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27 plataformas de financiación participativa autorizadas por la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

El registro oficial de plataformas de financiación participativa (PFP) de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) cuenta actualmente con 27 plataformas autorizadas para operar en España, las cuales tienen por objeto poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de inversores (personas físicas o jurídicas) que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas (promotores) que solicitan financiación en nombre propio. Es lo que en inglés se conoce como “crowdfunding”, y que en España el legislador ha decidido denominar “financiación participativa”. A través de este registro oficial, las partes intervinientes en este mecanismo de financiación innovador (inversores, promotores, y las propias PFP) disfrutan de una mayor seguridad jurídica.

En el registro de la CNMV puedes encontrar los siguientes tipos de plataformas en función de cuáles sean los instrumentos utilizados en los proyectos que promueven:

  • De valores (obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos del capital de las empresas).
  • De participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (SRL).
  • De préstamos.

En el cuadro adjunto puedes ver la relación actualizada de las PFP con las modalidades en las que están autorizadas en cada caso, que pueden ser más de una.

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

La “coopetición” entre “fintech” y banca en el nuevo ecosistema financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

El término “coopetición”, acuñado por los autores Adam Brandenburger y Barry Nalebuff en 1996, se utiliza para designar la combinación de las ventajas de la competencia y de la cooperación en una nueva dinámica de gestión empresarial, la cual puede utilizarse tanto para generar más beneficios como para cambiar la naturaleza del entorno empresarial a favor de los que la practican.

Coopetición es un término que se está utilizando mucho para describir el nuevo ecosistema financiero que está surgiendo con la entrada en el mercado de las fintech, empresas de nueva creación con fuerte base tecnológica que, en principio, vienen a disputar el mercado a las entidades financieras tradicionales. Lo que ocurre es que a estas startups que en su ADN llevan implantada la orientación al cliente, les faltan precisamente los clientes que atesoran las entidades tradicionales desde hace años. Igualmente, estos emprendedores que se caracterizan por la sencillez y transparencia en sus operaciones todavía son poco conocidos por la gran masa, y no han tenido tiempo de generar la confianza que muchos depositan en la banca tradicional, establecida en base a una relación prolongada en el tiempo. Por otro lado, a la banca le puede venir muy bien el conocimiento tecnológico y la cultura del cambio que aportan las fintech, por lo que la complementariedad parece posible. Inclusive aparece un tercer actor, como es el regulador, que alcanza claramente a la banca pero al que le cuesta entender a las fintech. Luego dentro de este ecosistema financiero en plena transformación, parece que cobra sentido la coopetición entre banca, fintech, e inclusive regulador, con el fin de establecer las nuevas reglas del juego financiero. Banca y fintech tienen seguramente más por construir y compartir que por enfrentarse en la captación de clientes.

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Esta idea general de colaboración cuenta ya con ejemplos concretos en el mercado. Recientemente una de las principales plataformas de crowdlending (financiación participativa a través de préstamos) registrada en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), ha llegado a un acuerdo con un banco español mediante el cual este le deriva clientes bajo determinadas circunstancias. Por política interna, la entidad de crédito no puede acumular riesgos (créditos, préstamos, etcétera) con un cliente por encima del 25 por ciento de su CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España, en la que se registran los riesgos que las entidades financieras acumulan con sus clientes), es decir, aunque el cliente muestre capacidad de devolución de los fondos prestados, el límite no se supera. En este caso, la entidad financiera deriva el cliente que le solicita más financiación a la plataforma fintech colaboradora, con lo cual se le da una solución.

Foto: Tumisu

 

Modalidades de “crowdfunding” reguladas y no reguladas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, en su título V, regula en España una serie de modalidades de crowdfunding (financiación participativa) en las que múltiples inversores ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, pero, como explicaré a continuación, este paraguas legal no alcanza a todas las opciones de financiación participativa que operan en el mercado.

