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Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Nuevas obligaciones para los contratistas en materia de plazos de pago a los subcontratistas

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Mario Cantalapiedra – Economista

Con objeto de lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio, el pasado mes de noviembre se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Con ella también se pretende simplificar los trámites para los licitadores y un mejor acceso para las pymes. Entre otras medidas interesantes, regula las siguientes obligaciones relacionadas con los plazos de pago de los contratistas a los subcontratistas o suministradores:

  • El contratista estará obligado a abonar a los subcontratistas el precio pactado en un plazo no superior al previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que recuerdo no podrá superar los 60 días naturales, no pudiéndose pactar plazos mayores. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro previstos en la Ley 3/2004.
  • El plazo de pago se computará desde la fecha en la que tenga lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios por el contratista (siempre que el subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos). Con respecto a la aceptación, esta deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de entrega de los bienes o de prestación del servicio.
  • Se posibilita que tanto el sistema de factura electrónica como el Registro Electrónico Único (el cual permitirá acreditar la fecha en la que los subcontratistas presentan las facturas al contratista), alcancen a toda la cadena de contratación pública.
  • Las Administraciones públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el cumplimiento de los pagos del contratista a los subcontratistas en los contratos cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato.
  • Existirá la posibilidad de pagos directos por parte de la Administración contratante a los subcontratistas siempre que se prevea en los pliegos de contratación.

Esta Ley 9/2017, salvo algunas excepciones que no afectan a lo comentado sobre los plazos de pago, entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Mejora el plazo de pago de las administraciones públicas, pero no lo suficiente

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Mario Cantalapiedra – Economista

A pesar de una pequeña mejoría en la situación, las administraciones públicas siguen sin cumplir los plazos de pago a autónomos que marca la legislación contra la morosidad vigente, según el último informe publicado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), referido al tercer trimestre de 2016. El plazo medio de pago ahora es de 78 días, mejor que los 83 de hace un año, pero todavía sigue siendo muy largo.

Hay que recordar que ATA utiliza para su cálculo el período que transcurre entre la fecha de emisión de la factura o de entrega del bien/ prestación del servicio hasta la fecha de pago efectivo, que realmente es el plazo que le interesa considerar a cualquier autónomo que trabaje con un organismo público. Este criterio es distinto al utilizado por la Administración que toma como plazo el que va desde que transcurren 30 días desde la fecha de entrada de la factura en su correspondiente registro, o desde la fecha de aprobación de la certificación de obra, hasta la fecha de pago efectivo, por lo que los períodos medios “oficiales” publicados en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas son más cortos.

Curiosamente en el último informe de ATA la administración que empeora más su plazo de pago a los autónomos es la central, aunque sigue siendo la que paga antes. Las comunidades autónomas han mejorado algo, pero siguen pagando muy tarde, en concreto, a un plazo medio de 90 días. Las comunidades peores pagadoras son la Comunitat Valenciana (106 días), Illes Balears (102 días) y Castilla y León (95 días). En el otro extremo se encuentran País Vasco y Navarra, con 47 y 49 días de media, respectivamente. Parece que se sigue confirmando la existencia de una España a dos velocidades a la hora de pagar a los proveedores desde lo público, sobre la que ya me he referido antes en este blog. En cuanto a la administración local prácticamente no existen cambios con respecto  a la situación de hace un año.

A ver si con el nuevo Gobierno logramos que estos plazos se ajusten más. Si la Administración paga dentro del plazo legal, será mucho más fácil “convencer” al resto de agentes económicos para que también lo hagan.

Plazo de pago medio a autónomos según administración pública (en días)

fFuente: Observatorio del Trabajo Autónomo – ATA, Octubre 2016.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Las administraciones públicas elevan el plazo de pago a los autónomos

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Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el período medio de pago de las administraciones públicas a los autónomos ha aumentado hasta alcanzar, en enero, los 86 días. Este dato se desprende de la encuesta trimestral del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA, realizada a autónomos proveedores habituales del sector público y privado. En la encuesta anterior, correspondiente a septiembre de 2015, el período medio de pago era de 83 días.

