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Siete medidas para controlar la morosidad

Mario Cantalapiedra – Economista

Mi último post de este año tan convulso que ahora toca a su fin, deseo dedicarlo a la noble tarea de resumir algunos de los aspectos fundamentales que hemos visto en el blog a lo largo del ejercicio. Siete medidas prácticas, referencia premeditada a número bíblico donde los halla, que pueden ayudarnos a luchar contra la lacra de la morosidad:

 

  1. Investigar a los clientes a través de las distintas fuentes de información existentes, acudiendo en los casos que, por la importancia relativa del comprador, se considere oportuno, a informes investigados que complementan la información de los registros públicos con entrevistas a los propios responsables de las empresas.
  2. Utilizar herramientas de protección contra el impago de los clientes como el seguro de crédito, planteándose esta opción en términos de coste de oportunidad, es decir, comparando el coste de cobrar las facturas de clientes con el de no hacerlo.
  3. Acogerse a la alternativa del arbitraje para resolver los conflictos en el pago de las facturas que puedan surgir. Si se opta por esta fórmula, incluirla de forma expresa en el clausurado del contrato que se firme con el cliente previamente a establecer la relación comercial.
  4. Si se contratan los servicios de empresas especializadas en el recobro de facturas, buscar entidades que acrediten pruebas de actuar dentro de la legalidad, y de forma ética, tanto a la hora de reclamar la deuda al moroso como en el momento de entregarnos las cantidades que recuperen.
  5. Incluir en los contratos que se firmen con el cliente, previos a la venta, una cláusula de reserva de dominio sobre los bienes objeto de transmisión. A la hora de emitir las facturas incluir “al dorso” un texto que reproduzca las condiciones de pago, el cual especifique además dicha reserva de dominio.
  6. Aplicar los intereses de demora previstos por la legislación (Ley 3-2004) contra la morosidad, los cuales surgen automáticamente si el cliente no paga el día de vencimiento sin necesidad de aviso ni requerimiento previo.
  7. Denunciar las cláusulas abusivas sobre fechas de pago o intereses de demora que difieran de lo expuesto en la legislación contra la morosidad vigente, a través de las asociaciones, federaciones o corporaciones de empresarios, profesionales o autónomos a las que podamos pertenecer.

Con este resumen sólo me queda desearos a todos los que seguís este blog Feliz Navidad y próspero 2011, si es posible….”sin clientes morosos”.

El arbitraje en la gestión de cobro de las facturas impagadas

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando se ha tratado por activa y por pasiva de cobrar a un cliente moroso el pago de una factura sin logran éxito alguno, y al borde de la desesperación, muchas empresas sólo se plantean acudir ya a la justicia ordinaria, contratando los servicios de abogados y procuradores, y demandar al cliente que nos ha salido rana. La verdad es que en estos momentos en que los montones de demandas de impago en los tribunales amenazan con alcanzar la altura de la mítica Torre de Babel, no está de más evaluar la alternativa que puede representar el arbitraje.

El arbitraje mercantil es un procedimiento que permite, de forma voluntaria, dirimir los conflictos contractuales que aparezcan entre las partes, como puede ser, en el caso que ahora nos interesa, el impago de una factura, sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria, y sometiéndose al criterio de un tercero imparcial. La voluntad de someterse al procedimiento arbitral debe quedar claramente especificada en una cláusula del contrato que firmen cliente y proveedor previamente. Un ejemplo de esta cláusula de tipo arbitral puede ser el siguiente

Las partes, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, acuerdan expresamente someter todo litigio, controversia, discrepancia, cuestión o reclamación derivada de la interpretación o ejecución del presente contrato al arbitraje de (derecho/equidad) de (árbitro/institución)”.

Cómo podéis ver existen dos tipos de arbitraje diferentes, el arbitraje de derecho, que será el aplicado si no se especifica algo diferente en la cláusula arbitral, en el que el árbitro ha de ser un abogado y su decisión ajustarse a normas y principios jurídicos vigentes, y el arbitraje de equidad, que se habrá de pactar expresamente, donde el árbitro puede pertenecer a cualquier sector profesional y resolver según su leal saber y entender. La decisión final del árbitro sobre el conflicto, que se denomina laudo arbitral, una vez notificada adquiere el mismo valor y eficacia que una sentencia de tipo judicial, con la ventaja fundamental respecto a la justicia ordinaria de la rapidez en el proceso de decisión.

Inclusive en la reforma de la legislación contra la morosidad introducida por la Ley 15/2010, en su artículo Primero, Siete, hay una apuesta por fomentar el arbitraje desde los poderes públicos para resolver los conflictos que surjan en las relaciones comerciales:

Con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, las Administraciones Públicas promoverán la elaboración de Códigos de buenas prácticas comerciales, así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje, siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos”.