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Aumenta el uso de tarjetas de pago en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de tarjetas de pago (de crédito o débito) en circulación está creciendo según los datos de la Memoria Anual sobre la Vigilancia de los Sistemas de Pago 2016, que acaba de publicar el Banco de España (BdE).

Las tarjetas de pago permiten pagar la adquisición de bienes o servicios o retirar efectivo, pudiendo ser de crédito, cuando una entidad financiera concede a sus clientes un límite mensual de crédito del que pueden disponer a través de la propia tarjeta, o de débito, cuando la entidad financiera permite disponer del saldo de una cuenta corriente o de ahorro y realizar operaciones sin necesidad de emplear efectivo, aunque sin conceder crédito. A finales de 2016, las tarjetas emitidas en España ascendían a 74,51 millones, de las cuales 48,75 millones eran de crédito y 25,76 millones de débito. Resulta curioso comprobar como en nuestro país existen más tarjetas de crédito en circulación (48,75 millones) que población (46,5 millones de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística referidos a igual fecha). Además las tarjetas de crédito están creciendo en términos relativos a mayor ritmo (8,8 por ciento) que las de débito (2,7 por ciento), lo cual puede ser un indicio de recuperación económica.

Como puedes ver en la tabla adjunta, también existe crecimiento en el número de operaciones realizadas con tarjetas de pago, en el importe total de dichas operaciones, en el número de cajeros existentes y en el de terminales de punto de venta (TPV).

Evolución Tarjetas de pago en España 2015-20162Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BdE.

En cuanto a los datos de fraude, el BdE señala que en 2016 se registraron 888.000 operaciones fraudulentas con tarjetas emitidas en España, por importe de alrededor de 56 millones de euros, cifras también superiores a las de 2015. Especialmente destaca el crecimiento interanual del número de operaciones fraudulentas, superior al 29 por ciento. Del total de operaciones fraudulentas, el 69 por ciento corresponden a la operativa a distancia (internet, llamadas telefónicas, correo electrónico), el 28 por ciento a operativa en comercio físico y únicamente un 3 por ciento responde a operativa en cajeros. Recordar que la Ley 16/2009, de servicios de pago, limita actualmente a 150 euros la responsabilidad por las pérdidas provocadas por operaciones no autorizadas por el uso de tarjetas extraviadas o sustraídas, siempre que el titular no actúe fraudulentamente o con negligencia.

La banca española endurece los criterios para prestar a las pymes

Mario Cantalapiedra – Economista

Los criterios de la banca española para aprobar préstamos a empresas se han endurecido ligeramente durante el primer trimestre de 2017. Es una de las principales conclusiones de la última Encuesta sobre Préstamos Bancarios (EPB), que realizan de forma coordinada los bancos centrales nacionales del área del euro, entre ellos el Banco de España (BdE), y el Banco Central Europeo (BCE). En ella se pregunta a un conjunto representativo de entidades de crédito, por los cambios registrados en su política de concesión de préstamos y en la demanda percibida en el último trimestre, respecto a tres segmentos del mercado: sociedades no financieras (empresas), hogares para adquisición de vivienda y hogares para consumo y otros fines. Asimismo se pide su previsión para los siguientes tres meses.

Centrándonos en el ámbito de las empresas, las respuestas de las entidades españolas muestran que sus criterios de aprobación de préstamos en el último trimestre se han endurecido ligeramente tanto para grandes empresas como para pymes, aunque en el caso de las segundas lo han hecho de forma más intensa. En cuanto al vencimiento de los préstamos, el endurecimiento ha sido más leve en las operaciones de corto plazo y algo mayor en las de largo, que no olvidemos suelen ser las más difíciles de conseguir para las pymes. Según se señala desde el BdE, aunque la mayor competencia en los mercados financieros y la mejoría de la situación de liquidez de los bancos y de la solvencia de determinados sectores o empresas hayan podido propiciar una relajación de los criterios de aprobación, el aumento de los riesgos relativos a las garantías solicitadas, la menor tolerancia al riesgo y los mayores costes relacionados con el nivel de capital han llevado a que la balanza se incline por el endurecimiento.

