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Aumentan los concursos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los deudores concursados en España en el primer trimestre de 2019 ascendieron a 1.648, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Es el peor dato registrado desde el cuarto trimestre de 2014 cuando se alcanzaron los 1.746 concursos.

El concurso es un procedimiento de tipo judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, con el que se pretende lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa o, en su caso, la recuperación de la persona física.

Del total de concursos registrados en el primer trimestre, 1.147 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 69,6 por ciento del total, mientas que 501 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone 30,4 por ciento restante.

En función del tipo de concurso, la mayor parte (1.558) de los registrados en el primer trimestre de 2019 fueron voluntarios, es decir, solicitados por las propias personas físicas o jurídicas, mientras que solamente 90 concursos fueron necesarios o, lo que es lo mismo, solicitados por los acreedores.

Por comunidades autónomas, el 32,6 por ciento de los concursos (538) correspondieron a Cataluña, seguida por la Comunidad de Madrid, con el 14,5 por ciento (239). Prácticamente uno de cada dos concursos que se producen en España se hace en una de estas dos comunidades. Según informa el INE, Extremadura presenta el mayor descenso anual de concursos en el primer trimestre (- 42,1 por ciento), mientras que Illes Balears sufre el mayor aumento (92,6 por ciento).

En cuanto a la actividad económica se refiere, el 26,1 por ciento de las empresas concursadas tienen como actividad principal el comercio, siendo el sector de resto de servicios el segundo en importancia con el 14,1 por ciento de los concursos.

Por tramos de facturación, la mayor parte de las empresas concursadas (el 32,9 por ciento) se encuentran en el tramo más bajo de volumen de negocio de los que distingue el INE, en concreto, en el que se encuentran las empresas que facturan hasta 250.000 euros. La mayor parte de estas empresas concursadas de baja facturación son sociedades de responsabilidad limitada.

Evolución del número de deudores concursados en España

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Fuente: INE (datos definitivos hasta 2.º trimestre de 2018).

Disminución del número de concursos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los deudores concursados en España en el tercer trimestre de 2018 ascendieron a 1.079 según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de la información de los boletines judiciales que rellenan los Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia mercantil. Este dato representa una disminución del 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El concurso es un procedimiento de tipo judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente. En este sentido, según el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, “se encuentra en insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”. Con el concurso se trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa o, en su caso, la recuperación de la persona física.

Del total de deudores concursados en el tercer trimestre, 778 correspondieron a empresas (72,1 por ciento), mientras que 301 fueron de personas físicas sin actividad empresarial (27,9 por ciento). Por tipo de concurso, el 92,9 por ciento del total (1.002) fueron de tipo voluntario (solicitados por las propias personas físicas o jurídicas deudoras), y el restante 7,1 por ciento (77) fueron de tipo necesario (solicitados por los acreedores).

Los datos por comunidades autónomas señalan que Cataluña encabezó el número de concursos en el tercer trimestre de 2018 con el 28 por ciento (302), seguida por la Comunidad de Madrid con el 16,9 por ciento (182), por lo que casi uno de cada dos concursos que se presentan en España se origina en una de estas dos comunidades autónomas. En términos de variación anual, Extremadura presenta el mayor descenso en el número de deudores concursados con una caída del 69,2 por ciento, mientras que el mayor aumento se produjo en el Principado de Asturias con un 88,9 por ciento más de concursos.

Por actividad económica, el 23,8 por ciento de las empresas concursadas tienen como actividad principal el comercio, siendo la construcción el segundo sector en importancia con el 15,8 por ciento de los concursos.

 

Evolución del número de deudores concursados en EspañaFuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2018).

 

Nueve de cada diez concursos de acreedores en España acaban en liquidación

Mario Cantalapiedra – Economista

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, previsto para gestionar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, que trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como, en el caso fundamentalmente de las empresas, asegurar la continuidad de su actividad económica.

No obstante, los datos existentes parecen apuntar que el concurso de acreedores en España lo que supone es un enterramiento de las compañías afectadas. Así lo confirma una reciente encuesta de coyuntura sobre la evolución de estos procesos concursales efectuada entre los meses de abril y agosto de 2018 a un panel de expertos pertenecientes al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).  Para este panel de auditores el 90 por ciento de los concursos de acreedores acaban en liquidación y cerca de un 70 por ciento concluyen porque no hay activos para liquidar y pagar a los acreedores. Opinan que las empresas que entran en concurso probablemente lo hacen demasiado tarde, haciendo casi imposible revertir la situación de crisis en la que han entrado.

