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Pérdidas por insolvencias deducibles para empresas de reducida dimensión

Mario Cantalapiedra – Economista

En el momento en el que muchas empresas están preparando los últimos ajustes antes de presentar su Impuesto sobre Sociedades en el mes de julio, conviene repasar algunos elementos que pueden llegar a rebajar la factura fiscal y que en ocasiones las empresas dejan de aplicar por desconocimiento. Entre ellos, me gustaría destacar la posibilidad que tienen las empresas de reducida dimensión (ERD) de deducir un porcentaje global de sus deudores a final de ejercicio por posibles insolvencias.

Recuerdo que para la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), una ERD es aquella que factura menos de 10 millones de euros en el periodo impositivo anterior. Luego son muchas las empresas en este país que pueden aplicar esta ventaja fiscal. En este sentido, la LIS permite a las ERD la deducción “global” por insolvencias hasta el 1 por ciento del saldo de deudores existente al final del período impositivo, del que habrá que excluir los créditos que motivan deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles. Entre los primeros están los que han pasado seis meses desde su vencimiento, los que corresponden a deudores declarados en situación de concurso o procesados por un delito de alzamiento de bienes, así como los que han sido reclamados judicialmente o son objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. Entre los créditos no deducibles están los adeudados por entidades de derecho público (excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía) y los adeudados por personas o entidades vinculadas (salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez).

Veamos un ejemplo al respecto:

ERD que cuenta al final del ejercicio con un saldo de clientes de 50.000 euros de los que se sabe que:

  • 5.000 euros corresponden a la deuda de un ayuntamiento.
  • 3.500 euros corresponden a facturas adeudadas por una empresa vinculada.
  • 1.500 euros corresponden a una factura de un cliente reclamada judicialmente.

En este caso, el saldo a considerar para la dotación global será = 50.000 – 5.000 – 3.500 – 1.500 = 40.000 euros, por lo que la deducción podrá ser hasta de 400 euros (1 % sobre 40.000).

Por tanto, la ERD podrá deducir en concepto de pérdidas por deterioro de los créditos un máximo de 1.900 euros (1.500 euros de la dotación individual por la factura reclamada judicialmente más 400 euros correspondientes a la dotación global). Por su parte, los importes adeudados por el ayuntamiento y la empresa vinculada no serán deducibles.

¿Cómo calcular el límite de crédito recomendable para un cliente?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los informes comerciales que ayudan a tomar decisiones de crédito sobre los clientes suelen incluir una opinión de crédito, la cual no siempre es fácil de interpretar. Por lo general, una opinión (o límite) de crédito establece el importe máximo de riesgo (deuda comercial) que no debe exceder el conjunto de proveedores con los que trabaja una empresa en el corto plazo (doce meses). A partir de dicho importe, el cliente podría no tener capacidad para atender los pagos a sus proveedores en los plazos pactados.

Esta opinión de crédito se obtiene a partir de modelos matemáticos que utilizan distintas variables económicas, financieras, mercantiles y sectoriales, y de la experiencia de la compañía que la elabora, estando vinculada directamente al rating de morosidad de la empresa, el cual predice la probabilidad de que esta pueda hacer frente a sus compromisos de pago en los próximos doce meses. Luego mientras que el rating de morosidad establece una valoración dentro de una escala (por ejemplo, del 1 al 10), la opinión de crédito es un importe en euros, que suele estar limitado a un máximo por las agencias especializadas fundamentalmente por prudencia.

Ejemplo valoración rating de morosidad y opinión de créditoCapturaFuente: Insight View.

El problema que surge para el proveedor que consulta esta opinión de crédito máximo es que el dato se ofrece para el conjunto de proveedores, por lo que a priori resulta difícil estimar que porcentaje de ese límite no debería sobrepasar con el cliente en su caso concreto. A este respecto, existe una manera de calcular de forma aproximada la opinión de crédito individual a partir de dos datos que puede conocer el proveedor: las ventas que realiza al cliente en un período, y el total de aprovisionamientos reflejados por este en su cuenta de resultados en igual período.

Veamos un ejemplo de cálculo:

  • Total aprovisionamientos del cliente (cuenta de resultados): 1.000.000 euros.
  • Total suministros al cliente por parte del proveedor: 50.000 euros.
  • Porcentaje sobre total aprovisionamientos: 5 %.
  • Opinión de crédito empresa especializada (para el conjunto de proveedores): 327.000 euros.

En este caso, la opinión de crédito individual se obtendría aplicando el porcentaje del 5 por ciento (lo que representa el suministro de este proveedor sobre el total de aprovisionamientos del cliente en el período) a la opinión de crédito de la empresa especializada (327.000 euros), obteniéndose un límite individual de 16.350 euros.

 

¿Debo vender a un cliente inactivo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando se analiza el riesgo de crédito de un cliente una situación que puede aparecer es la de su inactividad, es decir, la de cese de actividad de modo temporal, aunque el cliente siga existiendo, mantenga su personalidad jurídica y su antigüedad, y pueda retomar su actividad empresarial en cualquier momento.