Cuando hablamos de período medio de pago de las administraciones públicas, hay que tener mucho cuidado con el criterio que se sigue para computarlo. En los datos oficiales que publica el Ministerio de Economía y Hacienda, en base a lo dispuesto por el Real Decreto 635/2014, el cómputo se inicia una vez que transcurren 30 días desde la fecha de entrada de la factura en el registro, o desde la fecha de aprobación de la certificación de obra, y termina la fecha de pago efectivo. En cambio, si tomamos el plazo que va desde la fecha de emisión de la factura o de entrega de la mercadería hasta el pago efectivo, tal como hace ATA, el plazo medio de pago se eleva.

Haciendo una minería de los datos de esta encuesta, se observan diferencias importantes en el comportamiento de pagos entre los distintos estratos en los que puede dividirse la Administración. De este modo, la Administración Central es la que paga más pronto a los autónomos, con 44 días de media, confirmando el esfuerzo que creo que se está realizando desde este ámbito de lo público, y sobre el que ya me he manifestado en alguna ocasión. Sin embargo, la Administración Local que, según ATA, “es para la que trabajan la gran mayoría de los autónomos”, eleva el plazo medio de pago hasta los 71 días. Y el dato empieza a ser escalofriante si hablamos de las Administraciones Autonómicas, las cuales están pagando a una media de 101 días. Para el sufrido autónomo acostumbrado a convivir con tensiones de liquidez, parece éste un plazo demasiado largo a financiar.

 

Plazo medio de pago administraciones públicas (en días)

Imagen1Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo – ATA, Enero 2016.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Tres medidas para mejorar la relación entre empresa y Administración Pública

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Mario Cantalapiedra – Economista

En no pocas ocasiones las empresas se quejan de lo difícil que resulta relacionarse con los distintos estratos que forman parte de la Administración Pública en España. Entre los aspectos que dificultan esta relación, desde el punto de vista de las empresas, destacan los de la complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos, la necesidad de volver a presentar documentación previamente aportada o la cantidad de cambios normativos que, afectando al tejido empresarial, son publicados con cuentagotas por el legislador a lo largo del año.

Precisamente el Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, impulsado por el Gobierno y que regulará, de ser finalmente aprobado, las relaciones externas entre la Administración y sus administrados, quiere incidir, entre otros, en la solución de los problemas anteriores, para lo cual prevé las siguientes medidas:

  1. Las empresas (personas jurídicas) estarán obligadas a relacionarse con todas las administraciones públicas a la hora de realizar cualquier tipo de trámite administrativo a través de medios electrónicos, algo que ya viene sucediendo en las relaciones de este tipo que se establecen con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social. En este sentido, las empresas podrán otorgar poderes electrónicamente a sus representantes para que realicen dichos trámites en su nombre, para lo que contarán con un registro electrónico de apoderamientos a su disposición.
  2. Por regla general, no se exigirán a las empresas documentos que hayan sido presentados anteriormente ante la Administración o hayan sido elaborados por ella como, por ejemplo, licencias o autorizaciones ya expedidas.
  3. En el ámbito estatal y como ya ocurre en otros países europeos, se establecerán unas fechas comunes de entrada en vigor de las normas que afecten a las empresas, a principio y mitad del ejercicio. En concreto, se prevén los días 2 de enero y 1 de julio de cada año. Con ello se persigue facilitar el conocimiento y la correcta aplicación por parte de las empresas de los cambios normativos, sin que se tenga que estar analizando, cada semana, el Boletín Oficial del Estado (BOE) en búsqueda de novedades. Esta regla general solamente podrá exceptuarse en determinadas circunstancias, como cuando el comienzo de la vigencia venga exigida por otras normas, nacionales o europeas, preexistentes.

