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Cinco meses para aportar la información que falte en las cuentas anuales de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 26 de julio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Orden JUS 794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, la cual entró en vigor el 27 de julio. La Orden regula los modelos que deben utilizar los empresarios para depositar sus cuentas correspondientes al ejercicio de 2020, y básicamente introduce tres novedades:

  • La inclusión en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas sometidas a auditoría, de la fecha de emisión del informe, de la indicación del tipo de auditoría (voluntaria u obligatoria), y del número de ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) del auditor o sociedad de auditoría que ha emitido el informe, contemplando además la posibilidad de intervención de más de un auditor o entidad auditora.
  • La presentación de información no financiera, que determinadas empresas deben incluir en base a lo dispuesto por el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital, como anexo del informe de gestión.
  • La presentación, con carácter excepcional y transitorio, para las cuentas referidas a 2020 de la hoja de declaración COVID-19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia en las empresas, y sobre la que ya comentamos en mayo en el blog.

Su entrada en vigor a muy pocos días de la fecha límite para el depósito de cuentas ha generado una importante polémica. Recuerdo que, para las empresas cuyo ejercicio coincide con el año natural, este plazo terminó el 30 de julio, teniendo el cuenta los seis meses que existen para que la Junta apruebe las cuentas y los 30 días naturales posteriores que se tienen para depositarlas. En este sentido, las empresas y sus gestores han contado con escaso tiempo para adoptar las novedades de la Orden, pudiendo darse una de las siguientes situaciones:

  • Empresa que haya depositado sus cuentas de 2020 antes de la entrada en vigor de la Orden JUS 794/2021 (el 27 de julio de 2021), para la que es válida la utilización de los modelos anteriores.
  • Empresa que haya depositado o vaya a depositar sus cuentas a partir del 27 de julio, que deberá utilizar los nuevos modelos aprobados en la Orden JUS 794/2021.
  • Empresa que estando obligada a utilizar los nuevos modelos no haya podido hacerlo, la cual contará con un plazo de cinco meses, según el Colegio de Registradores, para aportar la información que falte y que le será reclamada por el Registro.
procedimiento de impugnacion

El procedimiento de impugnación de las cuentas anuales en las sociedades mercantiles

Mario Cantalapiedra – Economista

Durante el mes de julio la mayoría de las sociedades mercantiles en España, presentarán sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2020 en el Registro Mercantil.

Una vez superado el plazo “extraordinario” del año pasado debido a la pandemia, volvemos al calendario habitual de presentación, por el cual las cuentas de las empresas con cierre de ejercicio a 31 de diciembre, deben ser “aprobadas” por su junta general dentro de los 6 primeros del ejercicio (fecha límite: 30 de junio), y “depositadas” en el Registro dentro del mes siguiente (fecha límite: 30 de julio).

En el caso de sociedades de responsabilidad limitada, la aprobación de las cuentas precisa de la mayoría de los votos de los socios válidamente emitidos en la junta, siempre que representen como mínimo un tercio de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social, y sin tenerse en cuenta los votos en blanco. Por su parte, en las sociedades anónimas, la aprobación requiere únicamente la mayoría simple de los votos presentes o representados en la junta.

El acuerdo de la junta vincula tanto a los socios o accionistas que voten en contra como a los no asistentes, aunque tienen la posibilidad de impugnarlo. En estos momentos convulsos, donde pueden existir fuertes discrepancias entre los socios a la hora de aprobar las cuentas, conviene recordar los elementos más significativos del procedimiento de impugnación.

Hablamos del proceso judicial mediante el cual se cuestiona la viabilidad jurídica de un acuerdo social (en este caso, el de aprobación de las cuentas), el cual ha de tramitarse según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la que son impugnables los acuerdos sociales contrarios a la Ley, que se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Están legitimados para ejercitar la acción de impugnación, los socios que hayan adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, que no hayan votado a favor del mismo, y que representen, individual o conjuntamente, al menos el 1 por ciento del capital. También pueden impugnarlo los administradores, así como los terceros que acrediten un interés legítimo. Si el acuerdo es contrario al orden público, puede ser impugnado por cualquier socio (aunque haya adquirido esta condición después del mismo), administrador o tercero.

