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La utilidad del modelo 347 a la hora de reclamar facturas impagadas

Mario Cantalapiedra – Economista

El modelo 347 es una declaración fiscal informativa que en España han de presentar los autónomos y empresas que, en el desarrollo de su actividad profesional o empresarial, efectúen operaciones con otros autónomos o empresas que en su conjunto superen la cifra anual de 3.005,06 euros (IVA incluido).

También han de declarar en este modelo aquellas entidades, tales como asociaciones o colegios profesionales, que cobren por cuenta de terceros, cuando los cobros que realicen superen la cantidad de 300,51 euros en el año. Se presenta en el mes de febrero en relación a las operaciones que se realizan el año anterior.

Su función básica es de control, puesto que permite al personal de la Agencia Tributaria comprobar la facturación de los empresarios obligados a suministrar la información, pudiendo cruzar los datos declarados por dos de ellos y observar si las compras que consigna uno, se corresponden con las ventas que declara el otro, lo que en caso de discrepancias importantes puede llegar a motivar una inspección. En este sentido, no es un modelo que tradicionalmente sea visto con agrado por parte de los empresarios.

No obstante, su información puede ser muy útil en el caso de que una empresa tenga que reclamar el impago de una factura, y desee probar en sede judicial que corresponde a una venta real.

En el momento de reclamar ante el juez un impagado, una factura por sí sola no constituyen una prueba plena y eficaz que justifique la venta o la prestación del servicio. No olvidemos que se trata de un documento que emite de forma unilateral el proveedor. Sin embargo, los jueces si tienen en cuenta a la factura para probar la deuda comercial si esta se acompaña con otros medios de prueba como albaranes de entrega o partes de trabajo firmados, o inclusive con una copia del modelo 347 en la que el cliente haya incluido el importe de la factura reclamada.

En este sentido, distintas sentencias judiciales han reconocido que la información que se incluye en el modelo 347 tiene valor a efectos de probar la existencia de relaciones comerciales entre cliente y proveedor. Por ejemplo, en sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de junio de 2020, se considera que “la aportación del modelo 347 da credibilidad a la factura reclamada”, mientras que en un sentencia más reciente de la Audiencia Provincial de León de 23 de marzo de 2021, puede leerse como “la prueba de la existencia de la deuda derivada de los servicios que se detallan en las facturas, no resulta solo de la actuación unilateral del acreedor presentando unas facturas por el confeccionadas, sino que a ello se añade la propia actuación del deudor, que admite efectuó el encargo, computó las facturas en su contabilidad y las declaró a efectos tributarios”.

Por tanto, el modelo 347 más allá de la incomodidad que pueda representar para muchas empresas a la hora de cumplimentarlo, puede ser muy útil si tenemos que reclamar el cobro de facturas impagadas en un juicio.

Cuatro medidas para mejorar la liquidez de la empresa en tiempos de coronavirus

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando llega el verano es habitual que aumenten las tensiones de liquidez en las empresas. Algo que este año inclusive puede verse acrecentado por el impacto que está teniendo la pandemia.

Entre las distintas medidas que pueden arbitrarse para intentar equilibrar los cobros con los pagos en el corto plazo, me gustaría destacar cuatro.

  1. Nuevas aportaciones de los socios

Una primera solución pasa porque los socios de la empresa realicen nuevas aportaciones al capital social. Esto se puede hacer de dos maneras. La primera, aumentando la cifra de capital inicial mediante la creación de nuevas participaciones (sociedades de responsabilidad limitada), o la emisión de nuevas acciones (sociedades anónimas). La segunda, elevando el valor nominal de las participaciones o acciones existentes.

No obstante, la formalización de la ampliación de capital implica unos gastos notariales y registrales que los socios pueden desear evitar, sobre todo si piensan que la necesidad de dinero extra es temporal y no permanente. En este caso, cabe la posibilidad de que los socios realicen una aportación provisional, la cual deberá registrarse en la cuenta contable prevista a tales efectos (cuenta corriente con socios y administradores).

