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¿Por qué las empresas no ejercen su derecho a cobrar intereses de demora?

Mario Cantalapiedra – Economista

La mayoría de las empresas españolas renuncian al cobro de intereses de demora cuando sus clientes incumplen los plazos de pago, aunque la Ley les reconozca el derecho a cobrarlos. Así lo demuestran los datos del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, de Crédito y Caución e Iberinform.

Según este Estudio, hasta el 54 por ciento de las empresas “nunca” aplican intereses de demora, el 40 por ciento lo hace “a veces”, y solamente el 6 por ciento de las empresas declaran aplicarlos de una forma sistemática.

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¿Qué dice la legislación vigente en España sobre los intereses de demora?

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, regula los intereses de demora en sus artículos 5 al 7.

En el artículo 5 se reconoce el devengo de este tipo de intereses “automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor”.

Por su parte, en el artículo 6 se recogen los dos requisitos que ha de reunir el acreedor para poder exigir los intereses de demora al deudor:

  1. Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.
  2. Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.

En cuanto al tipo de interés que cobran las empresas cuando llegan a aplicarlo, según el Estudio de Crédito y Caución e Iberinform, hasta el 97 por ciento aplica un interés por debajo del que podría aplicarse según la Ley 3/2004.

En este sentido, el artículo 7 regula el interés de demora que deberá pagar el deudor, para lo cual existen las dos opciones siguientes:

  1. El tipo de interés que resulte del contrato que se firma entre acreedor y deudor.
  2. Si no hay pacto previo, el que resulte de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales (actualmente este tipo es del 8 por ciento).

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En este caso, ante la decisión de cobrar intereses de demora o no a un cliente que retrasa el pago de sus facturas, más que el derecho a hacerlo, pesa el miedo a perjudicar la relación comercial con él o incluso a perderle y que se vaya a la competencia.

 

Las empresas españolas tardan demasiado tiempo en reconocer que un crédito es moroso

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando una empresa o un profesional emite una factura a un cliente suele hacerlo con la confianza de que le será abonada en la fecha de vencimiento pactada. No obstante, es habitual, que se produzcan retrasos en el pago, que desde la perspectiva del acreedor pueden ser más o menos aceptables.

Existen retrasos que pueden deberse a cuestiones de tipo administrativo o comercial (no emitir una factura de abono pendiente, no respetar un descuento previamente pactado, etcétera), los cuales suelen subsanarse con rapidez una vez se conocen y liberar el pago que pueda estar retenido. No obstante, hay otros retrasos, más preocupantes para la empresa acreedora, y tras los que se esconde la dificultad del cliente para pagar las facturas, o inclusive su voluntad de no hacerlo. Estos últimos suelen aumentar en épocas de crisis cuando aparecen problemas de liquidez en muchas empresas que antes no los tenían.

A estos efectos, las empresas españolas suelen tardar bastante tiempo en reconocer que un crédito es moroso, tal como muestran los resultados del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform. Así, solamente catorce de cada cien empresas consultadas consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento, mientras que la mayoría (37 por ciento) dejan pasar más de 90 días hasta considerar el crédito como moroso e iniciar acciones de recobro. Como ya he comentado en alguna otra ocasión, este comportamiento lo pueden explicar diferentes elementos, entre ellos el tratar de cuidar la relación comercial con los clientes, o el propio sentimiento de vergüenza que experimentan algunos empresarios en el momento de tener que reclamar el cobro de sus facturas.

En cualquier caso, si pensamos que el transcurso del tiempo suele ir en contra de los intereses de la empresa acreedora, y a favor de los del deudor moroso, el plazo superior a 90 días no parece razonable, de tal modo que la recomendación no puede ser otra que tratar de acortarlo, eso sí, cuidando siempre la relación comercial con el cliente, al mismo tiempo que se hacen valer los derechos de la empresa. Desde luego, en épocas de dificultades como la actual debido a la pandemia, no parece oportuno relajar las gestiones de recobro, ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar nuestras facturas.

Recobro

La morosidad bancaria repunta ligeramente en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La morosidad bancaria se mantiene relativamente estable en España, a pesar de haber sufrido un ligero repunte en enero de 2021, según los últimos datos publicados por el Banco de España (BdE).

