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Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 1)

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado martes 31 de marzo impartí el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” al que asistieron representantes de alrededor de 300 pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión traté de analizar los principales cambios que en la gestión financiera de las empresas nos está obligando a realizar la crisis del coronavirus, y de aportar algún consejo práctico que nos permita anticiparnos a los problemas de liquidez. En cuanto a las medidas emprendidas por el Gobierno, sobre todo hice referencia a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a los aplazamientos de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social que se han previsto.

Tal como comenté a los asistentes al webinar, deseo compartir en el blog las cuestiones analizadas que considero más reseñables, y aclarar algún aspecto que pudo quedar pendiente.

Cambios en la gestión financiera

En lo referente a los cambios en la gestión financiera de la empresa, entendiendo que esta consiste en adecuar las corrientes de cobros y pagos garantizando el nivel de liquidez necesario para el normal desarrollo de la actividad, considero que en este momento es fundamental:

  • Incidir en la reducción de costes, eliminando todo aquello que no se considere imprescindible y planteando la subcontrata de elementos no esenciales que permitan liberar recursos.
  • Asegurar la liquidez ajustando activos y pasivos a corto, por ejemplo, reduciendo los plazos en almacén y de cobro a clientes, incrementando los de pago a proveedores, o aplazando impuestos y cotizaciones sociales
  • Dar una importancia fundamental al control presupuestario que inclusive nos lleve a calcular el presupuesto de tesorería semanalmente y a tenerlo permanentemente actualizado.

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

En primer lugar, comentar que las características de esta línea ya se encuentran publicadas en la web del ICO. Y en cuanto a las dudas que surgieron sobre ella en el webinar, señalar lo siguiente:

  • Aunque el importe previsto por el Gobierno alcanza los 100.000 millones de euros, realmente solo se han activado 20.000, de los cuales 10.000 van destinados a avalar préstamos y renovaciones que soliciten pymes y autónomos. Esta cantidad en mi opinión no será suficiente ante la generalización de problemas de liquidez que tienen las pymes y las informaciones sobre su demanda que me están llegando, por lo que estimo que habrá de ser aumentada.
  • El plazo de la operación puede ser hasta un máximo de 5 años con 12 meses de carencia en la devolución del capital.
  • El Estado garantiza para el caso de las pymes el 80 por ciento del principal de la operación (no garantiza ni el pago de intereses ni de comisiones).
  • El coste del aval estatal es asumido por las entidades financieras.
  • Los solicitantes no han de figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. Tampoco pueden estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
  • No es necesario que el empresario haya cesado la actividad para solicitar el préstamo que es avalado por el Estado.
  • La línea está prevista para empresas de cualquier sector de actividad que tengan hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o un total de activo inferior a 43 millones de euros.
  • Está disponible para operaciones suscritas desde el 18 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta que se agoten los fondos previstos por el Gobierno.
  • Aunque el ICO no lo señala la previsión es que los bancos ofrezcan los préstamos a tipo fijo (al ser operaciones a largo plazo, así se aseguran de conocer de antemano el interés que percibirán). En cualquier caso, las entidades financieras tienen la obligación de garantizar que los costes de estos préstamos para las empresas se mantendrán en línea con los que les cobraban antes del inicio de la crisis del coronavirus.

España cerró 2019 con una pérdida en el número de empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

En España a finales de 2019 existían 2.880.123 empresas, según el Informe “Cifras PYME” elaborado por la Dirección General de Industria y de la PYME (DGIPYME). Dentro de este dato se incluyen tanto las empresas de cualquier tamaño que tienen asalariados y que están inscritas en la Seguridad Social, como los autónomos que no tienen trabajadores a su cargo, y que sin embargo la DGIPYME cataloga como “empresas”.

En términos de variación anual, el pasado año España perdió un 0,58 por ciento de sus empresas, o 16.777 en datos absolutos, aunque la variación fue distinta según el tamaño de la compañía que se considere. De este modo, mientras las empresas de menor dimensión (autónomos sin asalariados y microempresas) sufrieron un retroceso, las pequeñas, medianas y grandes, vieron como sus cifras aumentaban. No obstante, las empresas de dimensión más modesta siguen siendo las más numerosas dentro del tejido empresarial español. Hasta el 93,5 por ciento de este se compone de autónomos sin asalariados y microempresas que no llegan a contar con 10 trabajadores en sus filas. Las 4.871 empresas grandes (con 250 o más trabajadores) solo representan el 0,17 por ciento del total, a pesar de que durante 2019 experimentaron un crecimiento cercano al 4 por ciento.

