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Los tres tipos de consejeros en los consejos de administración

Mario Cantalapiedra – Economista

El consejo de administración de una sociedad es el encargado de su gestión y representación, para lo que debe intentar adoptar la mejor composición posible. En principio, pueden formar parte de este órgano tanto consejeros internos, relacionados con su dirección, como externos, los cuales analicen “desde fuera” la labor desarrollada por los directivos. Los segundos, a su vez, pueden ser dominicales o independientes. Veamos las notas que caracterizan a cada tipo de consejero:

1. Consejeros ejecutivos

Miembros del consejo que poseen funciones ejecutivas y directivas en la sociedad y mantienen una relación contractual con la misma. Por regla general, poseen un perfil técnico relacionado con sus labores de dirección. El ejemplo más claro es el del consejero delegado, un alto directivo de la sociedad con funciones ejecutivas, las cuales ejerce bajo la supervisión del propio consejo, y en quien se delegan algunas de sus facultades.

2. Consejeros dominicales

Miembros del consejo que acceden al mismo por ser titulares o representar a titulares de paquetes accionariales con capacidad de influir por sí solos, o por acuerdos con otros, en el control de la sociedad. Es decir, se hayan vinculados al accionista o grupo de accionistas de control (accionistas significativos).

3. Consejeros independientes

Miembros del consejo no vinculados con el equipo de gestión de la sociedad ni con sus accionistas de control, que acceden al mismo por sus conocimientos técnicos y su experiencia profesional. Por tanto, este tipo de consejero se elige en base a sus circunstancias personales y profesionales, con los objetivos de lograr una visión externa e independiente y defender los intereses de todos los accionistas, fundamentalmente de los minoritarios.

La composición que adopte en la práctica el consejo de administración de una sociedad suele depender mucho de su tamaño. De este modo, en las pymes es difícil encontrar consejeros independientes, que sí son habituales en las grandes empresas. No obstante, contar con su opinión y experiencia puede ser muy beneficioso para una sociedad, sobre todo, cuando ésta empieza a tener cierta dimensión (estoy pensando en medianas empresas). No es raro encontrar compañías que “mueren de éxito” cuando crecen, con la aparición de disputas en el seno de su consejo de administración, que no pueden resolverse con facilidad precisamente por no contar con el equilibrio que aportan voces independientes. El reto aquí es encontrar consejeros que verdaderamente sean independientes de quienes los nombran, y eso, en cualquier caso, no parece fácil de conseguir.

 

La obligación de reunirse trimestralmente para el consejo de administración

Mario Cantalapiedra – Economista

La administración de una sociedad limitada o anónima, es decir, su gestión y representación, se encomienda a los administradores, los cuales pueden organizarse como administrador único, al que se confieren individualmente dichos poderes de gestión y representación, como varios administradores que actúen de forma solidaria (individual) o conjunta, o como un consejo de administración.

Si se elige consejo de administración, éste deberá estar formado por un mínimo de tres miembros, siendo los estatutos de la sociedad los que fijen el número concreto o bien el máximo y el mínimo, caso en el cual será la junta de socios la encargada de determinar el número exacto. No obstante, en el caso de sociedades de responsabilidad limitada su consejo no puede tener más de doce miembros. El consejo podrá integrarse por consejeros ejecutivos, que además de ser miembros intervienen en la actividad diaria de la sociedad como altos directivos o empleados, y consejeros externos, que no intervienen en dicha actividad.

En las sociedades de responsabilidad limitada, tanto la organización como el funcionamiento del consejo se establecen en los estatutos, en los que se deben especificar sus reglas de convocatoria y constitución, así como el modo de deliberar y adoptar acuerdos por mayoría. Con respecto a las sociedades anónimas, cuando los estatutos no dispongan otra cosa, el consejo de administración podrá designar a su presidente, regular su propio funcionamiento y aceptar la dimisión de los consejeros.

