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Información básica para el cliente en las plataformas de “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

Como se comenta en el preámbulo de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, la inversión en los proyectos que ofrecen las plataformas de financiación participativa o crowdfunding es intrínsecamente arriesgada, tanto porque el promotor que solicita la financiación puede ser incapaz de devolver o remunerar el dinero recibido, como porque la plataforma no garantiza en ningún momento la solvencia del promotor. En este sentido, la normativa legal proporciona una serie de herramientas que tratan de mitigar y gestionar el riesgo de esta inversión, entre las que se encuentran las obligaciones de información a las que quedan sujetas las plataformas.

En este ámbito destaca los cuatro elementos siguientes sobre los que las plataformas deben informar, en términos breves y sencillos, y en un lugar destacado de su página web de inicio, bajo un epígrafe denominado “Información básica para el cliente”:

  • Advertencia de los riesgos que implica para los inversores la participación en préstamos (crowdlending), o la suscripción de las acciones, participaciones u otros valores representativos de capital (crowdinvesting) y obligaciones a través de la plataforma y, en todo caso, los riesgos de pérdida total o parcial del capital invertido, de no obtener el rendimiento dinerario esperado y de falta de liquidez de la inversión. En el caso de financiación mediante emisión de acciones, se deberá informar además del riesgo de dilución de la participación en la sociedad (es decir, de reducción del porcentaje de participación en el capital por la entrada de nuevos socios), del riesgo de no recibir dividendos y del riesgo de no poder influir en la gestión de la sociedad. Si la inversión es en participaciones sociales u otros valores representativos del capital, además de informar sobre los tres elementos anteriores (dilución, dividendos y gestión), habrá que hacerlo sobre las restricciones a la libre transmisibilidad inherentes a su régimen jurídico.
  • Advertencia de que la plataforma no es una empresa de servicios de inversión, ni una entidad de crédito y de que no está adherida a ningún fondo de garantía de inversiones o fondo de garantía de depósitos.
  • Advertencia de que los proyectos de financiación participativa no son objeto de autorización, supervisión ni revisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni por el Banco de España (BdE).
  • Tarifas aplicadas a inversores y promotores, procedimiento de contratación y forma de facturación.

 

 

El registro oficial de plataformas de “crowdfunding” de la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, las plataformas de financiación participativa o crowdfunding, es decir, aquellas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, deben estar autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e inscritas en un registro especial.

Es un registro al que le está costando arrancar y me consta que más de una plataforma se encuentra atorada entre trámites administrativos intentando ser inscrita. No obstante, en el momento en que elaboro el post, cuenta ya con seis plataformas registradas de las que se pueden consultar los siguientes datos:

1. Número de registro oficial.

2. Fecha de registro.

3. Denominación social.

4. Página web.

5. Domicilio social.

6. Socios con participación significativa (por encima del 10 por ciento).

7. Administradores.

8. Tipo de entidad, en función de cuál sea la fórmula utilizada para captar la financiación, lo que da lugar a las siguientes clases de plataformas:

  • De valores negociables, como acciones (entraría dentro del concepto de crowdfunding de inversión o crowdinvesting, donde los inversores entregan dinero a una empresa a cambio de una participación en su capital, estando ligada la rentabilidad de la inversión al éxito futuro de la compañía) u obligaciones.
  • De participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (igualmente correspondería al crowdinvesting).
  • De préstamos (lo que se conoce como crowdlending, donde los inversores eligen un proyecto al que prestan dinero, a cambio de un tipo de interés).

El registro, que ha de servir para dar más confianza a los inversores, actualmente cuenta con tres plataformas de crowdinvesting y otras tres de crowdlending, como puedes ver en el cuadro siguiente.

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)

imagen1

Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

Depósitos no garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) en España, garantiza hasta 100.000 euros los depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), así como los valores u otros instrumentos financieros confiados a dichas entidades, también con el límite de 100.000 euros. Ambas garantías son distintas y compatibles, y se ofrecen por titular y entidad de crédito.

No obstante, conviene conocer que hay una serie de depósitos que no están garantizados por el FGD. En primer lugar, no se garantizan los depósitos realizados por los siguientes sujetos y entidades financieras:

  • Otras entidades de crédito por cuenta propia y en su propio nombre.
  • Sociedades y agencias de valores.
  • Entidades aseguradoras.
  • Sociedades de inversión mobiliaria.
  • Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, así como las sociedades gestoras de fondos de pensiones, de los fondos de titulización y de capital riesgo y los depósitos de las entidades que gestionan.
  • Sociedades gestoras de cartera.
  • Sociedades de capital riesgo y sus correspondientes sociedades gestoras.
  • Entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones.
  • Entidades que ejerzan las actividades típicas de las anteriores, así como cualquier otra entidad financiera sometida a supervisión prudencial.

