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La expansión del negocio de empresas y autónomos a través de sucursales

Mario Cantalapiedra – Economista

Una empresa a la hora de expandir su negocio puede hacerlo a través de sucursales, es decir, de delegaciones emplazadas en diferentes lugares geográficos que representan al negocio principal. Legalmente, según el artículo 295 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, una sucursal es “todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrollen, total o parcialmente, las actividades de la sociedad”. Luego una sucursal debe mantener una actividad continuada en el tiempo, tener cierta autonomía en la gestión y desarrollar la actividad objeto de su empresa matriz.

La apertura de una sucursal es un trámite que requiere del otorgamiento de escritura pública, la cual habrá de inscribirse en el Registro Mercantil. Pueden abrirlas los empresarios individuales, las sociedades mercantiles y otras entidades. Las sucursales carecen de personalidad jurídica propia, de ahí que al frente de las mismas se sitúen representantes legales facultados para administrar su operativa, pero subordinados a las directrices de la empresa principal.

Mapa_sucursales

Con respecto a otros establecimientos mercantiles, de las oficinas de representación de empresas no residentes en España  se diferencian en que estas no pueden desarrollar la actividad principal sino otras secundarias como publicidad, promoción o actividades auxiliares. Por su parte, de las franquicias se diferencian en que estas nacen de la colaboración entre empresas independientes, mientras que las sucursales dependen de una empresa matriz.

En lo que se refiere a sus obligaciones contables, las sucursales deben llevar una contabilidad propia referida a las operaciones que realizan y a los elementos patrimoniales que tienen afectos. En el caso de sucursales de empresas extranjeras, las matrices han de depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales o, en su caso, sus cuentas consolidadas elaboradas conforme a la legislación extranjera. En el caso de que la legislación a la que estén sometidas no las obligue a elaborar cuentas anuales o lo haga de forma no equivalente a la legislación española, están obligadas a elaborar dichas cuentas en relación con la actividad de sus sucursales en España y a depositarlas en el Registro.

Para conocer las sucursales que una empresa o un autónomo tiene en España se puede acudir al Registro Mercantil, o a las soluciones de analítica avanzada que ofrecen las empresas especializadas en información comercial en las que inclusive se puede visualizar su ubicación en el mapa.

En España predominan las empresas muy pequeñas del sector servicios

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en febrero de 2019 ascendió a 2.884.795, según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De ellas, el 54,1 por ciento son autónomos (pymes sin asalariados), el 39,6 microempresas (que tienen entre 1 y 9 asalariados), el 5,3 pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados), el 0,8 medianas empresas (entre 50 y 249 asalariados) y solamente el 0,2 son empresas grandes (con 250 o más asalariados). Aunque en tasa de variación interanual, son precisamente las empresas grandes las que más crecen, casi el 94 por ciento del tejido empresarial español está compuesto por empresas muy pequeñas que o bien no tienen asalariados o no llegan a contar con 10 empleados en sus filas.

Al analizar estos datos oficiales hay que tener en cuenta que dentro del apartado de autónomos se incluyen los trabajadores por cuenta propia sin asalariados a su cargo, los cuales no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades de tipo societario, ni figuran como colaboradores familiares o están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores. Si tienen empleados a su cargo, se computan como empresas con asalariados.

Empresas inscritas en la Seguridad Social1Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En cuanto a la distribución sectorial de las empresas que cuentan con asalariados, la mayor parte (el 74,3 por ciento) pertenecen al sector servicios. Le siguen en importancia el sector de la construcción (9,7 por ciento), la industria (8,3 por ciento), y por último el sector agrario (que reúne al 7,7 por ciento de las empresas con trabajadores). En tasa de variación anual, el sector agrario es el que más crece, permaneciendo prácticamente inalterado el sector industrial.

Sectores de las empresas con asalariados2Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Luego en España lo que predominan son las empresas muy pequeñas que suelen pertenecer al sector servicios. En este sentido, y aunque pueda parecer un tópico, sería deseable que nuestro país contara con empresas de mayor tamaño y encuadradas en sectores como la industria, donde el valor añadido también es mayor. Está demostrado que países en los que abundan este tipo de empresas se comportan mejor durante las crisis económicas que suelen amenazarnos de forma cíclica.