Un tema muy importante es el que se refiere a cuál debe ser la periodicidad con la que se reúna el consejo de administración. Antes de la entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, bastaba con que se reuniera una vez al año, dentro de los tres primeros meses contados a partir del cierre del ejercicio social, para formular las cuentas anuales. Pero desde el 24 de diciembre de 2014, fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, el consejo de administración debe reunirse, al menos, una vez al trimestre, con la finalidad de que mantenga una presencia constante en la vida de la sociedad. Los consejeros tienen la obligación de asistir personalmente a sus sesiones y en caso de que deleguen su representación para la asistencia en otras personas, los consejeros no ejecutivos (externos) solamente podrán hacerlo en otro consejero no ejecutivo.

Disolución de una mercantil y responsabilidad de los administradores respecto a las deudas sociales

Muchos son los casos en los que al comprobar que una empresa deudora ha publicado en el Registro Mercantil los acuerdos de disolución y liquidación damos por perdido nuestro crédito y procedemos a regularizarlo en la creencia de que la sociedad en cuestión ha cerrado su actividad correctamente y ya no es posible reclamar nuestra deuda.

Sin embargo, esto no es así. La sociedad, al acordar la disolución y liquidación, debe nombrar un liquidador y este ha de elaborar un plan de liquidación, similar al de los del concurso de acreedores, en el que el propio liquidador debe recopilar los adeudos y hacer un inventario de los bienes a liquidar para después plantear una propuesta de reparto de lo poco o mucho que tenga la sociedad entre sus acreedores, propuesta que en última instancia ha de ser judicialmente aprobada.

Por ello, lo primero que debemos hacer es, por un lado, estudiar si existía causa de disolución en la mercantil más de dos meses antes de acordarse la misma y, por otro lado, remitir una comunicación fehaciente a quien resulte nombrado como liquidador para comunicarle nuestro crédito y solicitarle nos informe del activo y pasivo y de cuáles serán las propuestas de liquidación. Nos encontraremos en más ocasiones de las que a simple vista pueda parecer en supuestos en los que, a pesar del acuerdo de disolución, los administradores de la mercantil deudora han de responder con su propio patrimonio de las deudas sociales. Así, podremos exigir la responsabilidad de los administradores en los siguientes supuestos:

1-   Cuando la causa de disolución existiese con una anterioridad de más de dos meses al acuerdo disolutorio. Se puede exigir la responsabilidad personal de los administradores respecto a las deudas sociales posteriores a la causa de disolución cuando al conocer la existencia de misma tardan más de dos meses en cumplir las obligaciones que la ley les impone, es decir, corregir la causa de disolución o acordar la disolución en sí.

Muchas veces damos por cumplido este requisito al ver que se ha acordado la disolución y liquidación sin verificar que, por ejemplo, la sociedad podría llevar más de un ejercicio en causa de disolución sin que los administradores cumpliesen sus obligaciones legales, haciéndolo de forma extemporánea para crear la falsa apariencia de haberlo hecho.

 

 

2-   Cuando el acuerdo de disolución y liquidación no venga seguido de una verdadera actividad liquidatoria, constituyendo una mera simulación del cumplimiento de las obligaciones legales que atañen a los administradores societarios. Muchas veces, los administradores de la deudora, a sabiendas de las responsabilidades patrimoniales a las que a título personal pueden ser condenados, acuerdan la disolución y liquidación, nombrando un liquidador e inscribiendo tales acuerdos en el Registro Mercantil dentro del plazo de los dos meses desde que concurre la causa de disolución, cumpliendo con ello, al menos en apariencia, sus obligaciones legales.

Sin embargo, son innumerables los supuestos en los que luego no existe absolutamente ninguna actividad liquidatoria, por lo que el derecho de los acreedores a un proceso ordenado en el que se reparta lo mucho o poco que queda a la mercantil entre todos ellos se ve totalmente vulnerado.

Para detectar, e incluso para probar judicialmente, estos casos basta con enviar un burofax o telegrama a quien resulte designado liquidador solicitando nos informe si ha incluido nuestro crédito, cuáles son la masa activa y la pasiva y cuáles las propuestas de liquidación. Si no obtenemos respuesta estaremos ante una simulación de liquidación o liquidación fraudulenta.

En estos casos de simulación de liquidación podremos reclamar no sólo la responsabilidad patrimonial del administrador/ores societarios inmediatamente anteriores al acuerdo de disolución sino también la de quien resulte designado como liquidador, en caso de que sea persona distinta del propio administrador societario.