En lo referente a la demanda empresarial de fondos bancarios, se ha producido un leve crecimiento durante los tres primeros meses de 2017, concentrado en los préstamos a corto plazo, y con las pymes como verdaderas protagonistas (la demanda de las grandes no ha variado). Entre los factores explicativos, el BdE apunta al aumento de existencias y de capital circulante, al descenso del nivel general de los tipos de interés y, en menor medida, a las mayores necesidades de financiación para inversión en inmovilizado, a las operaciones de fusión y a las reestructuraciones de deuda.

Las entidades encuestadas prevén que los criterios de aprobación de préstamos a empresas no variarán y que las peticiones de fondos seguirán aumentando para el trimestre en curso.

¿Una CIRBE para el “crowdlending”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que permite a las entidades financieras declarantes (entre otras, bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) consultar información útil para analizar el riesgo de las posibles operaciones de crédito o préstamo que se plantean. En ella aparecen reflejados los riesgos que dichas entidades tienen con sus clientes, de tal modo que cuando un banco recibe la petición de un nuevo préstamo, por ejemplo, de una empresa, puede consultar la deuda que mantiene con el resto de entidades financieras y hacerse una idea mejor de su capacidad de pago. De igual modo, recuerdo que cualquier persona física o jurídica puede consultar de forma gratuita los datos declarados a su nombre en la CIRBE por las entidades financieras.

En este sentido, una de las ventajas que tienen las empresas promotoras que solicitan financiación a través de plataformas de financiación participativa basadas en préstamos (crowdlending), es que los fondos obtenidos, en su caso, no consumen CIRBE para ellas. Es decir, las plataformas de crowdlending al no ser entidades financieras, no tienen obligación de declarar los préstamos que intermedian a la CIRBE, por lo que si la empresa promotora también necesitara acudir a financiación bancaria no pierde posibilidades de conseguirla por un aumento de deuda en la CIRBE.

Lo que en principio es una ventaja para el desarrollo del crowdlending, y así lo vende el propio sector en sus páginas web y en los actos de comunicación en los que viene participando, supone también un inconveniente a la hora de evaluar el riesgo de los proyectos empresariales que les llegan, puesto que cada plataforma desconoce de forma “oficial” las peticiones de fondos que hacen las empresas promotoras que contactan con ellas a otras plataformas competidoras, teniendo que dedicarse a obtener estar información por su cuenta, lo que evidentemente les supone un consumo de recursos. A estos efectos, algunos actores del crowdlending parecen estar impulsando la idea de crear una especie de CIRBE para el propio sector que les permita un suministro recíproco de información, lo que pueda llevarles a mejorar su análisis de riesgo. La idea no me parece mala, de todos modos habría que ver cómo podría articularse en la práctica, así como conocer la opinión al respecto de los supervisores (Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España).

10 consejos a la hora de invertir

Mario Cantalapiedra – Economista

Dentro del marco del Plan de Educación Financiera emprendido por el Gobierno español, que persigue mejorar la cultura financiera de la ciudadanía, existe una web denominada finanzasparatodos.es en la que se pueden encontrar consejos prácticos y herramientas para planificar el ahorro y la economía personal. Detrás de este proyecto están los supervisores públicos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España. Entre los datos que aparecen en la web me gustaría comentar una serie de reglas básicas que pretenden ayudar a los inversores no profesionales y cuya divulgación considero de gran utilidad si queremos evitar los errores del pasado reciente. De forma resumida, se habla de los siguientes 10 consejos a la hora de invertir:

