Empeoran los plazos de pago de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los plazos de pago de las empresas en España han empeorado hasta situarse en 97 días de media en 2017, según se desprende del último estudio sobre plazos de pago en la empresa española que realizan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, y que ha sido presentado hoy en Madrid. En él se han tenido en cuenta los datos de 154.000 empresas privadas con cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a 2017, y ha sido elaborado utilizando la herramienta de inteligencia de negocio Insight View.

El dato de los 97 días está muy lejos del plazo de pago legal (actualmente fijado en 60 días), y además representa el máximo de la serie histórica, lo que debería preocuparnos, ya que detrás de esta cifra hay empresas que se ven obligadas a financiar retrasos en el pago de sus facturas, lo que especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, que se caracterizan por la debilidad de sus balances, puede suponer soportar fuertes tensiones de liquidez y hasta comprometer su propia continuidad en el mercado.

Es cierto que son varias las causas que pueden llegar a motivar retrasos en el pago de las facturas, pero también lo es que no todas ellas son imputables a los clientes. Frente a la falta de voluntad de un deudor que no paga, a las prácticas sectoriales que imponen plazos de pago largos o a la posición dominante de un cliente importante, por la que se acepta cobrar más tarde de él para no perderlo, poco puede hacerse desde el proveedor. No obstante, existen otras razones detrás del retraso, como son la de no gestionar adecuadamente el riesgo de crédito y vender a clientes sin utilizar ningún criterio de solvencia a la hora de seleccionarlos, o cometer errores en los procesos administrativos, como olvidar emitir un abono pendiente o consignar erróneamente los datos bancarios en una factura, cuya responsabilidad es achacable a la empresa acreedora. Especialmente una gestión más profesionalizada del riesgo de crédito comercial desde las empresas puede ayudar a minorar el impacto negativo de los plazos de pago, cuya situación por entorno en España ya vemos que no es nada favorable.

 

Evolución de los plazos de pago de las empresas en España (en días)

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Fuente: Crédito y Caución, Iberinform e IE Business School.

Redactar detalladamente los estatutos sociales para prevenir futuros conflictos

Mario Cantalapiedra – Economista

Los estatutos sociales son el conjunto de reglas escritas que rigen el funcionamiento interno de una sociedad y que forman parte de su escritura de constitución, debiendo tener el contenido mínimo que señala el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC):

  • Denominación de la sociedad.
  • Objeto social, determinando las actividades que lo integren.
  • Domicilio social, lugar en el que legalmente está establecida la empresa, que podrá ser el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación.
  • Capital social, participaciones o acciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa.
  • Modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de administradores o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren.
  • Modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad.

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Además de este contenido mínimo, se permite que los estatutos incluyan todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social elegido (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera). A pesar de que existen modelos estandarizados de estatutos sociales, de los que muchos emprendedores suelen valerse, redactarlos detalladamente e incluyendo cláusulas específicas puede ser una medida muy interesante para prevenir futuros conflictos entre los socios y entre estos y la sociedad. Has de pensar que los estatutos que se redacten en el momento inicial de una sociedad afectarán a todos sus socios tanto presentes como futuros.

En cualquier caso, cabe la posibilidad de modificar los estatutos sociales iniciales por un acuerdo de la junta general que respete los quórums y las mayorías exigidos en el TRLSC. Por ejemplo, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada la modificación requerirá el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. Existe una excepción a esta necesidad de acuerdo de la junta general en las modificaciones estatutarias, y es para el caso del cambio de domicilio social dentro del territorio nacional, el cual puede ser acordado por el órgano de administración, salvo que exista una disposición contraria en los propios estatutos.

Foto: truthseeker08

Disminución del número de concursos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los deudores concursados en España en el tercer trimestre de 2018 ascendieron a 1.079 según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de la información de los boletines judiciales que rellenan los Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia mercantil. Este dato representa una disminución del 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El concurso es un procedimiento de tipo judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente. En este sentido, según el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, “se encuentra en insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”. Con el concurso se trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa o, en su caso, la recuperación de la persona física.

Del total de deudores concursados en el tercer trimestre, 778 correspondieron a empresas (72,1 por ciento), mientras que 301 fueron de personas físicas sin actividad empresarial (27,9 por ciento). Por tipo de concurso, el 92,9 por ciento del total (1.002) fueron de tipo voluntario (solicitados por las propias personas físicas o jurídicas deudoras), y el restante 7,1 por ciento (77) fueron de tipo necesario (solicitados por los acreedores).

