Archivo de la etiqueta: crowdlending

20 plataformas de “crowdfunding” registradas en la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la incorporación de la plataforma de inversión inmobiliaria Housers son ya 20 las plataformas de financiación participativa o crowdfunding registradas oficialmente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en base a lo dispuesto por la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial.

Estas plataformas ponen en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa. En el registro oficial de la CNMV, detallado en el cuadro, puedes ver si la plataforma es de crowdinvesting (también denominado equity-based crowdfunding o crowdfunding de inversión), donde los inversores entregan dinero a una empresa a cambio de una participación en su capital, o de crowdlending (también conocido como loan-based crowdfunding o crowdfunding de préstamo), donde los inversores prestan dinero a un proyecto a cambio de un tipo de interés, o si está registrada en ambas modalidades (hasta cuatro plataformas actualmente lo están).

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)

Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

¿Una CIRBE para el “crowdlending”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que permite a las entidades financieras declarantes (entre otras, bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) consultar información útil para analizar el riesgo de las posibles operaciones de crédito o préstamo que se plantean. En ella aparecen reflejados los riesgos que dichas entidades tienen con sus clientes, de tal modo que cuando un banco recibe la petición de un nuevo préstamo, por ejemplo, de una empresa, puede consultar la deuda que mantiene con el resto de entidades financieras y hacerse una idea mejor de su capacidad de pago. De igual modo, recuerdo que cualquier persona física o jurídica puede consultar de forma gratuita los datos declarados a su nombre en la CIRBE por las entidades financieras.

En este sentido, una de las ventajas que tienen las empresas promotoras que solicitan financiación a través de plataformas de financiación participativa basadas en préstamos (crowdlending), es que los fondos obtenidos, en su caso, no consumen CIRBE para ellas. Es decir, las plataformas de crowdlending al no ser entidades financieras, no tienen obligación de declarar los préstamos que intermedian a la CIRBE, por lo que si la empresa promotora también necesitara acudir a financiación bancaria no pierde posibilidades de conseguirla por un aumento de deuda en la CIRBE.

Lo que en principio es una ventaja para el desarrollo del crowdlending, y así lo vende el propio sector en sus páginas web y en los actos de comunicación en los que viene participando, supone también un inconveniente a la hora de evaluar el riesgo de los proyectos empresariales que les llegan, puesto que cada plataforma desconoce de forma “oficial” las peticiones de fondos que hacen las empresas promotoras que contactan con ellas a otras plataformas competidoras, teniendo que dedicarse a obtener estar información por su cuenta, lo que evidentemente les supone un consumo de recursos. A estos efectos, algunos actores del crowdlending parecen estar impulsando la idea de crear una especie de CIRBE para el propio sector que les permita un suministro recíproco de información, lo que pueda llevarles a mejorar su análisis de riesgo. La idea no me parece mala, de todos modos habría que ver cómo podría articularse en la práctica, así como conocer la opinión al respecto de los supervisores (Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España).

Nueve requisitos legales que han de cumplir las plataformas de “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015 que regula en España a las plataformas de financiación participativa (PFP) o crowdfunding, cuya actividad consiste en poner en contacto, a través de medios electrónicos, a una pluralidad de inversores que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario con promotores que solicitan dicha financiación, impone a las empresas que quieran ejercer oficialmente esta actividad los siguientes nueve requisitos:

 

  1. Objeto social exclusivo por el que solamente pueden realizar las actividades que son propias de las PFP. No obstante, si están autorizadas como entidades de pago híbridas también pueden realizar las actividades que se reservan a estas últimas, como, por ejemplo, la recepción de fondos con la finalidad de pago por cuenta de inversores o promotores.
  2. Tener domicilio social y efectiva administración y dirección en España u otro Estado miembro de la Unión Europea
  3. Revestir la forma de sociedad de capital constituidas por tiempo indefinido.
  4. Contar con administradores de reconocida honorabilidad empresarial o profesional, con conocimientos y experiencia adecuados en el mundo financiero. Se considera que existe dicha honorabilidad cuando, teniendo en cuenta toda la información disponible, los administradores vengan mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la PFP.
  5. Disponer de una buena organización administrativa y contable o de procedimientos de control interno adecuados.
  6. Disponer de medios adecuados para garantizar seguridad, confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado por medios electrónicos.
  7. Disponer de un reglamento interno de conducta que contemple los posibles conflictos de interés y términos de participación de sus administradores, directivos, empleados y apoderados en las solicitudes de financiación que instrumentan.
  8. Prever mecanismos para que, en caso de cese de actividad, se sigan prestando todos o parte de los servicios comprometidos para los proyectos de financiación participativa que hubieran obtenido financiación.
  9. Disponer de un capital social mínimo, íntegramente desembolsado en efectivo, de 60.000 euros, sustituible por una garantía que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional con una cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños y de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones; así como de unos recursos propios (capital, prima de emisión y reservas) que varían en función del volumen de financiación obtenido por los proyectos publicados hasta un máximo de 2 millones de euros.

