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Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 3)

Mario Cantalapiedra – Economista

Termino con este post la serie dedicada a repasar las principales cuestiones que fueron tratadas en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?”, que impartí el pasado 31 de marzo. De nuevo, quiero centrarme en uno de los temas que despertaron más interés como es el de la línea de avales prevista por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

La finalidad de esta línea tal como se anuncia en la web del ICO es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como:

  • Pago de salarios
  • Facturas de proveedores pendientes de liquidar
  • Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
  • Gastos de suministros
  • Necesidad de circulante
  • Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

El ICO especifica que, sin embargo, no podrán financiarse con cargo a esta línea las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, ni la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

En este sentido muchas empresas dudan sobre qué diferencias existen entre renovaciones (financiables por la línea del ICO) y reestructuraciones (no financiables), siendo ambas modificaciones de operaciones de financiación previamente contratadas con una entidad financiera. Para diferenciarlas debemos acudir a lo que señala el Banco de España:

“La principal diferencia entre una reestructuración y una renovación es que en la primera la entidad considera que el acreditado tiene dificultades financieras actuales o previsibles”.

Es decir, si en la modificación de la operación contratada con el banco, este considera que hay dificultades financieras en la empresa (actuales o previsibles), se trataría de una reestructuración no financiable por la línea del ICO. No obstante, el Banco de España teniendo en cuenta la situación excepcional que vivimos, también señala que la existencia de dificultades de liquidez de prestatarios con un buen comportamiento de pago (hasta la fecha) no llevaría automáticamente a identificar como reestructuraciones las modificaciones de las operaciones motivadas por la crisis del COVID-19. Para el organismo supervisor estas operaciones podrían mantenerse clasificadas como normales en la medida en que no presenten dudas razonables sobre su reembolso y no haya habido un incremento significativo de su riesgo de crédito.

Por otro lado, si la operación de préstamo avalado por el ICO es rechazada por una entidad financiera según sus criterios de riesgo, la empresa tiene la posibilidad de solicitarla en otras entidades.

Aprovecho para recordar que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes 10 de abril, activar el segundo tramo de la Línea de avales por 20.000 millones de euros, destinados íntegramente a avalar operaciones de pymes y autónomos. Se suman a los 10.000 millones que ya fueron previstos para este colectivo en el primer tramo aprobado.

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 2)

Mario Cantalapiedra – Economista

Continúo desgranando en el blog algunas de las cuestiones que traté en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” el pasado 31 de marzo.

Aplazamiento del pago de impuestos Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo

Una medida que puede ayudar algo a las pymes y autónomos que sufran tensiones de liquidez debido al COVID-19, es la del aplazamiento en el pago de impuestos previsto por el Gobierno. A estos efectos hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • Se pueden aplazar, previa solicitud a Hacienda, las deudas tributarias hasta un máximo de 30.000 euros.
  • No es necesario presentar garantías.
  • La empresa solicitante debió facturar en 2019 una cantidad menor o igual a 6.010.121,04 euros.
  • Pueden aplazarse las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario de pago entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020.
  • El aplazamiento será de 6 meses, pero solamente los 3 primeros no devengarán intereses de demora.

Con respecto al “no” devengo de intereses me gustaría hacer una pequeña aclaración. El aplazamiento se ha previsto que sea de 6 meses sin que exista la posibilidad de fraccionamiento, es decir, a fecha de vencimiento se pagará toda la deuda de una vez. No obstante, si la deuda se cancela en cualquier momento dentro de los 3 primeros meses no se devengarán intereses, pero para ello hay que solicitar de forma explícita a Hacienda la  carta de pago de dicha deuda. Si se pasa el plazo, a partir del final del tercer mes el tipo de interés aplicado será del 3,75 %. En mi opinión, se debería haber previsto que en la solicitud de aplazamiento se pudiera consignar la fecha de pago deseada dentro de los 3 meses que no conllevan intereses, evitando que desde las empresas tengamos que estar pendientes de solicitar la mencionada carta. En cualquier caso, hubiera ayudado mucho más a pymes y autónomos arbitrar el aplazamiento por 6 meses sin intereses.

Recopilación de la principal normativa publicada respecto al COVID-19

Es tal la maraña normativa que está ocasionando el coronavirus, que he considerado oportuno compartir contigo la relación de las principales normas estatales publicadas hasta la fecha.

Normativa_coronavirus

 

¿Qué consecuencias tiene para una empresa la revocación de su NIF?