En concreto, la Ley 5/2015 regula la actividad de las denominadas plataformas de financiación participativa (PFP), que ponen en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos mediante la emisión de valores (obligaciones o acciones) y participaciones sociales o mediante la solicitud de préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento. Luego se regulan los proyectos que estén instrumentados a través de los siguientes mecanismos:

  • Emisión o suscripción de títulos valores de renta fija (obligaciones). En este caso, los inversores participan en un empréstito emitido por una empresa, a través de una PFP, a cambio de un tipo de interés.
  • Emisión o suscripción de acciones (sociedades anónimas) y de participaciones sociales (sociedades de responsabilidad limitada). Es la modalidad que se conoce como crowdinvesting o equity-based crowdfunding, donde los inversores participan en el capital de una sociedad (se convierten en sus socios), a través de una PFP, con el objetivo de conseguir rentabilidad vía dividendos o aumento del valor futuro de las acciones o participaciones.
  • Solicitud de préstamos. Modalidad que se denomina crowdlending o loan-based crowdfunding, donde los inversores conceden un préstamo a una empresa o a un particular, a través de una PFP, a cambio de un tipo de interés.

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En este sentido, la Ley 5/2015 no regula otras modalidades de crowdfunding que operan en el mercado y en las que existe un rendimiento dinerario como, por ejemplo, aquellas donde las empresas que buscan financiación utilizan plataformas de internet para subastar facturas o pagarés de clientes entre múltiples inversores.

Tampoco están reguladas por esta Ley, las modalidades de crowdfunding donde no existe un rendimiento dinerario, como el crowdfunding de recompensa, donde los aportantes entregan su dinero a cambio de un bien o servicio determinado (por ejemplo, un libro o figurar en los créditos de una película), o el de donación, donde los fondos se entregan de forma altruista sin esperar nada a cambio.

Foto: Tumisu

 

 

 

Las “fintech” son el mayor reto al que se enfrenta el sistema bancario a medio plazo

Mario Cantalapiedra – Economista

El último Informe Anual del Banco de España (BdE) correspondiente a 2017, considera que el nuevo marco competitivo derivado de las nuevas tecnologías y del avance de la desintermediación financiera es el mayor reto al que se enfrenta el sistema bancario español a medio plazo. En su opinión esta innovación financiera (fintech) supone un reto y también una oportunidad para los bancos. El BdE pronostica un aumento de la competencia en determinados segmentos y ciertos cambios en la demanda y en la forma de proveer los servicios bancarios, lo que obligará a las entidades a un proceso de anticipación y adaptación. La entidad supervisora señala que los efectos potenciales de estas nuevas tecnologías pueden ser muy importantes, a pesar de que actualmente su penetración en España sea limitada y exista incertidumbre sobre su futuro.

En cuanto a datos sobre el sector fintech en España, el BdE recoge la estadística publicada por la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), por la que a finales de 2017 trabajaban en este sector más de 5.000 personas en más de 300 compañías (238 fintech y 63 insurtech -rama de las fintech que se dedican al mundo del seguro-).

En el caso de las plataformas de financiación alternativa, el Informe Anual basándose en encuestas de consultores privados, señala como el mayor volumen de fondos se canaliza a través de préstamos entre particulares para proyectos empresariales con 44,5 millones de euros en 2016. Efectivamente los datos en términos absolutos todavía son modestos, pero el ritmo de crecimiento de algunas de estas fórmulas de financiación es bastante elevado, como puedes ver en la tabla adjunta la cual refleja la evolución de los siguientes modelos de financiación alternativa:

 

  • Préstamos entre particulares para proyectos empresariales (P2P business lending).
  • Financiación participativa de proyectos inmobiliarios (real estate crowdfunding).
  • Financiación de facturas o pagarés (invoice trading).
  • Financiación participativa basada en regalos (reward-based crowdfunding).
  • Financiación participativa instrumentada en acciones (equity-based crowdfunding).
  • Financiación participativa basada en donaciones (donation-based crowdfunding).
  • Préstamos entre particulares para financiación de consumo (P2P consumer lending).

 

He añadido una columna a la tabla en la que reflejo si la modalidad de financiación está o no regulada por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, la cual recuerdo que regula la actividad de las plataformas de financiación participativa en España.

 

Financiación alternativa por modelo en España 2013-2016 (millones de euros)12

Fuente: Elaboración propia a partir de BdE, Cambridge Centre for Alternative Finance (2018) y CNMV.

Un “marketplace” para que inversores en “crowdfunding” puedan acudir en busca de liquidez

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las mayores preocupaciones que tienen los inversores que acuden a financiar proyectos empresariales a través de plataformas de crowdfunding (crowdinvesting o crowdlending), es la de poder vender su inversión, en un momento dado, y lograr liquidez. Algo que preocupa especialmente a los que invierten en acciones o participaciones de empresas a través del crowdinvesting.