La línea de mediación ICO para empresas y emprendedores 2018

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), entre otras  líneas de mediación, ha lanzado la denominada “ICO Empresas y Emprendedores 2018”, que estará vigente hasta el 21 de diciembre de este año. Desde el punto de vista empresarial, esta línea se destina a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, que realicen inversiones productivas en territorio nacional y/o necesiten liquidez, con independencia de su domicilio social o fiscal y de si la mayor parte de su capital es español o extranjero

En la mecánica de las líneas de mediación que ofrece el ICO, este diseña y fija sus principales características (dotaciones, finalidad, tipos de interés y plazos de amortización), firmando acuerdos de colaboración con las entidades de crédito a las que provee de fondos. Son dichas entidades las que comercializan la financiación a través de sus redes y deciden su concesión o no, asumiendo el riesgo de impago y pudiendo solicitar las garantías que estimen oportunas salvo que exista un aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). En este caso, el acuerdo se ha realizado con las siguientes 11 entidades: Abanca, Banco Cooperativo, Banco de Crédito Cooperativo, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankia, Bankinter, BBVA, EBN Banco de Negocios, Santander y Unicaja Banco.

La financiación se puede destinar a liquidez (necesidades de circulante tales como gastos corrientes o pago a proveedores), donde no se necesita justificar el destino de los fondos, o a inversiones productivas dentro de territorio nacional (como, por ejemplo, activos fijos productivos nuevos o de segunda mano o adquisición de empresas), donde sí será necesario presentar un proyecto de inversión. Desde la fecha de la firma de la operación se dispone de un año para realizar la inversión correspondiente. No obstante, se pueden financiar inversiones previas a la firma siempre que no se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017.

En cuanto a los fondos que puede recibir cada solicitante son de hasta 12,5 millones de euros, en una o varias operaciones. Cuando el destino del dinero sea inversión podrá solicitarse bajo la modalidad de préstamo o de leasing, mientras que cuando se destine para liquidez se podrá solicitar un préstamo o una línea de crédito.

Como dato curioso no se pueden financiar actividades relacionadas con la fabricación o distribución de armas y municiones. En el siguiente enlace puedes obtener una información más detallada de esta línea “ICO Empresas y Emprendedores 2018”.

Mejora el plazo de pago de las administraciones públicas, pero no lo suficiente

Mario Cantalapiedra – Economista

A pesar de una pequeña mejoría en la situación, las administraciones públicas siguen sin cumplir los plazos de pago a autónomos que marca la legislación contra la morosidad vigente, según el último informe publicado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), referido al tercer trimestre de 2016. El plazo medio de pago ahora es de 78 días, mejor que los 83 de hace un año, pero todavía sigue siendo muy largo.

Hay que recordar que ATA utiliza para su cálculo el período que transcurre entre la fecha de emisión de la factura o de entrega del bien/ prestación del servicio hasta la fecha de pago efectivo, que realmente es el plazo que le interesa considerar a cualquier autónomo que trabaje con un organismo público. Este criterio es distinto al utilizado por la Administración que toma como plazo el que va desde que transcurren 30 días desde la fecha de entrada de la factura en su correspondiente registro, o desde la fecha de aprobación de la certificación de obra, hasta la fecha de pago efectivo, por lo que los períodos medios “oficiales” publicados en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas son más cortos.

Curiosamente en el último informe de ATA la administración que empeora más su plazo de pago a los autónomos es la central, aunque sigue siendo la que paga antes. Las comunidades autónomas han mejorado algo, pero siguen pagando muy tarde, en concreto, a un plazo medio de 90 días. Las comunidades peores pagadoras son la Comunitat Valenciana (106 días), Illes Balears (102 días) y Castilla y León (95 días). En el otro extremo se encuentran País Vasco y Navarra, con 47 y 49 días de media, respectivamente. Parece que se sigue confirmando la existencia de una España a dos velocidades a la hora de pagar a los proveedores desde lo público, sobre la que ya me he referido antes en este blog. En cuanto a la administración local prácticamente no existen cambios con respecto  a la situación de hace un año.

A ver si con el nuevo Gobierno logramos que estos plazos se ajusten más. Si la Administración paga dentro del plazo legal, será mucho más fácil “convencer” al resto de agentes económicos para que también lo hagan.

 

Plazo de pago medio a autónomos según administración pública (en días)

fFuente: Observatorio del Trabajo Autónomo – ATA, Octubre 2016.