De este modo, al finalizar el primer mes del año, la morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito se situó en el 4,54 por ciento, tres centésimas más que al cierre de 2020.

Recuerdo que la tasa de morosidad bancaria se obtiene dividiendo el saldo vivo de los créditos dudosos (55.066 millones de euros a finales de enero), entre el saldo vivo del total de crédito concedido (1,213 billones de euros). Ambos saldos se han reducido en enero de 2021, aunque el de total de crédito lo ha hecho en mayor proporción, de ahí el incremento de la tasa.

Se puede decir que la morosidad bancaria sigue bastante contenida en nuestro país, y muy lejos de la cota máxima que alcanzó en diciembre de 2013 (13,62 por ciento).

Habrá que ver ahora la evolución que sigue la morosidad bancaria en los próximos meses, en función de que los estímulos públicos arbitrados con el estado de alarma se vayan retirando y de que la recuperación de la economía sea o no rápida.

Evolución morosidad bancaria en EspañaMorosidad_bancaria_enero_2021Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Tres interrogantes sobre las nuevas ayudas del Gobierno a las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los rumores sobre las fórmulas que utilizará el Gobierno español para otorgar nuevas ayudas a las empresas, así como sobre los criterios en los que se basará para otorgarlas, se disparan en los últimos días.

Por lo que se ve, Gobierno y banca están tratando de llegar a un acuerdo, teniendo como base los préstamos avalados por el ICO que ya han sido concedidos. Tras su tira y afloja están las empresas necesitadas de nuevos fondos, a las que se les acaba el tiempo, sobre todo a las pymes enmarcadas en los sectores golpeados con mayor virulencia por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería, restauración, ocio, o vehículos a motor.

Ante este panorama surgen una serie de interrogantes que en función de cómo sean resueltos, pueden condicionar fuertemente el devenir de nuestra economía en los próximos años y el futuro de su tejido empresarial.

¿Deben ser los poderes públicos quienes decidan qué empresas han de sobrevivir?

Podría pensarse que en una economía de mercado como en la que nos encontramos, debería ser el propio juego libre de la oferta y de la demanda, la que tomará esta decisión.

No obstante, hay quien argumenta que debido al cierre de negocios en base a decisiones de carácter público, heterogéneas además entre los distintos territorios, muchas empresas no han podido competir con normalidad, y lo justo ahora es compensarlas.

¿Debe optarse por quitas o por ayudas directas?

Por un lado, se comenta que Moncloa prefiere que el instrumento de ayuda más utilizado sea el de las quitas en los préstamos avalados por el ICO, es decir, en la reducción de una parte del dinero que las empresas deben a los bancos, tratando de asegurar el cobro del resto. De este modo, el maltrecho déficit público español no soportaría todo el peso de medida, que también incidiría en las cuentas de resultados bancarias.

En cambio, desde la banca, la cual argumenta no ser culpable de esta crisis, la fórmula preferida es la de las ayudas públicas directas a las empresas, similares a las que se están concedido en otros países como Italia o Alemania.

¿Debe olvidarse a las empresas que no han solicitado los préstamos ICO?

Este tema me parece especialmente polémico, sobre todo para aquellos que venimos defendiendo que las empresas deben tratar siempre de no endeudarse por encimas de sus posibilidades.

Me preocupa que se identifique a las empresas a ayudar únicamente con aquellas que han solicitado préstamos avalados por el ICO. Existen empresarios que han podido decidir no pedirlos para no endeudarse más, prestando ellos dinero a la empresa de sus ahorros, o incluso ampliando capital, con la confianza en que la pandemia no se extendería tanto en el tiempo. Ahora se pueden encontrar con dificultades, y no me parece correcto olvidarse de ellos.

Criterios objetivos y transparencia en la concesión de ayudas a las empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español parece tener claro de que será necesario ayudar más al tejido empresarial si no quiere ver cómo se dispara la cifra de quiebras en nuestro país. Por lo que acaba de anunciar la ministra Calviño, está esperando la autorización de Europa para lanzar un programa de ayudas directas a las empresas.

El problema es que este nuevo apoyo público no va a poder alcanzar a todas las empresas. Al principio de la pandemia se intentó ayudarlas de forma generalizada para que superaran sus dificultades de liquidez. Para ello, se utilizaron fundamentalmente los préstamos avalados por el ICO, pero ahora estamos hablando de algo distinto, de proteger solamente a empresas que se consideren viables.