A este respecto, conviene repasar el documento sobre preguntas y respuestas dirigidas a empresas fintech publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el cual se recuerda que la Ley 5/2015 no contempla la posibilidad de que las plataformas de financiación participativa (PFP) puedan establecer sitios virtuales (marketplaces) a modo de mercado secundario, donde inversores puedan comprar y vender obligaciones, acciones, participaciones o préstamos adquiridos previamente a través de ellas. No obstante, lo que sí contempla esta Ley en su artículo 52.1 es la posibilidad de que las plataformas habiliten canales de comunicación a distancia para que usuarios, inversores y promotores puedan ponerse en contacto entre sí antes, durante o después de que se haya financiado un proyecto. En base a lo anterior y con el fin de favorecer la liquidez de la inversión, la CNMV considera que en las webs de las PFP podrán existir marketplaces, a los que los inversores acudan en búsqueda de dicha liquidez, siempre que se respeten las siguientes particularidades:

 

  • No reúnan las características de un mercado secundario.
  • Consistan únicamente en la publicación de anuncios de inversores que deseen expresar su intención de vender la inversión que realizaron en algún proyecto publicado en la plataforma.
  • En los anuncios no aparezca el precio de la oferta.
  • Se advierta expresamente que el papel de la PFP únicamente es el de facilitar la comunicación entre inversores (potenciales vendedores) y usuarios (potenciales compradores).
  • La PFP anuncie de forma destacada que el contacto entre inversores y la posible formalización de la compraventa se realizará al margen de ella y sin su intervención, y con arreglo a la normativa general que afecte a la transmisibilidad del instrumento que haya sido utilizado para la financiación (acciones, préstamos, etcétera).
  • Los posibles interesados entren en contacto directo con el oferente y lleguen a un acuerdo de forma bilateral.
  • El oferente ponga a disposición del posible comprador la información disponible del promotor o, al menos, le facilite su búsqueda.

Preguntas y respuestas dirigidas a las “fintech”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado un documento en el que, bajo un formato de preguntas y respuestas, transmite al público en general y más concretamente a las entidades que quieren realizar actividades en el ámbito fintech, unos criterios de interpretación para la adecuada aplicación de la normativa del mercado de valores que les puede afectar.

Este documento es interesante ya que, a pesar de no tener carácter normativo, permite clarificar algunas de las dudas “legales” que se relacionan con el mundo fintech, cuya evolución es tan rápida y dispar que dificulta mucho poder seguir su rastro. En concreto, la CNMV presenta veinticuatro cuestiones encuadradas en los cinco epígrafes siguientes: preguntas generales, plataformas de financiación participativa (PFP), robo-advise, neo bancos y criptomonedas y ofertas iniciales de criptomonedas (ICO). El organismo supervisor advierte que los criterios expuestos pueden ser objeto de revisión, y en la medida que se planteen otras cuestiones que considere necesario aclarar, se irán añadiendo al documento, identificando en cada caso la fecha de actualización.

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Entre las cuestiones planteadas me gustaría destacar un par de ellas referidas a la PFP, a las que como quizás conozcas vengo dedicando una especial atención:

En primer lugar, destaca la imposibilidad de que estas plataformas designen a personas físicas o jurídicas para que actúen como agentes suyos. La CNMV interpreta que como la Ley 5/2015, que las regula, no ha previsto de forma expresa que puedan designarlos esto implica, tratándose de una actividad y un sector altamente regulado, que no pueden hacerlo.

En segundo lugar, un tema muy interesante es el de las fórmulas de financiación que pueden y no utilizar las PFP. De este modo, se recuerda que los proyectos que publiquen en sus webs, según lo regulado por la Ley 5/2015, solamente podrán instrumentarse a través de la emisión o suscripción de obligaciones, acciones, participaciones sociales u otros valores representativos de capital (crowdinvesting), o a través de préstamos (crowdlending), por lo que no podrán publicar proyectos que se instrumenten a través de otras fórmulas como las cesiones de créditos o el descuento de facturas o pagarés que, sin embargo, están funcionando en el mercado. De hecho, la CNMV reconoce que pueden existir plataformas fintech que estén operando bajo fórmulas no reguladas por la Ley 5/2015, algunas de las cuales ha incluido en una lista en la que se informa de su denominación y página web. No obstante, el supervisor reconoce que esta lista no es exhaustiva y que se basa principalmente en la búsqueda y análisis en internet y redes sociales, y que la inclusión en ella no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

