Archivo de la etiqueta: ayuntamientos

Ley 15/2010 de plazos de pago y represión de morosidad. Nueva línea ICO

 

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El gobierno aprobó ayer la creación de las líneas ICO a los ayuntamientos para el cumplimiento de esta normativa.

Desde la aprobación, ahora hace un año, de la Ley 15/2010 de represión de la morosidad en las operaciones comerciales, las Administraciones públicas han sido las primeras incumplidoras del texto normativo y, simultáneamente, uno de los principales escollos para su cumplimiento, ya que muchas empresas (especialmente PYMES) no pueden cumplir sus plazos de pago si ellas, a su vez, no sólo no reciben en plazo sus cobros de las Administraciones sino que, en muchos casos, ni los reciben, lo que las empuja a graves problemas de tesorería o, las más de las veces, a su desaparición.

 

Dicho texto legal preveía para las Administraciones Públicas unos plazos máximo de pago más cortos que para los demás sujetos intervinientes en operaciones comerciales, un nuevo sistema de control del cumplimiento de estos plazos y, en su Disposición Adicional Cuarta, la creación de una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a favor de los Ayuntamientos que hiciese posible el cumplimiento de los pagos, ya que de otro modo, y como hemos podido comprobar hasta la fecha, sin crédito a las Corporaciones Locales todas estas previsiones se quedarían en papel mojado.

Aunque con mucho retraso, pues la Ley preveía que las líneas I.C.O. se aprobasen dentro de los 30 días siguientes al 07/07/2010, y después de que en septiembre del año pasado el Gobierno rechazara su puesta en marcha, ayer, día 1 de julio de 2011 el Gobierno aprobó la creación de una línea I.C.O. de 3.400 millones de euros orientada a que los Ayuntamientos puedan hacer frente a sus deudas y cumplir sus plazos de pago.

Para garantizar que se favorece a las empresas más perjudicadas por los incumplimientos de las Administraciones, las pequeñas y medianas empresas, se establece una prioridad de cobro a favor de aquellas empresas que tengan menos de 250 trabadores.  El plazo del préstamo al Ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del crédito.

Asimismo, para garantizar que estas líneas de crédito se aplican única y exclusivamente al fin para el que fueron creadas, el crédito se hará mediante el descuento directo de facturas, el Ayuntamiento presentará la factura de su proveedor al I.C.O. y éste la abonará directamente al emisor de la factura.

Considero que es una muy buena noticia para muchas pequeñas y medianas empresas que dependen de este tipo de Corporaciones para sobrevivir y, sobre todo, un gran paso adelante en el, hasta ahora lento, proceso de consolidación y cumplimiento de la Ley 15/2010.

¿Qué ha sido de la cuenta tributaria para compensar morosidad pública?

Mario Cantalapiedra – Economista

En Gestores de Riesgo y Morosidad el pasado octubre ya nos hacíamos eco de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley del Partido Popular, la cual instaba al Gobierno a arbitrar un sistema de cuenta corriente tributaria por el que pymes y autónomos pudieran compensar el retraso en el pago de sus facturas por parte de la Administración General del Estado, a través del aplazamiento y fraccionamiento del pago de impuestos.

No obstante, la iniciativa que os comento, que fue aprobada el 7 de septiembre de 2010, a estas alturas sigue sin entrar en vigor, por lo que el Partido Popular ha registrado una nueva Proposición no de Ley en la que se solicita establecer el sistema de cuenta corriente tributaria para todos los créditos reconocidos por acto administrativo que las administraciones públicas, ya no sólo la Administración General del Estado sino también los ayuntamientos (donde radica gran parte del problema) y las comunidades autónomas, tengan con pymes y autónomos.

En la exposición de motivos de la Proposición no de Ley ahora presentada por el Partido Popular, se indica que las causas más graves que impiden que las empresas españolas puedan obtener la liquidez necesaria para seguir funcionando son el aumento de la morosidad y la dificultad de acceso a la financiación externa, en las que creo estaremos de acuerdo casi todos nosotros. Además en ella se cita un estudio del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, publicado en diciembre de 2009, en el que se refleja como el 84,5 por ciento de las pymes que se dirigieron a entidades financieras solicitando financiación tuvieron problemas para acceder a la misma. Por otro lado, también dentro de la exposición de motivos de la Proposición, se calcula en 30.000 millones de euros el volumen de deuda del conjunto de las administraciones públicas con empresarios y autónomos, cuyos plazos de cobro son cada vez más dilatados.

¿Y cuál es la situación actual de esta nueva Proposición no de Ley? Pues, os puedo comentar que está siendo estudiada por el Gobierno, el cual tiene de plazo hasta marzo para decidir el veto o no de su tramitación, mientras tanto a pymes y autónomos les toca seguir esperando una medida que si bien no solucionaría el problema de la morosidad pública, sí que serviría para paliarlo.