  1. “Conocer bien los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo para poder elegir inversiones con un nivel de riesgo, rentabilidad y plazo adecuados a nuestro perfil”. Algo muy importante que se comenta y que yo no me canso de repetir es “nunca invertir en productos que no se entiendan”.
  2. “Buscar consejo profesional para la toma de decisiones de inversión, recordando que la responsabilidad final es del inversor. Mantener contacto con el intermediario y determinar el alcance de sus responsabilidades y libertad de actuar, así como su estilo y filosofía”.
  3. “Solamente destinar a la inversión el excedente entre ingresos y gastos comunes. Eliminar primero las deudas por la que se pagan altos intereses y sanear la situación financiera actual, antes de tomar decisiones de inversión”. Seguro que alguna vez has oído el caso de alguien que ha invertido el dinero destinado al pago de la hipoteca en Bolsa esperando obtener una ganancia rápida y luego no ha tenido suficiente dinero ni para afrontar la cuota.
  4. “Invertir para el largo plazo. Los mercados suben y bajan, pero a largo plazo suele haber más subidas que bajadas”. Lo cierto es que la especulación en los mercados parece destinada a perfiles muy profesionales o que tengan claro el riesgo que se asume.
  5. Diversificar, diversificar, diversificar”. Se repite hasta tres veces en la web, luego debe ser importante… de hecho, lo es. Una estrategia de diversificación lleva a disminuir el riesgo de cualquier inversión.
  6. “Mantener una mezcla de inversiones con distintos horizontes temporales para poder atender a distintas necesidades a medida que se presenten”.
  7. “Comparar bien las tarifas y comisiones de cada entidad”.
  8. “Empezar a invertir antes que después. De todos los factores que afectan a la acumulación de capital por inversión: cantidad inicial invertida, cantidad de las aportaciones, rentabilidad y tiempo que se mantiene la inversión, el más importante es el factor tiempo”.
  9. “Evitar las modas y los gurús de turno, así como la toma de decisiones emotivas. No perseguir los éxitos de ayer. Las rentabilidades históricas no son ninguna garantía de rentabilidad futura. Nadie sabe lo que harán los mercados. La disciplina y paciencia son rasgos importantes para el pequeño inversor, mientras que el miedo y la avaricia son sus enemigos”.
  10. “Si alguien ofrece una inversión ‘demasiado buena para ser verdad’ lo más probable es que no sea verdad. Nunca confiar en desconocidos que ofrezcan consejos no solicitados sobre inversiones y recordar que no existe rentabilidad sin riesgo”. Aquí se alerta sobre los chiringuitos financieros sobre los que ya me he referido en alguna ocasión.

En el siguiente enlace puedes consultar el texto completo de los 10 consejos.

Derechos básicos de los clientes bancarios

Mario Cantalapiedra – Economista

El Banco de España reconoce a los clientes bancarios una serie de derechos básicos que se pueden dividir según cuál sea el momento de relación con la entidad financiera (antes de contratar con ella, en el momento de firmar el contrato y después de hacerlo).

Antes de contratar los clientes bancarios tienen derecho a:

  • Recibir información sobre comisiones bancarias y gastos que el banco les pueda cobrar, debiendo saber que no han de soportar ningún coste por servicios no solicitados o aceptados. En este sentido, contratar un producto bancario relativamente simple como puede ser una cuenta corriente implica un buen número de comisiones que se podrán cobrar, por lo que hay que leer bien la letra pequeña antes de firmar.
  • Recibir información sobre los tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisas o de billetes extranjeros cuyo importe no supere la cantidad de 3.000 euros.
  • Obtener de forma gratuita ofertas vinculantes de la entidad en préstamos hipotecarios sobre viviendas, en subrogaciones hipotecarias por cambio de entidad y en créditos al consumo.
  • Conocer los modelos de contrato de las operaciones o productos ofrecidos.
  • Recibir toda la información necesaria para entender bien la operación o producto ofertado. La información deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa.

En el momento de contratar los clientes bancarios tienen derecho a:

  • Recibir un ejemplar del documento contractual en el que se formalice el servicio recibido.

