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Problemas contables en las pymes españolas debido al “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

La pandemia está afectando a las estructuras de muchas empresas, especialmente a las de las más pequeñas, en un país como España donde cerca del 94 por ciento del tejido empresarial se compone de autónomos y microempresas que no llegan a los 10 trabajadores en plantilla.

Los problemas con el coronavirus están afectando a las áreas funcionales, entre ellas a las que se ocupan de la gestión contable. Conozco casos de empresas que ante el cierre temporal de sus negocios han dejado, por ejemplo, de llevar su contabilidad actualizada, y esto a la larga puede acrecentar sus dificultades. Hay que tener en cuenta que con la contabilidad, como medio de prueba admitido en derecho que es, se puede demostrar que las diferentes medidas que se están adoptando no se realizan de forma fraudulenta sino motivadas por la situación excepcional de crisis que vivimos.

Inclusive en las empresas que siguen llevando su contabilidad al día, se observan errores que pueden llegar a afectar a la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y resultados.

Entre ellos, me gustaría destacar el error de no contabilizar las subvenciones que se están recibiendo desde los diferentes organismos públicos como ingresos del ejercicio. Por ejemplo, las bonificaciones de las cotizaciones a cargo de la empresa a la Seguridad Social de los ERTE se han de considerar como una subvención de explotación, que se contabilizan generalmente como un ingreso. Solamente se podrán contabilizar como menor gasto si su importe es poco significativo, en base a lo dispuesto por la consulta n.º 5 del BOICAC 94 de junio de 2013.

Otro error contable importante que suelen realizar las pymes en épocas de crisis como la actual debida al coronavirus, es el de no deteriorar los activos (existencias, inmovilizados, clientes, etcétera), ante su pérdida de valor, puntual y reversible. La evaluación de esta pérdida de valor ha de realizarse como mínimo al cierre del ejercicio, y contabilizarse en su caso como un gasto. Es un proceso que difícilmente olvidan las pocas compañías que están sometidas a auditoría en España, pero sí de forma generalizada las demás.

Para muchas empresas resulta complicado mantener sus obligaciones al día en el escenario de gran incertidumbre que hoy nos toca vivir. No obstante, hay que pensar que la contabilidad más allá de ser un requisito legal, también es una herramienta de gestión fundamental a la hora de tomar decisiones. Al mismo tiempo, el escenario post-COVID va a exigir que las empresas que sobrevivan sean más transparentes y generen mayor confianza en los públicos con los que se relacionan, algo que ha de pasar necesariamente por presentar una información contable completa y de calidad.

El Gobierno concede más tiempo a las empresas para que devuelvan los préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

Existe mucho miedo tanto en la banca como en el Gobierno a que las empresas españolas, ante la prolongación de la pandemia y de sus consecuencias económicas, no sean capaces de afrontar sus deudas financieras en los próximos meses. Especialmente se teme que el año próximo no puedan hacer frente a los vencimientos de los préstamos avalados por el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

A estos efectos, y tratando de adelantarse a los problemas financieros de las empresas, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, por el que se amplían los plazos de concesión, vencimiento y carencia de los préstamos avalados por el ICO. Se trata de conceder “más tiempo” a las empresas para que recuperen su actividad y puedan devolver estos préstamos.

En palabras de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estas medidas protegerán especialmente “a los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, de industria textil y moda y el comercio al por menor, que concentran casi un tercio de las operaciones con aval del ICO”.

Con el Real Decreto-ley 34/2020, por un lado, se amplía el plazo de concesión de la dos líneas ICO (liquidez e inversión) hasta el 30 de junio de 2021. Recuerdo que las mismas han sido dotadas con 100.000 millones (liquidez) y 40.000 millones de euros (inversión), respectivamente.