Los datos por comunidades autónomas señalan que Cataluña encabezó el número de concursos en el tercer trimestre de 2018 con el 28 por ciento (302), seguida por la Comunidad de Madrid con el 16,9 por ciento (182), por lo que casi uno de cada dos concursos que se presentan en España se origina en una de estas dos comunidades autónomas. En términos de variación anual, Extremadura presenta el mayor descenso en el número de deudores concursados con una caída del 69,2 por ciento, mientras que el mayor aumento se produjo en el Principado de Asturias con un 88,9 por ciento más de concursos.

Por actividad económica, el 23,8 por ciento de las empresas concursadas tienen como actividad principal el comercio, siendo la construcción el segundo sector en importancia con el 15,8 por ciento de los concursos.

 

Evolución del número de deudores concursados en EspañaFuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2018).

 

¿Cuándo puede repartir dividendos una sociedad?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los dividendos son la parte del beneficio contable de una sociedad que se distribuye a sus socios en función de la aportación realizada por cada uno de ellos al capital social. No obstante, antes de que el beneficio pueda ser repartido entre los socios en forma de dividendos han de cumplirse una serie de obligaciones legales y estatutarias. De este modo, y según lo que establece el artículo 273 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), una sociedad puede repartir dividendos entre sus socios siempre y cuando:

  • Haya dotado la reserva legal prevista en el artículo 274 del TRLSC. En este sentido, una cifra igual al 10 por ciento del beneficio en cada ejercicio ha de destinarse a dotarla hasta que alcance, al menos, el 20 por ciento del capital social.
  • Haya dotado las reservas especiales a las que venga obligada por alguna otra disposición de tipo legal.
  • Haya dotado las reservas estatutarias, es decir, aquellas decididas por los socios y que aparecen reflejadas en los estatutos sociales (reglamento interno de la sociedad).
  • El valor del patrimonio neto (parte residual de los activos de la sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos) no sea, o no resulte ser a consecuencia del reparto de dividendos, inferior al capital social.
  • Haya dotado reservas disponibles por importe igual al de los gastos de investigación y desarrollo que, en su caso, figuren en el activo del balance.

mark-804936_1920Con respecto a la existencia en la empresa de pérdidas acumuladas en los ejercicios anteriores, se pueden repartir dividendos en un ejercicio que existan beneficios, siempre que antes y después de dicho reparto el valor del patrimonio neto de la empresa sea mayor o igual al capital social.

Es la junta general de la sociedad la que se encarga de decidir sobre la distribución del beneficio, previa propuesta de los administradores. Es un asunto que se incluye en los puntos a tratar en la junta ordinaria a celebrar dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, donde se decide la aplicación del resultado del ejercicio anterior. Una vez cumplidas las obligaciones legales y estatutarias mencionadas, se pueden repartir dividendos y/o dotar reservas voluntarias, siendo éstas de libre disposición para la compañía.

Foto: geralt

Empresas y familias españolas reducen su nivel de endeudamiento

Mario Cantalapiedra – Economista

La deuda bruta de las empresas no financieras y de los hogares e ISFLSH alcanzó los 1.847 miles de millones de euros al final del segundo trimestre de 2018, lo que representa el 155,7 % del PIB, según informan las Cuentas Financieras de la Economía Española (CFEE) publicadas por el Banco de España (BdE). El ratio de deuda en relación al PIB es un 8,3 % inferior al reflejado en igual período del años anterior, lo que parece seguir confirmando la tendencia de empresas y familias a reducir su nivel de endeudamiento que puede observarse en el gráfico.

El ratio de deuda de las empresas se situó en el 94,9 % del PIB, mientras que el de los hogares e ISFLSH alcanzó el 60,8 % del PIB. A estos efectos, el término ISFLSH hace referencia a instituciones sin ánimo de lucro dotadas de personalidad jurídica que sirven a los hogares y que son productores no de mercado privados (entre ellas se encuentran sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones científicas, asociaciones religiosas, clubes deportivos, asociaciones de beneficencia, etcétera). En cualquier caso y a pesar de los esfuerzos realizados, el endeudamiento empresarial sigue siendo elevado, por lo que sería deseable que se continuara reduciendo.