En cuanto a los sectores a los que pertenecen las empresas españolas, destaca el de servicios (con el 72,39 por ciento del total), seguido por construcción (10,74), industria (6,10) y sector agrario (10,76). Todos los sectores menos la construcción sufrieron la pérdida de compañías durante 2019, resultando especialmente llamativo el descenso del 1,43 por ciento de empresas en la industria.

En definitiva, el sector servicios sigue acaparando a la mayor parte de las empresas de nuestro país, las cuales, por otro lado, se caracterizan por ser muy pequeñas.

Empresas por tamaño en España2019_empresas_tamañoFuente: Elaboración propia a partir Cifras PYME. DGIPYME. Diciembre 2019.

Empresas por sectores en España2019_empresas_sectorFuente: Elaboración propia a partir Cifras PYME. DGIPYMEDiciembre 2019.

La expansión del negocio de empresas y autónomos a través de sucursales

Mario Cantalapiedra – Economista

Una empresa a la hora de expandir su negocio puede hacerlo a través de sucursales, es decir, de delegaciones emplazadas en diferentes lugares geográficos que representan al negocio principal. Legalmente, según el artículo 295 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, una sucursal es “todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrollen, total o parcialmente, las actividades de la sociedad”. Luego una sucursal debe mantener una actividad continuada en el tiempo, tener cierta autonomía en la gestión y desarrollar la actividad objeto de su empresa matriz.

La apertura de una sucursal es un trámite que requiere del otorgamiento de escritura pública, la cual habrá de inscribirse en el Registro Mercantil. Pueden abrirlas los empresarios individuales, las sociedades mercantiles y otras entidades. Las sucursales carecen de personalidad jurídica propia, de ahí que al frente de las mismas se sitúen representantes legales facultados para administrar su operativa, pero subordinados a las directrices de la empresa principal.

Mapa_sucursales

Con respecto a otros establecimientos mercantiles, de las oficinas de representación de empresas no residentes en España  se diferencian en que estas no pueden desarrollar la actividad principal sino otras secundarias como publicidad, promoción o actividades auxiliares. Por su parte, de las franquicias se diferencian en que estas nacen de la colaboración entre empresas independientes, mientras que las sucursales dependen de una empresa matriz.

En lo que se refiere a sus obligaciones contables, las sucursales deben llevar una contabilidad propia referida a las operaciones que realizan y a los elementos patrimoniales que tienen afectos. En el caso de sucursales de empresas extranjeras, las matrices han de depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales o, en su caso, sus cuentas consolidadas elaboradas conforme a la legislación extranjera. En el caso de que la legislación a la que estén sometidas no las obligue a elaborar cuentas anuales o lo haga de forma no equivalente a la legislación española, están obligadas a elaborar dichas cuentas en relación con la actividad de sus sucursales en España y a depositarlas en el Registro.

Para conocer las sucursales que una empresa o un autónomo tiene en España se puede acudir al Registro Mercantil, o a las soluciones de analítica avanzada que ofrecen las empresas especializadas en información comercial en las que inclusive se puede visualizar su ubicación en el mapa.

En España predominan las empresas muy pequeñas del sector servicios

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en febrero de 2019 ascendió a 2.884.795, según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De ellas, el 54,1 por ciento son autónomos (pymes sin asalariados), el 39,6 microempresas (que tienen entre 1 y 9 asalariados), el 5,3 pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados), el 0,8 medianas empresas (entre 50 y 249 asalariados) y solamente el 0,2 son empresas grandes (con 250 o más asalariados). Aunque en tasa de variación interanual, son precisamente las empresas grandes las que más crecen, casi el 94 por ciento del tejido empresarial español está compuesto por empresas muy pequeñas que o bien no tienen asalariados o no llegan a contar con 10 empleados en sus filas.

Al analizar estos datos oficiales hay que tener en cuenta que dentro del apartado de autónomos se incluyen los trabajadores por cuenta propia sin asalariados a su cargo, los cuales no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades de tipo societario, ni figuran como colaboradores familiares o están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores. Si tienen empleados a su cargo, se computan como empresas con asalariados.

Empresas inscritas en la Seguridad Social1Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En cuanto a la distribución sectorial de las empresas que cuentan con asalariados, la mayor parte (el 74,3 por ciento) pertenecen al sector servicios. Le siguen en importancia el sector de la construcción (9,7 por ciento), la industria (8,3 por ciento), y por último el sector agrario (que reúne al 7,7 por ciento de las empresas con trabajadores). En tasa de variación anual, el sector agrario es el que más crece, permaneciendo prácticamente inalterado el sector industrial.