¿Deben las plataformas de “crowdlending” subcontratar el análisis de riesgo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Las plataformas de crowdlending según lo establecido por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, pueden prestar los servicios básicos de recibir, seleccionar y publicar proyectos de financiación participativa, así como de desarrollar, establecer y explotar canales de comunicación que faciliten la contratación de la financiación entre inversores y promotores. Además, pueden prestar otros servicios auxiliares entre los que destaca el análisis de los proyectos de financiación recibidos, la determinación del nivel de riesgo que implica cada proyecto para los inversores y la determinación de cualquier otra variable que resulte útil para que los inversores tomen la decisión de inversión. A este respecto, el legislador considera que la publicación, clasificación y agrupación de tal información en términos objetivos, sin realizar recomendaciones personalizadas, no constituye asesoramiento financiero.

Puede sorprender que algo tan fundamental en un proceso de financiación como es el análisis de riesgo de los proyectos empresariales que les llegan a estas plataformas sea considerado un servicio auxiliar y no básico, pero precisamente aquí radica un interesante debate sobre cuál debe ser la actividad concreta de estos intermediarios. Precisamente en un curso que impartí hace unos días sobre financiación alternativa de empresas surgió dicho debate, en el que unos asistentes eran partidarios de que el análisis lo hiciera la propia plataforma y otros de que lo hiciera un tercero independiente.

Debe recordarse que el análisis de la solvencia de los proyectos empresariales, ya sea este interno o externo a la plataforma de crowdlending, permite establecer una calificación de riesgo (rating) que influye en el tipo de interés al que prestarán los inversores. En este sentido, si se piensa que estas plataformas son meros intermediarios, que lo que ofrecen es un marketplace para que se encuentren prestamistas y prestatarios y que el dinero nunca pasa por su balance, podría tener sentido pensar que el análisis de riesgo debería ser subcontratado a un tercero independiente para no influir de ningún modo en la decisión de inversión, respetando así su concepción más pura de intermediación.

No obstante, también se puede argumentar, y yo soy más partidario de esta segunda interpretación, que el éxito de estas plataformas pasa en gran medida porque no se disparen las tasas de de morosidad en los préstamos que intermedian, y para ello es fundamental que el análisis de riesgo sea parte de su “know how” y permanezca en su órbita interna. Imagino que si el legislador ha incluido la determinación del nivel de riesgo entre los servicios auxiliares que pueden prestar estas plataformas es que no le parece mal del todo ¿verdad?

Seis acciones que realizan las plataformas de “crowdlending” para cumplir su función de intermediación

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Ley 5/2015, las plataformas de financiación participativa son empresas “cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”. En el caso del crowdlending esta financiación se instrumenta a través de préstamos que los inversores entregan a los promotores a cambio de un tipo de interés, siendo la plataforma el lugar donde los prestatarios pueden enseñar sus proyectos y encontrarse con los prestamistas.

11Es una fórmula que se está utilizando cada vez más para financiar empresas y en la que para cumplir su función fundamental de intermediación, las plataformas de crowdlending realizan las siguientes seis acciones:

1. Captación de proyectos

Buscan en el mercado proyectos empresariales que demanden financiación, fundamentalmente de pymes, para lo cual utilizan sus propios equipos y también la colaboración de agentes externos.

2. Análisis de riesgo

Es similar al que realizan las entidades de crédito para lo cual consultan los registros de morosos (RAI, ASNEF), así como los informes de solvencia que ofrecen empresas especializadas. Si los proyectos pasan su filtro les otorgan una calificación de riesgo (rating), que implica un tipo de interés para el préstamo (a mayor riesgo, mayor tipo de interés).

3. Publicación de proyectos

Con la publicación de los proyectos en sus webs, estas plataformas se convierten en escaparates a los que pueden acudir los inversores a prestar su dinero. El proceso de inversión se puede realizar mediante un sistema de mercado, donde el préstamo tiene importe, plazo y tipo de interés predeterminados, de tal modo que cuando las ofertas de los inversores alcanzan el importe solicitado, se cierra la operación; o de subasta, donde el préstamo tiene importe y plazo predeterminados, pero el inversor es quien decide el tipo de interés al que quiere prestar durante el período de subasta, de tal forma que cuando este termina, los inversores con pujas más bajas son los que participan en el préstamo.