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Actualmente el concurso de acreedores puede ser solicitado directamente por el propio deudor (concurso voluntario) o por uno de sus acreedores (concurso necesario), cuando la persona física o jurídica deudora no puede cumplir con regularidad sus obligaciones de pago (estado de insolvencia). También lo puede solicitar el mediador concursal ante la imposibilidad de que se alcance, se incumpla o se anule un acuerdo extrajudicial de pagos. Este tipo de acuerdo, introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, persigue que un experto en la materia (mediador concursal) elabore un plan de pagos viable en el que se puedan incluir quitas (donde los acreedores renuncian a parte de la deuda para cobrar el resto y que pueden ser de hasta el 25 por ciento de la deuda) y pagos aplazados (que pueden llegar hasta los 3 años) que permitan el mantenimiento de la actividad del empresario deudor. El procedimiento fracasa cuando no se alcanza un acuerdo o cuando el mediador constata el incumplimiento, en cuyo caso sirve de tránsito a un concurso más sencillo que se denomina concurso consecutivo, el cual será voluntario si su declaración es solicitada por el deudor, y necesario si lo solicitan los acreedores o el mediador concursal.

Una medida a arbitrar para evitar que las empresas lleguen demasiado tarde al concurso podría ser la de incluir al Registro Mercantil entre los sujetos legitimados para solicitar su declaración, puesto que al tener información económica y financiera actualizada de las empresas puede tener conocimiento de su situación de crisis.

Foto: stevepb

Menos concursos de empresas y más de personas físicas

Mario Cantalapiedra – Economista

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que está previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una empresa (o también de una persona física sin actividad empresarial) insolvente, es decir, que no puede atender con regularidad sus compromisos de pago. El concurso trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa (o la recuperación de la persona física). Puede ser solicitado por el propio deudor, originando lo que se denomina concurso “voluntario”, o por alguno de sus acreedores dando lugar a un concurso “necesario”.

A este respecto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos referentes a deudores concursados en el primer trimestre de 2018 en España, con información obtenida a partir de los boletines judiciales que rellenan los Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia mercantil. Destaca la cifra de 1.457 concursados durante dicho primer trimestre, de los cuales 1.066 corresponden a empresas y 391 a personas físicas sin actividad empresarial. La buena noticia es que, en tasa anual, el número total de concursos disminuye un 1,3 por ciento, sin embargo, hay un comportamiento dispar entre concursos de empresas (que disminuyen el 3,4 por ciento) y de personas físicas sin actividad empresarial (que aumentan el 5,1 por ciento).

En cuanto al tipo de concurso, el 94,1 por ciento del total (1.371) son de tipo voluntario, de tal modo que solamente en un 5,9 por ciento de los casos (86) el concurso fue solicitado por los acreedores.

En lo referente a comunidades autónomas, Cataluña concentra el mayor número de concursos con el 30,2 por ciento del total (440), seguida a bastante distancia por la Comunidad de Madrid, con un 14,6 por ciento (213).

Por último, un dato que considero interesante destacar es el que hace referencia a la antigüedad de las empresas concursadas. El mayor porcentaje se da entre aquellas que tienen de 5 a 8 años (no entre las más recientes como alguno pudiera pensar), seguidas por las empresas más recientes (hasta 4 años) y las más antiguas (20 años o más), que comparten el porcentaje del 20,5 por ciento. En el cuadro adjunto puedes ver el detalle de la clasificación por antigüedad.

Empresas concursadas por antigüedad. 1º trimestre 20181

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.

El preconcurso de acreedores de Abengoa y las pymes afectadas

Mario Cantalapiedra – Economista

Ayer saltaba la noticia de que la multinacional española de ingeniería y energías renovables Abengoa, había comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de solicitar el preconcurso de acreedores, al amparo del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Por este artículo, Abengoa lo que hace es poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso, que ha iniciado negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en dicha Ley.

Desde que Abengoa presente dicha comunicación, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de los bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de su actividad empresarial. Por tanto, lo que hace con la comunicación al juzgado es blindarse ante sus acreedores. Esta situación de protección continuará hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

  • Se formalice el acuerdo de refinanciación.
  • Se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación.
  • Se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio.
  • Tenga lugar la declaración de concurso.

No obstante, Abengoa tiene un límite temporal para negociar con sus acreedores en la situación de preconcurso. En concreto, cuenta con tres meses, desde que presente la comunicación al juzgado, para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio. Una vez que finalice este período, tiene otro mes más para solicitar la declaración de concurso.