 

Gonzalo Quiroga Sardi                                     

Responsable de la Comisión de Morosidad ASSET                                                             

Socio AGM ABOGADOS

Qué es el informe de gestión y quién está obligado a formularlo

Mario Cantalapiedra – Economista

El informe de gestión es un documento que han de elaborar y depositar en el Registro Mercantil todas las sociedades excepto aquellas que puedan formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, es decir, sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  • Total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
  • Importe neto de la cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
  • Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Los administradores del resto de sociedades deberán formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, el informe de gestión, el cual deberá ser firmado por todos ellos. El contenido que debe tener se regula en el artículo 262 de la Ley de Sociedades de Capital, en el que resumidamente se incluyen los siguientes puntos:

  1. Exposición fiel sobre la evolución de los negociosy la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la misma. La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los resultados de los negocios y la situación de la sociedad, teniendo en cuenta la magnitud y la complejidad de la misma. Este análisis deberá incluir indicadores financieros y no financieros, incluida información sobre cuestiones medioambientales y relativas a los trabajadores. No obstante, las sociedades que puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada no están obligadas a incluir información de carácter no financiero. En este sentido, y a efectos de las medidas de lucha contra la morosidad, las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada deberán indicar el período medio de pago a proveedores y, en caso de que este sea superior al plazo legal, las medidas a aplicar en el siguiente ejercicio para reducirlo hasta alcanzar dicho plazo.
  2. Acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio, evolución previsible de la sociedad, actividades en materia de investigación y desarrollo y adquisiciones de acciones propias.
  3. En el caso de utilización de instrumentos financieros, objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero, así como exposición a los riesgos de precio, crédito, liquidez y flujo de efectivo, cuando resulten relevantes para la valoración de activos, pasivos, situación financiera y resultados de la sociedad.

Por último, es importante señalar que la información contenida en este informe no justifica su ausencia en las cuentas anuales cuando deba ser incluida en ellas.

Siete deberes de los administradores de las sociedades de capital

Mario Cantalapiedra – Economista

Con respecto a la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital (anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones), la Ley de Sociedades de Capital señala que son responsables frente a la sociedad, los socios y los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley, de modo general, o a los estatutos de la sociedad o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño de su cargo. En lo que se refiere a cuáles son estos deberes en concreto, los artículos 225 al 232 de la mencionada Ley recogen los siete siguientes:

1. Deber de diligente administración

Los administradores han de desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario, debiendo informarse, también de modo diligente, de la marcha de la sociedad.

2. Deber de lealtad

Han de actuar como representantes leales en defensa del interés de la sociedad, cumpliendo los deberes impuestos por leyes y estatutos.

3. Prohibición de utilizar el nombre de la sociedad y de invocar la condición de administrador

Estos representantes no pueden utilizar el nombre de la sociedad ni invocar su condición de administradores de la misma para realizar operaciones por cuenta propia o de personas a ellos vinculadas.

4. Prohibición de aprovechar oportunidades de negocio

Los administradores no pueden realizar, en beneficio propio o de personas vinculadas a ellos, operaciones ligadas a los bienes de la sociedad, de las que tengan conocimiento con ocasión de ejercicio del cargo cuando la operación haya sido ofrecida a la sociedad o esta tenga interés en ella, siempre que la sociedad no haya desestimado la operación sin mediar influencia del propio administrador.

5. Situaciones de conflicto de intereses

Los administradores deben comunicar al consejo de administración, a los otros administradores o a la junta general, cualquier situación de conflicto que puedan tener con el interés de la sociedad, debiendo abstenerse de intervenir en los acuerdos relativos a la operación a que el conflicto se refiera. También deben comunicar la participación, directa o indirecta, que tengan ellos o personas vinculadas a ellos en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, y comunicar los cargos o funciones que en ella ejerzan. La sociedad de capital ha de informar de estas situaciones de conflicto en la memoria de sus cuentas anuales.

6. Prohibición de competencia

Los administradores no pueden dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social salvo autorización expresa de la sociedad, mediante acuerdo de la junta general.