Por otro lado, las empresas y autónomos podrán ampliar (previa petición a la entidad financiera prestamista) el vencimiento de los préstamos de la línea de liquidez 3 años más, con un máximo de 8 años, desde los 5 actuales. Hay que señalar que, según los datos disponibles por el ICO hasta 31 de octubre, más del 73 de las operaciones concedidas con cargo a esta línea se han firmado a un plazo de entre 4 y 5 años.

De igual modo, y previa petición a la entidad de crédito, se podrá ampliar el plazo de carencia de las dos líneas ICO en la devolución del principal desde los 12 meses actuales hasta los 24.

Para que las empresas y autónomos puedan ampliar estos plazos habrán de cumplir los siguientes requisitos:

  • Presentar la solicitud a la entidad financiera antes del 15 de mayo de 2021.
  • La operación avalada por el ICO y el resto de operaciones contratadas con la entidad de crédito no estén en mora.
  • No aparecer en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).
  • La entidad financiera no haya comunicado al ICO ningún impago de la operación avalada en la fecha de formalización de la extensión.
  • No estar sujeto a procedimiento concursal.
  • La financiación avalada se haya formalizado antes de la publicación del Real Decreto-ley 34/2020 en el BOE.
  • Se cumplan los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

Las entidades financieras tendrán un plazo máximo de 30 días para responder a las solicitudes de ampliación. Por otro lado, deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, y no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés por la ampliación ni exigir la contratación de productos vinculados, como, por ejemplo, seguros.

Asimismo, el Gobierno ha decidido reducir los aranceles notariales y registrales que se cobrarán por estas operaciones de ampliación en un 50 por ciento.

El ICO abre el primer tramo para avalar nueva inversión de empresas y autónomos

Mario Cantalapiedra – Economista

La semana pasada se ha puesto en marcha el primer tramo de la Línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar las nuevas inversiones en España de autónomos y empresas. Una vez distribuidos los 100.000 millones de euros que fueron destinados a financiar necesidades de liquidez de la anterior Línea, el Gobierno cree que es momento de apoyar la inversión.

Esta nueva Línea, aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, prevé 40.000 millones para financiar nueva inversión empresarial, de los cuales ya están disponibles 8.000, con el siguiente desglose:

  • Pymes y autónomos: 5.000 millones de euros (el aval estatal cubrirá como máximo el 80 por ciento del principal de la operación).
  • Resto de empresas: 3.000 millones de euros (el aval cubrirá como máximo el 70 por ciento del principal).

En concreto, la Línea avalará financiación que empresas y autónomos obtengan para:

  • Inversión nueva en España (activos de primer uso o de segunda mano), incluyendo gastos corrientes y de capital vinculados a la inversión.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados a la ampliación, adaptación o renovación de las capacidad productivas o de servicios.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados al reinicio o desarrollo de la actividad.
  • Gastos corrientes y de capital destinados a la adquisición, alquiler, leasing o renting de elementos (equipos, maquinarias, etcétera) relacionados con la inversión y/o actividad.
  • Necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas o vencimientos corrientes de obligaciones financieras o tributarias.

Las empresas o autónomos solicitantes tendrán la obligación de realizar la inversión en los 24 meses siguientes a la firma de la operación de financiación, la cual deberá realizarse siempre después del 29 de julio de 2020.

Al igual que ocurría con la anterior Línea ICO liquidez, los solicitantes no podrán figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019, ni estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Tampoco se permitirá en esta ocasión que los bancos que suscriban el acuerdo con el ICO condicionen la operación a la contratación de otros productos como, por ejemplo, seguros de vida, ni que los costes de los nuevos préstamos beneficiados por el aval sean superiores a los cargados antes del inicio de la crisis de la COVID-19.

El plazo del aval emitido coincidirá con el de la operación, hasta un máximo de 8 años, y en principio, esta Línea ICO inversión estará disponible hasta el 1 de diciembre de 2020.