Rasgos comunes de los autónomos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los trabajadores autónomos personas físicas inscritos en los diferentes regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social ascendieron a 1.984.268, a 30 de junio de 2016, según los datos facilitados por el propio organismo público. En la cifra anterior no se incluyen los autónomos integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades societarias, ni aquellos que figuran como colaboradores familiares o están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores.

A pesar de ser un grupo heterogéneo los datos estadísticos permiten detectar una serie de rasgos comunes que les caracterizan:

1. Cotizan por la base mínima

El 86,1 por ciento de los autónomos (1.709.323) no superan la base mínima de cotización. Para los autónomos la cuota de la Seguridad Social es un gasto y un pago fijo que, dependiendo de la evolución de su facturación y del cobro de la misma, puede ser difícil de asumir, de ahí que se decanten mayoritariamente por cotizar al mínimo que exige la Ley. Aquí debo recordar que a pesar de la introducción de tarifas planas que incentivan la incorporación de nuevos autónomos, son muchos los trabajadores por cuenta propia en situación de alta que no pueden acceder a ellas.

2. No tienen asalariados

El 78,1 por ciento de los autónomos (1.549.871) no tienen asalariados a su cargo.

3. Trabajan en servicios

El 72,9 por ciento de los autónomos trabajan en el sector servicios. A una distancia considerable se sitúan los autónomos que desarrollan su actividad en la agricultura (11,9 por ciento), construcción (10,7 por ciento) e industria (4,5 por ciento).

4. Superan los 40 años de edad

El 70,7 por ciento de los autónomos (1.403.164) tienen 40 años o más. A la hora de darse de alta como autónomo parece importante contar con una experiencia profesional detrás. También existirán autónomos dentro de este rango de edad que hayan recurrido a esta opción por la falta de trabajo por cuenta ajena, y la necesidad de afrontar cargas familiares y personales.

5. Solamente trabajan como autónomos

Únicamente el 4,8 por ciento de los autónomos (95.067) complementan su actividad por cuenta propia con otra por cuenta ajena (pluriactividad), algo que te recuerdo es completamente legal.

Desglose de trabajadores autónomos por sector de actividad (Datos a 30/06/16)

imagen1

Fuente: Seguridad Social.

¿Qué datos deberá contener el documento “Información Financiera-PYME”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, con entrada en vigor el próximo 11 de octubre, especifica el siguiente contenido mínimo del documento “Información Financiera-PYME”, que las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito deberán facilitar a sus clientes pymes y autónomos, cuando estos se lo pidan, o la entidad decida cancelar o reducir el flujo de financiación que mantiene con ellos:

1. Declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE)

La CIRBE es una base de datos gestionada por el Banco de España que recoge los riesgos que las entidades financieras tienen con sus clientes personas físicas o jurídicas. En este caso, el documento deberá incluir las cuatro últimas declaraciones mensuales de datos a efectuadas a la misma, relativas a los clientes acreditados, así como las correspondientes al final de cada trimestre natural de los últimos cinco años anteriores a la fecha de notificación (cuando el documento se genere porque la entidad financiera tenga intención de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación o de disminuirlo en una cuantía igual o superior al 35 por ciento) o a la fecha de solicitud (cuando el documento se genere por petición de la pyme o del autónomo).

2. Datos comunicados a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito

El documento “Información Financiera-PYME” también deberá incluir los datos de las pymes y autónomos acreditados comunicados por las entidades financieras a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito que sigan constando en los registros de tales empresas en las mencionadas fechas de notificación o de solicitud.

3. Historial crediticio

El documento incluirá el historial crediticio del acreditado referido a los cinco años anteriores a la fecha de notificación o de solicitud, el cual incluirá los siguientes datos:

  • Relación de los créditos históricos y vigentes, y de los importes pendientes de amortización.
  • Relación cronológica de las obligaciones impagadas con sus detalles o, en su defecto, declaración expresa de que el acreditado ha cumplido íntegramente con sus obligaciones.
  • Estado de la situación actual de impagos.
  • Relación de los concursos de acreedores, acuerdos de refinanciación o extrajudiciales de pagos, embargos, procedimientos de ejecución y otras incidencias judiciales relacionadas con la empresa acreditada en los que sea parte la entidad financiera.
  • Relación de los contratos de seguros vinculados al flujo de financiación.