7. Deber de secreto

Los administradores deben guardar secreto de las informaciones que conozcan como consecuencia del ejercicio de su cargo, incluso después de cesar en el mismo. No se permite ni comunicar estos datos a terceros ni divulgarlos cuando puedan perjudicar el interés social. Se exceptúan los supuestos en los que las leyes permitan su comunicación o divulgación, o que sean requeridos o hayan de remitirse a autoridades de supervisión.

Diez elementos a analizar en un informe comercial

Mario Cantalapiedra – Economista

Los informes comerciales son documentos realizados por agencias especializadas en la valoración del riesgo comercial de empresas a partir de la información pública existente y el análisis experto de quien los elabora. Cualquier compañía que se plantee vender a crédito a un cliente puede consultarlos antes de concederle un pago aplazado. Los informes suelen ofrecerse en versión “estándar”, donde la valoración del riesgo de una empresa se realiza a partir de la información pública recopilada sobre ella, así como en versión “investigada”, donde, por un coste algo superior, se realiza un análisis en mayor profundidad, de tal modo que la información pública se complementa con entrevistas presenciales a los responsables de la empresa que permiten ampliar y actualizar los datos. Además de los ratings predictivos de rentabilidad, solvencia y morosidad y la opinión de crédito máximo que el conjunto de los proveedores debe dar a la empresa analizada que suelen incluir estos informes, hay otros elementos dentro de ellos que interesará estudiar, sobre todo en los de tipo investigado. En este sentido, te recomiendo analizar especialmente los diez siguientes:

  1. Evolución de las ventas (facturación) Se han de vigilar especialmente los movimientos bruscos en uno u otro sentido, fundamentalmente los de caída. De este modo, una fuerte disminución en la facturación puede significar que la empresa entre en problemas y debe estar justificada, pero inclusive un aumento muy importante de lo vendido ha de acompañarse de capacidad de la compañía para financiar el crecimiento
  2. Cambios en los administradores. Hay que vigilar, sobre todo, cuando estos cambios son muy repetitivos intentado averiguar los motivos concretos que los originan. Conocer los administradores de un cliente siempre es fundamental cara al futuro de la relación.
  3. Cambios en el objeto social. Un cambio en la actividad de la empresa analizada puede suponer nuevos productos y servicios, nuevas inversiones y nuevos riesgos. Se debe estudiar el objeto social inicial y las modificaciones que este sufra a lo largo del tiempo.
  4. Estado y cambios de las instalaciones. Es importante conocer el estado de las instalaciones donde la empresa desarrolla su actividad, si es conocida o no en la zona donde se ubica y observar los cambios qué se producen, sin son a mejor o a peor.
  5. Anotaciones en los ficheros de morosidad. Se ha de observar si aparece información desfavorable de la empresa en ficheros tales como RAI o ASNEF. Se han de valorar tanto los importes de las anotaciones como su antigüedad.
  6. Incidencias judiciales, concursales y reclamaciones de organismos públicos. Pueden observarse las posibles situaciones judiciales y/o concursales y las reclamaciones en las que la empresa analizada aparece como demandada. También se pueden conocer las incidencias judiciales y/o concursales donde aparece como demandante.
  7. Evolución del número de trabajadores. Las variaciones significativas de la plantilla (aumentos o disminuciones) deben estar justificadas y relacionadas con la evolución seguida por la actividad de la empresa.
  8. Vinculaciones financieras. En ocasiones los informes comerciales investigados permiten conocer las vinculaciones accionariales con otras empresas.
  9. Cartera de clientes. Se trata de conocer los principales clientes de la empresa, su grado de concentración o dependencia de ellos y las variaciones que se producen. Diversificar el negocio en varios clientes principales, supone también diversificar el riesgo.
  10. Cartera de proveedores. Se deben analizar también los principales proveedores de la empresa, su grado de concentración y los cambios que se produzcan. La dependencia excesiva de un proveedor puede condicionar la actividad de la empresa si por lo que sea el suministro de ese proveedor falla. Por otro lado, la sustitución continua de los proveedores principales por otros distintos puede indicar incumplimientos en los compromisos de pago por parte de la empresa analizada.