El plazo previsto en la legislación mercantil para la impugnación es de un año a contar desde la fecha del acuerdo. De este modo, si este se ha realizado el 30 de junio de 2021, se tendría hasta el 30 de junio de 2022 para impugnarlo. No obstante, para el caso de que el acuerdo sea contrario al orden público el plazo no caduca ni prescribe.

La impugnación de las cuentas debe ser presentada mediante una demanda contra la sociedad en el juzgado mercantil del lugar en el que radica su domicilio social, siendo el proceso judicial por el que debe plantearse el de juicio ordinario.

Tres motivos para consolidar las cuentas del grupo de forma voluntaria

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las posibles salidas para las empresas en el escenario postpandemia pasa porque aumenten su tamaño mediante la adquisición de otras compañías, a las que puedan controlar, dando origen a grupos empresariales. De hecho, soy de los que piensan que en los próximos meses proliferarán los movimientos empresariales en esta dirección.

Esta estrategia puede permitir que las empresas que la acometan, aumenten su volumen de ventas, reduzcan los costes, aprovechen ventajas competitivas o consigan beneficios fiscales. No obstante, y especialmente desde el entorno de las pymes, a veces se es reacio a comprar otras compañías ante las complicaciones que ello puede acarrear, como tener que consolidar las cuentas contables.

Dispensas a la obligación de consolidar

En este sentido, hay que señalar que contablemente deben consolidarse los grupos de sociedades que se forman por una sociedad dominante más sus dependientes a las que controla, incluyendo en el proceso también otro tipo de sociedades como las multigrupo y las asociadas. El objetivo es mostrar la situación patrimonial del grupo como si se tratara de una única entidad económica.

A pesar de ello, hay una serie de excepciones, fundamentalmente por razón de tamaño y por dependencia de un grupo mayor. Concretamente en el caso del tamaño, están exentos de consolidación contable, los grupos que no superen dos de los tres límites siguientes: que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 11,4 millones de euros; que la facturación consolidada sea superior a 22,8 millones de euros, o que el número medio de trabajadores del grupos sea superior a 250. Estos límites dejan fuera de la obligación legal de consolidación a muchos grupos de empresas que podríamos considerar de tamaño pequeño.

¿Qué razones existen para consolidar de forma voluntaria?

La pregunta a hacerse es si, a pesar de no existir obligación a efectos legales, puede ser interesante consolidar las cuentas del grupo. Se me ocurren varios motivos para hacerlo:

  1. Mejorar la imagen fiel. La primera razón es precisamente el objetivo último que se persigue con la consolidación contable, que no es otro que el de lograr una imagen más fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las sociedades del grupo. En este sentido, hay que tener en cuenta que las cuentas individuales omiten información relevante de las operaciones que se realizan entre empresas del grupo.
  1. Conocer mejor la generación del resultado. La consolidación muestra, tras los procesos de homogeneización, agregación de partidas y eliminación de las operaciones internas a nivel de grupo, en qué sociedades del mismo se están generando realmente beneficios o pérdidas.
  1. Mejorar la posición negociadora con terceros. Presentando las cuentas consolidadas del grupo se puede mejorar, por ejemplo, la negociación que se entabla con las entidades financieras, o con los proveedores al acordar las condiciones del crédito comercial.

 

Nueva hoja de declaración COVID-19 para las cuentas anuales de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 que las empresas deberán depositar en el Registro Mercantil este año, incluirán, con carácter excepcional y transitorio, una hoja de declaración COVID-19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia.

Aunque la Orden del Ministerio de Justicia en el que se recoge esta novedad todavía es un Proyecto en trámite de audiencia pública, la obligación de información se referirá en principio a los elementos siguientes:

  1. Medidas laborales aplicadas a la empresa

En este apartado se deberá informar sobre las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante el ejercicio y motivados por la pandemia; los permisos retribuidos recuperables y las bajas laborales por el coronavirus.

  1. Alquileres (artículos 1 a 15 del Real Decreto-Ley 11/2020).
  1. Avales ICO

Se deberá detallar el importe del aval concedido, en su caso, por el ICO en aplicación de lo establecido en los artículos 29 y 30 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, informando del porcentaje que representa sobre el total solicitado.

  1. Ayudas públicas

Se deberá describir el plan o programa al que se ha acogido la empresa, así como el organismo de la Administración pública concedente y el sistema que ha sido utilizado (avales, moratoria, aplazamiento, interés bonificado, etc.).