Tampoco están garantizados los siguientes depósitos:

  • Valores representativos de deudas emitidos por la entidad de crédito, incluso los pagarés y efectos negociables.
  • Certificados de depósito al portador, cesiones temporales de activos y financiaciones con cláusula de subordinación.
  • Depósitos constituidos por empresas pertenecientes al mismo grupo económico que la entidad de crédito.
  • Depósitos constituidos por las Administraciones Públicas.
  • Depósitos constituidos por quienes ostenten cargos de administración o dirección en la entidad que origine la actuación del FGD, por las personas que tengan una participación significativa en el capital de la entidad, o una participación en empresas de su grupo económico, así como por los cónyuges y familiares en primer grado de unos y otros.
  • Depósitos constituidos con quebrantamiento de las disposiciones vigentes, en particular, los originados en operaciones en relación con las cuales haya habido una condena penal por delitos resultantes de operaciones de blanqueo de capitales.
  • Depósitos constituidos por clientes que hayan obtenido, a título personal, condiciones financieras que hayan contribuido a agravar la situación de la entidad, siempre que tal circunstancia haya sido determinada por sentencia firme.

Un tema interesante es el que hace referencia a si el dinero invertido a través de las plataformas de financiación participativa (crowdfunding), en las que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que aporta, está cubierto por el FGD. La respuesta es que “no”, puesto que estas plataformas intermedian entre inversores y promotores pero no son entidades de crédito, por tanto, no están adheridas al mismo. De hecho, se encuentran obligadas por Ley a advertirlo en su página web.

La mejora de los datos macro todavía no llega al taller de Juan

Mario Cantalapiedra – Economista

Termina el año y, como ya es tradicional, aprovecho para repasar contigo algunos de los contenidos tratados en el blog durante los últimos 12 meses. En este período, me he referido a cuestiones tradicionales relacionadas con las cuentas anuales o las provisiones contables, y a temas más novedosos como la inteligencia de negocio o el fenómeno fintech. Por supuesto, también he hablado de morosidad. Las seis entradas siguientes son ejemplos de estos temas:

  • Las cuentas anuales que han de presentar las empresas en el Registro Mercantil deben ser formuladas atendiendo a una serie de requisitos, los cuales fueron repasados al comienzo de año.
  • La necesidad de aplicar soluciones innovadoras parece alcanzar también al mundo de la gestión del riesgo de crédito comercial. Compartir información entre las distintas áreas de la empresa para lograr una mejor gestión de los clientes, resulta más sencillo si se utilizan las nuevas herramientas de inteligencia de negocio, a las que me referí en marzo.
  • España se ha sumado este año a los países que regulan la financiación participativa a través de plataformas de Internet o crowdfunding, aunque eso sí, únicamente en la modalidad de inversión en la que se percibe un rendimiento dinerario por los fondos aportados.
  • Precisamente el crowdfunding se une a otros negocios financieros de reciente aparición, basados en la utilización de las nuevas tecnologías, para configurar el fenómeno fintech. A mitad de año me preguntaba cómo podría reaccionar la banca tradicional ante estos nuevos competidores.
  • Puesto que las provisiones contables son elementos que pueden distorsionar el resultado de una empresa, es importante que al analizar una compañía externamente, se traten de conocer los criterios seguidos al dotarlas.
  • Y, cómo te decía, en el blog también he hablado de morosidad. En este sentido, las noticias no son buenas y los plazos de pago entre empresas siguen estando muy alejados de los 60 días que marca la legislación vigente. Pasan los años y en este ámbito no hay mejora.

Te preguntarás a qué hace referencia el título de este post. Pues bueno, resume un poco mi sensación con respecto la situación económica al finalizar el año. Los datos macros han mejorado, eso es innegable, pero todavía cuesta que esa mejora llegue a nuestras pymes (al taller de Juan). Precisamente este titular ha sido elegido como uno de los ganadores del concurso #TitularTwecos, organizado en Twitter por @creditoycaucion, y para el que inicialmente fue pensado. Por lo que se ve, alguno más por ahí comparte mi visión actual.

twitter

Solo me queda desearte felices fiestas y lo mejor para 2016.