Puedes consultar el texto íntegro del Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas aquí.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Las empresas declaran una mejora en la cultura de pagos de las administraciones públicas

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Mario Cantalapiedra – Economista

De los datos presentados por el Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, parece desprenderse una mejora en la cultura de pagos de las administraciones públicas. Así puede verse como un 28 por ciento de las empresas encuestadas declara que sus plazos de pago se han reducido, mientras que un 7 por ciento adicional señala que, a pesar de no observar cambios significativos en los plazos que se pactan, la Administración acepta antes sus facturas. Por su parte, un 21 por ciento de las empresas proveedoras de la Administración no percibe cambios en los plazos de pago, sin embargo, sí reconoce los efectos positivos que los distintos planes de pago a proveedores impulsados por el Gobierno han tenido en la liquidación de la deuda antigua. El grupo más amplio, formado por el 44 por ciento restante, no percibe ningún cambio en los plazos de pago de las administraciones públicas, no obstante, este porcentaje es diez puntos más bajo que hace un año.

Interrogadas las empresas que operan en España por la incidencia de los niveles de impago en el ámbito de las administraciones públicas, el 74 por ciento del total declara mantener una tasa de impago inferior al 4 por ciento de su facturación (nivel adecuado de riesgo, según el Estudio), cuando en la primavera de hace un año solamente un 63 por ciento de las empresas mantenía dicho nivel. Por su lado, el 11 por ciento de los proveedores de la Administración soporta una tasa de impago por encima del 10 por ciento respecto al volumen de sus operaciones (nivel de riesgo extremo, según el Estudio), pero, en este caso, también hay una mejora de cinco puntos con respecto a los niveles de la primavera de 2013.

Los esfuerzos realizados desde lo público a través de los distintos planes de pago a proveedores, así como a través de las medidas legislativas introducidas para que las administraciones públicas paguen las facturas a sus proveedores dentro de los treinta días siguientes a la fecha de conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados, empiezan a dar sus frutos. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, si lo que se desea es que la cultura del pago de las facturas a plazo razonable (legal) se extienda por el tejido empresarial español, las administraciones públicas son las primeras que deben predicar con su ejemplo.

Colaboradores, Gonzalo Quiroga Sardi

Pago de las administraciones públicas en plazo de 30 días

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APROBADA LA LEY ORGÁNICA 9/2013 DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO

El retraso en los pagos por parte de las Administraciones Públicas ha sido, y es, uno de los principales motivos del cese de actividad de medianas y pequeñas empresas, asfixiadas e impotentes sin poder hacer frente a sus pagos simple y llanamente porque la Administración Pública con la que habían contratado se demoraba en pagar meses, o años, a pesar de las sucesivas leyes de represión contra la morosidad publicadas y que han acabado fijando el plazo de pago en un máximo de 30 días.

Hasta ahora el problema se ha ido parcheando con los denominados Planes de Pago a Proveedores, mediante los cuales, obligando a sus acreedores a renunciar a los intereses y los gastos de la reclamación, se ha intentado poner a cero la mora en pago de las Administraciones Públicas.

Sin embargo, en lugar de aprovechar esa puesta a cero para empezar a cumplir en plazo, las Administraciones han continuado, después de cada fase del Plan de Pago a Proveedores, incurriendo en mora a la hora de pagar sus facturas o créditos comerciales.

Pues bien, este viernes 20 de diciembre de 2013 se ha publicado en el B.O.E. la Ley Orgánica 9/2013 de control de la deuda comercial en el Sector Público, que pretende hacer que los pagos a los que las Administraciones Públicas se comprometen en sus operaciones comerciales  cumplan, con carácter general, el plazo máximo de 30 días establecido para el pago de estas Entidades o, como máximo, no superen los 60 días de pago máximos fijados por la normativa europea y su trasposición a nuestro Ordenamiento.

Las novedades introducidas por esta Ley, que reforma parcialmente la anterior Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, consistirán en lo siguiente.