 

Más de 600 mil préstamos avalados por la Línea ICO COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha hecho balance de la Línea de avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) arbitrada para garantizar la liquidez de empresas y autónomos en la crisis debida a la COVID-19, una vez que ha sido liberado en su totalidad el importe previsto inicialmente de 100.000 millones de euros.

Esta Línea fue aprobada el 17 de marzo, tras declararse el estado de alarma en España, y desde entonces se ha distribuido en los cinco tramos que puedes ver en la tabla adjunta.

ICO_liquidez

La distribución por beneficiarios del importe avalado por el ICO ha sido la siguiente:

  • A pymes y autónomos: 67.500 millones de euros.
  • A pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas: 2.500 millones de euros.
  • Al resto de empresas: 25.000 millones de euros.
  • A empresas y autónomos para adquirir o arrendar vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional: 500 millones de euros.
  • A emisiones del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF): 4.000 millones de euros.
  • A la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA): 500 millones de euros.

Con datos a 1 de julio, el Gobierno declara que se han aprobado un total de 663.995 operaciones, con un importe avalado de 64.725 millones de euros. El mayor volumen de operaciones y financiación se ha concentrado en pymes y autónomos, con 648.065 préstamos aprobados y un importe avalado de 46.777 millones de euros. Según el Ejecutivo español esto ha permitido canalizar a este colectivo 58.525 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante (hay que recordar que el aval del ICO en el caso de pymes y autónomos garantiza el 80 por ciento del principal tanto de las nuevas operaciones de financiación como de las renovaciones).

El resto de empresas (grandes) han sido avaladas con 17.843 millones de euros, lo que les ha permitido recibir 26.493 millones de euros en financiación. En este caso, el aval público cubre el 70 por ciento del principal en las nuevas operaciones de préstamo y el 60 por ciento en las renovaciones.

El pasado viernes 3 de julio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de euros, pero en este caso no se destinará a liquidez sino a financiar nuevos proyectos de inversión de autónomos y empresas. Todavía no conocemos sus características concretas, por lo que habrá que estar muy atentos a las próximas reuniones del Consejo donde previsiblemente serán aprobadas.

La declaración del estado de alarma condiciona la estadística de los concursos de acreedores en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos de deudores concursados en España durante el primer trimestre de 2020, los cuales debido a las circunstancias excepcionales que vivimos con la COVID-19 hay que interpretar con precaución.

De este modo, y a pesar de que el número de concursos haya disminuido en tasa anual un 22,3 por ciento en el primer trimestre (1.501 frente a los 1.932 del primer trimestre de hace un año), la declaración del estado de alarma ha limitado la actividad de los Juzgados en la segunda quincena de marzo. El INE se ha visto obligado a completar la información referente a los concursos con los datos publicados en el Boletín Oficial de Estado (BOE), hasta recoger información del 85 por ciento de los Juzgados que habitualmente colaboran con él. El propio INE se ha aventurado a decir que “en próximos trimestres, cabría esperar que la Estadística del Procedimiento Concursal refleje paulatinamente los deudores concursados que se hayan visto afectados por esta situación”.

También hay que recordar que mientras esté vigente el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre no existirá  la obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor en estado de insolvencia, ni se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores.

Con las limitaciones mencionadas, del total de concursos registrados en el primer trimestre de 2020, 974 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 64,9 por ciento del total, mientas que 527 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, o lo que es lo mismo el 35,1 por ciento restante.

La mayoría de los concursos (1.430) fueron declarados por el propio deudor en estado de insolvencia, mientras que 71 fueron solicitados por los acreedores.

En cuanto a la actividad económica se refiere, la mayor parte de las empresas concursadas pertenecen al sector comercio (22,4 por ciento), seguidas por las del sector de la construcción (13,6 por ciento).

Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, por este orden, tuvieron el mayor número de deudores concursados, llegando a concentrar entre las tres hasta el 58,5 por ciento del total.

Evolución del número de deudores concursados en España

Concursos_1T2020

Fuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2019).