  1. Venta de activos fijos no estratégicos

A pesar de que el objeto principal de los activos fijos que posee una empresa no sea convertirlos en liquidez en el corto plazo, sino utilizarlos en su proceso productivo, puede que con la crisis debida al coronavirus haya determinados elementos, por ejemplo, una máquina o un camión, que hayan perdido utilidad y que se puedan vender con el fin de obtener liquidez.

  1. Refinanciación de la deuda

Otra opción pasa por tratar de acordar con las entidades que financian a la empresa, la sustitución de los préstamos en vigor y con vencimiento a corto plazo, por otros con un plazo de devolución mayor. Pueden negociarse periodos de carencia en el pago de intereses o en la propia devolución del principal. Lo más posible es que esta refinanciación suponga un aumento de la carga financiera total de la deuda, aunque la actual coyuntura de tipos bajos “juega” a favor de la empresa.

  1. Mejora de los plazos de almacenes, clientes y proveedores

Por último, se puede tratar de equilibrar la situación de liquidez incidiendo en la gestión de los activos corrientes relacionados con el negocio, fundamentalmente almacenes, clientes y proveedores.

En lo referente a los almacenes se ha de intentar mantener la inversión mínima necesaria para la actividad, y en el caso de que se hayan acumulado mercancías en los últimos tiempos de difícil salida, tratar de venderlas ofreciendo promociones o descuentos.

Para mejorar la liquidez a través de los clientes se ha de incidir en la gestión de su riesgo de crédito comercial, procurando seleccionar aquellos que aporten liquidez más temprana a la empresa, es decir, de los que cobremos antes.

Con los proveedores, en cambio, puede mejorarse la liquidez ampliado el plazo de abono de sus facturas, si ello fuese necesario, pero siempre con la garantía de pago final.

 

La morosidad bancaria repunta ligeramente en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La morosidad bancaria se mantiene relativamente estable en España, a pesar de haber sufrido un ligero repunte en enero de 2021, según los últimos datos publicados por el Banco de España (BdE).

De este modo, al finalizar el primer mes del año, la morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito se situó en el 4,54 por ciento, tres centésimas más que al cierre de 2020.

Recuerdo que la tasa de morosidad bancaria se obtiene dividiendo el saldo vivo de los créditos dudosos (55.066 millones de euros a finales de enero), entre el saldo vivo del total de crédito concedido (1,213 billones de euros). Ambos saldos se han reducido en enero de 2021, aunque el de total de crédito lo ha hecho en mayor proporción, de ahí el incremento de la tasa.

Se puede decir que la morosidad bancaria sigue bastante contenida en nuestro país, y muy lejos de la cota máxima que alcanzó en diciembre de 2013 (13,62 por ciento).

Habrá que ver ahora la evolución que sigue la morosidad bancaria en los próximos meses, en función de que los estímulos públicos arbitrados con el estado de alarma se vayan retirando y de que la recuperación de la economía sea o no rápida.

Evolución morosidad bancaria en EspañaMorosidad_bancaria_enero_2021Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Tres interrogantes sobre las nuevas ayudas del Gobierno a las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los rumores sobre las fórmulas que utilizará el Gobierno español para otorgar nuevas ayudas a las empresas, así como sobre los criterios en los que se basará para otorgarlas, se disparan en los últimos días.

Por lo que se ve, Gobierno y banca están tratando de llegar a un acuerdo, teniendo como base los préstamos avalados por el ICO que ya han sido concedidos. Tras su tira y afloja están las empresas necesitadas de nuevos fondos, a las que se les acaba el tiempo, sobre todo a las pymes enmarcadas en los sectores golpeados con mayor virulencia por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería, restauración, ocio, o vehículos a motor.

Ante este panorama surgen una serie de interrogantes que en función de cómo sean resueltos, pueden condicionar fuertemente el devenir de nuestra economía en los próximos años y el futuro de su tejido empresarial.

¿Deben ser los poderes públicos quienes decidan qué empresas han de sobrevivir?

Podría pensarse que en una economía de mercado como en la que nos encontramos, debería ser el propio juego libre de la oferta y de la demanda, la que tomará esta decisión.

No obstante, hay quien argumenta que debido al cierre de negocios en base a decisiones de carácter público, heterogéneas además entre los distintos territorios, muchas empresas no han podido competir con normalidad, y lo justo ahora es compensarlas.