1-      Se obliga a todas las Administraciones Públicas a publicar el período medio de pago a proveedores en relaciones comerciales (PMP) a través de un plan de tesorería que garantice un plazo de 30 días y que será directamente controlado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2-      Si en dicho plan de tesorería el PMP se desvía del plazo de 30 días se producirán una serie de medidas progresivas orientadas a corregir esa desviación. De este modo:

a)      Si el PMP supera los 30 días: la actualización del plan de tesorería inmediatamente posterior debe incluir el im porte de los recursos que se va a dedicar mensualmente al pago de proveedores para reducir el plazo a 30 días, así como las medidas para generar la tesorería necesaria para cumplir el plazo legal.

b)      Si el PMP superase los 60 días se ponen en marcha las siguientes medidas:

  • De prevención: el Ministerio de Hacienda comunicará a la Administración en cuestión el importe que mensualmente a pagar a proveedores y las nuevas medidas del plan de tesorería para cumplir el PMC de 30 días.
  • De corrección: se adoptará un acuerdo de no disponibilidad por la misma cuantía y todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo deberán contar con la autorización de la Administración del Estado.

c)       Si el PMC supera los 30 días durante más de dos meses consecutivos:

  • El Ministerio de Hacienda podrá retener los importes y pagar directamente a los proveedores.
  • La Administración Pública en cuestión podrá responder de las sanciones de organismos Europeas que se impongan a España por el no cumplimiento de los plazos medios de pago de la Administración en la parte que proporcionalmente le corresponda.

La verdad es que si se empieza a aplicar de verdad todo lo antedicho y las Administraciones comienzan a pagar en plazo sería un gran paso para reducir los índices de morosidad y, en cualquier caso, un requisito casi indispensable para que el sector privado consiga empezar a cumplir los plazos legales, muchas veces retrasado por el retraso de la propia Administración.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Socio

AGM ABOGADOS

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

¿Cumplir las administraciones públicas la legislación contra la morosidad?: Ahora sí toca

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Mario Cantalapiedra – Economista

Como estaba previsto en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, el Gobierno español ha puesto en marcha el último tramo del mecanismo extraordinario de pago a proveedores, en este caso, para los pagos aún pendientes de las comunidades autónomas. Se trata de afrontar las cantidades que no quedaron cubiertas en el primer tramo, iniciado en junio de 2013, donde se priorizó el pago de servicios básicos, como conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios sociales, convenios, transferencias al tercer sector y subvenciones en I+D+i, así como el pago a los proveedores de las entidades locales.

Las comunidades autónomas tendrán hasta el próximo 23 de octubre para relacionar las facturas pendientes y a partir de ahí se realizarán las comprobaciones oportunas por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y se presentarán los planes de ajuste por parte de las comunidades para poder afrontar los pagos. Desde el 29 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2013, los proveedores podrán consultar la relación de facturas y aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través del mecanismo extraordinario. Según el Gobierno, los pagos deberán llegar a las cuentas bancarias de los proveedores a partir del 1 de diciembre, los cuales podrán cobrar íntegro el principal de sus facturas, pero, de nuevo, deben olvidarse de percibir cantidad alguna en concepto de intereses de demora. Además existirá la posibilidad para aquellos proveedores que estén más necesitados de liquidez, como ya ocurrió en el anterior tramo del mecanismo, de adelantar los importes pendientes de pago a través de las entidades de crédito colaboradoras asumiendo el correspondiente coste financiero.

Como ya he mencionado en otras ocasiones, se trata de poner el contador de la deuda comercial de las administraciones públicas a cero, para que a partir de aquí cumplan la vigente legislación contra la morosidad en cuanto a plazos de pago se refiere, coincidiendo además con la entrada en vigor de la nueva Ley orgánica de control de deuda comercial, actualmente en trámite parlamentario. Desde luego el objetivo me sigue pareciendo muy ambicioso, más aún si tenemos en cuenta el conflicto permanente al que estamos asistiendo en todo lo que se relaciona con la financiación autonómica. En cualquier caso, que las administraciones públicas cumplan la legislación contra la morosidad “ahora sí toca”.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista), Morosidad e Impagos