 

Guía para facilitar la tramitación de las plataformas de “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de publicar en su web una guía para facilitar y simplificar la tramitación de la autorización de plataformas de financiación participativa o crowdfunding. Te recuerdo que éstas se encuentran reguladas en España por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que concretamente regula “aquellas plataformas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”.

La CNMV, puesto que estas plataformas de financiación han de ser autorizadas por ella y para facilitar la tramitación de dicha autorización, ha habilitado una guía que recoge las exigencias previstas en la Ley 5/2015 para poder constituirlas, tanto si son de nueva creación como si provienen de operaciones societarias (de transformación, fusión, escisión, etcétera), a través de los siguientes apartados:

  1. Solicitud de autorización.
  2. Estatutos sociales.
  3. Administradores y directores generales.
  4. Estructura accionarial y de grupo.
  5. Programa de actividades.
  6. Estructura organizativa.
  7. Normas de conducta.
  8. Anexos.

La guía se ha diseñado en formato Word, por lo que si se descarga desde la web de la CNMV se puede cumplimentar utilizando esta misma herramienta. Para cada apartado se solicitan informaciones y documentos que, como mínimo, debe contener el proyecto de autorización de la plataforma de financiación. Además, los promotores del proyecto pueden aportar datos, informes o antecedentes cuando resulten relevantes para su valoración. Por su parte, la CNMV se reserva la posibilidad de solicitar información adicional o aclaratoria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 57.2 y 90 de la Ley 5/2015. Una vez cumplimentada la guía en cada uno de sus apartados, el promotor de la plataforma debe adjuntar la documentación que corresponda y firmar todas las páginas, antes de proceder a su presentación en el registro oficial de la CNMV que puede realizarse tanto en su sede de Madrid como de Barcelona.

La banca tradicional ante el proceso “fintech” de desintermediación financiera

 

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el profesor José Emilio Navas, la innovación tecnológica “consiste en la aplicación de la tecnología a distintos aspectos de la empresa, como pueden ser productos, servicios o procesos, con el resultado de que se produzca un efecto de novedad significativo”. Pues bien si nos ceñimos al mundo financiero nos encontramos con un término relacionado con la innovación tecnológica, que últimamente está ganando mucho protagonismo, sobre todo en los medios sociales, como es el de “fintech”. Básicamente este vocablo se forma por la unión de los términos en inglés “financial” y “technology”, y aunque el debate sobre su traducción exacta sigue vivo, según la mayoría de las fuentes que he podido consultar, suele englobar a “las compañías que ofrecen productos y servicios financieros innovadores utilizando la tecnología”.

Lo cierto es que están apareciendo múltiples alternativas de negocios financieros que se basan en la utilización de las nuevas tecnologías (páginas webs, aplicaciones móviles, etcétera), y que suelen estar especializados en alguno de los servicios que ofrecen la banca tradicional. Inclusive muchos de estos nuevos negocios, con la celeridad con la que están brotando, carecen todavía de una regulación específica. No obstante, ya hay propuestas “fintech” que cuentan con régimen jurídico propio, como ocurre con el “crowdfunding” en su modalidad de percepción de rendimiento dinerario por los fondos financieros aportados, recientemente regulado en España a través de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

Aquí la duda que me asalta es la reacción la banca tradicional ante la aparición de estos nuevos mecanismos de desintermediación financiera, en los que los fondos financieros fluyen directamente desde los prestamistas a los prestatarios sin pasar por las entidades de crédito, y que poco a poco están empezando a ser utilizados tanto por particulares como por empresas. En mi opinión los bancos puede adoptar básicamente dos posturas al respecto: o bien competir con estos nuevos modelos “fintech” por los mismos clientes, adoptando sus propias soluciones tecnológicas y reinventando en parte el que, hasta la fecha, ha sido su negocio tradicional, o bien dejar que se desarrollen sin considerarlos una amenaza real puesto que han de captar básicamente a clientes que a ellos no les interesan. Estoy convencido de que más de una entidad financiera tiene este debate abierto en la actualidad.

