Un registro sobre los titulares reales de las empresas a nivel de UE

Mario Cantalapiedra – Economista

A la Unión Europea le preocupa el hecho de que existan delincuentes que puedan llegar a ocultar su identidad tras estructuras empresariales, por lo que pretende que se conozca, de modo público, información precisa y actualizada sobre los titulares reales de las empresas que se crean en su seno. De este modo, la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, impone a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de crear registros centrales en los que se informe sobre la titularidad real de las empresas, los cuales podrán ser, por ejemplo, registros mercantiles, registros de sociedades o registros públicos.

La información de este registro deberá estar a disposición de:

  • Las autoridades competentes comunitarias y nacionales, sin restricción alguna.
  • Las entidades obligadas, como las entidades de crédito, a aplicar medidas de diligencia debida con respecto a sus clientes.
  • Todas las personas u organizaciones que puedan demostrar un interés legítimo en relación con el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes conexos, como son la corrupción, los delitos fiscales y el fraude. Por ejemplo, podría tener este interés legítimo un periodista que estuviera investigando un caso de corrupción. Estas personas u organizaciones deberán tener acceso, como mínimo, al nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, nacionalidad y país de residencia del titular real, así como a la naturaleza y magnitud de la participación real, expresada como un porcentaje aproximado.

El acceso a la información sobre la titularidad real deberá hacerse de conformidad con las normas sobre la protección de datos, pudiendo estar sujeto a un registro en línea y al pago de una tasa, cuyo importe no deberá exceder los correspondientes costes administrativos. Por otro lado, la Directiva 2015/849 prevé la posibilidad de excluir delacceso a esta información a las entidades obligadas, que no sean públicas, y al resto de personas u organizaciones, si se puede exponer al titular real de la empresa a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación, o si dicho titular es un menor o tiene alguna incapacidad no relacionada con la edad.

Los Estados miembros de la Unión Europea tienen de plazo hasta el 26 de junio de 2017 para poner en marcha el registro público.

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