4. Extracto de los movimientos realizados durante el último año en los contratos de flujo de financiación con el acreditado

5. Calificación del riesgo del acreditado

Finalmente las entidades deberán incluir una evaluación de la calidad crediticia de las pymes y los autónomos a los que financian, realizada de manera estandarizada y comparable. El resultado de la evaluación deberá permitir clasificar el riesgo del acreditado dentro de una de las siguientes categorías: riesgo bajo, riesgo medio-bajo, riesgo medio-alto, riesgo alto o no disponible.

El Banco de España regula el documento “Información Financiera-PYME”

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre los objetivos con los que nació la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial está el de hacer más flexible y accesible la financiación bancaria a pymes y autónomos. En dicha Ley se reconoce como uno de los principales obstáculos para lograrlo, se encuentra en la asimetría informativa a la que se enfrentan las entidades de crédito cuando conceden financiación a pymes y autónomos, lo que complica y encarece la valoración de su riesgo. Es decir, la entidad que concede financiación no tiene información suficiente sobre el uso que dará la empresa deudora al dinero que le presta. Esta asimetría informativa aumenta el tipo de interés del dinero que se cobra por el dinero que se presta, pudiendo llegar a motivar la denegación de la financiación. Precisamente para mitigar dicha asimetría informativa, la Ley 5/2015 establece que cuando las entidades de crédito decidan cancelar o reducir el flujo de financiación a sus clientes que sean pymes o autónomos, además de informarles con un preaviso de tres meses, les hagan entrega de un documento denominado “Información Financiera-PYME”, que ha de recoger datos sobre su situación financiera e historial de pagos, entre ellos su calificación de riesgo de crédito, correspondiendo al Banco de España (BdE) especificar el modelo y la metodología a utilizar.

Pues bien, se acaba de publicar en el BOE del 11 de julio de 2016, la Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito, por la que se determinan el contenido y el formato del documento “Información Financiera-PYME” y se especifica la metodología de calificación del riesgo previstos en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, estructurada en los tres capítulos siguientes:

  • En el capítulo I se establece el objeto y ámbito de aplicación, que incluye a las entidades de crédito y también a los establecimientos financieros de crédito.
  • En el capítulo II se regula el contenido mínimo del documento “Información Financiera-PYME”, el cual abarca desde las declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) hasta la calificación del riesgo, incluyendo un exhaustivo historial crediticio, los datos comunicados a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito, y los extractos de movimientos del último año.
  • Finalmente, el capítulo III establece una metodología cuyo fin esencial es la estandarización de la calificación del riesgo que deberán otorgar las entidades a pymes y autónomos.

La entrada en vigor de esta circular se producirá el próximo 11 de octubre de 2016.

Más medidas concretas para atajar los problemas de pymes y autónomos

Mario Cantalapiedra – Economista

La Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa (DGIPYME) ha publicado nuevos datos de empresas inscritas en la Seguridad Social, en este caso correspondientes al mes de mayo 2016, en base a la información proporcionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS). Además de algún cambio en el diseño de tablas y gráficos, como advierte el bueno de Julio Aliaga, destaca que, por primera vez en esta publicación, se haga referencia explícita a los autónomos sin asalariados como empresas (antes se hablaba de empresas sin asalariados). Parece que la palabra “autónomo” empieza a sonar fuerte en nuestra economía, y sin complejos, ¿será un indicio del tipo de trabajo que viene? De hecho, este colectivo representa, por número de empresas, el mayor de todos, como puedes observar en la siguiente tabla:

Empresas inscritas en la Seguridad Social (mayo 2016)

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Las empresas que más crecen en términos interanuales son las pequeñas (aquellas que tienen entre 10 y 49 asalariados), lo cual no parece ser mala noticia, porque son compañías que, sin tener gran tamaño, poseen la capacidad relativa para generar el empleo que tanta falta nos hace. Como tantas veces se comenta, las pymes son los verdaderos motores de la creación de empleo, capaces de generar un mayor número de puestos de trabajo por unidad de capital empleada. De hecho, solamente un 0,1 por ciento de las empresas pueden considerarse grandes (cuentan con 250 o más asalariados), el resto del tejido empresarial se sustenta en pymes y autónomos. Digo yo que enfrascados en plena “nueva” campaña electoral, no estaría de más escuchar más propuestas concretas para atajar los problemas que soportan estos empresarios a la hora de desarrollar su actividad (morosidad, excesiva carga impositiva, complejidad administrativa en sus procesos de apertura y cierre, etcétera). Si bien es cierto que son pequeños, sus problemas no los son.