  1. Moratorias hipotecarias
  1. Moratorias no hipotecarias
  1. Suministros

Se deberá informar si la empresa ha solicitado la flexibilización y suspensión de suministros (electricidad, gas natural, productos derivados del petróleo), según lo dispuesto por los artículos 42 a 44 del Real Decreto-Ley 11/2020.

  1. Turismo

Se deberá detallar si la empresa se ha acogido a las medidas de apoyo del sector del Turismo, según los artículos 12 y 13 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo.

El mencionado trámite de audiencia pública, durante el cual se pueden presentar alegaciones o comentarios al Proyecto de Orden, finaliza el próximo 24 de mayo. A estos efectos, las aportaciones se pueden presentar en el siguiente correo electrónico habilitado por el Ministerio de Justicia: deposito.cuentas@mjusticia.es

Refuerzo del régimen sancionador por no depositar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

El nuevo Reglamento de Auditoría, aprobado por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, ha reforzado el régimen sancionador que penaliza la falta de depósito de cuentas anuales.

El Gobierno español ya venía avisando hace un tiempo de que su idea era aumentar el número de sanciones que se imponen a las empresas que no cumplen con esta obligación. Este número, hasta la fecha, ha sido reducido, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta el organismo sancionador (ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -), como por el hecho de que lo recaudado no redunda en sus cuentas, como ya se comentó en el blog.

Las novedades que afectan al régimen sancionador se incluyen en las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021, y básicamente se pueden resumir en los tres puntos siguientes:

1. Se abre la opción de que los registradores mercantiles puedan realizar tanto la gestión como la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores, acompañando al ICAC en esta tarea.

2. Se fija el plazo para tramitar el procedimiento sancionador en seis meses desde la adopción del acuerdo de incoación.

3. Se clarifican los criterios sobre activo y ventas utilizados para imponer las sanciones, dentro de los límites establecidos por la Ley de Sociedades de Capital (entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento para las empresas más pequeñas, pudiendo elevarse hasta 300.000 euros para las compañías que facturen por encima de los 6 millones):

  • De manera general, la sanción será del 0,5 por mil del total activo, más el 0,5 por mil de las ventas de la empresa, según la última declaración presentada ante la Agencia Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  • En el caso de que la empresa no aporte la declaración tributaria, la sanción se elevará al 2 por ciento de su capital social, según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  • En el supuesto de que sí se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los porcentajes sobre total activo y ventas sea mayor que el 2 por ciento del capital social, la sanción ascenderá a este último porcentaje con una reducción del 10 por ciento.

Habrá que ver ahora si la imposición de sanciones aumenta en los próximos meses, en un momento especialmente sensible para muchas empresas. En cualquier caso, los empresarios cuentan con un argumento más para depositar sus cuentas anuales, siempre que vengan obligados, y todavía mantengan dudas al respecto.

El plan del Gobierno para aumentar el número de sanciones por no depositar cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

En el mes de septiembre la compañía Iberinform anunciaba como la presentación de cuentas anuales en 2020 en los Registros Mercantiles acumulaba una caída del 30 por ciento con datos cerrados a 31 de agosto, siendo especialmente drástico el descenso del depósito de cuentas durante los meses de julio y agosto.

En parte esta caída se puede atribuir a la situación excepcional debida al coronavirus, la cual condujo a que el Gobierno prolongara el calendario de formulación, aprobación y depósito de las cuentas correspondientes a 2019. De este modo, la formulación se ha podido realizar hasta el 31 de agosto, la aprobación hasta el 31 de octubre y el depósito hasta el pasado 30 de noviembre. Habrá que ver cuando conozcamos datos más actualizados cómo está evolucionando el depósito de cuentas en este ejercicio atípico. No obstante, en España hay muchas compañías que sistemáticamente no las depositan, aun estado obligadas a hacerlo.

Las consecuencias de no cumplir este requisito legal son varias. Desde el cierre provisional de la hoja registral salvo para determinadas inscripciones, pasando por el impacto negativo en los informes comerciales de la empresa incumplidora, hasta las mayores dificultades que se pueden encontrar para acceder a la financiación ajena o lograr la cobertura del seguro de crédito. Inclusive existe la posibilidad de recibir una sanción por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), según lo que se regula en el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital.