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de identificación fiscal (NIF) que asigna Hacienda a las empresas para que lo utilicen en sus relaciones de índole fiscal, puede ser revocado en determinadas ocasiones, decisión que como explicaré a continuación conlleva importantes consecuencias.

En concreto, la Administración Tributaria, según lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, puede revocar el NIF a una compañía en los siguientes casos: 

  • Cuando la empresa a la que se haya asignado un NIF provisional no aporte, en el plazo previsto legalmente, la documentación necesaria para obtener el NIF definitivo, salvo que se justifique la imposibilidad de aportarla.
  • Cuando las deudas tributarias de la empresa con Hacienda sean declaradas fallidas.
  • Cuando la empresa no presente el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.
  • Cuando durante un período superior a un año, y después de realizar al menos tres intentos de notificación, resulte imposible practicar notificaciones a la empresa en su domicilio fiscal.
  • Cuando la empresa haya comunicado a Hacienda mediante declaración censal el desarrollo de actividades económicas inexistentes.
  • Cuando la empresa se haya constituido sin que en el plazo de tres meses desde la solicitud del NIF se inicie la actividad económica o se realicen los actos preparatorios para el ejercicio efectivo de la misma, salvo que se acredite la imposibilidad de realizarlos.
  • Cuando Hacienda constante que un mismo capital ha servido para constituir varias sociedades y, teniendo en cuenta todas ellas, deduzca que no se ha producido el desembolso mínimo legal.
  • Cuando la empresa haya comunicado a Hacienda el desarrollo de actividades económicas, de gestión administrativa o de dirección de los negocios, en un domicilio aparente o falso, sin que se justifique su realización en otro domicilio diferente.

La revocación del NIF no es automática, contando la empresa con un período de 10 días para presentar alegaciones una vez que se produce la notificación de Hacienda. Si al final se aprueba la revocación, esta se ha de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), teniendo las siguientes consecuencias negativas para la empresa:

  • El cierre de su hoja registral en el Registro Mercantil.
  • El bloqueo de las cuentas bancarias abiertas a su nombre.
  • La imposibilidad de obtener un certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda.
  • La baja en los Registros tributarios de operadores intracomunitarios que realizan entregas y adquisiciones intracomunitarias (ROI) y de empresarios y profesionales con derecho a devolución mensual del IVA (REDEME).

La buena noticia es que la revocación del NIF no es algo irreversible, de tal manera que se puede rehabilitar si desaparecen las circunstancias que la motivaron, y siempre que la empresa lo solicite por escrito y aporte la documentación pertinente.

El efectivo y los depósitos son la inversión financiera preferida por las familias españolas

Mario Cantalapiedra – Economista

La riqueza financiera neta de los hogares españoles e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH: sindicatos, asociaciones religiosas, etcétera) alcanzó los 1,45 billones de euros a finales del primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Banco de España (BdE). Esta cifra, la cual se obtiene de la diferencia entre los activos financieros de los hogares (2,23 billones de euros) y los pasivos que deben a terceros (0,78 billones de euros), supone el 4,1 por ciento más de la que teníamos a finales del primer trimestre de 2018.

Las familias son algo más ricas que hace un año, ¿pero qué activos financieros son los que prefieren para invertir su dinero?

A pesar de la penalización que al ahorro más conservador supone la coyuntura de bajos tipos de interés a la que asistimos desde hace tiempo, los españoles preferimos tener la mayor parte de nuestros activos financieros (39,8 por ciento del total) en efectivo y depósitos bancarios, que hoy en día se caracterizan por tener una baja remuneración (y eso en el supuesto de que “todavía” tengan alguna). A continuación, los activos financieros preferidos por los hogares e ISFLSH son las participaciones en el capital (27,2), las participaciones en fondos de inversión (14,3), los sistemas de seguros (8,3), los derechos de pensiones (7,5) y, por último, otros activos financieros (2,9).

Activos financieros totales hogares e ISFLSH. 1er trimestre 2019

Imagen2FUENTE: Elaboración propia a partir datos Boletín Estadístico BdE.