La nueva Ley Concursal y su coincidencia en el tiempo con medidas concursales extraordinarias por la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis económica provocada por la COVID-19 hace que por desgracia vuelvan a cobrar protagonismo los concursos de acreedores, es decir, aquellos procedimientos judiciales especiales previstos para gestionar y administrar el patrimonio de personas naturales o jurídicas insolventes. Sin ir más lejos, desde Quabbala Abogados y Economistas, se prevé que sean presentados entre 50.000 y 60.000 concursos de acreedores como consecuencia de la pandemia.

En este sentido, se acaba de publicar en el BOE la nueva Ley Concursal, en concreto, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor se producirá el próximo 1 de septiembre. Es un texto muy esperado y que nace con vocación de permanencia. No obstante, y debido al actual estado de alarma por la COVID-19, va a coincidir en el tiempo con medidas temporales y extraordinarias aprobadas en el ámbito concursal.

De este modo, la nueva Ley va a coincidir con las medidas concursales extraordinarias aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, entre las que destacan las siguientes:

  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de cumplimiento.
  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, no tengan que solicitar la apertura de su liquidación si no pueden cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, con el objetivo de permitirles negociar y aprobar una modificación del convenio.
  • El permiso a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar propuesta de modificación o nueva solicitud sin necesidad de que hay transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.
  • La no obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor que se encuentre en estado de insolvencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, la no admisión a trámite hasta el 31 de diciembre de 2020 de las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores desde la declaración del estado de alarma.
  • La calificación como créditos ordinarios a los derivados de nuevos ingresos de tesorería (préstamos, créditos, etcétera) procedentes de personas especialmente vinculadas al deudor (socios de la empresa, cónyuges en el caso de personas naturales, etcétera), en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

Tal como se señala en la introducción del Real Decreto Legislativo 1/2020, “en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito”.

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 3)

Mario Cantalapiedra – Economista

Termino con este post la serie dedicada a repasar las principales cuestiones que fueron tratadas en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?”, que impartí el pasado 31 de marzo. De nuevo, quiero centrarme en uno de los temas que despertaron más interés como es el de la línea de avales prevista por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

La finalidad de esta línea tal como se anuncia en la web del ICO es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como:

  • Pago de salarios
  • Facturas de proveedores pendientes de liquidar
  • Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
  • Gastos de suministros
  • Necesidad de circulante
  • Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

El ICO especifica que, sin embargo, no podrán financiarse con cargo a esta línea las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, ni la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

En este sentido muchas empresas dudan sobre qué diferencias existen entre renovaciones (financiables por la línea del ICO) y reestructuraciones (no financiables), siendo ambas modificaciones de operaciones de financiación previamente contratadas con una entidad financiera. Para diferenciarlas debemos acudir a lo que señala el Banco de España:

“La principal diferencia entre una reestructuración y una renovación es que en la primera la entidad considera que el acreditado tiene dificultades financieras actuales o previsibles”.

Es decir, si en la modificación de la operación contratada con el banco, este considera que hay dificultades financieras en la empresa (actuales o previsibles), se trataría de una reestructuración no financiable por la línea del ICO. No obstante, el Banco de España teniendo en cuenta la situación excepcional que vivimos, también señala que la existencia de dificultades de liquidez de prestatarios con un buen comportamiento de pago (hasta la fecha) no llevaría automáticamente a identificar como reestructuraciones las modificaciones de las operaciones motivadas por la crisis del COVID-19. Para el organismo supervisor estas operaciones podrían mantenerse clasificadas como normales en la medida en que no presenten dudas razonables sobre su reembolso y no haya habido un incremento significativo de su riesgo de crédito.

Por otro lado, si la operación de préstamo avalado por el ICO es rechazada por una entidad financiera según sus criterios de riesgo, la empresa tiene la posibilidad de solicitarla en otras entidades.

