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Recomendaciones de la OCDE para que el crecimiento económico de España sea más inclusivo

Mario Cantalapiedra – Economista

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de presentar su Estudio económico sobre España 2017, en el cual indica como el crecimiento previsto para nuestro país para el período 2017-2018 será superior al 2% del PIB. El organismo internacional con sede en París, reconoce que la economía española está disfrutando de una sólida recuperación tras haber experimentado una profunda recesión, como puedes ver en el gráfico al final del post. No obstante, cree necesario establecer medidas adicionales para que el crecimiento económico sea más inclusivo, es decir, alcance al conjunto de la población española y no solo a una parte. Estas medidas van desde reformas macroeconómicas relacionadas fundamentalmente con el ámbito fiscal, pasando por políticas de reducción de desempleo y de la pobreza, hasta la mejora de la cualificación de los trabajadores y el incentivo a la inversión empresarial en materia de innovación. En concreto, la OCDE nos propone las recomendaciones siguientes:

 

1. Recomendaciones sobre políticas macroeconómicas

– Seguir acometiendo reformas estructurales dirigidas a conseguir un crecimiento sólido y equilibrado.

– Ajustarse a los objetivos fiscales a medio plazo para garantizar una reducción gradual de la deuda pública.

– Mejorar la eficiencia del sistema tributario mediante:

  • La abolición de exenciones del IRPF con un enfoque inadecuado.
  • La abolición de tipos reducidos del IVA de carácter regresivo.
  • El aumento de los impuestos ambientales.

 

2. Recomendaciones para reducir el desempleo

– Crear perfiles de los desempleados y contratar consultores especializados.

– Aumentar los recursos y la ratio entre profesionales de los servicios de empleo y los demandantes de empleo.

– Crear un punto único de contacto para servicios sociales y de empleo.

– Reducir las contribuciones empresariales a la seguridad social para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos.

– Solicitar una representación mayor de los colectivos empresariales cuando se autorice la prórroga de los convenios colectivos.

 

3. Recomendaciones para mejorar las habilidades de los trabajadores

– Mejorar la calidad de la enseñanza entre el profesorado a través de una mejor formación universitaria y en el puesto de trabajo.

– Continuar el desarrollo y la modernización de la enseñanza y formación profesional (EFP):

  • Ampliar la enseñanza y formación profesional dual.
  • Garantizar que las competencias enseñadas satisfagan las necesidades empresariales.

– Potenciar la enseñanza y formación profesional y los programas de formación para adultos.

 

4. Recomendaciones para reducir la pobreza

– Aumentar el volumen y el alcance de los programas regionales de apoyo en materia de ingresos mínimos.

– Aumentar las ayudas en efectivo para las familias con hijos.

 

5. Recomendaciones para promover la inversión empresarial en innovación

– Continuar con la implantación de la Ley de Unidad de Mercado y aprobar la reforma de los servicios profesionales

– Reasignar parcialmente partidas de préstamos a ayudas a Investigación y Desarrollo para proyectos e investigadores.

– Cuando la condonación de la deuda no sea automática, reducir el periodo durante el cual los emprendedores en quiebra estén obligados a devolver deudas pasadas.

– Crear fondos de bonos de pymes con avales proporcionados por el Gobierno y los beneficiarios.

– Aumentar la financiación pública y privada para empresas innovadoras de reciente creación.

 

PIB real de España, variación interanual (en porcentaje)11 Fuente: OCDE (2017), OECD Economic Outlook: base de datos de estadísticas y proyecciones, marzo.

Disolución de una mercantil y responsabilidad de los administradores respecto a las deudas sociales

Muchos son los casos en los que al comprobar que una empresa deudora ha publicado en el Registro Mercantil los acuerdos de disolución y liquidación damos por perdido nuestro crédito y procedemos a regularizarlo en la creencia de que la sociedad en cuestión ha cerrado su actividad correctamente y ya no es posible reclamar nuestra deuda.

Sin embargo, esto no es así. La sociedad, al acordar la disolución y liquidación, debe nombrar un liquidador y este ha de elaborar un plan de liquidación, similar al de los del concurso de acreedores, en el que el propio liquidador debe recopilar los adeudos y hacer un inventario de los bienes a liquidar para después plantear una propuesta de reparto de lo poco o mucho que tenga la sociedad entre sus acreedores, propuesta que en última instancia ha de ser judicialmente aprobada.

Por ello, lo primero que debemos hacer es, por un lado, estudiar si existía causa de disolución en la mercantil más de dos meses antes de acordarse la misma y, por otro lado, remitir una comunicación fehaciente a quien resulte nombrado como liquidador para comunicarle nuestro crédito y solicitarle nos informe del activo y pasivo y de cuáles serán las propuestas de liquidación. Nos encontraremos en más ocasiones de las que a simple vista pueda parecer en supuestos en los que, a pesar del acuerdo de disolución, los administradores de la mercantil deudora han de responder con su propio patrimonio de las deudas sociales. Así, podremos exigir la responsabilidad de los administradores en los siguientes supuestos:

1-   Cuando la causa de disolución existiese con una anterioridad de más de dos meses al acuerdo disolutorio. Se puede exigir la responsabilidad personal de los administradores respecto a las deudas sociales posteriores a la causa de disolución cuando al conocer la existencia de misma tardan más de dos meses en cumplir las obligaciones que la ley les impone, es decir, corregir la causa de disolución o acordar la disolución en sí.