4. Articulación de mecanismo de pago

Suelen utilizar el préstamo francés donde la devolución del capital más los intereses generados a los inversores se realiza mediante cuotas mensuales y constantes.

5. Gestión de flujo de dinero

El traslado del dinero de los inversores a los promotores, y viceversa, lo pueden hacer a través de una entidad de pago autorizada con la que colaboren (lo más habitual), o directamente si la plataforma cuenta con licencia de entidad de pago híbrida (aquella entidad de pago que realiza, además, cualquier otra actividad económica).

6. Gestión de recobro

Para el caso de que alguna cuota del préstamo resulte impagada tienen previstos mecanismos de recobro.

 

 

 

Continúa el goteo de plataformas de “crowdfunding” registradas en la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

Con las dos nuevas incorporaciones efectuadas en lo que llevamos de año, son ya 23 las plataformas de financiación participativa (PFP) o crowdfunding que aparecen registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que les permite operar de forma autorizada. Estas PFP ponen en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa.

En el registro oficial de la CNMV puedes encontrar tres modalidades distintas de PFP:

  • PFP de crowdinvesting, donde los inversores entregan dinero a una empresa a cambio de una participación en su capital.
  • PFP de crowdlending, donde los inversores prestan dinero a un proyecto a cambio de un tipo de interés.
  • PFP de ambos tipos (actualmente cinco).

En los siguientes cuadros puedes ver, por un lado, la relación detallada de su registro con número y fecha, denominación social y comercial, así como la modalidad en la que se han dado de alta, y, por otro lado, la relación de sus cuentas en Twitter.

 

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)

Imagen1

Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

Relación de cuentas en Twitter de PFP registradas

Imagen2

Fuente: Elaboración propia.

Entidades que pueden y no pueden captar fondos reembolsables del público

Mario Cantalapiedra – Economista

Las entidades de crédito en España son empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder crédito por cuenta propia, tal como recoge el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. En este sentido, mientras la concesión de crédito no precisa de autorización, la captación de fondos reembolsables del público (depósitos y otras fórmulas parecidas) con el compromiso de devolución en las condiciones acordadas, es una actividad reservada a los siguientes tipos de entidades:

  • Bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
  • Entidades bancarias extranjeras.
  • Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Las entidades anteriores para poder operar han de tener autorización administrativa y hallarse inscritas en los registros oficiales de entidades de crédito del Banco de España (BdE).

Entre las entidades que no pueden captar fondos reembolsables del público figuran las siguientes:

Establecimientos financieros de crédito (EFC)

Se dedican a realizar operaciones de crédito en un ámbito muy específico, tales como leasing financiero, factoring, crédito al consumo, crédito hipotecario, tarjetas, etcétera. Hay que señalar que pueden captar fondos reembolsables del público acudiendo a los mercados de valores mediante la emisión y colocación de títulos, pero no pueden hacerlo mediante depósitos.

Establecimientos de cambio de moneda

Personas físicas o jurídicas que realizan en establecimientos abiertos al público y con carácter profesional, la actividad de cambio de moneda.

Sociedades de tasación homologadas

Se dedican a realizar valoraciones de bienes inmuebles para entidades financieras relacionadas con el mercado hipotecario. Habitualmente certifican el valor de los inmuebles para determinadas finalidades como la concesión de financiación con garantía hipotecaria.

Oficinas de representación de entidades de crédito extranjeras

Pueden realizar actividades informativas o comerciales sobre cuestiones bancarias, financieras o económicas. No obstante, a pesar de que no pueden captar fondos del público, sí que pueden canalizarlos hacia las entidades de crédito extranjeras que representan.

Entidades de pago

Tienen autorización para realizar servicios de pago, como, por ejemplo, transferencias, adeudos directos y pago efectuados con tarjetas.

Entidades de dinero electrónico

Se dedican a emitir dinero electrónico que es admitido como medio de pago por empresas distintas a la entidad emisora.

Sociedades de garantía recíproca (SGR)

Entidades que facilitan el acceso a la financiación bancaria de las pymes que se asocian en ellas mediante la concesión de avales.

Plataformas de financiación participativa (PFP)

Ponen en contacto, a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa. Por tanto, cuando una PFP solicita dinero al público, por ejemplo, a través de un préstamo en la modalidad de crowdlending, no puede considerarse como una captación de fondos reembolsables.

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