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Prohibición de utilizar programas informáticos que permitan llevar una doble contabilidad empresarial

Mario Cantalapiedra – Economista

La reciente Ley 11/2021, de 9 de julio (BOE de 10 de julio), conocida coloquialmente como “ley antifraude”, ha introducido la prohibición para las empresas y autónomos de utilizar el denominado software de doble uso, es decir, de programas informáticos que permiten llevar una doble contabilidad con el objeto de ocultar parte de la facturación a Hacienda, y pagar así menos impuestos. Según el Gobierno español, “cada año el empleo de estos programas produce pérdidas de ingresos públicos que excederían de varios miles de millones de euros”.

En concreto, se trata de terminar con el uso de programas informáticos en el ámbito empresarial que permiten llevar una doble contabilidad, no reflejar la anotación de transacciones realizadas, registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas, o alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable.

La nueva legislación establece la obligación de que los programas informáticos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial, utilizados por empresas y autónomos, se ajusten a ciertos requisitos (certificados) que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. De este modo, estos programas, a partir de la entrada en vigor de esta legislación el próximo 11 de octubre, deberán estar certificados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Lo cierto es que este es un tema bastante significativo para las empresas y autónomos, puesto que en caso de utilizar programas informáticos de doble uso se arriesgan a ser sancionados con una multa de, nada más y nada menos, 50.000 euros por cada ejercicio en el que lo hagan, tanto por la tenencia de programas sin certificar, como por la alteración o modificación de los que en su momento puedan ser certificados.

Por tanto, es muy importante que antes del 11 de octubre de 2021, los responsables de las empresas confirmen con sus proveedores de programas de contabilidad y facturación que los mismos están “certificados” y cumplen con lo dispuesto por la Ley 11/2021.

Reducción del plazo exigido para deducir fiscalmente las pérdidas por insolvencias

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), en su artículo 13, regula las circunstancias que, de forma general, permiten a las empresas deducir fiscalmente las pérdidas por deterioro de créditos derivadas de posibles insolvencias de sus clientes. En concreto, son las cuatro siguientes:

  • Que hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la deuda.
  • Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
  • Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Que la deuda haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa de su cobro.

En este sentido, no se permite la deducción fiscal de las perdidas por deterioro debidas a:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.
  • Estimaciones globales de riesgo de insolvencia de clientes y deudores, salvo que la deducción la practique una empresa de reducida dimensión (ERD), que no se trate de una entidad patrimonial.

A estos efectos, recuerdo que en el IS se considera que una ERD es una compañía que factura menos de 10 millones de euros con carácter anual.

Pues bien, con motivo de las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha reducido para las ERD no patrimoniales la antigüedad general exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos a la mitad (desde los 6 hasta los 3 meses). Esta medida se toma de manera excepcional para los períodos impositivos que se inicien en los años de 2020 y 2021, con el objeto de que los autónomos y las pymes puedan acelerar la incorporación en su base imponible de las pérdidas por insolvencias.

Por tanto, aquellas ERD cuyo ejercicio fiscal coincida con el año natural, podrán deducir los importes adeudados por sus clientes a final de ejercicio, y que se encuentren vencidos desde finales de septiembre o en una fecha anterior, tanto en 2020 como en 2021.

600.000 empresas cubren sus necesidades de liquidez mediante préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha publicado un resumen de los datos, a cierre de 2020, de la Línea de Avales prevista para cubrir las necesidades de liquidez motivadas por la COVID-19.

En este sentido, hay que recordar que en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, el sistema de ayudas se ha centrado en avalar préstamos bancarios a empresas y autónomos, y no tanto en concederles subvenciones de tipo directo. Estos préstamos avalados, aunque puedan suponer una ayuda para las empresas, implican nueva deuda que habrá que devolver, algo que no sucedería de haber obtenido subvenciones a fondo perdido. Es cierto que con la ampliación de los periodos de carencia iniciales por parte del Gobierno, muchas empresas no tendrán que empezar a devolverlos hasta marzo de 2022, pero tarde o temprano tendrán que hacerlo.

A pesar de lo anterior, la Línea de Avales ha sido ampliamente utilizada por las empresas españolas como demuestran los datos publicados por el ICO. De este modo, del importe previsto inicialmente por el Gobierno de 100.000 millones de euros, a finales de 2020 se han consumido ya 87.085 millones de euros, los cuales han implicado 114.647 millones de euros de financiación para las empresas.