Muchas veces damos por cumplido este requisito al ver que se ha acordado la disolución y liquidación sin verificar que, por ejemplo, la sociedad podría llevar más de un ejercicio en causa de disolución sin que los administradores cumpliesen sus obligaciones legales, haciéndolo de forma extemporánea para crear la falsa apariencia de haberlo hecho.

 

 

2-   Cuando el acuerdo de disolución y liquidación no venga seguido de una verdadera actividad liquidatoria, constituyendo una mera simulación del cumplimiento de las obligaciones legales que atañen a los administradores societarios. Muchas veces, los administradores de la deudora, a sabiendas de las responsabilidades patrimoniales a las que a título personal pueden ser condenados, acuerdan la disolución y liquidación, nombrando un liquidador e inscribiendo tales acuerdos en el Registro Mercantil dentro del plazo de los dos meses desde que concurre la causa de disolución, cumpliendo con ello, al menos en apariencia, sus obligaciones legales.

Sin embargo, son innumerables los supuestos en los que luego no existe absolutamente ninguna actividad liquidatoria, por lo que el derecho de los acreedores a un proceso ordenado en el que se reparta lo mucho o poco que queda a la mercantil entre todos ellos se ve totalmente vulnerado.

Para detectar, e incluso para probar judicialmente, estos casos basta con enviar un burofax o telegrama a quien resulte designado liquidador solicitando nos informe si ha incluido nuestro crédito, cuáles son la masa activa y la pasiva y cuáles las propuestas de liquidación. Si no obtenemos respuesta estaremos ante una simulación de liquidación o liquidación fraudulenta.

En estos casos de simulación de liquidación podremos reclamar no sólo la responsabilidad patrimonial del administrador/ores societarios inmediatamente anteriores al acuerdo de disolución sino también la de quien resulte designado como liquidador, en caso de que sea persona distinta del propio administrador societario.

 

Gonzalo Quiroga Sardi                                     

Responsable de la Comisión de Morosidad ASSET                                                             

Socio AGM ABOGADOS

Las administraciones públicas deberán publicar el período medio de pago a proveedores

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado miércoles 19 de junio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, el cual recoge más de doscientas propuestas que persiguen, según sus propias palabras, ‘reducir gastos en aras de una mayor eficiencia de la de la administración pública; simplificar trámites; suprimir órganos o entidades innecesarias; agilizar procedimientos y mejorar la gestión de los medios públicos’.

Entre ellas hay una propuesta que me gustaría destacar ya que se relaciona con la lucha contra la morosidad, en este caso, pública, como es la del control de la deuda comercial del sector público a efectos de la estabilidad presupuestaria. En principio resulta interesante que nuestro Presidente piense que la sostenibilidad financiera no consiste sólo en el control de la deuda pública, sino también en el control de la deuda comercial, en el de las facturas que los distintos estratos en los que se divide la administración pública adeudan a sus proveedores, en gran medida, pequeñas y medianas empresas generadoras de riqueza y empleo y que tanto están sufriendo por el impago público. La reforma propuesta se encamina a integrar el control de dicha deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera, para lo cual se introduce el concepto de período medio de pago a proveedores que las administraciones públicas tendrán la obligación de publicar periódicamente. De este modo, los proveedores contarán con un argumento más para reclamar el pago de sus facturas pendientes si la administración pública de turno no cumple el plazo legal vigente de treinta días naturales desde la recepción de la factura o de una solicitud de pago equivalente. Esta medida viene a sumarse a la obligación existente ya desde el ejercicio de 2010 para las sociedades, de informar sobre los plazos de pago a sus proveedores a través de la memoria que se integra en sus cuentas anuales y se deposita en el Registro Mercantil. Información que debe presentarse con mayor o menor grado de detalle en función de que la sociedad elabore el modelo normal de memoria o bien elabore el modelo abreviado o aplique el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. Conocer y hacer público el problema de la morosidad puede ser el primer paso para solucionarlo, por lo que bienvenida sea la medida anunciada por Rajoy.

Aprobada la tasa judicial, desde este mismo mes de noviembre será más caro reclamar deudas judicialmente.