Aprovecho para recordar que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes 10 de abril, activar el segundo tramo de la Línea de avales por 20.000 millones de euros, destinados íntegramente a avalar operaciones de pymes y autónomos. Se suman a los 10.000 millones que ya fueron previstos para este colectivo en el primer tramo aprobado.

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 2)

Mario Cantalapiedra – Economista

Continúo desgranando en el blog algunas de las cuestiones que traté en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” el pasado 31 de marzo.

Aplazamiento del pago de impuestos Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo

Una medida que puede ayudar algo a las pymes y autónomos que sufran tensiones de liquidez debido al COVID-19, es la del aplazamiento en el pago de impuestos previsto por el Gobierno. A estos efectos hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • Se pueden aplazar, previa solicitud a Hacienda, las deudas tributarias hasta un máximo de 30.000 euros.
  • No es necesario presentar garantías.
  • La empresa solicitante debió facturar en 2019 una cantidad menor o igual a 6.010.121,04 euros.
  • Pueden aplazarse las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario de pago entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020.
  • El aplazamiento será de 6 meses, pero solamente los 3 primeros no devengarán intereses de demora.

Con respecto al “no” devengo de intereses me gustaría hacer una pequeña aclaración. El aplazamiento se ha previsto que sea de 6 meses sin que exista la posibilidad de fraccionamiento, es decir, a fecha de vencimiento se pagará toda la deuda de una vez. No obstante, si la deuda se cancela en cualquier momento dentro de los 3 primeros meses no se devengarán intereses, pero para ello hay que solicitar de forma explícita a Hacienda la  carta de pago de dicha deuda. Si se pasa el plazo, a partir del final del tercer mes el tipo de interés aplicado será del 3,75 %. En mi opinión, se debería haber previsto que en la solicitud de aplazamiento se pudiera consignar la fecha de pago deseada dentro de los 3 meses que no conllevan intereses, evitando que desde las empresas tengamos que estar pendientes de solicitar la mencionada carta. En cualquier caso, hubiera ayudado mucho más a pymes y autónomos arbitrar el aplazamiento por 6 meses sin intereses.

Recopilación de la principal normativa publicada respecto al COVID-19

Es tal la maraña normativa que está ocasionando el coronavirus, que he considerado oportuno compartir contigo la relación de las principales normas estatales publicadas hasta la fecha.

Normativa_coronavirus

 

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 1)

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado martes 31 de marzo impartí el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” al que asistieron representantes de alrededor de 300 pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión traté de analizar los principales cambios que en la gestión financiera de las empresas nos está obligando a realizar la crisis del coronavirus, y de aportar algún consejo práctico que nos permita anticiparnos a los problemas de liquidez. En cuanto a las medidas emprendidas por el Gobierno, sobre todo hice referencia a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a los aplazamientos de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social que se han previsto.

Tal como comenté a los asistentes al webinar, deseo compartir en el blog las cuestiones analizadas que considero más reseñables, y aclarar algún aspecto que pudo quedar pendiente.

Cambios en la gestión financiera

En lo referente a los cambios en la gestión financiera de la empresa, entendiendo que esta consiste en adecuar las corrientes de cobros y pagos garantizando el nivel de liquidez necesario para el normal desarrollo de la actividad, considero que en este momento es fundamental:

  • Incidir en la reducción de costes, eliminando todo aquello que no se considere imprescindible y planteando la subcontrata de elementos no esenciales que permitan liberar recursos.
  • Asegurar la liquidez ajustando activos y pasivos a corto, por ejemplo, reduciendo los plazos en almacén y de cobro a clientes, incrementando los de pago a proveedores, o aplazando impuestos y cotizaciones sociales
  • Dar una importancia fundamental al control presupuestario que inclusive nos lleve a calcular el presupuesto de tesorería semanalmente y a tenerlo permanentemente actualizado.