Casi 600.000 empresas han sido beneficiarias de los avales, de las cuales el 99 por ciento son autónomos y pymes, colectivos muy perjudicados por las pandemia y ampliamente mayoritarios en nuestro país. El número de operaciones firmadas ha sido de 944.588 (en este sentido, una empresa puede firmar más de una operación, ya que el límite de la ayuda es por cuantía avalada y no por número de operaciones).

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que tuvo un mayor número de operaciones avaladas en 2020, con  un total de 183.466, lo que representó una financiación de 21.125,9 millones de euros para sus empresas. A continuación se situaron Andalucía (149.925 operaciones y 13.868 millones), y la Comunidad de Madrid (132.590 operaciones y 24.137,9 millones).

En cuanto a la clasificación por sectores de actividad, el mayor número de operaciones se firmó por parte de las empresas del turismo, ocio y cultura, seguidas por las de la construcción e infraestructuras.

Línea de Avales ICO COVID-19 Liquidez. Resumen de avales concedidos a 31/12/2020ICO_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos ICO.

Hasta el 1 de junio los autónomos y empresas que así lo deseen, todavía pueden solicitar los préstamos garantizados por la Línea de Avales, los cuales pueden ser concedidos hasta el 30 de junio.

Un resumen de 2020: “todo condicionado por la pandemia”

Mario Cantalapiedra – Economista

2020 ha sido un año muy difícil, inesperado, distópico. El habitual resumen anual que hago de los artículos publicados en el blog, en esta ocasión se ve claramente condicionado por la pandemia. Desde marzo es difícil encontrar un post en el que el dichoso bicho no se haya colado de una u otra manera.

Ha tocado, y previsiblemente tocará en los meses próximos, ayudar a las empresas, fundamentalmente a las pymes y a los autónomos, a resolver sus problemas en esta compleja situación. Mi idea es que algunos de mis consejos o análisis les puedan ser de utilidad.  No me queda duda de que las empresas han de ser las grandes protagonistas de la recuperación, y de que toda ayuda que se les preste puede parecer poca.

Teniendo presente estas circunstancias, me he decantado por resaltar los cinco posts siguientes de 2020:

  • En pleno proceso de transformación digital del mundo financiero, las fintech siguen ganando protagonismo. En enero la CNMV publicaba una interesante guía en la que exponía sus recomendaciones a la hora de solicitar los servicios de estas empresas.
  • Tras el estallido de la pandemia, dediqué varios artículos en abril a estudiar los principales cambios producidos en la gestión financiera de las empresas, tratando de aportar algún consejo práctico para anticiparse a los problemas de liquidez.
  • Aunque seguramente no era el momento más oportuno, tras el verano entró en vigor la nueva Ley concursal en España, con los objetivos de reordenar, clarificar y armonizar la legislación concursal. Veremos cómo afecta esta nueva regulación a la previsible avalancha de peticiones de concurso a partir del próximo 14 de marzo, cuando finalice la actual moratoria en la obligación de solicitarlo.
  • ¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis? Estas estructuras definidas en las empresas en las que se intercambian puntos de vista y de información antes de conceder crédito comercial a los clientes, suelen montarse en épocas de crisis como la actual. Sigo pensando que no debería ser así, que deberían existir en cualquier coyuntura del mercado.
  • Finalmente me gustaría resaltar el post dedicado a analizar los problemas contables en las pymes debido al coronavirus. La contabilidad más allá de ser un requisito legal, es una herramienta necesaria a la hora de tomar decisiones, de ahí la importancia de llevarla al día.

Confiemos que el próximo año la evolución con la pandemia sea buena, y de que poco a poco podamos ir desterrando al coronavirus de nuestras vidas y de la actividad de nuestras empresas.

Problemas contables en las pymes españolas debido al “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

La pandemia está afectando a las estructuras de muchas empresas, especialmente a las de las más pequeñas, en un país como España donde cerca del 94 por ciento del tejido empresarial se compone de autónomos y microempresas que no llegan a los 10 trabajadores en plantilla.