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Otro dato interesante que presentan las CFEE es el del total de activos financieros de los hogares e ISFLSH, que alcanzó a final del segundo trimestre de 2018 un importe de 2.198 miles de millones de euros, un 1,7 % superior al dato de un año antes. En relación al PIB, estos activos representan un 185,3 %. En cuanto a su distribución por tipo de activo es la siguiente:

  • Efectivo y depósitos: 874.394 millones de euros (39,8 % del total). Es el destino preferido por los hogares españoles para depositar sus activos financieros, a pesar de los tipos de interés tabajos que actualmente los remuneran.
  • Participaciones en el capital: 562.685 millones de euros (25,6 % del total).
  • Seguros y fondos de pensiones: 356.568 millones de euros (16,2 % del total).
  • Participaciones en fondos de inversión: 325.428 millones de euros (14,8 % del total).
  • Resto de activos financieros: 79.264 millones de euros (3,6 % del total).

Según informa el BdE, las participaciones en fondos de inversión fueron el componente que más incrementó su peso en el último año (+ 0,8 %), mientras que el peso de las participaciones en el capital fue el que más cayó (- 0,9 %). Los seguros y fondos de pensiones tuvieron una ligera alza (+ 0,1 %), mientras que el peso de los otros dos componentes (efectivo y depósitos, y resto de activos) no experimentó ninguna variación.

Cambios en la normativa contable española para adaptarla a la legislación europea

Mario Cantalapiedra – Economista

Se avecinan cambios en la legislación contable española con el fin de homogeneizar nuestra normativa con las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea. En este sentido, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha abierto al período de información pública, el proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Las modificaciones previstas afectan a las siguientes normas contables:

  • Plan General de Contabilidad (PGC) y sus normas complementarias (Normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas y Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos) para adaptarlos a la normativa contable europea en materia de instrumentos financieros (NIIF-UE 9) y reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias (NIIF-UE 15).
  • Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC-Pymes), en el que se introduce una mejora técnica en la regla de presentación de las ampliaciones de capital.

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Este Real Decreto contempla tres objetivo principales:

  • Armonizar nuestro ordenamiento contable con la normativa contable internacional en materia de instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos. Con la reforma se persigue una mejora de la calidad de la información financiera en estas dos áreas.
  • Reformar el PGC y sus normas complementarias desde la perspectiva de la relevancia de los nuevos criterios internacionales para las empresas no financieras. La reforma persigue garantizar un equilibrio en los requisitos de información financiera para las pymes y las entidades no financieras, teniendo en cuenta cuál es nuestro modelo económico y productivo y la realidad de las empresas no financieras.
  • Realizar un análisis de los criterios internacionales desde una perspectiva crítica para no incluir en el PGC y sus normas complementarias las reglas que no se considere que introducen una mejora en la relevancia y fiabilidad de la información financiera.

Hasta el próximo 2 de noviembre los interesados pueden presentar observaciones a este proyecto normativo a través de la dirección de correo electrónico habilitada por el ICAC (contabilidad@icac.mineco.es).

Foto: FirmBee

“Blockchain”, una tecnología que se irá implantando progresivamente

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 20 de septiembre tuve la oportunidad de asistir a la Jornada “Blockchain, economistas y abogados, un apasionante mundo por descubrir” que se celebró en la sede del Colegio de Economistas de Madrid y en la que intervinieron Antonio Serrano, Mariano Torrecilla, Víctor García y Santiago Navarro, todos ellos profesionales relacionados con el mundo blockchain, quienes fueron moderados por Pedro Cortiñas.

En la Jornada se debatieron distintas cuestiones muy interesantes para aquellos que, como es mi caso, estamos tratando de comprender lo que subyace tras esta esta nueva tecnología. De lo que allí se expuso me gustaría destacar lo siguiente:

Concepto

Blockchain (cadena de bloques) se podría definir como una red de equipos informáticos que actúa como un libro mayor contable de acontecimientos digitales distribuido (compartido) entre muchas partes. Dentro de blockchain las operaciones se validan por el consentimiento de la mayoría, y una vez validadas son agrupadas con otras en bloques. Este mecanismo de funcionamiento permite tener operaciones por consenso, perfectamente trazables y difícilmente manipulables.

Función de los mineros

Son aquellos nodos (equipos informáticos) dentro de la red distribuida que verifican que una transacción es válida. Una blockchain se basa en la descentralización, no existen servidores centrales y cualquier equipo informático que se conecte a ella puede verificar y procesar una transacción. Como incentivo el minero que descifra la operación y la inserta en el bloque es retribuido con criptomonedas (monedas digitales). Su importancia depende del protocolo de cada red blockchain.