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Recomendaciones de la OCDE para que el crecimiento económico de España sea más inclusivo

Mario Cantalapiedra – Economista

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de presentar su Estudio económico sobre España 2017, en el cual indica como el crecimiento previsto para nuestro país para el período 2017-2018 será superior al 2% del PIB. El organismo internacional con sede en París, reconoce que la economía española está disfrutando de una sólida recuperación tras haber experimentado una profunda recesión, como puedes ver en el gráfico al final del post. No obstante, cree necesario establecer medidas adicionales para que el crecimiento económico sea más inclusivo, es decir, alcance al conjunto de la población española y no solo a una parte. Estas medidas van desde reformas macroeconómicas relacionadas fundamentalmente con el ámbito fiscal, pasando por políticas de reducción de desempleo y de la pobreza, hasta la mejora de la cualificación de los trabajadores y el incentivo a la inversión empresarial en materia de innovación. En concreto, la OCDE nos propone las recomendaciones siguientes:

 

1. Recomendaciones sobre políticas macroeconómicas

– Seguir acometiendo reformas estructurales dirigidas a conseguir un crecimiento sólido y equilibrado.

– Ajustarse a los objetivos fiscales a medio plazo para garantizar una reducción gradual de la deuda pública.

– Mejorar la eficiencia del sistema tributario mediante:

  • La abolición de exenciones del IRPF con un enfoque inadecuado.
  • La abolición de tipos reducidos del IVA de carácter regresivo.
  • El aumento de los impuestos ambientales.

 

2. Recomendaciones para reducir el desempleo

– Crear perfiles de los desempleados y contratar consultores especializados.

– Aumentar los recursos y la ratio entre profesionales de los servicios de empleo y los demandantes de empleo.

– Crear un punto único de contacto para servicios sociales y de empleo.

– Reducir las contribuciones empresariales a la seguridad social para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos.

– Solicitar una representación mayor de los colectivos empresariales cuando se autorice la prórroga de los convenios colectivos.

 

3. Recomendaciones para mejorar las habilidades de los trabajadores

– Mejorar la calidad de la enseñanza entre el profesorado a través de una mejor formación universitaria y en el puesto de trabajo.

– Continuar el desarrollo y la modernización de la enseñanza y formación profesional (EFP):

  • Ampliar la enseñanza y formación profesional dual.
  • Garantizar que las competencias enseñadas satisfagan las necesidades empresariales.

– Potenciar la enseñanza y formación profesional y los programas de formación para adultos.

 

4. Recomendaciones para reducir la pobreza

– Aumentar el volumen y el alcance de los programas regionales de apoyo en materia de ingresos mínimos.

– Aumentar las ayudas en efectivo para las familias con hijos.

 

5. Recomendaciones para promover la inversión empresarial en innovación

– Continuar con la implantación de la Ley de Unidad de Mercado y aprobar la reforma de los servicios profesionales

– Reasignar parcialmente partidas de préstamos a ayudas a Investigación y Desarrollo para proyectos e investigadores.

– Cuando la condonación de la deuda no sea automática, reducir el periodo durante el cual los emprendedores en quiebra estén obligados a devolver deudas pasadas.

– Crear fondos de bonos de pymes con avales proporcionados por el Gobierno y los beneficiarios.

– Aumentar la financiación pública y privada para empresas innovadoras de reciente creación.

 

PIB real de España, variación interanual (en porcentaje)11 Fuente: OCDE (2017), OECD Economic Outlook: base de datos de estadísticas y proyecciones, marzo.

Disolución de una mercantil y responsabilidad de los administradores respecto a las deudas sociales

Muchos son los casos en los que al comprobar que una empresa deudora ha publicado en el Registro Mercantil los acuerdos de disolución y liquidación damos por perdido nuestro crédito y procedemos a regularizarlo en la creencia de que la sociedad en cuestión ha cerrado su actividad correctamente y ya no es posible reclamar nuestra deuda.

Sin embargo, esto no es así. La sociedad, al acordar la disolución y liquidación, debe nombrar un liquidador y este ha de elaborar un plan de liquidación, similar al de los del concurso de acreedores, en el que el propio liquidador debe recopilar los adeudos y hacer un inventario de los bienes a liquidar para después plantear una propuesta de reparto de lo poco o mucho que tenga la sociedad entre sus acreedores, propuesta que en última instancia ha de ser judicialmente aprobada.

Por ello, lo primero que debemos hacer es, por un lado, estudiar si existía causa de disolución en la mercantil más de dos meses antes de acordarse la misma y, por otro lado, remitir una comunicación fehaciente a quien resulte nombrado como liquidador para comunicarle nuestro crédito y solicitarle nos informe del activo y pasivo y de cuáles serán las propuestas de liquidación. Nos encontraremos en más ocasiones de las que a simple vista pueda parecer en supuestos en los que, a pesar del acuerdo de disolución, los administradores de la mercantil deudora han de responder con su propio patrimonio de las deudas sociales. Así, podremos exigir la responsabilidad de los administradores en los siguientes supuestos:

1-   Cuando la causa de disolución existiese con una anterioridad de más de dos meses al acuerdo disolutorio. Se puede exigir la responsabilidad personal de los administradores respecto a las deudas sociales posteriores a la causa de disolución cuando al conocer la existencia de misma tardan más de dos meses en cumplir las obligaciones que la ley les impone, es decir, corregir la causa de disolución o acordar la disolución en sí.

