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La distinción entre inversores acreditados y no acreditados en el “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

 

Entre las medidas anunciadas dentro del Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado tres de octubre y enviado al Parlamento para su tramitación, se incluye la distinción entre inversores acreditados e inversores no acreditados en el crowdfunding, es decir, en la financiación colectiva a través de las plataformas de Internet donde se conectan proyectos de inversión con inversores que buscan un rendimiento dinerario. Se trata de limitar quién puede invertir en este tipo de plataformas y bajo qué condiciones, de modo similar a lo que ya se hace en otros lugares como Estados Unidos o Gran Bretaña.

De este modo, los denominados inversores acreditados podrán invertir sin tope en los proyectos de crowdfunding, mientras que los no acreditados se verán afectados por una doble limitación, tanto de inversión por proyecto como considerada de forma anual. Los inversores acreditados serán los institucionales, las empresas que superen el millón de euros de activo, los dos millones de euros de cifra de negocio o los trescientos mil euros de recursos propios, así como todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los cincuenta mil euros al año o tengan un patrimonio financiero, es decir, una inversión en activos financieros, superior a los cien mil euros y soliciten expresamente este tratamiento. El resto de inversores, considerados no acreditados, no podrán invertir más de tres mil euros por proyecto ni más de diez mil euros al año en el total de proyectos. Además se prevé una medida de protección adicional para los inversores no acreditados, ya que deberán requerir la firma manuscrita manifestando, antes de adquirir ningún compromiso de pago, haber sido advertidos de los riesgos de este tipo de inversiones.

También sabemos que la idea del Gobierno es que las plataformas de crowdfunding sean supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con la “ayuda” del Banco de España cuando la actividad consista en la intermediación de préstamos, así como que sean transparentes a la hora de proporcionar información a los inversores. Sobre los planes iniciales de regulación anunciados por parte del Ejecutivo ha habido cambios, fundamentalmente en los restrictivos límites a la inversión que tanta polémica generaron en su día y que ahora se ven aumentados. Toca esperar al final de la tramitación parlamentaria para conocer definitivamente cuál será la primera regulación sobre crowdfunding en España.

Tres novedades que incorpora el Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado viernes se aprobó por parte del Consejo de Ministros la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, el cual pretender mejorar los canales de financiación de las empresas españolas, especialmente de las pymes. Entre las distintas novedades que incorpora esta legislación me gustaría destacar tres de ellas, en concreto, las que afectan al preaviso a pymes cuya financiación se cancele o reduzca, al crowdfunding y al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

1. Preaviso a pymes

Con la entrada en vigor de esta Ley, será obligatorio para las entidades de crédito preavisar a las pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o reducida de forma importante (un 35 por ciento o más), al menos con tres meses de antelación. Con ello se pretende evitar el problema con el que se están encontrando muchas empresas que ven reducidos o cancelados sus créditos, como el que dice, “de la noche a la mañana”. Esta medida por sí misma no va a solucionar el problema de financiación para las pymes, pero al menos les permitirá tener un mayor poder de reacción. Junto con este preaviso, se otorga a las pymes el derecho de obtener gratuitamente de la entidad información sobre su posición financiera, historial de pagos o calificación crediticia en el plazo de 10 días hábiles. Las empresas podrán solicitar estos datos en cualquier otro momento que no coincida con el de cancelación o reducción de financiación, petición que deberá atenderse en el plazo de 15 días y a un coste reducido.

2. Crowdfunding

El Proyecto de Ley legisla, por primera vez en España, sobre la financiación colectiva a través de las plataformas de Internet, con el doble objetivo de proteger a los inversores e impulsar esta herramienta de financiación. En cualquier caso, lo que se regula ahora son las operaciones de financiación participativa que buscan un rendimiento dinerario derivado de la financiación empresarial o de consumo, no otros tipos de crowdfunding como los relacionados con el mecenazgo o la compraventa. Se pretende garantizar que los inversores tengan acceso a información suficiente sobre la plataforma, el promotor y las características del medio financiero utilizado para captar el dinero, así como que conozcan los riesgos de este tipo de proyectos. Un elemento que quizás genere cierta polémica, es el deseo del Gobierno de incluir una doble supervisión, a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España, cuando la actividad de crowdfunding consista en la intermediación de préstamos. Habrá que ver cómo queda este tema una vez que el Proyecto de Ley sea aprobado.

3. MAB

En este caso, se pretende flexibilizar el tránsito desde el MAB hacia la Bolsa de empresas cuyo tamaño y desarrollo así lo aconseje. De este modo, las compañías que superen una capitalización, es decir, un valor de mercado, de 500 millones de euros, habrán de pasar obligatoriamente a la Bolsa.

 

Medidas para facilitar a las pymes flujos de financiación alternativos a los bancarios

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado viernes 28 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial, cuyo objetivo principal es facilitar a las pymes flujos de financiación alternativos a los bancarios. El grado de dependencia para las empresas españolas de la financiación bancaria es muy elevado, si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, y esto es lo que ahora el Gobierno, en sus propias palabras, pretende corregir. Para ello ha anunciado las siguientes medidas:

  • Las entidades de crédito que deseen cancelar o reducir notablemente, en más de un tercio, la financiación global de una pyme, deberán preavisar con al menos tres meses de antelación. Además deberán facilitar a la empresa un historial con toda su información crediticia para que pueda aportarlo a otras entidades en la búsqueda de financiación alternativa.
  • Establecer un régimen más rápido y ejecutivo de garantía recíproca, por el cual el reaval de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) se activará ante el acreedor en caso de incumplimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) tras el primer requerimiento.
  • Mantener y potenciar las actividades realizadas por los establecimientos financieros de crédito, que hasta hace poco se consideraban entidades de crédito. Ahora se establece una nueva naturaleza para este tipo de entidades, que estarán supervisadas por el Banco de España, y orientadas a la financiación empresarial y del consumo por canales alternativos a los estrictamente bancarios.
  • Ampliar el régimen jurídico de las titulizaciones en España para adecuar este instrumento a las actuales demandas del mercado financiero, aportando seguridad jurídica y respaldo legal a su operativa, lo que ha de permitir a las entidades de crédito, por ejemplo, titulizar carteras de créditos que conceden a pymes y no solamente hipotecas como, fundamentalmente, se venía haciendo hasta ahora.
  • Facilitar el tránsito de las empresas que cotizan en Bolsa al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y viceversa.
  • Mejorar el régimen de emisión de obligaciones, facilitando que las empresas puedan financiarse en los mercados de deuda. Por ejemplo, ahora las sociedades de responsabilidad limitada podrán emitir deuda.
  • Mejorar los mercados de facturas donde las empresas puedan obtener liquidez mediante la cesión anticipada de estos derechos de crédito.
  • Y, por último, la medida que parece haber causado más revuelo, al menos en las redes sociales, como es la de regular las plataformas electrónicas de financiación participativa o crowdfunding, las cuales ponen en contacto a financiadores y personas que necesitan financiación para un proyecto empresarial a través de la red. En principio se persigue fijar las obligaciones de estas plataformas tratando de garantizar su transparencia y que los financiadores dispongan de información suficiente. A expensas de conocer el texto final, la polémica viene desde el propio concepto de crowdfunding elegido por el Gobierno hasta la propuesta de fijar límites máximos de aportación para los financiadores, e incluso cantidad máxima que un proyecto puede recaudar.
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