El control público del “crowdfunding” a través de la CNMV y el Banco de España

Mario Cantalapiedra – Economista

En el tema de la financiación empresarial alternativa a la bancaria nos encontramos ante un doble reto. Por un lado, parece clara la necesidad de encontrar nuevas vías de financiación que corrijan el exceso de dependencia de las empresas españolas frente a los bancos. Si algo se ha probado durante esta crisis es lo complicado que resulta financiarse externamente cuando el crédito bancario se reduce de modo drástico, por lo que parece necesario enmendar este tema de cara al futuro. Pero también existe el reto de que las nuevas propuestas financieras alternativas a los bancos que están apareciendo cuenten con un control adecuado desde el ámbito público, sin que ello suponga un freno a su desarrollo. En este sentido, la regulación del crowdfunding en su modalidad de percepción de rendimiento dinerario por los fondos aportados articula su control público fundamentalmente a través de dos organismos: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

La autorización, registro, supervisión, inspección y sanción de estas plataformas de crowdfunding, de modo general, corresponde a la CNMV. No obstante, en el caso de autorización y registro de aquellas plataformas que intermedien préstamos entre promotores e inversores, modalidad conocida como crowdlending, es necesario además un informe previo del Banco de España.

La solicitud de autorización realizada por la plataforma de financiación participativa debe ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a su recepción o al momento en que se complete la documentación exigible, con un plazo máximo de seis meses desde la fecha de recepción. Es importante señalar que si la empresa de crowdfunding no da comienzo a su actividad en los 12 meses siguientes al día de la notificación y no lo hace por casusas imputables a ella, pierde la autorización. La CNMV debe inscribir en un registro público a las plataformas autorizadas detallando su denominación social, domicilio social, dirección de dominio de Internet, identidad de los administradores y relación de socios con participación significativa. Las empresas de crowdfunding están obligadas a comunicar a la CNMV los cambios en su accionariado y, al cierre de ejercicio, a entregar sus cuentas anuales auditadas, así como una memoria con diversos datos: resumen de las categorías de proyectos publicados, financiación alcanzada y proyectos que no han conseguido financiación, tasa de morosidad (si se conoce), proyectos no seleccionados, entidades de crédito o de pago contratadas para intermediar en los pagos entre inversores y promotores, acciones judiciales, quejas y reclamaciones de los clientes, etcétera.

Servicios que pueden y no pueden ofrecer las plataformas de “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

En la regulación de las plataformas de crowdfunding en las que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que presta, que acaba de ser introducida en España, se especifican los servicios que dichas plataformas pueden ofrecer. En primer lugar, están los servicios de carácter básico que se relacionan con su función de lugar de encuentro de inversores y promotores, como son la recepción, selección y publicación de proyectos de financiación participativa, así como el desarrollo, establecimiento y explotación de canales de comunicación para facilitar la contratación de la financiación. En segundo lugar, pueden ofrecer los servicios adicionales siguientes:

  • Asesoramiento a los promotores en la publicación de los proyectos, incluyendo la prestación de servicios y asesoramiento en las áreas de tecnología de la información, marketing, publicidad y diseño.
  • Análisis de los proyectos de financiación participativa recibidos determinando, de un modo objetivo, el nivel de riesgo que implican para los inversores, sin que puedan realizarse recomendaciones de tipo personalizado.
  • Habilitación de canales de comunicación directa entre inversores y promotores.
  • Puesta a disposición de las partes de los modelos de contratos necesarios para la participación en los proyectos.
  • Transmisión a los inversores de la información sobre la evolución de los proyectos.
  • Reclamación judicial y extrajudicial de los derechos de crédito, actuando en representación de los inversores o en nombre propio.
  • Otros que, en su caso, determine el Ministerio de Economía y Competitividad o, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, la regulación también especifica una serie de servicios que no pueden ofrecer las plataformas de crowdfunding por estar reservados a empresas de servicios de inversión o a entidades de crédito. Concretamente, y como ya he adelantado, no pueden realizar recomendaciones personalizadas a los inversores sobre los proyectos publicados, lo que entraría dentro del asesoramiento financiero propio de las empresas de servicios de inversión, ni proporcionar mecanismos que automaticen las decisiones de inversión a los inversores no acreditados (en cambio a los acreditados sí pueden ofrecérselos y ellos utilizarlos). Tampoco se les permite procesar pagos entre inversores y promotores, salvo que tengan autorización como entidades de pago híbridas. Con estas restricciones, el legislador pretende asegurar la neutralidad de las plataformas de crowdfunding en la relación que se establece entre inversores y promotores y minimizar el riesgo que corren éstos al utilizarlas.