Distribución del número de empresas por tamaño (mayo 2016)

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La retirada a los cuarteles de invierno del tejido empresarial español

Mario Cantalapiedra – Economista

En el pasado mes de agosto el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a fecha 1 de enero de 2012, el cual permite tener una visión completa del conjunto empresarial español según diversos criterios, entre ellos el de condición jurídica de las empresas.

Lo primero que destaca de la actualización es la reducción del número de compañías activas durante el ejercicio de 2011 en un 1,6 por ciento, en términos relativos o, lo que es lo mismo, en 50.959 empresas si tomamos datos absolutos. Según comenta el propio INE en la nota de prensa que acompaña a la publicación de la actualización, se trata del cuarto año consecutivo que el número de empresas activas en España disminuye.

Analizando las tripas de los datos, vemos como el colectivo empresarial con más bajas es el de personas físicas con cerca de un 3 por ciento de caída entre 1 de enero de 2011 y 1 de enero de 2012. Como es costumbre la cuerda suele romperse por el lado más débil y la soledad de ese corredor de fondo que es el autónomo se está notando más que nunca.

Sorprende algo más que las sociedades limitadas estén aguantando la crisis mejor que las anónimas, 0,1 por ciento de aumento de las primeras que prácticamente marca estabilidad en su número, frente al 2 por ciento de caída de las segundas, aunque esto se puede entender mejor si imaginamos que muchos emprendedores, ya sean vocacionales o forzados por las circunstancias, están constituyendo sus nuevas sociedades bajo la fórmula jurídica de responsabilidad limitada, fundamentalmente por lo que a la aportación inferior del capital inicial se refiere.

También me parece muy significativo el acusado descenso, en un 2,3 por ciento, del número de sociedades cooperativas, fórmula jurídica definida por la estabilidad y tradicionalmente ligada con el mantenimiento del empleo. El tsunami de la crisis todo lo arrasa, espero que más pronto que tarde toque una actualización del DIRCE con un cambio de tendencia y termine, al fin, esta retirada a los cuarteles de invierno del tejido empresarial español.

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Autónomos y sociedades limitadas, las formas jurídicas preferidas en España

Mario Cantalapiedra

En un momento donde muchos piensan montar su propio negocio como salida a la crisis, una de las primeras decisiones a las que tienen que hacer frente es la de elegir la forma jurídica adecuada para el mismo. La identificación legal de una empresa ante todos aquellos sujetos con los que se relaciona (clientes, proveedores, administraciones públicas, etcétera) se logra a través de la forma jurídica, debiendo ser esta la más adecuada a la actividad desarrollada y a los requisitos exigidos en cada caso. Así se deberá decidir si el titular del negocio, el empresario, va a ser persona física (autónomo) o persona jurídica (sociedad) y, en este segundo caso, elegir una de las formas societarias que se contemplan en el ordenamiento jurídico actual. En la elección hay que tener en cuenta aspectos tales la normativa que regule la actividad, el número de personas que intervienen en la puesta en marcha de la empresa, la responsabilidad que están dispuestos a asumir los emprendedores, las necesidades financieras del proyecto y los costes fiscales de las distintas opciones. Por ejemplo, algunos empresarios solo pueden contratar con las administraciones públicas si adoptan una forma societaria. Por tanto, se hace complicado establecer unos criterios que permitan elegir la forma jurídica de modo general, puesto que cada proyecto de empresa presenta sus propias características y requiere de un estudio específico.

En España las empresas bajo personas físicas, empresarios individuales o autónomos, así como las sociedades limitadas, son las formas jurídicas más demandadas por aquellos que realizan una actividad empresarial, juntas llegan a alcanzar cerca del 90 por ciento del total como puedes observar en el cuadro adjunto. Lejos, muy lejos, quedan otro tipo de sociedades como, por ejemplo, las anónimas con solo un 3 por ciento del total. En lo que a formas jurídicas societarias se refiere, parece que montar la empresa con 3.000 euros de capital inicial frente a hacerlo con 60.000 tiene su importancia, lógico ¿no?

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Fuente: Elaboración propia a partir datos DIRCE – INE (Fecha de referencia: 1 de enero de 2011).