Los problemas con el coronavirus están afectando a las áreas funcionales, entre ellas a las que se ocupan de la gestión contable. Conozco casos de empresas que ante el cierre temporal de sus negocios han dejado, por ejemplo, de llevar su contabilidad actualizada, y esto a la larga puede acrecentar sus dificultades. Hay que tener en cuenta que con la contabilidad, como medio de prueba admitido en derecho que es, se puede demostrar que las diferentes medidas que se están adoptando no se realizan de forma fraudulenta sino motivadas por la situación excepcional de crisis que vivimos.

Inclusive en las empresas que siguen llevando su contabilidad al día, se observan errores que pueden llegar a afectar a la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y resultados.

Entre ellos, me gustaría destacar el error de no contabilizar las subvenciones que se están recibiendo desde los diferentes organismos públicos como ingresos del ejercicio. Por ejemplo, las bonificaciones de las cotizaciones a cargo de la empresa a la Seguridad Social de los ERTE se han de considerar como una subvención de explotación, que se contabilizan generalmente como un ingreso. Solamente se podrán contabilizar como menor gasto si su importe es poco significativo, en base a lo dispuesto por la consulta n.º 5 del BOICAC 94 de junio de 2013.

Otro error contable importante que suelen realizar las pymes en épocas de crisis como la actual debida al coronavirus, es el de no deteriorar los activos (existencias, inmovilizados, clientes, etcétera), ante su pérdida de valor, puntual y reversible. La evaluación de esta pérdida de valor ha de realizarse como mínimo al cierre del ejercicio, y contabilizarse en su caso como un gasto. Es un proceso que difícilmente olvidan las pocas compañías que están sometidas a auditoría en España, pero sí de forma generalizada las demás.

Para muchas empresas resulta complicado mantener sus obligaciones al día en el escenario de gran incertidumbre que hoy nos toca vivir. No obstante, hay que pensar que la contabilidad más allá de ser un requisito legal, también es una herramienta de gestión fundamental a la hora de tomar decisiones. Al mismo tiempo, el escenario post-COVID va a exigir que las empresas que sobrevivan sean más transparentes y generen mayor confianza en los públicos con los que se relacionan, algo que ha de pasar necesariamente por presentar una información contable completa y de calidad.

El Gobierno concede más tiempo a las empresas para que devuelvan los préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

Existe mucho miedo tanto en la banca como en el Gobierno a que las empresas españolas, ante la prolongación de la pandemia y de sus consecuencias económicas, no sean capaces de afrontar sus deudas financieras en los próximos meses. Especialmente se teme que el año próximo no puedan hacer frente a los vencimientos de los préstamos avalados por el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

A estos efectos, y tratando de adelantarse a los problemas financieros de las empresas, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, por el que se amplían los plazos de concesión, vencimiento y carencia de los préstamos avalados por el ICO. Se trata de conceder “más tiempo” a las empresas para que recuperen su actividad y puedan devolver estos préstamos.

En palabras de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estas medidas protegerán especialmente “a los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, de industria textil y moda y el comercio al por menor, que concentran casi un tercio de las operaciones con aval del ICO”.

Con el Real Decreto-ley 34/2020, por un lado, se amplía el plazo de concesión de la dos líneas ICO (liquidez e inversión) hasta el 30 de junio de 2021. Recuerdo que las mismas han sido dotadas con 100.000 millones (liquidez) y 40.000 millones de euros (inversión), respectivamente.

Por otro lado, las empresas y autónomos podrán ampliar (previa petición a la entidad financiera prestamista) el vencimiento de los préstamos de la línea de liquidez 3 años más, con un máximo de 8 años, desde los 5 actuales. Hay que señalar que, según los datos disponibles por el ICO hasta 31 de octubre, más del 73 de las operaciones concedidas con cargo a esta línea se han firmado a un plazo de entre 4 y 5 años.

De igual modo, y previa petición a la entidad de crédito, se podrá ampliar el plazo de carencia de las dos líneas ICO en la devolución del principal desde los 12 meses actuales hasta los 24.

Para que las empresas y autónomos puedan ampliar estos plazos habrán de cumplir los siguientes requisitos:

  • Presentar la solicitud a la entidad financiera antes del 15 de mayo de 2021.
  • La operación avalada por el ICO y el resto de operaciones contratadas con la entidad de crédito no estén en mora.
  • No aparecer en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).
  • La entidad financiera no haya comunicado al ICO ningún impago de la operación avalada en la fecha de formalización de la extensión.
  • No estar sujeto a procedimiento concursal.
  • La financiación avalada se haya formalizado antes de la publicación del Real Decreto-ley 34/2020 en el BOE.
  • Se cumplan los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

Las entidades financieras tendrán un plazo máximo de 30 días para responder a las solicitudes de ampliación. Por otro lado, deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, y no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés por la ampliación ni exigir la contratación de productos vinculados, como, por ejemplo, seguros.