Precisamente en el momento en el que los índices de morosidad rozan límites históricos, asfixiando a cualquier empresa pero, en especial, a los autónomos y PYMES, y a pesar de que esta situación proviene en gran medida de la propia Administración Pública ( aún tras el plan de pago a proveedores la deuda vencida e impagada generada por las A.A.P.P. ya excede en sólo 6 meses de los 10.000 millones de euros) el Gobierno considera que la mejor opción es optar por una Ley de Tasas Judiciales que tras su aprobación por el Senado será publicada en el B.O.E. este mismo mes y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Se argumenta por el Ejecutivo, y así se recoge en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, que el pago de una tasa para ejercitar la potestad jurisdiccional (en el caso concreto  que nos ocupa el devengo de la tasa vendría determinado  por interponer una demanda para reclamar una cantidad adeudada, por solicitar la ejecución del título que reconoce la deuda, por oponerse a una demanda donde nos reclamen un impago…) no vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva, ya que, y cito textualmente, “no ha de confundirse el derecho a la tutela judicial efectiva con el derecho a una tutela judicial gratuita”. A mi modesto entender olvida el Sr. Gallardón y los miembros del Poder Legislativo que han dado vía libre a la aprobación de este Proyecto de Ley  que la Administración de Justicia, aún sin pago de tasas, no resulta en absoluto gratuita para el ciudadano ni para la empresa. Hasta donde mi conocimiento alcanza la Administración de Justicia ha venido nutriéndose del erario público, luego gratuita no nos resulta desgraciadamente.

Otro argumento esgrimido para camuflar el insultante afán recaudatorio de esta tasa ha sido el de agilizar y descongestionar el colapso del sistema público de Administración de Justicia, llegándose a afirmar que a lo largo del pasado año se interpusieron más de 120.000 recursos. No está mal reducir el número de recursos a través de una tasa disuasoria, si bien antes de acudir a este tipo de restricciones habría que tener en cuenta datos como el aportado por el propio Consejo General del Poder Judicial y según el cuál más de un 80% de esos recursos fueron estimados y, por tanto, eran necesarios.

Sea como fuere, lo cierto es que la tasa judicial ha sido aprobada, y dejando a un lado los otros miles de supuestos de auténtica injusticia que ya se han puesto de manifiesto a lo largo de estos días a través de los medios (tasa por recurrir en vía social el impago de una indemnización por despido, tasa por reclamar daños sufridos en un accidente de tráfico, etc…) no es menos injusto que las empresas vean limitado y encarecido su derecho a reclamar cuánto se les adeuda. No perdamos de vista que el mayor motivo de cierres empresariales en nuestro país desde hace más de dos años es la insolvencia producida por la falta de financiación acompañada del alto índice de impagados.

Pues bien, las principales consecuencias que la aprobación de la tasa tendrá para aquellas empresas que se ven obligadas a acudir a la vía judicial para reclamar cuánto se les debe por impagos y que, además, dependen en gran medida para su viabilidad del éxito de estas reclamaciones, son las siguientes:

A)    SE ENCARECE LA TASA PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE YA VENÍAN OBIGADAS A PAGARLA.

Hasta la fecha, y en atención a su músculo financiero y al mayor número de veces que acudían a la justicia, sólo habían de abonar una tasa para reclamar judicialmente una cantidad aquellas empresas que facturaban más de 8.000.000 de euros al año.

Estas empresas, obviamente, seguirán obligadas al pago del canon pero lo verán encarecido sustancialmente.

B)    SE IMPONE EL PAGO A PERSONAS FÍSICAS, AUTÓNOMOS Y PYMES QUE HASTA LA FECHA ESTABAN EXENTAS.

Así, cualquier persona empresario o empresa de reducida dimensión deberá, aún a pesar de carecer del músculo financiero suficiente para hacerle fácil el pago ( o incluso de carecer de tal músculo como consecuencia precisamente de los impagos sufridos)  abonar la tasa en idénticas condiciones a las grandes empresas si quiere acudir a la vía de la reclamación judicial.

De este modo, el panorama para las reclamaciones de cantidad formuladas contra particulares o empresas será el reflejado en el siguiente cuadro: 

PROCEDIMIENTO

SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
  solo empresa factura >8 mill /€ Cualquier empresa
Declarativo verbal y cambiario

90

150

Monitorio/ Monit europeo < 2.000 €

50

100

Declarativo ordinario

150

300

Ejecución extrajudicial

150

200

Oposición a la ejecución título judicial

150

200

Concurso necesario

150

200

Recurso de apelación 300

800

Recurso casación y de infracción procesal

600

1.200

No hay que perder de vista el escenario para el pago de tasas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que determinará la cantidad a abonar a la Administración para reclamar, paradójicamente, un adeudo de la propia Administración. Resulta curioso, sin embargo, ver que la Ley prevé que la Administración estará exenta del pago de tasa, probablemente para poder seguir, y en este caso sí que ocurre, dilatando injustificadamente mediante recursos infundados la firmeza de cualquier resolución que implique el pago de cuanto se le adeuda al administrado.

La situación de las tasas judiciales para este tipo de procedimientos Contencioso Administrativos, será la siguiente: 

PROCEDIMIENTO SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
  solo empresa factura >8 mill /€ Cualquier empresa
Procedimiento Abreviado

120

200

Procedimiento Ordinario

210

350

Apelación

300

800

Casación

600

1.200

 

 

 

 

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