Internet del valor

Cuando mandas un email o compartes un archivo a través de una red social lo envías duplicado, una copia del archivo queda en tu ordenador y otra se transfiere a la persona que hayas elegido, sin embargo, con blockchain puedes transferir algo que es único, como por ejemplo el valor de una criptomoneda, de ahí que al nuevo internet que permite esta tecnología se le llame internet del valor.

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Smart contracts

La tecnología blockchain posibilita los denominados “contratos inteligentes” que tienen la capacidad de poder ejecutarse automáticamente y que están escritos en lenguaje informático aunque sobre bases de programación similares a las que tiene un contrato normal (condiciones del tipo “si pasa esto, se hace esto otro”). Estos contratos pueden tener utilidad en muchos ámbitos como el de la gestión del riesgo de crédito y la morosidad. Imagina una empresa que compra una máquina fotocopiadora a plazos que está conectada a través del internet de las cosas y deja de pagar una cuota al fabricante. En esta situación, puede ejecutarse automáticamente una cláusula del smart contract firmado entre las partes que haga que la máquina se pare y deje de funcionar.

Implantación progresiva

Cuando nació blockchain, allá por 2009, y durante varios años solo se valoraba su aplicación como base para el intercambio de criptomonedas (bitcóin), sin embargo, ahora se le están viendo nuevas funcionalidades, siendo un campo abonado para la innovación constante y donde queda mucho por descubrir. Inclusive se están probando nuevos modelos de blockchain que permiten una preselección de los mineros (de calidad), con lo cual se establece cierto control y centralización, cuestionando el espíritu inicial con el que nació la red distribuida. En opinión de los expertos que participaron en la Jornada del Colegio de Economistas de Madrid es una tecnología que se irá implantando progresivamente y que no servirá para todo. Nos toca estar atentos a esta evolución.

Foto: Maiconfz

 

 

Nueve de cada diez concursos de acreedores en España acaban en liquidación

Mario Cantalapiedra – Economista

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, previsto para gestionar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, que trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como, en el caso fundamentalmente de las empresas, asegurar la continuidad de su actividad económica.

No obstante, los datos existentes parecen apuntar que el concurso de acreedores en España lo que supone es un enterramiento de las compañías afectadas. Así lo confirma una reciente encuesta de coyuntura sobre la evolución de estos procesos concursales efectuada entre los meses de abril y agosto de 2018 a un panel de expertos pertenecientes al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).  Para este panel de auditores el 90 por ciento de los concursos de acreedores acaban en liquidación y cerca de un 70 por ciento concluyen porque no hay activos para liquidar y pagar a los acreedores. Opinan que las empresas que entran en concurso probablemente lo hacen demasiado tarde, haciendo casi imposible revertir la situación de crisis en la que han entrado.

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Actualmente el concurso de acreedores puede ser solicitado directamente por el propio deudor (concurso voluntario) o por uno de sus acreedores (concurso necesario), cuando la persona física o jurídica deudora no puede cumplir con regularidad sus obligaciones de pago (estado de insolvencia). También lo puede solicitar el mediador concursal ante la imposibilidad de que se alcance, se incumpla o se anule un acuerdo extrajudicial de pagos. Este tipo de acuerdo, introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, persigue que un experto en la materia (mediador concursal) elabore un plan de pagos viable en el que se puedan incluir quitas (donde los acreedores renuncian a parte de la deuda para cobrar el resto y que pueden ser de hasta el 25 por ciento de la deuda) y pagos aplazados (que pueden llegar hasta los 3 años) que permitan el mantenimiento de la actividad del empresario deudor. El procedimiento fracasa cuando no se alcanza un acuerdo o cuando el mediador constata el incumplimiento, en cuyo caso sirve de tránsito a un concurso más sencillo que se denomina concurso consecutivo, el cual será voluntario si su declaración es solicitada por el deudor, y necesario si lo solicitan los acreedores o el mediador concursal.

Una medida a arbitrar para evitar que las empresas lleguen demasiado tarde al concurso podría ser la de incluir al Registro Mercantil entre los sujetos legitimados para solicitar su declaración, puesto que al tener información económica y financiera actualizada de las empresas puede tener conocimiento de su situación de crisis.