Asimismo, el Gobierno ha decidido reducir los aranceles notariales y registrales que se cobrarán por estas operaciones de ampliación en un 50 por ciento.

El ICO abre el primer tramo para avalar nueva inversión de empresas y autónomos

Mario Cantalapiedra – Economista

La semana pasada se ha puesto en marcha el primer tramo de la Línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar las nuevas inversiones en España de autónomos y empresas. Una vez distribuidos los 100.000 millones de euros que fueron destinados a financiar necesidades de liquidez de la anterior Línea, el Gobierno cree que es momento de apoyar la inversión.

Esta nueva Línea, aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, prevé 40.000 millones para financiar nueva inversión empresarial, de los cuales ya están disponibles 8.000, con el siguiente desglose:

  • Pymes y autónomos: 5.000 millones de euros (el aval estatal cubrirá como máximo el 80 por ciento del principal de la operación).
  • Resto de empresas: 3.000 millones de euros (el aval cubrirá como máximo el 70 por ciento del principal).

En concreto, la Línea avalará financiación que empresas y autónomos obtengan para:

  • Inversión nueva en España (activos de primer uso o de segunda mano), incluyendo gastos corrientes y de capital vinculados a la inversión.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados a la ampliación, adaptación o renovación de las capacidad productivas o de servicios.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados al reinicio o desarrollo de la actividad.
  • Gastos corrientes y de capital destinados a la adquisición, alquiler, leasing o renting de elementos (equipos, maquinarias, etcétera) relacionados con la inversión y/o actividad.
  • Necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas o vencimientos corrientes de obligaciones financieras o tributarias.

Las empresas o autónomos solicitantes tendrán la obligación de realizar la inversión en los 24 meses siguientes a la firma de la operación de financiación, la cual deberá realizarse siempre después del 29 de julio de 2020.

Al igual que ocurría con la anterior Línea ICO liquidez, los solicitantes no podrán figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019, ni estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Tampoco se permitirá en esta ocasión que los bancos que suscriban el acuerdo con el ICO condicionen la operación a la contratación de otros productos como, por ejemplo, seguros de vida, ni que los costes de los nuevos préstamos beneficiados por el aval sean superiores a los cargados antes del inicio de la crisis de la COVID-19.

El plazo del aval emitido coincidirá con el de la operación, hasta un máximo de 8 años, y en principio, esta Línea ICO inversión estará disponible hasta el 1 de diciembre de 2020.

 

Más de 600 mil préstamos avalados por la Línea ICO COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha hecho balance de la Línea de avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) arbitrada para garantizar la liquidez de empresas y autónomos en la crisis debida a la COVID-19, una vez que ha sido liberado en su totalidad el importe previsto inicialmente de 100.000 millones de euros.

Esta Línea fue aprobada el 17 de marzo, tras declararse el estado de alarma en España, y desde entonces se ha distribuido en los cinco tramos que puedes ver en la tabla adjunta.

ICO_liquidez

La distribución por beneficiarios del importe avalado por el ICO ha sido la siguiente:

  • A pymes y autónomos: 67.500 millones de euros.
  • A pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas: 2.500 millones de euros.
  • Al resto de empresas: 25.000 millones de euros.
  • A empresas y autónomos para adquirir o arrendar vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional: 500 millones de euros.
  • A emisiones del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF): 4.000 millones de euros.
  • A la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA): 500 millones de euros.

Con datos a 1 de julio, el Gobierno declara que se han aprobado un total de 663.995 operaciones, con un importe avalado de 64.725 millones de euros. El mayor volumen de operaciones y financiación se ha concentrado en pymes y autónomos, con 648.065 préstamos aprobados y un importe avalado de 46.777 millones de euros. Según el Ejecutivo español esto ha permitido canalizar a este colectivo 58.525 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante (hay que recordar que el aval del ICO en el caso de pymes y autónomos garantiza el 80 por ciento del principal tanto de las nuevas operaciones de financiación como de las renovaciones).