¿Debe optarse por quitas o por ayudas directas?

Por un lado, se comenta que Moncloa prefiere que el instrumento de ayuda más utilizado sea el de las quitas en los préstamos avalados por el ICO, es decir, en la reducción de una parte del dinero que las empresas deben a los bancos, tratando de asegurar el cobro del resto. De este modo, el maltrecho déficit público español no soportaría todo el peso de medida, que también incidiría en las cuentas de resultados bancarias.

En cambio, desde la banca, la cual argumenta no ser culpable de esta crisis, la fórmula preferida es la de las ayudas públicas directas a las empresas, similares a las que se están concedido en otros países como Italia o Alemania.

¿Debe olvidarse a las empresas que no han solicitado los préstamos ICO?

Este tema me parece especialmente polémico, sobre todo para aquellos que venimos defendiendo que las empresas deben tratar siempre de no endeudarse por encimas de sus posibilidades.

Me preocupa que se identifique a las empresas a ayudar únicamente con aquellas que han solicitado préstamos avalados por el ICO. Existen empresarios que han podido decidir no pedirlos para no endeudarse más, prestando ellos dinero a la empresa de sus ahorros, o incluso ampliando capital, con la confianza en que la pandemia no se extendería tanto en el tiempo. Ahora se pueden encontrar con dificultades, y no me parece correcto olvidarse de ellos.

Criterios objetivos y transparencia en la concesión de ayudas a las empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español parece tener claro de que será necesario ayudar más al tejido empresarial si no quiere ver cómo se dispara la cifra de quiebras en nuestro país. Por lo que acaba de anunciar la ministra Calviño, está esperando la autorización de Europa para lanzar un programa de ayudas directas a las empresas.

El problema es que este nuevo apoyo público no va a poder alcanzar a todas las empresas. Al principio de la pandemia se intentó ayudarlas de forma generalizada para que superaran sus dificultades de liquidez. Para ello, se utilizaron fundamentalmente los préstamos avalados por el ICO, pero ahora estamos hablando de algo distinto, de proteger solamente a empresas que se consideren viables.

Desde Europa, que en última instancia es la que nos va a facilitar el dinero, ya se ha indicado que se ha de favorecer a compañías viables, no sea que por tratar de llegar a todas no se llegue a ninguna, algo que ya ocurrió en la crisis de 2008. Evidentemente habrá que prever mecanismos para no dejar en la estacada a la demás, como, por ejemplo, la mejora de la ley de segunda oportunidad a través de la exoneración de las deudas con los acreedores públicos.

Entre las posibles soluciones que se está planteando para empresas endeudadas con préstamos avalados por el ICO, que presenten dificultades para devolverlos, pero que se consideren viables, figuran las siguientes:

  • La prórroga de plazos de los préstamos vigentes, permitiendo devolverlos con mayor facilidad.
  • Las quitas de parte de la deuda, esto es perdonar una parte del dinero que se ha prestado a las empresas.
  • La inyección de dinero público nuevo vía subvenciones a fondo perdido.
  • La conversión de los préstamos avalados por el ICO a préstamos participativos, en los cuales el pago de intereses (una parte) se ajusta al ciclo económico que atraviesa la empresa, de tal modo que si a ésta le va bien, el prestamista, en este caso, el Estado, percibe una mayor remuneración.

Sacrificar a algunas empresas que, a priori, no tienen posibilidades de sobrevivir para poder atender a otras que sí puedan hacerlo, exigirá de una labor casi de cirujanos. Habrá que determinar qué empresas estaban mal antes de la pandemia y diferenciarlas de aquellas cuyos problemas han sido originados por el coronavirus, pero que antes eran viables. En esta labor serán necesarios criterios objetivos y mucha transparencia, evitando tomar decisiones arbitrarias y huyendo de favorecer a redes clientelares.

 

600.000 empresas cubren sus necesidades de liquidez mediante préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha publicado un resumen de los datos, a cierre de 2020, de la Línea de Avales prevista para cubrir las necesidades de liquidez motivadas por la COVID-19.