De no conseguirse el acuerdo, y tal como han informado distintos medios de comunicación, nos enfrentamos al mayor concurso de acreedores de la historia de España, con un pasivo total que supera los 27.000 millones de euros. En un momento en que el número de concursos se venían reduciendo de manera progresiva en nuestro país, es muy mala noticia. Yo que en su día sufrí muy de cerca la suspensión de pagos de Huarte, estoy pensando, más allá de las entidades financieras que se pueden ver afectadas y de las que todo el mundo habla, en las pymes a las que puede arrastrar el concurso de Abengoa.

Evolución de las principales magnitudes del Grupo Abengoa

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Fuente: Insight View

¿Debo seguir vendiendo a un cliente declarado en concurso de acreedores?

Mario Cantalapiedra – Economista

En ocasiones una empresa que es viable desde un punto de vista operativo, es decir, tiene capacidad para generar beneficios con el negocio que desarrolla, se encuentra con que no puede afrontar con regularidad el pago de las deudas que ha contraído con sus acreedores. Es en ese momento cuando el empresario se enfrenta al dilema de liquidar la compañía o tratar de sanearla financieramente, buscando una continuidad de la actividad. Precisamente el concurso de acreedores es el procedimiento judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, que trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa, o, en su caso, la recuperación de la persona física para que pueda tener una segunda oportunidad. Es un procedimiento que viene a sustituir a la antigua quiebra y suspensión de pagos, el cual puede ser solicitado por el propio deudor o por alguno de sus acreedores, cuando la persona física o jurídica no puede cumplir regularmente sus obligaciones de pago.

Una empresa que conoce que uno de sus clientes es declarado en concurso de acreedores se enfrenta a un riesgo que es preciso gestionar con extremo cuidado. Por un lado, habrá de trabajar con la deuda ya comprometida, es decir, las facturas de venta emitidas al cliente y que todavía no han sido cobradas. Por otro lado, habrá de estudiar la conveniencia o no de seguir vendiéndole. En el primer caso, es fundamental que la empresa acreedora se asegure de que sus facturas pendientes de pago son incluidas en lo que se denomina masa pasiva del concurso o conjunto de deudas contraídas por el cliente, para lo que habrá de comunicarlas en plazo y realizar el oportuno seguimiento. En la segunda cuestión, en principio es posible seguir vendiendo al cliente en concurso, eso sí, previa autorización de la administración concursal designada. No es una decisión sencilla de tomar y en ella la empresa acreedora debe valorar si cortar el suministro al cliente puede suponer paralizar su actividad y, por tanto, las posibilidades de que genere beneficios, perdiéndole definitivamente. En cualquier caso, desde el momento en que se conoce la declaración del concurso, es recomendable contar con la colaboración de un asesor jurídico en los diferentes pasos que se emprendan.

La reforma de la figura del administrador concursal

Mario Cantalapiedra – Economista

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, sirven para anticipar la nueva regulación que tendrán los administradores concursales en España. Fundamentalmente la reforma afecta a esta figura en los tres ámbitos siguientes:

1. Se establecen las directrices que tendrá el nuevo sistema de requisitos para ejercer como administrador concursal, tratando de asegurar aptitudes y conocimientos suficientes. Destaca como novedad la posibilidad de exigir la superación de pruebas o cursos específicos y la creación de una sección cuarta de administradores concursales y auxiliares delegados en el Registro Público Concursal, donde deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos que se exijan, especificando el ámbito territorial en el que estén dispuestas a ejercer como administradores concursales.

2. Se reforma el sistema de designación de los administradores concursales, cuyo funcionamiento será regulado mediante desarrollo reglamentario. Se establecen como pilares de este nuevo sistema la sección cuarta del Registro Público Concursal, que sustituye a las actuales listas en los decanatos de los juzgados y la clasificación de los concursos en función de su tamaño, distinguiendo entre pequeño, mediano y grande. Esta clasificación pretende aproximar, a través del tamaño, la complejidad que cabe esperar que revista el concurso para poder modular los requisitos exigidos al administrador concursal y la discrecionalidad con la que el juez puede nombrarlo. De este modo, en los concursos de gran tamaño, el juez, de manera motivada, podrá designar a un administrador concursal distinto del que corresponda al turno correlativo cuando considere que el perfil del administrador alternativo se adecua mejor a las características del concurso. Asimismo el Grupo Popular propone incluir un nuevo artículo que detalle las funciones de los administradores (de carácter procesal, propias del deudor o de sus órganos de administración, en materia laboral, etcétera).

