Una segunda oportunidad para las personas físicas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, persigue facilitar el desapalancamiento del sector privado (familias y empresas), de tal modo que se minimice el impacto negativo de este proceso sobre una actividad económica que empieza a dar síntomas de recuperación. En este sentido, cuando una familia o una empresa están excesivamente endeudadas y tienen que hacer frente a la devolución de las deudas lo hacen a consta de reducir su consumo o su inversión, con lo cual la actividad económica general se contrae como hemos estado viendo en España. La idea es seguir con el proceso de reducción de deuda privada, “molestando” lo menos posible a la actividad económica. En concreto, las medidas aprobadas el viernes se dirigen fundamentalmente a los colectivos más cercanos a la insolvencia por sus circunstancias económicas y sociales de vulnerabilidad, y se pueden resumir en los cuatro apartados siguientes:

  1. Se amplían y flexibilizan los acuerdos extrajudiciales de los deudores con sus acreedores para facilitar la reestructuración de deudas. Ahora los particulares, sean empresarios o no, también podrán acceder a estos acuerdos, que anteriormente se destinaban solamente a empresas. Además se permite que los acuerdos extrajudiciales puedan extenderse a los acreedores con garantía real (por ejemplo, una hipoteca), cuando concurran las mayorías previstas. Igualmente se potencia la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas físicas no empresarios.
  1. Si no se produce el acuerdo extrajudicial con los acreedores, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores particulares “de buena fe” en el marco de un proceso concursal, aplicable tras la conclusión del mismo por liquidación del patrimonio o por insuficiencia de masa, es decir, se instaura un perdón de parte de las deudas para que las personas físicas puedan tener una segunda oportunidad.
  1. Se facilita el acceso al “Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios” a más beneficiarios, incrementando el límite anual de renta familiar necesario para acceder al mismo, incluyendo como nuevo supuesto de vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 años y elevando el límite de precio de adquisición de los inmuebles que pueden beneficiarse del Código.
  1. Se prorroga hasta 2017 la suspensión de los desahucios sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables que vencía el próximo mayo, ampliándose además el colectivo que puede beneficiarse de esta medida.

 

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