En este sentido, hay que recordar que en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, el sistema de ayudas se ha centrado en avalar préstamos bancarios a empresas y autónomos, y no tanto en concederles subvenciones de tipo directo. Estos préstamos avalados, aunque puedan suponer una ayuda para las empresas, implican nueva deuda que habrá que devolver, algo que no sucedería de haber obtenido subvenciones a fondo perdido. Es cierto que con la ampliación de los periodos de carencia iniciales por parte del Gobierno, muchas empresas no tendrán que empezar a devolverlos hasta marzo de 2022, pero tarde o temprano tendrán que hacerlo.

A pesar de lo anterior, la Línea de Avales ha sido ampliamente utilizada por las empresas españolas como demuestran los datos publicados por el ICO. De este modo, del importe previsto inicialmente por el Gobierno de 100.000 millones de euros, a finales de 2020 se han consumido ya 87.085 millones de euros, los cuales han implicado 114.647 millones de euros de financiación para las empresas.

Casi 600.000 empresas han sido beneficiarias de los avales, de las cuales el 99 por ciento son autónomos y pymes, colectivos muy perjudicados por las pandemia y ampliamente mayoritarios en nuestro país. El número de operaciones firmadas ha sido de 944.588 (en este sentido, una empresa puede firmar más de una operación, ya que el límite de la ayuda es por cuantía avalada y no por número de operaciones).

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que tuvo un mayor número de operaciones avaladas en 2020, con  un total de 183.466, lo que representó una financiación de 21.125,9 millones de euros para sus empresas. A continuación se situaron Andalucía (149.925 operaciones y 13.868 millones), y la Comunidad de Madrid (132.590 operaciones y 24.137,9 millones).

En cuanto a la clasificación por sectores de actividad, el mayor número de operaciones se firmó por parte de las empresas del turismo, ocio y cultura, seguidas por las de la construcción e infraestructuras.

Línea de Avales ICO COVID-19 Liquidez. Resumen de avales concedidos a 31/12/2020ICO_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos ICO.

Hasta el 1 de junio los autónomos y empresas que así lo deseen, todavía pueden solicitar los préstamos garantizados por la Línea de Avales, los cuales pueden ser concedidos hasta el 30 de junio.

Hechos negativos que pueden hacer dudar sobre la continuidad del negocio

Mario Cantalapiedra – Economista

Las consecuencias económicas de la pandemia están llevando a que muchas empresas tengan problemas de liquidez, es decir, presenten dificultades para atender sus compromisos de pago a corto plazo.

Es una situación manejable mientras los activos en su conjunto sean superiores a los pasivos. Una entidad de crédito, por ejemplo, estará dispuesta a financiar la falta de liquidez si comprueba que la compañía es viable y que tiene suficiente patrimonio neto que sirva de garantía.

No obstante, la prolongada caída de la actividad hace que muchos negocios estén empezando a entrar en problemas no ya de liquidez sino de solvencia que, de no ser solucionados, pueden motivar su desaparición.

La clave aquí es entender cuándo los hechos son tan negativos que hacen dudar sobre la continuidad de la empresa.

En el Plan General de Contabilidad (PGC) se señala como uno de los principios contables básicos a aplicar a la hora de registrar y valorar los elementos de las cuentas anuales es el de empresa en funcionamiento. Por él se considera que el negocio se desarrollará con un carácter indefinido. Si la situación cambia, y la empresa se plantea cerrar, este principio deja de aplicarse.

En este sentido, la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, establece una serie de hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la continuidad de la empresa. Entre ellos, me gustaría destacar los siguientes:

De tipo financiero

  • Patrimonio neto negativo.
  • Préstamos a plazo fijo próximos a vencimiento sin perspectivas realistas de reembolso o renovación.
  • Dependencia excesiva de préstamos a corto plazo para financiar activos a largo.
  • Pérdidas de explotación importantes.
  • Incapacidad de obtener financiación para el desarrollo de nuevos productos o inversiones esenciales.

De tipo operativo

  • Intención de la dirección de liquidar la empresa o de cesar en sus actividades.
  • Salida de directivos clave, sin sustitución.
  • Pérdida de un mercado importante, de uno o varios clientes clave, de una franquicia, de una licencia o de uno o varios proveedores principales.
  • Dificultades laborales.
  • Escasez de suministros importantes.
  • Aparición de un competidor de gran éxito.