La multa prevista legalmente no es pequeña, ya que puede oscilar entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento en el caso de las empresas más pequeñas, y llegar hasta los 300.000 euros para las sociedades que facturen por encima de los 6 millones de euros. No obstante, hasta la fecha se han impuesto pocas multas. A pesar de que en España hay alrededor de 150.000 sociedades que no realizan el depósito de cuentas, según un reciente artículo publicado por elEconomista, el volumen de sanciones que impone el ICAC es muy limitado, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta, como por el hecho de que lo que recauda por este concepto no redunda en sus cuentas sino que se destina al Tesoro Público.

Por lo que se ve, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital desea cambiar esta situación y aumentar el número de sanciones, de ahí que se esté planteando, por un lado, que un parte de lo recaudado se quede en el ICAC, y, por otro, que exista una participación activa de otros organismos (de los registradores mercantiles que disponen de toda la información sobre los incumplimientos, y de la Agencia Tributaria) en el proceso sancionador. De materializarse este plan, las empresas tendrán mayor motivo para depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cómo reflejar el efecto de la COVID-19 en las cuentas anuales de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

Puede que seas administrador de una empresa que todavía no haya formulado las cuentas anuales de 2019, cuyo plazo se ha extendido hasta el 31 de agosto, y te preocupe si has de reflejar en ellas el efecto del coronavirus y, en su caso, cómo hacerlo.

Pues bien, teniendo en cuenta que la declaración del estado de alarma se produjo en España el pasado 14 de marzo, se puede considerar que la crisis debida al coronavirus es un hecho posterior al cierre de 2019, el cual deberás reflejar en tus cuentas anuales ateniéndote a lo que dispone la normativa contable en vigor.

En este sentido, la norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad 23.ª (22.ª en el caso del Plan de Pymes) distingue los siguientes supuestos:

  • Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que ya existían al cierre de ejercicio, los cuales en función de su naturaleza motivarán en las cuentas anuales un ajuste (una provisión con cargo a resultados), información en la memoria o ambos. No parece que sea el caso que nos ocupa, puesto que los efectos del COVID-19 se han empezado a sentir en las empresas bien entrado 2020.
  • Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que no existían al cierre del ejercicio, los cuales no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, si son tan importantes que si no se informa sobre ellos puede distorsionar la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas, se deberá incluir en la memoria información respecto a su naturaleza con estimación de su efecto, o en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. Entiendo que éste ha de ser el caso más general para nuestras empresas, donde lo que habrá que hacer será incluir en las memorias de 2019 información sobre el coronavirus y su grado de afectación al negocio, sin tener que reformular balances y cuentas de pérdidas y ganancias.
  • En todo caso, en la formulación de las cuentas debe tenerse en cuenta toda información que pueda afectar a la aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento (por el que se considera que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible), de tal modo que no se formularán sobre la base de dicho principio si se tiene la intención de liquidar la empresa o cesar su actividad, o si no existe una alternativa más realista que hacerlo, algo que por desgracia estará valorando más de un empresario en la actualidad. De este modo, si debido a los efectos de la COVID-19 tu empresa va a cerrar, deberás formular las cuentas anuales de 2019 conforme a lo dispuesto en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

Nuevo calendario para las cuentas anuales de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español acaba de establecer un nuevo plazo para la formulación de las cuentas anuales correspondientes a 2019 a través del Real Decreto-ley 19/2020, publicado hoy en el BOE.

Si en marzo ya se había flexibilizado este plazo a través del Real Decreto-ley 8/2020 en función de cuando terminase el estado de alarma, pero sin detallar una fecha concreta, ahora se ha establecido que sea el 1 de junio la fecha a partir de la cual las empresas tengan hasta 3 meses para formularlas.

El objetivo del Gobierno es aportar seguridad jurídica al sustituir un plazo dinámico y uniforme, que puede variar según el grado de “desescalada” en el que se encuentre la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga domicilio la empresa, por una fecha concreta.

Adicionalmente, el plazo que tiene la Junta para aprobar las cuentas de 2019 una vez que sean formuladas se ha reducido a dos meses (anteriormente era de tres).