Por último, después de contratar con el banco los clientes tienen derecho a:

  • Recibir los extractos y los documentos de liquidación de intereses y comisiones bancarias para las operaciones no consideradas de pago. Por su parte, en las operaciones de pago es obligatorio proporcionar determinada información tanto para operaciones singulares (aquellas que no están cubiertas por un contrato marco), como para las vinculadas a contratos marco. Por ejemplo, se ha de informar de la especificación del IBAN como identificador único de las cuentas bancarias, o del plazo máximo de ejecución que tendrá el servicio de pago ofertado.
  • Recibir información previa sobre los cambios que decida el banco sobre tipos de interés, comisiones bancarias y gastos de las operaciones que les afecten.
  • Disponer de un procedimiento para resolver sus reclamaciones, quejas y consultas, en caso de no estar de acuerdo con la entidad financiera en las operaciones que les afecten, o ante cualquier duda que les pueda surgir.

El traumático proceso de reducción del número de oficinas bancarias

Mario Cantalapiedra – Economista

Paseando por cualquier ciudad española se advierte la gran cantidad de antiguas oficinas bancarias que hoy en día se encuentran cerradas. A pesar de ello, y según los datos del Banco de España referenciados al mes de junio, existen en nuestro país 30.207 oficinas bancarias, que a simple vista pueden parecer muchas, pero quizás no tantas si se comparan con las 46.118 que tuvimos en el tercer trimestre de 2008, momento en el que se alcanzó el máximo histórico. Una sencilla operación matemática nos dice que la caída desde entonces ha sido de más del 34 por ciento, y por lo que se ve el proceso de reducción todavía no ha terminado, solo hace falta seguir la pista a las noticias que inundan actualmente los medios de comunicación.

En las tres tablas adjuntas muestro algunos datos que pueden ayudar a entender mejor la traumática evolución sufrida por el número de oficinas bancarias (con tasas negativas de crecimiento desde 2009) y a tener una visión parcial de cómo se distribuyen a nivel autonómico y provincial. En este sentido, hay que señalar que dentro del concepto genérico de “oficina bancaria” que estoy utilizando se incluyen las oficinas de las entidades de depósito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) residentes, de los establecimientos financieros de crédito también residentes y del lnstituto de Crédito Oficial (ICO).

Evolución del número de oficinas bancarias en España (2007-2016)

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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Las 10 comunidades autónomas españolas con más oficinas bancarias (junio 2016)

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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Las 10 provincias españolas con más oficinas bancarias (junio 2016)

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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Información básica para el cliente en las plataformas de “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

Como se comenta en el preámbulo de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, la inversión en los proyectos que ofrecen las plataformas de financiación participativa o crowdfunding es intrínsecamente arriesgada, tanto porque el promotor que solicita la financiación puede ser incapaz de devolver o remunerar el dinero recibido, como porque la plataforma no garantiza en ningún momento la solvencia del promotor. En este sentido, la normativa legal proporciona una serie de herramientas que tratan de mitigar y gestionar el riesgo de esta inversión, entre las que se encuentran las obligaciones de información a las que quedan sujetas las plataformas.

En este ámbito destaca los cuatro elementos siguientes sobre los que las plataformas deben informar, en términos breves y sencillos, y en un lugar destacado de su página web de inicio, bajo un epígrafe denominado “Información básica para el cliente”:

  • Advertencia de los riesgos que implica para los inversores la participación en préstamos (crowdlending), o la suscripción de las acciones, participaciones u otros valores representativos de capital (crowdinvesting) y obligaciones a través de la plataforma y, en todo caso, los riesgos de pérdida total o parcial del capital invertido, de no obtener el rendimiento dinerario esperado y de falta de liquidez de la inversión. En el caso de financiación mediante emisión de acciones, se deberá informar además del riesgo de dilución de la participación en la sociedad (es decir, de reducción del porcentaje de participación en el capital por la entrada de nuevos socios), del riesgo de no recibir dividendos y del riesgo de no poder influir en la gestión de la sociedad. Si la inversión es en participaciones sociales u otros valores representativos del capital, además de informar sobre los tres elementos anteriores (dilución, dividendos y gestión), habrá que hacerlo sobre las restricciones a la libre transmisibilidad inherentes a su régimen jurídico.
  • Advertencia de que la plataforma no es una empresa de servicios de inversión, ni una entidad de crédito y de que no está adherida a ningún fondo de garantía de inversiones o fondo de garantía de depósitos.
  • Advertencia de que los proyectos de financiación participativa no son objeto de autorización, supervisión ni revisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni por el Banco de España (BdE).
  • Tarifas aplicadas a inversores y promotores, procedimiento de contratación y forma de facturación.