De tipo legal u otros

  • Incumplimiento de los requerimientos de capital o de otros requerimientos.
  • Procedimientos legales pendientes contra la empresa que de prosperar puedan dar lugar a indemnizaciones improbables de satisfacer.
  • Cambios en disposiciones legales o en políticas públicas que afecten negativamente a la empresa.
  • Catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producen.

Evidentemente los responsables de la empresa deben ponderar el grado en que se dan algunos de estos hechos y las posibilidades reales de contrarrestarlos, antes de tomar una decisión tan traumática como es la de finalizar el negocio. Por ejemplo, habrá casos en que se pueda afrontar el reembolso de un préstamo ampliando capital o vendiendo activos no estratégicos. En otras ocasiones, por desgracia, solo quedará la opción del cierre.

Reforzar el capital de empresas viables para acelerar la recuperación económica

Mario Cantalapiedra – Economista

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) estima que la recuperación en España será gradual, de tal modo que para finales de 2022 nuestro PIB todavía no alcanzará los niveles previos a la pandemia.

En la última edición de su informe “Perspectivas Económicas” (Número 108), la OCDE prevé que tras una fuerte caída del 11,6 por ciento en 2020, el PIB español crezca el 5 por ciento en 2021 y el 4 por ciento en 2022, crecimiento insuficiente para recuperar el nivel de producción que teníamos al finalizar 2019.

En opinión del organismo de cooperación internacional, las restricciones adoptadas para hacer frente a los brotes de la pandemia y las continuas alteraciones que ha sufrido el turismo y los viajes lastrarán nuestra recuperación hasta que una vacuna se despliegue ampliamente.

Con respecto al consumo privado, se verá afectado negativamente por la elevada incertidumbre y por las adversas condiciones del mercado laboral. En un país tan dependiente del exterior como España, a medida que la demanda externa se vaya recuperando, las exportaciones contribuirán al crecimiento en 2021 y 2022. No obstante, la tasa de desempleo seguirá siendo nuestra espada de Damocles. La OCDE estima que ésta, medida en porcentaje de la fuerza laboral, alcance el 16,9 por ciento al finalizar 2022 (cuando al cierre de 2019 se situaba en el 14,1 por ciento).

En cuanto a las soluciones propuestas, el organismo internacional aconseja focalizar el apoyo fiscal a las empresas y los trabajadores más afectados por la crisis. Además cree que los ERTE deben ir acompañados de una mayor formación y de políticas activas de empleo más sólidas para facilitar la reasignación de recursos entre empresas y sectores. De igual forma, opina que el plan de recuperación nacional, centrado especialmente en los objetivos de inversión verde y digital, debe alcanzarse mediante reformas estructurales ambiciosas que impulsen la productividad, creen empleo y mejoren los resultados ambientales.

En mi opinión, el apoyo a las empresas en España debería ser más ambicioso de lo que hemos visto hasta la fecha, y canalizarse, en parte, de forma diferente. Si bien los préstamos avalados por el ICO han permitido a muchas compañías solventar sus problemas de liquidez a corto plazo, no dejan de ser deudas que habrá que devolver. En cambio, en países de nuestro entorno, tales como Francia, Italia o Alemania, se están arbitrando ayudas a fondo perdido a las empresas viables que aquí no estamos viendo. Considero que reforzar desde lo público el capital de empresas con futuro puede permitir que nuestro proceso de recuperación económica se acelere.

Perspectivas PIB y tasa de desempleo en España

OCDE

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 108; y IHS Markit.

El Gobierno concede más tiempo a las empresas para que devuelvan los préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

Existe mucho miedo tanto en la banca como en el Gobierno a que las empresas españolas, ante la prolongación de la pandemia y de sus consecuencias económicas, no sean capaces de afrontar sus deudas financieras en los próximos meses. Especialmente se teme que el año próximo no puedan hacer frente a los vencimientos de los préstamos avalados por el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

A estos efectos, y tratando de adelantarse a los problemas financieros de las empresas, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, por el que se amplían los plazos de concesión, vencimiento y carencia de los préstamos avalados por el ICO. Se trata de conceder “más tiempo” a las empresas para que recuperen su actividad y puedan devolver estos préstamos.