Sectores de las empresas con asalariados2Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Luego en España lo que predominan son las empresas muy pequeñas que suelen pertenecer al sector servicios. En este sentido, y aunque pueda parecer un tópico, sería deseable que nuestro país contara con empresas de mayor tamaño y encuadradas en sectores como la industria, donde el valor añadido también es mayor. Está demostrado que países en los que abundan este tipo de empresas se comportan mejor durante las crisis económicas que suelen amenazarnos de forma cíclica.

La línea de mediación ICO para empresas y emprendedores 2018

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), entre otras  líneas de mediación, ha lanzado la denominada “ICO Empresas y Emprendedores 2018”, que estará vigente hasta el 21 de diciembre de este año. Desde el punto de vista empresarial, esta línea se destina a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, que realicen inversiones productivas en territorio nacional y/o necesiten liquidez, con independencia de su domicilio social o fiscal y de si la mayor parte de su capital es español o extranjero

En la mecánica de las líneas de mediación que ofrece el ICO, este diseña y fija sus principales características (dotaciones, finalidad, tipos de interés y plazos de amortización), firmando acuerdos de colaboración con las entidades de crédito a las que provee de fondos. Son dichas entidades las que comercializan la financiación a través de sus redes y deciden su concesión o no, asumiendo el riesgo de impago y pudiendo solicitar las garantías que estimen oportunas salvo que exista un aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). En este caso, el acuerdo se ha realizado con las siguientes 11 entidades: Abanca, Banco Cooperativo, Banco de Crédito Cooperativo, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankia, Bankinter, BBVA, EBN Banco de Negocios, Santander y Unicaja Banco.

La financiación se puede destinar a liquidez (necesidades de circulante tales como gastos corrientes o pago a proveedores), donde no se necesita justificar el destino de los fondos, o a inversiones productivas dentro de territorio nacional (como, por ejemplo, activos fijos productivos nuevos o de segunda mano o adquisición de empresas), donde sí será necesario presentar un proyecto de inversión. Desde la fecha de la firma de la operación se dispone de un año para realizar la inversión correspondiente. No obstante, se pueden financiar inversiones previas a la firma siempre que no se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017.

En cuanto a los fondos que puede recibir cada solicitante son de hasta 12,5 millones de euros, en una o varias operaciones. Cuando el destino del dinero sea inversión podrá solicitarse bajo la modalidad de préstamo o de leasing, mientras que cuando se destine para liquidez se podrá solicitar un préstamo o una línea de crédito.

Como dato curioso no se pueden financiar actividades relacionadas con la fabricación o distribución de armas y municiones. En el siguiente enlace puedes obtener una información más detallada de esta línea “ICO Empresas y Emprendedores 2018”.

Mejora el plazo de pago de las administraciones públicas, pero no lo suficiente

Mario Cantalapiedra – Economista

A pesar de una pequeña mejoría en la situación, las administraciones públicas siguen sin cumplir los plazos de pago a autónomos que marca la legislación contra la morosidad vigente, según el último informe publicado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), referido al tercer trimestre de 2016. El plazo medio de pago ahora es de 78 días, mejor que los 83 de hace un año, pero todavía sigue siendo muy largo.

Hay que recordar que ATA utiliza para su cálculo el período que transcurre entre la fecha de emisión de la factura o de entrega del bien/ prestación del servicio hasta la fecha de pago efectivo, que realmente es el plazo que le interesa considerar a cualquier autónomo que trabaje con un organismo público. Este criterio es distinto al utilizado por la Administración que toma como plazo el que va desde que transcurren 30 días desde la fecha de entrada de la factura en su correspondiente registro, o desde la fecha de aprobación de la certificación de obra, hasta la fecha de pago efectivo, por lo que los períodos medios “oficiales” publicados en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas son más cortos.

Curiosamente en el último informe de ATA la administración que empeora más su plazo de pago a los autónomos es la central, aunque sigue siendo la que paga antes. Las comunidades autónomas han mejorado algo, pero siguen pagando muy tarde, en concreto, a un plazo medio de 90 días. Las comunidades peores pagadoras son la Comunitat Valenciana (106 días), Illes Balears (102 días) y Castilla y León (95 días). En el otro extremo se encuentran País Vasco y Navarra, con 47 y 49 días de media, respectivamente. Parece que se sigue confirmando la existencia de una España a dos velocidades a la hora de pagar a los proveedores desde lo público, sobre la que ya me he referido antes en este blog. En cuanto a la administración local prácticamente no existen cambios con respecto  a la situación de hace un año.

A ver si con el nuevo Gobierno logramos que estos plazos se ajusten más. Si la Administración paga dentro del plazo legal, será mucho más fácil “convencer” al resto de agentes económicos para que también lo hagan.