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

En primer lugar, comentar que las características de esta línea ya se encuentran publicadas en la web del ICO. Y en cuanto a las dudas que surgieron sobre ella en el webinar, señalar lo siguiente:

  • Aunque el importe previsto por el Gobierno alcanza los 100.000 millones de euros, realmente solo se han activado 20.000, de los cuales 10.000 van destinados a avalar préstamos y renovaciones que soliciten pymes y autónomos. Esta cantidad en mi opinión no será suficiente ante la generalización de problemas de liquidez que tienen las pymes y las informaciones sobre su demanda que me están llegando, por lo que estimo que habrá de ser aumentada.
  • El plazo de la operación puede ser hasta un máximo de 5 años con 12 meses de carencia en la devolución del capital.
  • El Estado garantiza para el caso de las pymes el 80 por ciento del principal de la operación (no garantiza ni el pago de intereses ni de comisiones).
  • El coste del aval estatal es asumido por las entidades financieras.
  • Los solicitantes no han de figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. Tampoco pueden estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
  • No es necesario que el empresario haya cesado la actividad para solicitar el préstamo que es avalado por el Estado.
  • La línea está prevista para empresas de cualquier sector de actividad que tengan hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o un total de activo inferior a 43 millones de euros.
  • Está disponible para operaciones suscritas desde el 18 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta que se agoten los fondos previstos por el Gobierno.
  • Aunque el ICO no lo señala la previsión es que los bancos ofrezcan los préstamos a tipo fijo (al ser operaciones a largo plazo, así se aseguran de conocer de antemano el interés que percibirán). En cualquier caso, las entidades financieras tienen la obligación de garantizar que los costes de estos préstamos para las empresas se mantendrán en línea con los que les cobraban antes del inicio de la crisis del coronavirus.

España cerró 2019 con una pérdida en el número de empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

En España a finales de 2019 existían 2.880.123 empresas, según el Informe “Cifras PYME” elaborado por la Dirección General de Industria y de la PYME (DGIPYME). Dentro de este dato se incluyen tanto las empresas de cualquier tamaño que tienen asalariados y que están inscritas en la Seguridad Social, como los autónomos que no tienen trabajadores a su cargo, y que sin embargo la DGIPYME cataloga como “empresas”.

En términos de variación anual, el pasado año España perdió un 0,58 por ciento de sus empresas, o 16.777 en datos absolutos, aunque la variación fue distinta según el tamaño de la compañía que se considere. De este modo, mientras las empresas de menor dimensión (autónomos sin asalariados y microempresas) sufrieron un retroceso, las pequeñas, medianas y grandes, vieron como sus cifras aumentaban. No obstante, las empresas de dimensión más modesta siguen siendo las más numerosas dentro del tejido empresarial español. Hasta el 93,5 por ciento de este se compone de autónomos sin asalariados y microempresas que no llegan a contar con 10 trabajadores en sus filas. Las 4.871 empresas grandes (con 250 o más trabajadores) solo representan el 0,17 por ciento del total, a pesar de que durante 2019 experimentaron un crecimiento cercano al 4 por ciento.

En cuanto a los sectores a los que pertenecen las empresas españolas, destaca el de servicios (con el 72,39 por ciento del total), seguido por construcción (10,74), industria (6,10) y sector agrario (10,76). Todos los sectores menos la construcción sufrieron la pérdida de compañías durante 2019, resultando especialmente llamativo el descenso del 1,43 por ciento de empresas en la industria.

En definitiva, el sector servicios sigue acaparando a la mayor parte de las empresas de nuestro país, las cuales, por otro lado, se caracterizan por ser muy pequeñas.

Empresas por tamaño en España2019_empresas_tamañoFuente: Elaboración propia a partir Cifras PYME. DGIPYME. Diciembre 2019.

Empresas por sectores en España2019_empresas_sectorFuente: Elaboración propia a partir Cifras PYME. DGIPYMEDiciembre 2019.

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