Poner el contador de la deuda comercial de las administraciones públicas a cero

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Mario Cantalapiedra – Economista

En el camino emprendido por el Gobierno para tratar de erradicar la morosidad de las administraciones públicas, se acaba de producir un nuevo hito con la reciente aprobación y entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Mediante este Real Decreto se establece una tercera fase del denominado mecanismo de financiación para el pago a proveedores, que incluye esta vez las obligaciones contabilizadas por las administraciones públicas pendientes de pago, vencidas, líquidas y exigibles con anterioridad al 31 de mayo de 2013. Las entidades locales y las comunidades autónomas tendrán de plazo hasta el próximo 19 de julio para introducir la relación inicial de facturas y a partir del 25 de julio y hasta el 6 de septiembre, para introducir los certificados y realizar la aceptación, en nombre de sus proveedores, de las facturas. Como novedad en esta tercera fase, los acreedores de las empresas a las que las administraciones públicas deben dinero podrán conocer si sus clientes van a cobrar sus facturas pendientes a través de este mecanismo y en qué momento, con ello se pretende extender el efecto económico dinamizador del Plan al resto de la cadena de pagos.

Con esta tercera, y por lo que se nos ha anunciado ‘última’, fase del Plan de pago a proveedores, el ejecutivo español trata de ‘poner el contador de la deuda comercial a cero’ antes de implantar las reformas estructurales previstas para controlarla mejor, y esto dentro de un contexto donde dicha deuda comercial se equipara a la financiera y al déficit a los efectos de sostenibilidad financiera, con la aplicación de los mismos mecanismos de control. Entre las reformas anunciadas, se prevé impulsar la factura electrónica y la creación de un registro contable para agilizar los procedimientos de pago a proveedores, dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes y mejorar los controles contables, superando aquello de las facturas ‘olvidadas’ en un cajón que tanto daño ha hecho a nuestras empresas. Ambas herramientas, la factura electrónica y el registro contable, contribuirán al seguimiento de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos, que servirá para visualizar el volumen de deuda comercial de las administraciones públicas.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Las administraciones públicas deberán publicar el período medio de pago a proveedores

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Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado miércoles 19 de junio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, el cual recoge más de doscientas propuestas que persiguen, según sus propias palabras, ‘reducir gastos en aras de una mayor eficiencia de la de la administración pública; simplificar trámites; suprimir órganos o entidades innecesarias; agilizar procedimientos y mejorar la gestión de los medios públicos’.

Entre ellas hay una propuesta que me gustaría destacar ya que se relaciona con la lucha contra la morosidad, en este caso, pública, como es la del control de la deuda comercial del sector público a efectos de la estabilidad presupuestaria. En principio resulta interesante que nuestro Presidente piense que la sostenibilidad financiera no consiste sólo en el control de la deuda pública, sino también en el control de la deuda comercial, en el de las facturas que los distintos estratos en los que se divide la administración pública adeudan a sus proveedores, en gran medida, pequeñas y medianas empresas generadoras de riqueza y empleo y que tanto están sufriendo por el impago público. La reforma propuesta se encamina a integrar el control de dicha deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera, para lo cual se introduce el concepto de período medio de pago a proveedores que las administraciones públicas tendrán la obligación de publicar periódicamente. De este modo, los proveedores contarán con un argumento más para reclamar el pago de sus facturas pendientes si la administración pública de turno no cumple el plazo legal vigente de treinta días naturales desde la recepción de la factura o de una solicitud de pago equivalente. Esta medida viene a sumarse a la obligación existente ya desde el ejercicio de 2010 para las sociedades, de informar sobre los plazos de pago a sus proveedores a través de la memoria que se integra en sus cuentas anuales y se deposita en el Registro Mercantil. Información que debe presentarse con mayor o menor grado de detalle en función de que la sociedad elabore el modelo normal de memoria o bien elabore el modelo abreviado o aplique el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. Conocer y hacer público el problema de la morosidad puede ser el primer paso para solucionarlo, por lo que bienvenida sea la medida anunciada por Rajoy.

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