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Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 1)

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado martes 31 de marzo impartí el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” al que asistieron representantes de alrededor de 300 pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión traté de analizar los principales cambios que en la gestión financiera de las empresas nos está obligando a realizar la crisis del coronavirus, y de aportar algún consejo práctico que nos permita anticiparnos a los problemas de liquidez. En cuanto a las medidas emprendidas por el Gobierno, sobre todo hice referencia a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a los aplazamientos de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social que se han previsto.

Tal como comenté a los asistentes al webinar, deseo compartir en el blog las cuestiones analizadas que considero más reseñables, y aclarar algún aspecto que pudo quedar pendiente.

Cambios en la gestión financiera

En lo referente a los cambios en la gestión financiera de la empresa, entendiendo que esta consiste en adecuar las corrientes de cobros y pagos garantizando el nivel de liquidez necesario para el normal desarrollo de la actividad, considero que en este momento es fundamental:

  • Incidir en la reducción de costes, eliminando todo aquello que no se considere imprescindible y planteando la subcontrata de elementos no esenciales que permitan liberar recursos.
  • Asegurar la liquidez ajustando activos y pasivos a corto, por ejemplo, reduciendo los plazos en almacén y de cobro a clientes, incrementando los de pago a proveedores, o aplazando impuestos y cotizaciones sociales
  • Dar una importancia fundamental al control presupuestario que inclusive nos lleve a calcular el presupuesto de tesorería semanalmente y a tenerlo permanentemente actualizado.

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

En primer lugar, comentar que las características de esta línea ya se encuentran publicadas en la web del ICO. Y en cuanto a las dudas que surgieron sobre ella en el webinar, señalar lo siguiente:

  • Aunque el importe previsto por el Gobierno alcanza los 100.000 millones de euros, realmente solo se han activado 20.000, de los cuales 10.000 van destinados a avalar préstamos y renovaciones que soliciten pymes y autónomos. Esta cantidad en mi opinión no será suficiente ante la generalización de problemas de liquidez que tienen las pymes y las informaciones sobre su demanda que me están llegando, por lo que estimo que habrá de ser aumentada.
  • El plazo de la operación puede ser hasta un máximo de 5 años con 12 meses de carencia en la devolución del capital.
  • El Estado garantiza para el caso de las pymes el 80 por ciento del principal de la operación (no garantiza ni el pago de intereses ni de comisiones).
  • El coste del aval estatal es asumido por las entidades financieras.
  • Los solicitantes no han de figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. Tampoco pueden estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
  • No es necesario que el empresario haya cesado la actividad para solicitar el préstamo que es avalado por el Estado.
  • La línea está prevista para empresas de cualquier sector de actividad que tengan hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o un total de activo inferior a 43 millones de euros.
  • Está disponible para operaciones suscritas desde el 18 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta que se agoten los fondos previstos por el Gobierno.
  • Aunque el ICO no lo señala la previsión es que los bancos ofrezcan los préstamos a tipo fijo (al ser operaciones a largo plazo, así se aseguran de conocer de antemano el interés que percibirán). En cualquier caso, las entidades financieras tienen la obligación de garantizar que los costes de estos préstamos para las empresas se mantendrán en línea con los que les cobraban antes del inicio de la crisis del coronavirus.

La crisis del “coronavirus” lleva a que empresas cotizadas celebren sus juntas por vía telemática

Mario Cantalapiedra – Economista

Las circunstancias excepcionales que vivimos con la crisis del coronavirus han llevado a que el Gobierno, al igual que en otros ámbitos, también flexibilice la celebración de las juntas generales de las sociedades cotizadas.

De este modo, el artículo 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, ahora permite que las sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea, puedan celebrar su junta general ordinaria de accionistas dentro de los 10 primeros meses de 2020, por lo que el mes de octubre es el nuevo límite que tienen para celebrarla. De igual modo, se permite que el consejo de administración de la sociedad cotizada prevea en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, así como su celebración en cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en los estatutos sociales.

En referencia a este tema, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el pasado 10 de marzo las siguientes consideraciones:

1. Se considera muy razonable en las actuales circunstancias, y acorde con las normas de derecho societario, estimular cuanto sea posible la asistencia de los accionistas a la junta general por representación en lugar de presencialmente. Se estima igualmente razonable maximizar la utilización de mecanismos de asistencia remota y voto a distancia de los accionistas, incluyendo mediante sistemas de telepresencia o conexión telemática en tiempo real o cualquier otro medio previsto en los estatutos o en el reglamento de la junta general de accionistas. Si estos medios están disponibles y resultan efectivos, puede incluso ser factible una junta general íntegramente telemática.

En este sentido, diversas compañías cotizadas han decidido no cursar este año invitaciones para asistir a empleados, proveedores y otras personas no accionistas, así como suprimir actividades sociales e incentivos menores que tradicionalmente fomentan la asistencia de accionistas o de invitados (cóctel o recepción previa o posterior, entrega de pequeños obsequios con ocasión de la junta, etc.).