Plazo de pago medio a autónomos según administración pública (en días)

fFuente: Observatorio del Trabajo Autónomo – ATA, Octubre 2016.

Rasgos comunes de los autónomos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los trabajadores autónomos personas físicas inscritos en los diferentes regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social ascendieron a 1.984.268, a 30 de junio de 2016, según los datos facilitados por el propio organismo público. En la cifra anterior no se incluyen los autónomos integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades societarias, ni aquellos que figuran como colaboradores familiares o están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores.

A pesar de ser un grupo heterogéneo los datos estadísticos permiten detectar una serie de rasgos comunes que les caracterizan:

1. Cotizan por la base mínima

El 86,1 por ciento de los autónomos (1.709.323) no superan la base mínima de cotización. Para los autónomos la cuota de la Seguridad Social es un gasto y un pago fijo que, dependiendo de la evolución de su facturación y del cobro de la misma, puede ser difícil de asumir, de ahí que se decanten mayoritariamente por cotizar al mínimo que exige la Ley. Aquí debo recordar que a pesar de la introducción de tarifas planas que incentivan la incorporación de nuevos autónomos, son muchos los trabajadores por cuenta propia en situación de alta que no pueden acceder a ellas.

2. No tienen asalariados

El 78,1 por ciento de los autónomos (1.549.871) no tienen asalariados a su cargo.

3. Trabajan en servicios

El 72,9 por ciento de los autónomos trabajan en el sector servicios. A una distancia considerable se sitúan los autónomos que desarrollan su actividad en la agricultura (11,9 por ciento), construcción (10,7 por ciento) e industria (4,5 por ciento).

4. Superan los 40 años de edad

El 70,7 por ciento de los autónomos (1.403.164) tienen 40 años o más. A la hora de darse de alta como autónomo parece importante contar con una experiencia profesional detrás. También existirán autónomos dentro de este rango de edad que hayan recurrido a esta opción por la falta de trabajo por cuenta ajena, y la necesidad de afrontar cargas familiares y personales.

5. Solamente trabajan como autónomos

Únicamente el 4,8 por ciento de los autónomos (95.067) complementan su actividad por cuenta propia con otra por cuenta ajena (pluriactividad), algo que te recuerdo es completamente legal.

Desglose de trabajadores autónomos por sector de actividad (Datos a 30/06/16)

imagen1

Fuente: Seguridad Social.

¿Qué datos deberá contener el documento “Información Financiera-PYME”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, con entrada en vigor el próximo 11 de octubre, especifica el siguiente contenido mínimo del documento “Información Financiera-PYME”, que las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito deberán facilitar a sus clientes pymes y autónomos, cuando estos se lo pidan, o la entidad decida cancelar o reducir el flujo de financiación que mantiene con ellos:

1. Declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE)

La CIRBE es una base de datos gestionada por el Banco de España que recoge los riesgos que las entidades financieras tienen con sus clientes personas físicas o jurídicas. En este caso, el documento deberá incluir las cuatro últimas declaraciones mensuales de datos a efectuadas a la misma, relativas a los clientes acreditados, así como las correspondientes al final de cada trimestre natural de los últimos cinco años anteriores a la fecha de notificación (cuando el documento se genere porque la entidad financiera tenga intención de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación o de disminuirlo en una cuantía igual o superior al 35 por ciento) o a la fecha de solicitud (cuando el documento se genere por petición de la pyme o del autónomo).

2. Datos comunicados a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito

El documento “Información Financiera-PYME” también deberá incluir los datos de las pymes y autónomos acreditados comunicados por las entidades financieras a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito que sigan constando en los registros de tales empresas en las mencionadas fechas de notificación o de solicitud.

3. Historial crediticio

El documento incluirá el historial crediticio del acreditado referido a los cinco años anteriores a la fecha de notificación o de solicitud, el cual incluirá los siguientes datos:

  • Relación de los créditos históricos y vigentes, y de los importes pendientes de amortización.
  • Relación cronológica de las obligaciones impagadas con sus detalles o, en su defecto, declaración expresa de que el acreditado ha cumplido íntegramente con sus obligaciones.
  • Estado de la situación actual de impagos.
  • Relación de los concursos de acreedores, acuerdos de refinanciación o extrajudiciales de pagos, embargos, procedimientos de ejecución y otras incidencias judiciales relacionadas con la empresa acreditada en los que sea parte la entidad financiera.
  • Relación de los contratos de seguros vinculados al flujo de financiación.