3. Se introducen modificaciones en los principios rectores de la remuneración de los administradores concursales, asunto que tanta polémica ha generado últimamente en nuestro país. Se incorpora el principio de eficiencia, que pretende asegurar que la remuneración de la administración concursal tenga en cuenta la calidad y los resultados de su trabajo. De este modo, se persigue que el arancel no solo sea un mecanismo de retribución, sino también un mecanismo de incentivos que fomente la calidad, la diligencia y la agilidad de la administración concursal.

Nuevo formulario para comunicar la declaración de concurso a la Agencia Tributaria

Mario Cantalapiedra – Economista

Desde el pasado 12 de julio se encuentra disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria el nuevo formulario de comunicación de la declaración de concurso por parte de los administradores concursales, el cual se establece con el fin de cumplir el mandato establecido por el artículo 21.4 de la Ley concursal, en la redacción dada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, vigente desde el 1 de enero de 2012 y que recoge lo siguiente:

La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio consten en la documentación que obre en autos, informando de la declaración de concurso y del deber de comunicar los créditos en la forma establecida por la ley.

La comunicación se efectuará por medios telemáticos, informáticos o electrónicos cuando conste la dirección electrónica del acreedor.

La comunicación se dirigirá por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras. Igualmente se comunicará a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento como parte”.

El formulario previsto por la Agencia Tributaria permite comunicar los mismos datos que figuran en el extracto de publicación del concurso en el BOE a que se refiere la Ley concursal en su artículo 23.1 (NIF del concursado, juzgado competente, número de autos, etcétera). Para desplegarlo y para su firma y envío, el administrador concursal, o su representante, deberá identificarse mediante alguno de los certificados que son admitidos para realizar trámites en su sede electrónica por la Agencia. De este modo, si es persona física, deberá presentar el formulario con su certificado personal, mientras que si es persona jurídica, deberá hacerlo con el certificado de persona jurídica. El formulario se estructura en cuatro grandes bloques de información que permiten grabar los datos relativos a la administración concursal, al concursado, al juzgado competente y al procedimiento de concurso. Además, es posible adjuntar como documentos anexos el auto de declaración de concurso y la credencial del administrador concursal. Debe quedar claro que la obligación establecida por el artículo 21 de la Ley concursal, solamente se entenderá cumplida si el administrador concursal presenta el formulario por vía telemática en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

La consulta pública de las situaciones concursales

Mario Cantalapiedra – Economista

Si estás preocupado por conocer si alguna persona o empresa con la que te relacionas económicamente se encuentra en situación de concurso, debes saber que existe una web donde puedes realizar esta consulta de un modo gratuito, en concreto, a través del denominado Registro de Resoluciones Concursales, el cual es gestionado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España bajo la dependencia del Ministerio de Justicia español y está previsto por el artículo 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal que desarrolla su reglamento aprobado por el Real Decreto 685/2005, de 10 de junio.

Este Registro, de carácter público, constituye el sistema de publicidad legal en internet de situaciones concursales y tiene por objeto principal asegurar la “publicidad-noticia” o meramente informativa de las resoluciones judiciales más relevantes y relativas a todo tipo y forma jurídica de concursados. Además constituye una plataforma informativa pública de estadística concursal y contiene una sección especial en la que se publican edictos concursales para que sean conocidos por los interesados.

El Registro de Resoluciones Concursales está dividido en tres secciones, en la primera de las cuales se recoge información sobre las resoluciones judiciales relativas a todo tipo de concursados, tales como la providencia de admisión a trámite de la solicitud de declaración del estado de suspensión de pagos, el auto de declaración del estado de suspensión de pagos, la declaración de insolvencia definitiva o el acuerdo del Juez que declara legalmente concluido el expediente por no haber concurrido a la Junta el número mínimo de acreedores necesario. En la segunda, se informa de las personas afectadas por las sentencias que califican el concurso como culpable así como, en su caso, de las declaradas cómplices. Y en la tercera y última, se informa del nombramiento y cese por cualquier causa de los administradores concursales y de los auxiliares delegados por orden alfabético de nombres o denominaciones.

Salvo en aquellos casos en los que la información esté reservada a órganos jurisdiccionales como, por ejemplo, las sentencias de calificación que no sean firmes, el Registro es de acceso público y gratuito sin que se requiera justificar o manifestar interés legítimo alguno, ya que se presume en el solicitante de la información. Para consultar la información, no es necesario registrarse ni facilitar ningún dato de tipo personal, salvo que se desee recibir la información vía correo electrónico.

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