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Más de la mitad de las empresas en España cobran sus facturas por encima del plazo legal

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta el 57 por ciento de las empresas en España cobran sus facturas por encima del plazo legal de 60 días que establece la Ley 15/2010. Así se desprende del Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, promovido por las compañías Crédito y Caución e Iberinform. Es cierto que se ha producido una mejora de dos puntos con respecto al dato del año anterior (que fue del 59 por ciento), pero el porcentaje de empresas que cobran fuera de plazo sigue siendo muy elevado. Inclusive, un 10 por ciento de ellas no solamente cobran fuera de plazo sino que lo hacen por encima de los 90 días. No obstante, en 2019 se ha producido una mejora significativa en la serie histórica del porcentaje de empresas que cobran más tarde, como puede comprobarse en el gráfico que se muestra a continuación.

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Lo cierto es que nada más y nada menos que el 81 por ciento de las empresas declaran tener que soportar plazos superiores a los deseados en sus relaciones comerciales, siendo las grandes empresas las mayores causante del retraso, seguidas por las pymes y con el mejor comportamiento del sector público. Es decir, es difícil encontrar una empresa que no haya tenido que aceptar el cobro de alguna de sus facturas por encima del plazo deseado, lo que habla bien a las claras de lo enquistado que está el problema de la morosidad en nuestro tejido empresarial.

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Prueba de que la morosidad es un problema que está instalado en el ADN de muchas empresas, es que la principal razón por la que se retrasan los pagos es la voluntad del cliente de pagar tarde, seguida a corta distancia por la falta de disponibilidad de fondos. Otros motivos esgrimidos como la complejidad del procedimiento de pago, las disputas sobre la calidad o la facturación incorrecta, tienen mucha menor relevancia. La legislación contra la morosidad establece un plazo, pero el mercado dispone otro diferente y la situación no termina de mejorar año tras año, como demuestran los datos del Estudio de Crédito y Caución e Iberinform. Como decía Francisco Fernández Ordóñez “es más fácil cambiar las leyes que las mentalidades y las inercias”. Crucemos los dedos para que la desaceleración económica a la que estamos asistiendo no agudice este problema.

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Aumenta el porcentaje de empresas con impagos significativos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Empeora el porcentaje de compañías en España que declaran haber sufrido un impago significativo en los últimos 12 meses. Así lo señala el Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform y realizado en el primer semestre de 2019 con la participación de 600 profesionales de empresas.

En concreto, son el 32 por ciento de las empresas encuestadas las que afirman haber sufrido un impago significativo, cinco puntos más que el dato del estudio anterior realizado en 2018, lo cual parece confirmar un cambio de tendencia en la serie histórica, que desde 2012 a 2017 observó una reducción de esta tasa año a año hasta el aumento producido en 2018 y ahora en 2019.

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Parece que la desaceleración y el fin de ciclo económico que ya muchos aventuran están afectando al comportamiento de las empresas. Sin ir más lejos el think tank Funcas realizaba esta misma semana un fuerte ajuste a la baja de sus previsiones de crecimiento para la economía española, señalando como nuestro producto interior bruto (PIB) iba a crecer el 1,9 por ciento en 2019, y el 1,5 por ciento en 2020, tres y cinco décimas menos, respectivamente, que en el análisis anterior. Tras sus datos se vislumbra un final de ciclo, que parece inevitable tenga su reflejo en la morosidad empresarial. No obstante, para Funcas estamos hablando precisamente de eso, de un fin del ciclo de crecimiento fuerte, pero no de recesión. Tendremos un crecimiento significativamente menor en los próximos trimestres, pero no un decrecimiento de la actividad económica, esa es su apuesta y la de otros organismos. El problema es que esta situación puede afectar de forma diferente a las empresas según cuál sea su dimensión y el sector en el que compitan, trasladándose a mayores cifras de morosidad en determinados casos.

En este sentido, el 68 por ciento de las empresas encuestadas por Crédito y Caución e Iberinform, consideran que la morosidad tiene consecuencias negativas para su negocio, siendo las más importantes la pérdida de ingresos financieros (28 por ciento), y el incremento de los costes financieros (25 por ciento). Otras consecuencias apuntadas son la limitación al crecimiento (7 por ciento), la amenaza a la continuidad empresarial (5 por ciento) y la limitación a las nuevas inversiones (3 por ciento). Especialmente llamativo es que hasta un 5 por ciento de las empresas consideren que la morosidad pone en riego la continuidad de sus negocios. El menor crecimiento económico previsto no puede ser una buena noticia para ellas.

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La incertidumbre frena el gasto de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Banco de España (BdE) ha actualizado sus proyecciones macroeconómicas de la economía española para el período 2019-2021. El organismo supervisor ha revisado a la baja cuatro décimas (al 2 por ciento) su previsión de crecimiento anual del PIB en 2019 frente al dato anterior de junio. Para 2020, el BdE prevé un crecimiento del 1,7 por ciento, mientras que para 2021, lo estima en el 1,6 por ciento, dos y una décima menos, respectivamente, con respecto a la previsión anterior.

La fuerte revisión a la baja de la tasa de crecimiento para 2019 se explica, en parte (dos décimas), por el reciente recálculo de la serie del PIB que cada cinco años hace el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que incorpora cambios para lograr estadísticas de mejor calidad, según se explica desde este organismo autónomo. Sin embargo, el resto de la caída (las otras dos décimas), se justifica por la pérdida de vigor de la demanda interna que revelan los datos más recientes. Tras esta debilidad se encuentran el deterioro del entorno exterior y las incertidumbres procedentes del resto del mundo (Brexit sin acuerdo, guerra comercial entre China y Estados Unidos), y posiblemente, según el BdE, las incertidumbres de origen interno vinculadas a la parálisis política y la ausencia de un Gobierno que tome las medidas necesarias en un momento de desaceleración. Ante la falta de un horizonte claro, hay más empresas y familias que frenan sus decisiones de gasto, prefiriendo esperar a tiempos mejores. Si hay que cambiar el sofá del salón, mejor hacerlo cuando las cosas estén más claras, aunque ahora nos lo pudiéramos permitir. El problema es que este tipo de decisiones individuales acaban trasladándose al conjunto de la economía y retroalimentándose. Si las empresas gastan menos, contratarán menos trabajadores y las familias tendrán menos dinero para consumir bienes y servicios, por lo que los procesos de producción de las empresas se verán afectados.

Precisamente sobre el tema del mercado de trabajo, merece la pena hacer una reflexión. Según el BdE, la desaceleración proyectada llevará a una moderación progresiva del ritmo de crecimiento del empleo, de tal modo que no veremos en España una tasa de paro por debajo del 13 por ciento de la población activa hasta 2021. A pesar de que seguimos creciendo, no conseguimos alcanzar una tasa de desempleo razonable para una economía que se presume avanzada.

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