Ante una situación desfavorable del negocio, los dueños de una empresa pueden decidir dejarla inactiva a la espera de que el panorama cambie o tratando de evitar los costes que implica su disolución y liquidación, teniendo en cuenta lo caro que resulta en España “cerrar” una empresa. Para ello, en el caso de las sociedades mercantiles, se puede convocar una junta general de socios o accionistas donde los administradores propongan la inactividad y los socios o accionistas decidan al respecto. No obstante, hay que señalar que la decisión de dejar inactiva una sociedad no puede tener carácter permanente, de hecho no puede ir más allá de un año, según lo que establece la Ley de Sociedades de Capital. En concreto, su artículo 363.1 a) señala como la sociedad de capital deberá disolverse “por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año”. Esta causa legal de disolución debe ser tenida muy en cuenta por los administradores, quienes desde el momento en el que se cumple el año de inactividad cuentan con dos meses para convocar la junta general de socios o accionistas en la que se adopte, en su caso, el acuerdo de disolución. Si los administradores incumplen esta obligación, pasan a responder solidariamente de las obligaciones contraídas por la sociedad a partir de dicha fecha.

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Desde el punto de vista de las facturas, durante el período que dure su inactividad el cliente como es lógico no podrá emitir ningún tipo de factura de venta. Y si lo analizamos desde el punto de vista del proveedor, la empresa inactiva tampoco podrá recibir facturas de proveedores que no estuvieran pendientes antes del momento de cese de la actividad. Si las recibiera, no serían deducibles. Por tanto, lo aconsejable si tienes un cliente inactivo es paralizar tus ventas al mismo durante el tiempo que dure su inactividad. No siempre es sencillo saber si el cliente está o no inactivo, de ahí que ante la duda sea recomendable consultar a empresas especializadas en suministrar información de tipo comercial.

Derechos básicos de los clientes bancarios

Mario Cantalapiedra – Economista

El Banco de España reconoce a los clientes bancarios una serie de derechos básicos que se pueden dividir según cuál sea el momento de relación con la entidad financiera (antes de contratar con ella, en el momento de firmar el contrato y después de hacerlo).

Antes de contratar los clientes bancarios tienen derecho a:

  • Recibir información sobre comisiones bancarias y gastos que el banco les pueda cobrar, debiendo saber que no han de soportar ningún coste por servicios no solicitados o aceptados. En este sentido, contratar un producto bancario relativamente simple como puede ser una cuenta corriente implica un buen número de comisiones que se podrán cobrar, por lo que hay que leer bien la letra pequeña antes de firmar.
  • Recibir información sobre los tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisas o de billetes extranjeros cuyo importe no supere la cantidad de 3.000 euros.
  • Obtener de forma gratuita ofertas vinculantes de la entidad en préstamos hipotecarios sobre viviendas, en subrogaciones hipotecarias por cambio de entidad y en créditos al consumo.
  • Conocer los modelos de contrato de las operaciones o productos ofrecidos.
  • Recibir toda la información necesaria para entender bien la operación o producto ofertado. La información deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa.

En el momento de contratar los clientes bancarios tienen derecho a:

  • Recibir un ejemplar del documento contractual en el que se formalice el servicio recibido.

Por último, después de contratar con el banco los clientes tienen derecho a:

  • Recibir los extractos y los documentos de liquidación de intereses y comisiones bancarias para las operaciones no consideradas de pago. Por su parte, en las operaciones de pago es obligatorio proporcionar determinada información tanto para operaciones singulares (aquellas que no están cubiertas por un contrato marco), como para las vinculadas a contratos marco. Por ejemplo, se ha de informar de la especificación del IBAN como identificador único de las cuentas bancarias, o del plazo máximo de ejecución que tendrá el servicio de pago ofertado.
  • Recibir información previa sobre los cambios que decida el banco sobre tipos de interés, comisiones bancarias y gastos de las operaciones que les afecten.
  • Disponer de un procedimiento para resolver sus reclamaciones, quejas y consultas, en caso de no estar de acuerdo con la entidad financiera en las operaciones que les afecten, o ante cualquier duda que les pueda surgir.

 

 

¿Cuáles son los 5 aspectos de un informe financiero que considera más relevantes para la gestión del riesgo ?

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Selecciones los 5 datos que considera más relevantes para la gestión del riesgo en un informe financiero

 – Crédito máximo asumible por la empresa
 – Predicción, a 12 meses, de probabilidad de impago de la empresa
 – Información de Administradores y vinculaciones
 – Directivos Funcionales
 – Incidencias de pago
 – RAI – Registro de aceptaciones Impagadas
 – Información Financiera (Balances y PyG) última depositada
 – Información Investigada (Clientes,Proveedores, Bancos, Activa o Inactiva, etc.)
 – Informes de las instalaciones (fotos,estado,situación actividad, etc.)
 – Descargar Cuentas Anuales e Informe de Auditoría y de Gestión
 – Comparativas sectoriales
 – Alertas de cambios en la información
 – Recortes de prensa de la empresa
 – Accionistas y Empresas Participadas
 – Información de Contacto (dirección, Teléfono, CIF, etc.)