Muchas veces damos por cumplido este requisito al ver que se ha acordado la disolución y liquidación sin verificar que, por ejemplo, la sociedad podría llevar más de un ejercicio en causa de disolución sin que los administradores cumpliesen sus obligaciones legales, haciéndolo de forma extemporánea para crear la falsa apariencia de haberlo hecho.

 

 

2-   Cuando el acuerdo de disolución y liquidación no venga seguido de una verdadera actividad liquidatoria, constituyendo una mera simulación del cumplimiento de las obligaciones legales que atañen a los administradores societarios. Muchas veces, los administradores de la deudora, a sabiendas de las responsabilidades patrimoniales a las que a título personal pueden ser condenados, acuerdan la disolución y liquidación, nombrando un liquidador e inscribiendo tales acuerdos en el Registro Mercantil dentro del plazo de los dos meses desde que concurre la causa de disolución, cumpliendo con ello, al menos en apariencia, sus obligaciones legales.

Sin embargo, son innumerables los supuestos en los que luego no existe absolutamente ninguna actividad liquidatoria, por lo que el derecho de los acreedores a un proceso ordenado en el que se reparta lo mucho o poco que queda a la mercantil entre todos ellos se ve totalmente vulnerado.

Para detectar, e incluso para probar judicialmente, estos casos basta con enviar un burofax o telegrama a quien resulte designado liquidador solicitando nos informe si ha incluido nuestro crédito, cuáles son la masa activa y la pasiva y cuáles las propuestas de liquidación. Si no obtenemos respuesta estaremos ante una simulación de liquidación o liquidación fraudulenta.

En estos casos de simulación de liquidación podremos reclamar no sólo la responsabilidad patrimonial del administrador/ores societarios inmediatamente anteriores al acuerdo de disolución sino también la de quien resulte designado como liquidador, en caso de que sea persona distinta del propio administrador societario.

 

Gonzalo Quiroga Sardi                                     

Responsable de la Comisión de Morosidad ASSET                                                             

Socio AGM ABOGADOS

Las administraciones públicas deberán publicar el período medio de pago a proveedores

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado miércoles 19 de junio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, el cual recoge más de doscientas propuestas que persiguen, según sus propias palabras, ‘reducir gastos en aras de una mayor eficiencia de la de la administración pública; simplificar trámites; suprimir órganos o entidades innecesarias; agilizar procedimientos y mejorar la gestión de los medios públicos’.

Entre ellas hay una propuesta que me gustaría destacar ya que se relaciona con la lucha contra la morosidad, en este caso, pública, como es la del control de la deuda comercial del sector público a efectos de la estabilidad presupuestaria. En principio resulta interesante que nuestro Presidente piense que la sostenibilidad financiera no consiste sólo en el control de la deuda pública, sino también en el control de la deuda comercial, en el de las facturas que los distintos estratos en los que se divide la administración pública adeudan a sus proveedores, en gran medida, pequeñas y medianas empresas generadoras de riqueza y empleo y que tanto están sufriendo por el impago público. La reforma propuesta se encamina a integrar el control de dicha deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera, para lo cual se introduce el concepto de período medio de pago a proveedores que las administraciones públicas tendrán la obligación de publicar periódicamente. De este modo, los proveedores contarán con un argumento más para reclamar el pago de sus facturas pendientes si la administración pública de turno no cumple el plazo legal vigente de treinta días naturales desde la recepción de la factura o de una solicitud de pago equivalente. Esta medida viene a sumarse a la obligación existente ya desde el ejercicio de 2010 para las sociedades, de informar sobre los plazos de pago a sus proveedores a través de la memoria que se integra en sus cuentas anuales y se deposita en el Registro Mercantil. Información que debe presentarse con mayor o menor grado de detalle en función de que la sociedad elabore el modelo normal de memoria o bien elabore el modelo abreviado o aplique el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. Conocer y hacer público el problema de la morosidad puede ser el primer paso para solucionarlo, por lo que bienvenida sea la medida anunciada por Rajoy.

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