¿Qué datos deberá contener el documento “Información Financiera-PYME”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, con entrada en vigor el próximo 11 de octubre, especifica el siguiente contenido mínimo del documento “Información Financiera-PYME”, que las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito deberán facilitar a sus clientes pymes y autónomos, cuando estos se lo pidan, o la entidad decida cancelar o reducir el flujo de financiación que mantiene con ellos:

1. Declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE)

La CIRBE es una base de datos gestionada por el Banco de España que recoge los riesgos que las entidades financieras tienen con sus clientes personas físicas o jurídicas. En este caso, el documento deberá incluir las cuatro últimas declaraciones mensuales de datos a efectuadas a la misma, relativas a los clientes acreditados, así como las correspondientes al final de cada trimestre natural de los últimos cinco años anteriores a la fecha de notificación (cuando el documento se genere porque la entidad financiera tenga intención de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación o de disminuirlo en una cuantía igual o superior al 35 por ciento) o a la fecha de solicitud (cuando el documento se genere por petición de la pyme o del autónomo).

2. Datos comunicados a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito

El documento “Información Financiera-PYME” también deberá incluir los datos de las pymes y autónomos acreditados comunicados por las entidades financieras a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito que sigan constando en los registros de tales empresas en las mencionadas fechas de notificación o de solicitud.

3. Historial crediticio

El documento incluirá el historial crediticio del acreditado referido a los cinco años anteriores a la fecha de notificación o de solicitud, el cual incluirá los siguientes datos:

  • Relación de los créditos históricos y vigentes, y de los importes pendientes de amortización.
  • Relación cronológica de las obligaciones impagadas con sus detalles o, en su defecto, declaración expresa de que el acreditado ha cumplido íntegramente con sus obligaciones.
  • Estado de la situación actual de impagos.
  • Relación de los concursos de acreedores, acuerdos de refinanciación o extrajudiciales de pagos, embargos, procedimientos de ejecución y otras incidencias judiciales relacionadas con la empresa acreditada en los que sea parte la entidad financiera.
  • Relación de los contratos de seguros vinculados al flujo de financiación.

4. Extracto de los movimientos realizados durante el último año en los contratos de flujo de financiación con el acreditado

5. Calificación del riesgo del acreditado

Finalmente las entidades deberán incluir una evaluación de la calidad crediticia de las pymes y los autónomos a los que financian, realizada de manera estandarizada y comparable. El resultado de la evaluación deberá permitir clasificar el riesgo del acreditado dentro de una de las siguientes categorías: riesgo bajo, riesgo medio-bajo, riesgo medio-alto, riesgo alto o no disponible.

El Banco de España regula el documento “Información Financiera-PYME”

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre los objetivos con los que nació la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial está el de hacer más flexible y accesible la financiación bancaria a pymes y autónomos. En dicha Ley se reconoce como uno de los principales obstáculos para lograrlo, se encuentra en la asimetría informativa a la que se enfrentan las entidades de crédito cuando conceden financiación a pymes y autónomos, lo que complica y encarece la valoración de su riesgo. Es decir, la entidad que concede financiación no tiene información suficiente sobre el uso que dará la empresa deudora al dinero que le presta. Esta asimetría informativa aumenta el tipo de interés del dinero que se cobra por el dinero que se presta, pudiendo llegar a motivar la denegación de la financiación. Precisamente para mitigar dicha asimetría informativa, la Ley 5/2015 establece que cuando las entidades de crédito decidan cancelar o reducir el flujo de financiación a sus clientes que sean pymes o autónomos, además de informarles con un preaviso de tres meses, les hagan entrega de un documento denominado “Información Financiera-PYME”, que ha de recoger datos sobre su situación financiera e historial de pagos, entre ellos su calificación de riesgo de crédito, correspondiendo al Banco de España (BdE) especificar el modelo y la metodología a utilizar.