Foto: stevepb

Cuatro riesgos de la banca en la sombra en Europa

Mario Cantalapiedra – Economista

La banca en la sombra, es decir, la intermediación de crédito realizada por entidades y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional, representa cerca del 40 por ciento del sistema financiero de la UE según los datos de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB por sus siglas en inglés). Este organismo supervisor, creado en 2010, es competente para prevenir, detectar y mitigar los riesgos que se puedan producir a nivel del conjunto del sistema financiero en la UE (riesgo sistémico), y tiene un ámbito de competencias amplio en el que se incluye, además de a las entidades de crédito tradicionales, a las empresas de seguros, a infraestructuras del mercado financiero y otras instituciones financieras y mercados, a la banca en la sombra. El riesgo sistémico es el que llevaría al colapso del sistema financiero a partir del incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad que se contagiara a otras hasta afectar a todo el conjunto. En este sentido, la ESRB emite recomendaciones y advertencias si detecta riesgos.

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Dentro del concepto de banca en la sombra se incluyen los fondos de inversión, que según la ESRB representan alrededor de un tercio del total del este sistema en la UE, las entidades dedicadas a operaciones de titulización de activos y otras instituciones financieras, entre las que encontraríamos a las plataformas de crowdfunding.

En su último informe “EU Shadow Banking Monitor”, que abarca datos hasta el cierre de 2017, la ESBR presenta una visión general de la evolución del sistema bancario en la sombra en la UE, identificando los riesgos siguientes para la estabilidad financiera:

  1. Riesgos de liquidez (dificultad para convertir los activos en los que invierten en efectivo) y de excesivo endeudamiento en algunos tipos de fondos de inversión.
  2. Riesgo de contagio entre sistemas bancario tradicional y en la sombra por su nivel de interconexión. En este sentido, la ESRB considera que es importante comprender mejor y controlar las interconexiones entre bancos tradicionales y bancos en la sombra, así como los enlaces transfronterizos entre entidades.
  3. Riesgos de liquidez y endeudamiento por el uso de derivados y transacciones de financiación de valores.
  4. Vulnerabilidades en el sector de otras instituciones financieras debido a que la falta de algunos datos importantes impide realizar una evaluación completa de su riesgo.

Parece lógico que en el proceso a través del cual gran parte de la intermediación financiera se está desplazando desde el circuito bancario tradicional hacia otras entidades, el supervisor público busque adaptar su política al nuevo marco, tratando de identificar los riesgos y de desarrollar herramientas que los atenúen. Ante la rapidez de los cambios que la tecnología está impulsando en el mundo financiero, el reto es no llegar demasiado tarde.

Modalidades de “crowdfunding” reguladas y no reguladas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, en su título V, regula en España una serie de modalidades de crowdfunding (financiación participativa) en las que múltiples inversores ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, pero, como explicaré a continuación, este paraguas legal no alcanza a todas las opciones de financiación participativa que operan en el mercado.

En concreto, la Ley 5/2015 regula la actividad de las denominadas plataformas de financiación participativa (PFP), que ponen en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos mediante la emisión de valores (obligaciones o acciones) y participaciones sociales o mediante la solicitud de préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento. Luego se regulan los proyectos que estén instrumentados a través de los siguientes mecanismos:

  • Emisión o suscripción de títulos valores de renta fija (obligaciones). En este caso, los inversores participan en un empréstito emitido por una empresa, a través de una PFP, a cambio de un tipo de interés.
  • Emisión o suscripción de acciones (sociedades anónimas) y de participaciones sociales (sociedades de responsabilidad limitada). Es la modalidad que se conoce como crowdinvesting o equity-based crowdfunding, donde los inversores participan en el capital de una sociedad (se convierten en sus socios), a través de una PFP, con el objetivo de conseguir rentabilidad vía dividendos o aumento del valor futuro de las acciones o participaciones.
  • Solicitud de préstamos. Modalidad que se denomina crowdlending o loan-based crowdfunding, donde los inversores conceden un préstamo a una empresa o a un particular, a través de una PFP, a cambio de un tipo de interés.

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En este sentido, la Ley 5/2015 no regula otras modalidades de crowdfunding que operan en el mercado y en las que existe un rendimiento dinerario como, por ejemplo, aquellas donde las empresas que buscan financiación utilizan plataformas de internet para subastar facturas o pagarés de clientes entre múltiples inversores.

Tampoco están reguladas por esta Ley, las modalidades de crowdfunding donde no existe un rendimiento dinerario, como el crowdfunding de recompensa, donde los aportantes entregan su dinero a cambio de un bien o servicio determinado (por ejemplo, un libro o figurar en los créditos de una película), o el de donación, donde los fondos se entregan de forma altruista sin esperar nada a cambio.

Foto: Tumisu

 

 

 

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