4. Extracto de los movimientos realizados durante el último año en los contratos de flujo de financiación con el acreditado

5. Calificación del riesgo del acreditado

Finalmente las entidades deberán incluir una evaluación de la calidad crediticia de las pymes y los autónomos a los que financian, realizada de manera estandarizada y comparable. El resultado de la evaluación deberá permitir clasificar el riesgo del acreditado dentro de una de las siguientes categorías: riesgo bajo, riesgo medio-bajo, riesgo medio-alto, riesgo alto o no disponible.

El Banco de España regula el documento “Información Financiera-PYME”

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre los objetivos con los que nació la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial está el de hacer más flexible y accesible la financiación bancaria a pymes y autónomos. En dicha Ley se reconoce como uno de los principales obstáculos para lograrlo, se encuentra en la asimetría informativa a la que se enfrentan las entidades de crédito cuando conceden financiación a pymes y autónomos, lo que complica y encarece la valoración de su riesgo. Es decir, la entidad que concede financiación no tiene información suficiente sobre el uso que dará la empresa deudora al dinero que le presta. Esta asimetría informativa aumenta el tipo de interés del dinero que se cobra por el dinero que se presta, pudiendo llegar a motivar la denegación de la financiación. Precisamente para mitigar dicha asimetría informativa, la Ley 5/2015 establece que cuando las entidades de crédito decidan cancelar o reducir el flujo de financiación a sus clientes que sean pymes o autónomos, además de informarles con un preaviso de tres meses, les hagan entrega de un documento denominado “Información Financiera-PYME”, que ha de recoger datos sobre su situación financiera e historial de pagos, entre ellos su calificación de riesgo de crédito, correspondiendo al Banco de España (BdE) especificar el modelo y la metodología a utilizar.

Pues bien, se acaba de publicar en el BOE del 11 de julio de 2016, la Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito, por la que se determinan el contenido y el formato del documento “Información Financiera-PYME” y se especifica la metodología de calificación del riesgo previstos en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, estructurada en los tres capítulos siguientes:

  • En el capítulo I se establece el objeto y ámbito de aplicación, que incluye a las entidades de crédito y también a los establecimientos financieros de crédito.
  • En el capítulo II se regula el contenido mínimo del documento “Información Financiera-PYME”, el cual abarca desde las declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) hasta la calificación del riesgo, incluyendo un exhaustivo historial crediticio, los datos comunicados a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito, y los extractos de movimientos del último año.
  • Finalmente, el capítulo III establece una metodología cuyo fin esencial es la estandarización de la calificación del riesgo que deberán otorgar las entidades a pymes y autónomos.

La entrada en vigor de esta circular se producirá el próximo 11 de octubre de 2016.

Más medidas concretas para atajar los problemas de pymes y autónomos

Mario Cantalapiedra – Economista

La Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa (DGIPYME) ha publicado nuevos datos de empresas inscritas en la Seguridad Social, en este caso correspondientes al mes de mayo 2016, en base a la información proporcionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS). Además de algún cambio en el diseño de tablas y gráficos, como advierte el bueno de Julio Aliaga, destaca que, por primera vez en esta publicación, se haga referencia explícita a los autónomos sin asalariados como empresas (antes se hablaba de empresas sin asalariados). Parece que la palabra “autónomo” empieza a sonar fuerte en nuestra economía, y sin complejos, ¿será un indicio del tipo de trabajo que viene? De hecho, este colectivo representa, por número de empresas, el mayor de todos, como puedes observar en la siguiente tabla:

Empresas inscritas en la Seguridad Social (mayo 2016)

Imagena

Las empresas que más crecen en términos interanuales son las pequeñas (aquellas que tienen entre 10 y 49 asalariados), lo cual no parece ser mala noticia, porque son compañías que, sin tener gran tamaño, poseen la capacidad relativa para generar el empleo que tanta falta nos hace. Como tantas veces se comenta, las pymes son los verdaderos motores de la creación de empleo, capaces de generar un mayor número de puestos de trabajo por unidad de capital empleada. De hecho, solamente un 0,1 por ciento de las empresas pueden considerarse grandes (cuentan con 250 o más asalariados), el resto del tejido empresarial se sustenta en pymes y autónomos. Digo yo que enfrascados en plena “nueva” campaña electoral, no estaría de más escuchar más propuestas concretas para atajar los problemas que soportan estos empresarios a la hora de desarrollar su actividad (morosidad, excesiva carga impositiva, complejidad administrativa en sus procesos de apertura y cierre, etcétera). Si bien es cierto que son pequeños, sus problemas no los son.

Distribución del número de empresas por tamaño (mayo 2016)

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