Pues bien, se acaba de publicar en el BOE del 11 de julio de 2016, la Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito, por la que se determinan el contenido y el formato del documento “Información Financiera-PYME” y se especifica la metodología de calificación del riesgo previstos en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, estructurada en los tres capítulos siguientes:

  • En el capítulo I se establece el objeto y ámbito de aplicación, que incluye a las entidades de crédito y también a los establecimientos financieros de crédito.
  • En el capítulo II se regula el contenido mínimo del documento “Información Financiera-PYME”, el cual abarca desde las declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) hasta la calificación del riesgo, incluyendo un exhaustivo historial crediticio, los datos comunicados a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito, y los extractos de movimientos del último año.
  • Finalmente, el capítulo III establece una metodología cuyo fin esencial es la estandarización de la calificación del riesgo que deberán otorgar las entidades a pymes y autónomos.

La entrada en vigor de esta circular se producirá el próximo 11 de octubre de 2016.

Riesgos que se ciernen sobre el crecimiento económico español

Mario Cantalapiedra – Economista

Se acaban de publicar las nuevas proyecciones macroeconómicas de la economía española para el período 2016-2018 realizadas por la Dirección General de Economía y Estadística (DGEE) del Banco de España (BdE), con las que sus expertos contribuyen al ejercicio conjunto de previsión del Eurosistema. Si importantes son las proyecciones, que por primera vez aportan datos sobre 2018, no lo son menos los análisis que las acompañan, sobre los que me gustaría referirme.

En primer lugar, desde el BdE se espera que la actual fase expansiva de la economía española se prolongue hasta 2018, aunque a un ritmo cada vez menor. De este modo, se prevé que el PIB crezca este año un 2,7 por ciento, pero aumente a menor ritmo en 2017 y 2018 (a un 2,3 y 2,1 por ciento, respectivamente). La expansión del PIB seguirá apoyándose fundamentalmente en la demanda nacional con crecimiento del consumo de los hogares y de la inversión empresarial.

En cuanto a la evolución de precios, el organismo supervisor piensa que en 2016 será negativa, pero tanto en 2017 como en 2018 volveremos al terreno positivo, debido a la recuperación proyectada para el precio del crudo y a un repunte, modesto en la opinión del BdE, de la inflación subyacente, es decir, de aquella que no tiene en cuenta en su cálculo la variación de precios de productos energéticos y alimentos sin elaborar.

En lo que se refiere a la tasa de paro, el BdE es moderadamente optimista y cree que se seguirá creando empleo en los próximos años, de tal modo que al final de 2018 la tasa se sitúe en el 17,3 por ciento de la población activa.

Pero fundamentalmente me interesa destacar aquí los riesgos que pueden afectar al crecimiento económico español, y que observan los expertos de la DGEE en los dos ámbitos siguientes:

A nivel internacional

  • Incertidumbres acerca de la evolución de la economía global, especialmente de algunas economías emergentes.
  • Hipotética intensificación de las tensiones geopolíticas en ciertas áreas.
  • Resultado final del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE.

A nivel nacional

  • Prolongación del período sin Gobierno en España puede llevar a que los agentes económicos pospongan en el corto plazo decisiones de gasto.
  • En el ámbito fiscal, esta incertidumbre política afecta tanto a la pauta temporal del proceso de consolidación fiscal como a su composición y, por tanto, al efecto final del mismo sobre la actividad económica.

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