En palabras de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estas medidas protegerán especialmente “a los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, de industria textil y moda y el comercio al por menor, que concentran casi un tercio de las operaciones con aval del ICO”.

Con el Real Decreto-ley 34/2020, por un lado, se amplía el plazo de concesión de la dos líneas ICO (liquidez e inversión) hasta el 30 de junio de 2021. Recuerdo que las mismas han sido dotadas con 100.000 millones (liquidez) y 40.000 millones de euros (inversión), respectivamente.

Por otro lado, las empresas y autónomos podrán ampliar (previa petición a la entidad financiera prestamista) el vencimiento de los préstamos de la línea de liquidez 3 años más, con un máximo de 8 años, desde los 5 actuales. Hay que señalar que, según los datos disponibles por el ICO hasta 31 de octubre, más del 73 de las operaciones concedidas con cargo a esta línea se han firmado a un plazo de entre 4 y 5 años.

De igual modo, y previa petición a la entidad de crédito, se podrá ampliar el plazo de carencia de las dos líneas ICO en la devolución del principal desde los 12 meses actuales hasta los 24.

Para que las empresas y autónomos puedan ampliar estos plazos habrán de cumplir los siguientes requisitos:

  • Presentar la solicitud a la entidad financiera antes del 15 de mayo de 2021.
  • La operación avalada por el ICO y el resto de operaciones contratadas con la entidad de crédito no estén en mora.
  • No aparecer en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).
  • La entidad financiera no haya comunicado al ICO ningún impago de la operación avalada en la fecha de formalización de la extensión.
  • No estar sujeto a procedimiento concursal.
  • La financiación avalada se haya formalizado antes de la publicación del Real Decreto-ley 34/2020 en el BOE.
  • Se cumplan los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

Las entidades financieras tendrán un plazo máximo de 30 días para responder a las solicitudes de ampliación. Por otro lado, deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, y no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés por la ampliación ni exigir la contratación de productos vinculados, como, por ejemplo, seguros.

Asimismo, el Gobierno ha decidido reducir los aranceles notariales y registrales que se cobrarán por estas operaciones de ampliación en un 50 por ciento.

El 63 por ciento de las empresas cobran por encima del plazo legal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En base a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, las empresas deben cobrar sus facturas como máximo a los 60 días naturales desde la fecha de recepción de las mercancías o de prestación de los servicios. Pues bien, este plazo no se cumple para el 63 por ciento de las empresas que venden bienes o prestan servicios en España.

Es una de las conclusiones de la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por las compañías Crédito y Caución e Iberinform. Aunque el dato ha mejorado algo con respecto al anterior realizado en primavera, sigue siendo muy alto el número de empresas que declaran no cobrar sus facturas dentro del plazo legal. No parece que la situación económica actual debida a la pandemia sea la más propicia para corregir un problema enquistado hace mucho tiempo en nuestra economía.

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Hasta un 79 por ciento de las empresas consultadas declaran tener que soportar plazos superiores a los deseados, siendo llamativo el crecimiento negativo experimentado por el colectivo de pymes (el 54 por ciento de las empresas consultadas, cuatro puntos más que en primavera, declaran tener que aceptar el cobro de sus clientes pymes más tarde de lo deseado).

Las pequeñas y medianas empresas están siendo muy golpeadas por la COVID-19, especialmente en determinados sectores, y ello se ha de reflejar de un modo u otro en demoras en sus pagos.

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Lo difícil de la situación actual también se comprueba con el incremento significativo del retraso intencionado como causa explicativa de la demora en los pagos (del 45 por ciento en primavera pasa a ser el 52 por ciento ahora en la consulta de otoño). Es la segunda causa argumentada por las empresas consultadas, pero está muy cerca ya de la primera, la indisponibilidad de fondos.

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Veremos si la situación de deterioro que se describe en estas gráficas no empeora cuando finalicen los ERTE y los estímulos actuales. Mucho me temo que de no cambiar radicalmente nuestro entorno empresarial, en 2021 lo datos relacionados con el pago entre empresa puedan sufrir un grave deterioro.

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