Desde Europa, que en última instancia es la que nos va a facilitar el dinero, ya se ha indicado que se ha de favorecer a compañías viables, no sea que por tratar de llegar a todas no se llegue a ninguna, algo que ya ocurrió en la crisis de 2008. Evidentemente habrá que prever mecanismos para no dejar en la estacada a la demás, como, por ejemplo, la mejora de la ley de segunda oportunidad a través de la exoneración de las deudas con los acreedores públicos.

Entre las posibles soluciones que se está planteando para empresas endeudadas con préstamos avalados por el ICO, que presenten dificultades para devolverlos, pero que se consideren viables, figuran las siguientes:

  • La prórroga de plazos de los préstamos vigentes, permitiendo devolverlos con mayor facilidad.
  • Las quitas de parte de la deuda, esto es perdonar una parte del dinero que se ha prestado a las empresas.
  • La inyección de dinero público nuevo vía subvenciones a fondo perdido.
  • La conversión de los préstamos avalados por el ICO a préstamos participativos, en los cuales el pago de intereses (una parte) se ajusta al ciclo económico que atraviesa la empresa, de tal modo que si a ésta le va bien, el prestamista, en este caso, el Estado, percibe una mayor remuneración.

Sacrificar a algunas empresas que, a priori, no tienen posibilidades de sobrevivir para poder atender a otras que sí puedan hacerlo, exigirá de una labor casi de cirujanos. Habrá que determinar qué empresas estaban mal antes de la pandemia y diferenciarlas de aquellas cuyos problemas han sido originados por el coronavirus, pero que antes eran viables. En esta labor serán necesarios criterios objetivos y mucha transparencia, evitando tomar decisiones arbitrarias y huyendo de favorecer a redes clientelares.

 

Crece el número de sociedades mercantiles que cierran sus negocios en España

Mario Cantalapiedra – Economista

A partir de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de sociedades mercantiles que se disuelven en España aumenta, mientras que prácticamente se mantiene estable el correspondiente a las nuevas altas.

De este modo, en noviembre de 2020 se crearon 7.339 sociedades mercantiles, solamente un 0,1 por ciento más que en igual mes del año anterior. Salvando precisamente el dato de 2019, supone la menor creación de empresas en un mes de noviembre desde 2011.

Altas_noviembre

En cuanto al número de disoluciones, 2.062 sociedades mercantiles causaron baja en noviembre, lo que representa un incremento del 4 por ciento en términos interanuales. Es la cifra más alta en la destrucción de empresas en noviembre desde 2013.

El 71,9 por ciento de estas bajas fueron voluntarias, mientras que el 17,6 por ciento se debieron a fusiones entre empresas, y el 10,5 por ciento restante tuvieron otras causas.

Bajas_noviembre

En cuanto a los datos por sectores, el porcentaje mayor de empresas creadas en noviembre corresponde al comercio (23,4 por ciento), seguido por las empresas inmobiliarias, financieras y de seguros (15,7) y por el sector de la construcción (12,9).

Por su parte, el mayor número de cierres de empresas se dio en el sector de la industria y energía (19,9 por ciento), seguido por comercio (19,7) y construcción (14,6).

Sociedades mercantiles creadas según su actividad económica principal. Noviembre 2020. PorcentajeAltas_sector_noviembreFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Sociedades mercantiles disueltas según su actividad económica principal. Noviembre 2020. PorcentajeBajas_sector_noviembreFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

A pesar del empeoramiento que muestran estos datos sobre el cierre de empresas, todavía parecen razonables ante el entorno económico tan complejo que conlleva la pandemia. Medidas vigentes del Gobierno, como la prórroga de los ERTE o la moratoria en la obligación de solicitar concurso, puede que estén ocultando una situación empresarial bastante peor que vaya aflorando en los próximos meses. Tendremos que estar muy atentos.

Reforzar el capital de empresas viables para acelerar la recuperación económica

Mario Cantalapiedra – Economista

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) estima que la recuperación en España será gradual, de tal modo que para finales de 2022 nuestro PIB todavía no alcanzará los niveles previos a la pandemia.