2. La CNMV entiende que en las circunstancias actuales debe reconocerse el máximo margen de flexibilidad a los consejos de administración de las compañías cotizadas para adoptar medidas y soluciones que contribuyan a preservar la salud de las personas y a evitar la propagación del virus, aunque no estén expresamente contempladas en los estatutos, el reglamento de la junta o en las convocatorias realizadas, siempre que se garantice de modo efectivo el ejercicio de los derechos de información, asistencia y voto de los accionistas y la igualdad de trato entre aquellos que se hallen en la misma posición.

Por ejemplo, se considera razonable posibilitar la asistencia telefónica o por videoconferencia de los administradores u otras personas obligadas a estar presentes en la junta general que, por motivos de salud o eventuales restricciones de viaje, no puedan asistir personalmente”.

Mientras algunas empresas cotizadas han aplazado de momento la celebración de sus juntas, otras como Iberdrola o Ence han decidido hacerlas ya por vía telemática.

Flexibilización de los plazos de las cuentas anuales en España por el “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

La pregunta que me hacía en el post anterior sobre la posibilidad de que el Gobierno español retrasara el plazo de depósito de cuentas anuales debido a la crisis del coronavirus ya tiene respuesta, y esta es afirmativa.

De este modo, con respecto a las cuentas anuales se ha decidido flexibilizar sus plazos de formulación, auditoría, celebración de la junta general ordinaria en las que deben ser aprobadas y depósito en el Registro Mercantil. Y todo ello teniendo en cuenta la fecha de finalización del estado de alarma, que actualmente es el domingo 29 de marzo, pero que seguramente habrá de ser prorrogada.

En concreto, dentro del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17  de marzo, dedicado a establecer medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado, podemos leer lo siguiente:

3. El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. 

4. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

5. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales”.

Teniendo en cuenta el plazo actual del estado de alarma, los administradores de las sociedades mercantiles tendrán hasta finales de junio para formular las cuentas anuales, mientras que la junta general tendrá de plazo hasta finales de septiembre para aprobarlas. Por tanto, si el depósito en el Registro de Mercantil ha de realizarse en los 30 días naturales después de la aprobación, de momento las empresas podrán depositar sus cuentas del pasado ejercicio hasta finales de octubre de 2020. Las previsibles prórrogas del estado de alarma llevarían a que estos plazos aumentaran.

¿Podría retrasarse el plazo de depósito de cuentas anuales por el “coronavirus”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus está haciendo que se tambaleen las estructuras de las empresas, especialmente las de pequeñas y medianas que están sufriendo una situación que de prolongarse en el tiempo puede comprometer su viabilidad. En este escenario más propio de una película de ficción que de la realidad, toda ayuda que se preste a los segmentos más débiles del tejido empresarial puede parecer poca.

Y si bien es cierto que jamás puede venir bien una crisis de este tipo, en este caso además coincide con fechas especialmente sensibles para las empresas. Además de continuar con su actividad en medio de la incertidumbre y la parálisis de muchos sectores, se enfrentan en las próximas semanas a trámites mercantiles tales como la formulación de las cuentas anuales por parte de los administradores o la legalización de libros oficiales, que suelen ser más complejos para las empresas pequeñas.

En concreto, los administradores deben formular las cuentas anuales del pasado ejercicio antes de que finalice marzo (en el supuesto de cierre de ejercicio a 31 de diciembre de 2019). Asimismo, tienen de plazo para legalizar sus libros oficiales, en el mismo supuesto de cierre con el año natural, hasta el 30 de abril de 2020. Estos libros recuerdo que son los siguientes:

  • Libro de inventarios y Cuentas anuales.
  • Libro Diario.
  • Libro de actas de las Juntas generales y de los órganos colegiados de la sociedad.
  • Libro Registro de Acciones Nominativas (sociedades anónimas).
  • Libro Registro de Socios (sociedades de responsabilidad limitada).
  • Libro Registro de contratos (sociedades unipersonales).

Lo cierto es que muchas empresas suelen aplazar estos trámites para hacerlos coincidir con el depósito de cuentas anuales, en la confianza de que no les supondrá sanción alguna sino únicamente una reseña por parte del Registrador (en base a lo dispuesto en el artículo 333 del Registro Mercantil).

No obstante, los plazos para la aprobación de las cuentas anuales por la Junta (seis meses después de la fecha de cierre) y de depósito (30 días naturales desde dicha aprobación), es muy probable que también se vean afectados por la situación excepcional que vivimos. Por lo que se me ocurre, al igual que ya se ha solicitado desde ámbitos tales como la delegación de CEOE-CEPYME en Guadalajara, que entre las medidas a arbitrar por el Gobierno español se incluya este año un retraso en el plazo de depósito de las cuentas anuales. En concreto, para las de 2019, este trámite se podría retrasar hasta septiembre u octubre. Como decía al principio, toda ayuda que se preste a las empresas más modestas puede parecer poca.