De este modo, se modifican los puntos 3 y 5 del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, que quedan redactados de la siguiente forma:

3. La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.

5. La junta general ordinaria, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, se reunirá necesariamente dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.”

Con esta modificación, debemos tener en cuenta las siguientes fechas límites para la formulación, aprobación y depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes a 2019:

Calendario_ccaa_covid19

 

Flexibilización de los plazos de las cuentas anuales en España por el “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

La pregunta que me hacía en el post anterior sobre la posibilidad de que el Gobierno español retrasara el plazo de depósito de cuentas anuales debido a la crisis del coronavirus ya tiene respuesta, y esta es afirmativa.

De este modo, con respecto a las cuentas anuales se ha decidido flexibilizar sus plazos de formulación, auditoría, celebración de la junta general ordinaria en las que deben ser aprobadas y depósito en el Registro Mercantil. Y todo ello teniendo en cuenta la fecha de finalización del estado de alarma, que actualmente es el domingo 29 de marzo, pero que seguramente habrá de ser prorrogada.

En concreto, dentro del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17  de marzo, dedicado a establecer medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado, podemos leer lo siguiente:

3. El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. 

4. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

5. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales”.

Teniendo en cuenta el plazo actual del estado de alarma, los administradores de las sociedades mercantiles tendrán hasta finales de junio para formular las cuentas anuales, mientras que la junta general tendrá de plazo hasta finales de septiembre para aprobarlas. Por tanto, si el depósito en el Registro de Mercantil ha de realizarse en los 30 días naturales después de la aprobación, de momento las empresas podrán depositar sus cuentas del pasado ejercicio hasta finales de octubre de 2020. Las previsibles prórrogas del estado de alarma llevarían a que estos plazos aumentaran.

¿Podría retrasarse el plazo de depósito de cuentas anuales por el “coronavirus”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus está haciendo que se tambaleen las estructuras de las empresas, especialmente las de pequeñas y medianas que están sufriendo una situación que de prolongarse en el tiempo puede comprometer su viabilidad. En este escenario más propio de una película de ficción que de la realidad, toda ayuda que se preste a los segmentos más débiles del tejido empresarial puede parecer poca.

Y si bien es cierto que jamás puede venir bien una crisis de este tipo, en este caso además coincide con fechas especialmente sensibles para las empresas. Además de continuar con su actividad en medio de la incertidumbre y la parálisis de muchos sectores, se enfrentan en las próximas semanas a trámites mercantiles tales como la formulación de las cuentas anuales por parte de los administradores o la legalización de libros oficiales, que suelen ser más complejos para las empresas pequeñas.

En concreto, los administradores deben formular las cuentas anuales del pasado ejercicio antes de que finalice marzo (en el supuesto de cierre de ejercicio a 31 de diciembre de 2019). Asimismo, tienen de plazo para legalizar sus libros oficiales, en el mismo supuesto de cierre con el año natural, hasta el 30 de abril de 2020. Estos libros recuerdo que son los siguientes:

  • Libro de inventarios y Cuentas anuales.
  • Libro Diario.
  • Libro de actas de las Juntas generales y de los órganos colegiados de la sociedad.
  • Libro Registro de Acciones Nominativas (sociedades anónimas).
  • Libro Registro de Socios (sociedades de responsabilidad limitada).
  • Libro Registro de contratos (sociedades unipersonales).

Lo cierto es que muchas empresas suelen aplazar estos trámites para hacerlos coincidir con el depósito de cuentas anuales, en la confianza de que no les supondrá sanción alguna sino únicamente una reseña por parte del Registrador (en base a lo dispuesto en el artículo 333 del Registro Mercantil).

No obstante, los plazos para la aprobación de las cuentas anuales por la Junta (seis meses después de la fecha de cierre) y de depósito (30 días naturales desde dicha aprobación), es muy probable que también se vean afectados por la situación excepcional que vivimos. Por lo que se me ocurre, al igual que ya se ha solicitado desde ámbitos tales como la delegación de CEOE-CEPYME en Guadalajara, que entre las medidas a arbitrar por el Gobierno español se incluya este año un retraso en el plazo de depósito de las cuentas anuales. En concreto, para las de 2019, este trámite se podría retrasar hasta septiembre u octubre. Como decía al principio, toda ayuda que se preste a las empresas más modestas puede parecer poca.

 

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