En la última edición de su informe “Perspectivas Económicas” (Número 108), la OCDE prevé que tras una fuerte caída del 11,6 por ciento en 2020, el PIB español crezca el 5 por ciento en 2021 y el 4 por ciento en 2022, crecimiento insuficiente para recuperar el nivel de producción que teníamos al finalizar 2019.

En opinión del organismo de cooperación internacional, las restricciones adoptadas para hacer frente a los brotes de la pandemia y las continuas alteraciones que ha sufrido el turismo y los viajes lastrarán nuestra recuperación hasta que una vacuna se despliegue ampliamente.

Con respecto al consumo privado, se verá afectado negativamente por la elevada incertidumbre y por las adversas condiciones del mercado laboral. En un país tan dependiente del exterior como España, a medida que la demanda externa se vaya recuperando, las exportaciones contribuirán al crecimiento en 2021 y 2022. No obstante, la tasa de desempleo seguirá siendo nuestra espada de Damocles. La OCDE estima que ésta, medida en porcentaje de la fuerza laboral, alcance el 16,9 por ciento al finalizar 2022 (cuando al cierre de 2019 se situaba en el 14,1 por ciento).

En cuanto a las soluciones propuestas, el organismo internacional aconseja focalizar el apoyo fiscal a las empresas y los trabajadores más afectados por la crisis. Además cree que los ERTE deben ir acompañados de una mayor formación y de políticas activas de empleo más sólidas para facilitar la reasignación de recursos entre empresas y sectores. De igual forma, opina que el plan de recuperación nacional, centrado especialmente en los objetivos de inversión verde y digital, debe alcanzarse mediante reformas estructurales ambiciosas que impulsen la productividad, creen empleo y mejoren los resultados ambientales.

En mi opinión, el apoyo a las empresas en España debería ser más ambicioso de lo que hemos visto hasta la fecha, y canalizarse, en parte, de forma diferente. Si bien los préstamos avalados por el ICO han permitido a muchas compañías solventar sus problemas de liquidez a corto plazo, no dejan de ser deudas que habrá que devolver. En cambio, en países de nuestro entorno, tales como Francia, Italia o Alemania, se están arbitrando ayudas a fondo perdido a las empresas viables que aquí no estamos viendo. Considero que reforzar desde lo público el capital de empresas con futuro puede permitir que nuestro proceso de recuperación económica se acelere.

Perspectivas PIB y tasa de desempleo en España

OCDE

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 108; y IHS Markit.

El miedo y la incertidumbre llevan a los depósitos bancarios a cifras récord en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los depósitos bancarios en manos de hogares y empresas residentes en España alcanzaron los 1,1894 billones de euros en septiembre, tras aumentar en 5.700 millones con respecto al mes anterior, según los datos que acaba de proporcionar el Banco de España (BdE). Esta cifra representa un nuevo récord.

Los hogares e ISFLSH (instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, tales como sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro, etcétera) aumentaron sus depósitos en 800 millones de euros en septiembre, con un crecimiento interanual del 7,2 por ciento. A finales de este mes mantienen depositados en las entidades de crédito, 893.000 millones de euros, récord histórico.

Por su parte, los depósitos bancarios de las empresas crecieron en septiembre 4.900 millones de euros, con un incremento interanual del 14,2 por ciento. Representan un saldo de 296.400 millones de euros, también el máximo de la serie histórica.

Hogares y empresas mantienen gran parte de su dinero en depósitos, a pesar de la muy baja o nula rentabilidad en el caso de las familias, y hasta negativa en el caso de las empresas. Esto que a simple vista puede parecer poco racional, se explica si se enfoca desde el miedo y la incertidumbre que nos rodean en la actual coyuntura económica.

Se suele decir que la incertidumbre es el peor enemigo que tiene la inversión, de tal modo que para muchos es preferible tener el dinero “parado” en el banco antes que buscar alternativas que ahora mismo, y mientras la pandemia siga sin controlarse, llevan asociadas un riesgo muy elevado. Mejor no ganar nada o hasta perder un poco, que perder mucho más. El problema es que esta falta de inversión en productos alternativos a los depósitos, más allá de representar un problema en la economía financiera, tiene su efecto pernicioso en la economía real, la cual sufre la falta de dinero que financie nuevos proyectos que generen empleo y crecimiento.

