontratación, el cumplimiento por el contratista principal de la obligación de pago a subcontratistas o suministradores en el plazo máximo de 60 días, computados desde la fecha de realización de sus prestaciones.
  7. Establezca la obligación de que en los pliegos de los contratos públicos se disponga, siempre que las circunstancias lo permitan, que los licitadores deban indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar.
  8. Requiera a los contratistas presentar, dentro del mes siguiente a la formalización del contrato público o de la comunicación del contratista de su intención de subcontratar, la relación detallada de los subcontratistas o suministradores que vayan a participar en el contrato, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago.
  9. Establezca un plazo a los adjudicatarios de contratos públicos para que, una vez finalizada la prestación correspondiente al objeto de subcontratación, presenten los justificantes acreditativos del cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores dentro de los plazos legalmente establecidos.
  10. Prevea en los pliegos de contratación, cuando así proceda y previo apercibimiento y en su caso audiencia del interesado, la imposición de penalidades en los supuestos de incumplimiento de los requerimientos de documentación previstos en los apartados anteriores o de incumplimiento de las obligaciones de pago a los subcontratistas o suministradores en el plazo máximo legal. La imposición de penalidades en este último supuesto llevará aparejado el requerimiento por parte del contratista principal de cumplir las obligaciones legales de pago a las empresas subcontratistas o suministradoras, recurriéndose, en su defecto, al pago directo de las mismas por parte de la Administración Pública contratante, deduciéndose posteriormente el importe satisfecho del montante total del precio del contrato.”

A la iniciativa original de Esquerra Republicana (punto 1), se incorporaron y aprobaron las propuestas del Grupo Socialista (puntos 2 al 5), entre ellas la de estudiar la implantación de un Régimen sancionador, y de Ciudadanos (puntos 6 al 10), definiendo así la tarea pendiente en materia de lucha contra la morosidad para el nuevo Gobierno.

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