Medidas para mitigar y gestionar los riesgos del “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial que regula la modalidad de crowdfunding en la que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que aporta, especifica que la inversión en estos proyectos es intrínsecamente arriesgada, tanto porque el promotor puede ser incapaz de devolver o remunerar los fondos recibidos, como porque la plataforma que actúa de intermediaria, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no garantiza la solvencia o viabilidad del promotor. Para tratar de mitigar y gestionar los riesgos de este tipo de inversión, que solamente podrá destinarse a proyectos de tipo empresarial, formativo o de consumo, el legislador impone las medidas siguientes:

Límites para los inversores

Se distingue entre inversores acreditados, sin límites a su inversión, y no acreditados, que sí la tendrán limitada. En este sentido son inversores acreditados:

  • Las personas físicas o jurídicas consideradas clientes profesionales por la Ley del Mercado de Valores (entidades de crédito, compañías de seguros, entidades de capital riesgo, etcétera).
  • Los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones: activo igual o superior a un millón de euros, cifra de negocios anual igual o superior a dos millones de euros, o recursos propios iguales o superiores a 300.000 euros.
  • Las personas físicas que acrediten ingresos anuales superiores a 50.000 euros o bien un patrimonio financiero superior a 100.000 euros, y que soliciten ser consideradas como inversores acreditados con carácter previo, renunciando de forma expresa a su tratamiento como inversores no acreditados.
  • El resto de personas jurídicas cuando soliciten ser consideradas como inversores acreditados con carácter previo, renunciando de forma expresa a su tratamiento como inversores no acreditados.
  • Las personas físicas o jurídicas que acrediten la contratación de asesoramiento financiero sobre los instrumentos de financiación de la plataforma por parte de una empresa de servicios de inversión autorizada.

Para el resto de inversores no contemplados en el listado anterior, es decir, para los no acreditados, se imponen unos límite de inversión de 3.000 euros en un mismo proyecto de una plataforma y 10.000 euros en doce meses en el conjunto de proyectos (bien sea en la misma plataforma o en distintas).

Límites al número de proyectos e importe máximo de captación

Ningún promotor puede publicar simultáneamente más de un proyecto por plataforma, siendo el límite máximo de captación de fondos por proyecto de dos millones de euros, ampliable a cinco millones si se dirige únicamente a inversores acreditados.

Límites temporales y cuantitativos del proyecto

Se permite que el proyecto reciba la financiación cuando se alcance el 90 por ciento del objetivo, siempre que se informe con carácter previo a la inversión. Asimismo se permiten superar tanto el objetivo de financiación como el plazo máximo en un 25 por ciento, siempre que se informe previamente. Si no se alcanza el objetivo de financiación dentro del plazo fijado, se ha de proceder a la devolución a los inversores de las cantidades aportadas.

Información sobre el proyecto

Cada proyecto deberá contener, al menos, una descripción del mismo de forma concisa y en un lenguaje no técnico, que proporcione la información necesaria para permitir a un inversor medio un juicio fundado sobre la decisión de invertir.

España se suma a los países europeos que regulan el “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, España cuenta con una regulación de la financiación participativa a través de plataformas de Internet o crowdfunding, sumándose a los países de nuestro entorno como Francia, Italia o Reino Unido que ya la tenían.

De este modo, en el título V del mencionado texto legal se define a las plataformas de financiación participativa como “empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”. Como ya te adelanté en el blog, puedes observar que lo que se regula es únicamente la modalidad de crowdfunding en la que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que aporta, pero no otras en las que la financiación captada se logra a través de donaciones, ventas de bienes y servicios o préstamos sin intereses.

La regulación impone una serie de requisitos de tipo administrativo y financiero a las empresas que deseen obtener y mantener su autorización como plataformas de financiación participativa, los cuales se refieren a aspectos tales como su objeto social, domicilio, forma jurídica, administradores u organización. En lo que a requisitos financieros se refiere, destaca el hecho de que deban disponer de un capital social (íntegramente desembolsado en efectivo) de 60.000 euros o un seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía que cubra 300.000 euros por reclamación de daños, y un total de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones o una combinación de ambas posibilidades que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente. Es importante señalar que si la suma de financiación obtenida en los últimos 12 meses supera los dos millones de euros, los recursos propios (suma de capital, prima de emisión y reservas) deberán ser al menos de 120.000 euros, y si supera los cinco millones, estos recursos propios se verán incrementados de modo proporcional hasta alcanzar un máximo de dos millones de euros.

Para captar la financiación participativa se permite que el promotor emita obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas, otros valores representativos de capital o participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, o bien que solicite préstamos a los inversores.

 

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