Por desgracia, se hace difícil pronosticar un cambio de tendencia en la situación descrita hasta que no tengamos mejores noticias en la lucha contra la COVID-19.

Evolución de depósitos en manos de sociedades no financieras y hogares e ISFLSH durante 2020 (Datos en millones de euros)

Depósitos_septiembre_2020Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BdE.

El 63 por ciento de las empresas cobran por encima del plazo legal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En base a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, las empresas deben cobrar sus facturas como máximo a los 60 días naturales desde la fecha de recepción de las mercancías o de prestación de los servicios. Pues bien, este plazo no se cumple para el 63 por ciento de las empresas que venden bienes o prestan servicios en España.

Es una de las conclusiones de la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por las compañías Crédito y Caución e Iberinform. Aunque el dato ha mejorado algo con respecto al anterior realizado en primavera, sigue siendo muy alto el número de empresas que declaran no cobrar sus facturas dentro del plazo legal. No parece que la situación económica actual debida a la pandemia sea la más propicia para corregir un problema enquistado hace mucho tiempo en nuestra economía.

Estudio_otoño_plazo_medio

Hasta un 79 por ciento de las empresas consultadas declaran tener que soportar plazos superiores a los deseados, siendo llamativo el crecimiento negativo experimentado por el colectivo de pymes (el 54 por ciento de las empresas consultadas, cuatro puntos más que en primavera, declaran tener que aceptar el cobro de sus clientes pymes más tarde de lo deseado).

Las pequeñas y medianas empresas están siendo muy golpeadas por la COVID-19, especialmente en determinados sectores, y ello se ha de reflejar de un modo u otro en demoras en sus pagos.

Estudio_otoño_aceptar_plazos

Lo difícil de la situación actual también se comprueba con el incremento significativo del retraso intencionado como causa explicativa de la demora en los pagos (del 45 por ciento en primavera pasa a ser el 52 por ciento ahora en la consulta de otoño). Es la segunda causa argumentada por las empresas consultadas, pero está muy cerca ya de la primera, la indisponibilidad de fondos.

Estudio_otoño_Razones

Veremos si la situación de deterioro que se describe en estas gráficas no empeora cuando finalicen los ERTE y los estímulos actuales. Mucho me temo que de no cambiar radicalmente nuestro entorno empresarial, en 2021 lo datos relacionados con el pago entre empresa puedan sufrir un grave deterioro.

Nubarrones negros se ciernen sobre el PIB y la facturación de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) reflejadas en su último informe de “Perspectivas de la economía mundial”, España se convertirá en la economía avanzada que sufra un mayor retroceso de su producto interior bruto (PIB) en 2020. En concreto, este organismo internacional prevé que la caída del PIB sea nada más y nada menos que del 12,8 por ciento.

Muchas economías van a terminar 2020 en negativo. De hecho el FMI prevé un retroceso del 4,4 por ciento para el producto mundial, y del 5,8 por ciento para las economías avanzadas, de entre las cuales España es la que más cae.

Para nuestro país supone la mayor caída en su indicador de producción desde la Guerra Civil. Nos queda la esperanza de que nuestro producto sea de los que más crezcan en 2021. De hecho, el FMI estima que se incrementará un 7,2 por ciento, pero claro está, no será un nivel suficiente a efectos de recuperar la caída de 2020 (para recuperarla tendría que aumentar un 14,6 por ciento, teniendo en cuenta aquello del diferente comportamiento de los porcentajes en las bajadas y en las subidas).

Proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial (variación porcentual anual)

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Fuente: Elaboración propia a partir datos FMI. Octubre 2020.

Y al final estas proyecciones macroeconómicas tienen su fiel reflejo en las previsiones que también realizan los empresarios españoles.

Si atendemos ahora a las conclusiones de la segunda oleada del Estudio del Riesgo de Crédito en España que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, el 61 por ciento de las empresas esperan una caída de su facturación en 2020. A pesar de todo, hay cierta mejora con respecto a la anterior oleada de este estudio de primavera de 2020. Entonces eran hasta un 72 por ciento de empresas las que creían que su facturación iba a menguar este año. El que no se consuela es porque no quiere.

14º_Estudio_Gestión_Riesgo_de_Crédito_Iberinform

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