El resto de empresas (grandes) han sido avaladas con 17.843 millones de euros, lo que les ha permitido recibir 26.493 millones de euros en financiación. En este caso, el aval público cubre el 70 por ciento del principal en las nuevas operaciones de préstamo y el 60 por ciento en las renovaciones.

El pasado viernes 3 de julio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de euros, pero en este caso no se destinará a liquidez sino a financiar nuevos proyectos de inversión de autónomos y empresas. Todavía no conocemos sus características concretas, por lo que habrá que estar muy atentos a las próximas reuniones del Consejo donde previsiblemente serán aprobadas.

La declaración del estado de alarma condiciona la estadística de los concursos de acreedores en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos de deudores concursados en España durante el primer trimestre de 2020, los cuales debido a las circunstancias excepcionales que vivimos con la COVID-19 hay que interpretar con precaución.

De este modo, y a pesar de que el número de concursos haya disminuido en tasa anual un 22,3 por ciento en el primer trimestre (1.501 frente a los 1.932 del primer trimestre de hace un año), la declaración del estado de alarma ha limitado la actividad de los Juzgados en la segunda quincena de marzo. El INE se ha visto obligado a completar la información referente a los concursos con los datos publicados en el Boletín Oficial de Estado (BOE), hasta recoger información del 85 por ciento de los Juzgados que habitualmente colaboran con él. El propio INE se ha aventurado a decir que “en próximos trimestres, cabría esperar que la Estadística del Procedimiento Concursal refleje paulatinamente los deudores concursados que se hayan visto afectados por esta situación”.

También hay que recordar que mientras esté vigente el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre no existirá  la obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor en estado de insolvencia, ni se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores.

Con las limitaciones mencionadas, del total de concursos registrados en el primer trimestre de 2020, 974 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 64,9 por ciento del total, mientas que 527 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, o lo que es lo mismo el 35,1 por ciento restante.

La mayoría de los concursos (1.430) fueron declarados por el propio deudor en estado de insolvencia, mientras que 71 fueron solicitados por los acreedores.

En cuanto a la actividad económica se refiere, la mayor parte de las empresas concursadas pertenecen al sector comercio (22,4 por ciento), seguidas por las del sector de la construcción (13,6 por ciento).

Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, por este orden, tuvieron el mayor número de deudores concursados, llegando a concentrar entre las tres hasta el 58,5 por ciento del total.

Evolución del número de deudores concursados en España

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Fuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2019).

La nueva Ley Concursal y su coincidencia en el tiempo con medidas concursales extraordinarias por la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis económica provocada por la COVID-19 hace que por desgracia vuelvan a cobrar protagonismo los concursos de acreedores, es decir, aquellos procedimientos judiciales especiales previstos para gestionar y administrar el patrimonio de personas naturales o jurídicas insolventes. Sin ir más lejos, desde Quabbala Abogados y Economistas, se prevé que sean presentados entre 50.000 y 60.000 concursos de acreedores como consecuencia de la pandemia.

En este sentido, se acaba de publicar en el BOE la nueva Ley Concursal, en concreto, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor se producirá el próximo 1 de septiembre. Es un texto muy esperado y que nace con vocación de permanencia. No obstante, y debido al actual estado de alarma por la COVID-19, va a coincidir en el tiempo con medidas temporales y extraordinarias aprobadas en el ámbito concursal.

De este modo, la nueva Ley va a coincidir con las medidas concursales extraordinarias aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, entre las que destacan las siguientes:

  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de cumplimiento.
  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, no tengan que solicitar la apertura de su liquidación si no pueden cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, con el objetivo de permitirles negociar y aprobar una modificación del convenio.
  • El permiso a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar propuesta de modificación o nueva solicitud sin necesidad de que hay transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.
  • La no obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor que se encuentre en estado de insolvencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, la no admisión a trámite hasta el 31 de diciembre de 2020 de las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores desde la declaración del estado de alarma.
  • La calificación como créditos ordinarios a los derivados de nuevos ingresos de tesorería (préstamos, créditos, etcétera) procedentes de personas especialmente vinculadas al deudor (socios de la empresa, cónyuges en el caso de personas naturales, etcétera), en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

Tal como se señala en la introducción del Real Decreto Legislativo 1/2020, “en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito”.

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