Información básica para el cliente en las plataformas de “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

Como se comenta en el preámbulo de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, la inversión en los proyectos que ofrecen las plataformas de financiación participativa o crowdfunding es intrínsecamente arriesgada, tanto porque el promotor que solicita la financiación puede ser incapaz de devolver o remunerar el dinero recibido, como porque la plataforma no garantiza en ningún momento la solvencia del promotor. En este sentido, la normativa legal proporciona una serie de herramientas que tratan de mitigar y gestionar el riesgo de esta inversión, entre las que se encuentran las obligaciones de información a las que quedan sujetas las plataformas.

En este ámbito destaca los cuatro elementos siguientes sobre los que las plataformas deben informar, en términos breves y sencillos, y en un lugar destacado de su página web de inicio, bajo un epígrafe denominado “Información básica para el cliente”:

  • Advertencia de los riesgos que implica para los inversores la participación en préstamos (crowdlending), o la suscripción de las acciones, participaciones u otros valores representativos de capital (crowdinvesting) y obligaciones a través de la plataforma y, en todo caso, los riesgos de pérdida total o parcial del capital invertido, de no obtener el rendimiento dinerario esperado y de falta de liquidez de la inversión. En el caso de financiación mediante emisión de acciones, se deberá informar además del riesgo de dilución de la participación en la sociedad (es decir, de reducción del porcentaje de participación en el capital por la entrada de nuevos socios), del riesgo de no recibir dividendos y del riesgo de no poder influir en la gestión de la sociedad. Si la inversión es en participaciones sociales u otros valores representativos del capital, además de informar sobre los tres elementos anteriores (dilución, dividendos y gestión), habrá que hacerlo sobre las restricciones a la libre transmisibilidad inherentes a su régimen jurídico.
  • Advertencia de que la plataforma no es una empresa de servicios de inversión, ni una entidad de crédito y de que no está adherida a ningún fondo de garantía de inversiones o fondo de garantía de depósitos.
  • Advertencia de que los proyectos de financiación participativa no son objeto de autorización, supervisión ni revisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni por el Banco de España (BdE).
  • Tarifas aplicadas a inversores y promotores, procedimiento de contratación y forma de facturación.

 

 

El registro oficial de plataformas de “crowdfunding” de la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, las plataformas de financiación participativa o crowdfunding, es decir, aquellas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, deben estar autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e inscritas en un registro especial.

Es un registro al que le está costando arrancar y me consta que más de una plataforma se encuentra atorada entre trámites administrativos intentando ser inscrita. No obstante, en el momento en que elaboro el post, cuenta ya con seis plataformas registradas de las que se pueden consultar los siguientes datos:

1. Número de registro oficial.

2. Fecha de registro.

3. Denominación social.

4. Página web.

5. Domicilio social.

6. Socios con participación significativa (por encima del 10 por ciento).

7. Administradores.

8. Tipo de entidad, en función de cuál sea la fórmula utilizada para captar la financiación, lo que da lugar a las siguientes clases de plataformas:

  • De valores negociables, como acciones (entraría dentro del concepto de crowdfunding de inversión o crowdinvesting, donde los inversores entregan dinero a una empresa a cambio de una participación en su capital, estando ligada la rentabilidad de la inversión al éxito futuro de la compañía) u obligaciones.
  • De participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (igualmente correspondería al crowdinvesting).
  • De préstamos (lo que se conoce como crowdlending, donde los inversores eligen un proyecto al que prestan dinero, a cambio de un tipo de interés).

El registro, que ha de servir para dar más confianza a los inversores, actualmente cuenta con tres plataformas de crowdinvesting y otras tres de crowdlending, como puedes ver en el cuadro siguiente.

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)

imagen1

Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

Leer artículos anteriores: Pág. Anterior 1 2