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Importante descenso del número de sociedades mercantiles que se crean en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La constitución de sociedades mercantiles en España en 2020 disminuyó el 15,82 por ciento con respecto al año anterior, según la “Estadística 2020” publicada por el Registro Mercantil Central a partir de los datos que aportan los diferentes Registros Mercantiles Provinciales.

Los efectos del coronavirus se han dejado sentir en el número de constituciones, que han visto reducidas sus cifras en términos relativos en todas las comunidades autónomas.

Evolución número total de constituciones y su variación anual (%) 2014-2020Constituciones_variaciónFuente: Elaboración propia a partir de “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

En cuanto a las constituciones en 2020 según la forma social, la gran mayoría (97,01 por ciento) adoptaron la forma de sociedad limitada, mientras que un 0,39 por ciento nacieron como sociedades anónimas, y el restante 2,60 por ciento adoptaron otras formas sociales.

Sociedades constituidas por forma social en 2020tiposFuente: Elaboración propia a partir de “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Un dato interesante que aporta esta Estadística, es el del capital con el que se constituyen las sociedades mercantiles. Se suele argumentar que uno de los problemas que tradicionalmente afecta a las empresas españolas es el de estar poco capitalizadas (teniendo en cuenta la suma de su capital social y reservas voluntarias), ante situaciones de crisis que puedan surgir, como es el caso de la actual debida a la pandemia.

En este sentido, en el caso de las sociedades anónimas, en 2020 el 61 por ciento se constituyeron con un capital de 60 mil (mínimo legal) a 63 mil euros; el 15 por ciento de 63 mil a 180 mil euros; el 5 por ciento de 180 mil a 600 mil euros, y el 19 por ciento restante con más de 600 mil euros.

Constituciones_2020_SAFuente: “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Por su parte, para las sociedades limitadas, el 75 por ciento se constituyeron con un capital de 3.000 (mínimo legal) a 3.300 euros; el 14 por ciento de 3.300 a 18.000 euros; el 6 por ciento de 18.000 a 60.000 euros, y el restante 5 por ciento con más de 60.000 euros. Es decir, tres de cada cuatro sociedades limitadas nacieron con el capital mínimo legal o cercano a éste.

Constituciones_2020_SLFuente: “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Luego el perfil predominante de la sociedad mercantil que se crea en España, es el de una sociedad de responsabilidad limitada que se constituye con el capital mínimo que obliga la Ley.

Más de la mitad de las empresas redujeron su facturación en 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

Más de la mitad de las empresas en España vieron reducida su facturación en 2020. Es una de las principales conclusiones de la oleada de primavera del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que presentan de forma recurrente las empresas Crédito y Caución e Iberinform.

La cifra puede parecer muy llamativa, y de hecho lo es, pero si queremos ver el vaso medio lleno, ha mejorado bastante con respecto a las previsiones iniciales que tenían las empresas al aparecer la pandemia. En este sentido, en la primavera del año pasado con la declaración del estado de alarma y el confinamiento, el 72 por ciento de las empresas esperaban caídas de sus ventas. Este dato ya mejoró en las previsiones de otoño hasta el 61 por ciento, con la reactivación económica vivida en muchos sectores, para quedar finalmente en el 56 por ciento que conocemos ahora.

No todas las empresas perdieron facturación en 2020. En un momento de sufrimiento generalizado para gran parte del tejido empresarial, hasta un 27 por ciento de compañías vieron cómo se incrementaba su facturación al cierre del ejercicio.

Factura_2020

Asimismo, con respecto a las previsiones para este año, más de la mitad de las empresas (el 53 por ciento) esperan que su facturación aumente, aunque en este caso el dato no mejora el pronóstico realizado por ellas en la primavera de 2020.

Muchos pensábamos que gracias al confinamiento estricto la pandemia se controlaría en poco tiempo y recuperaríamos la ansiada “normalidad”, pero por desgracia esto no ha ocurrido, y los efectos del coronavirus siguen llenando de incertidumbre a la sociedad y, por ende, al tejido empresarial.

En cualquier caso, me quiero quedar con el dato positivo y es que solamente un 14 por ciento de empresas esperan que su facturación caiga este año. Ojalá el final de ejercicio confirme una cifra todavía menor.

Factura2021

 

 

La misión del responsable financiero de la empresa en el escenario post-COVID

Mario Cantalapiedra – Economista

El escenario post-COVID va a exigir a las empresas que sobrevivan, e inclusive a las nuevas que nazcan tras la pandemia, transparencia y generación de confianza entre los públicos con los que se relacionan.

En este entorno cobra especial importancia el papel que puedan jugar los directores o  responsables financieros de las empresas, que a mi modesto entender han de ver reforzada su posición como verdaderos arquitectos de su futuro.

Estoy pensando, sobre todo, en su capacidad de generar confianza hacia los actores protagonistas de la financiación empresarial con los que se relaciona  (entidades financieras o proveedores de bienes y servicios), hacia organismos públicos tales como el Registro Mercantil o la Agencia Tributaria, o hacia compañías de seguros y empresas que elaboran informes comerciales.

Con esta misión muy presente, hay una serie de tareas en las que el financiero ha de concentrar sus esfuerzos, entre ellas, creo que merecen destacarse las siguientes:

  • Realizar pronósticos que sean lo más exactos posibles, estimando correctamente tanto los ingresos como los gastos, los cobros y los pagos, así como la rentabilidad de los proyectos en los que la empresa se pueda embarcar.
  • Observar y cumplir las obligaciones en materia legal (contables, fiscales, etcétera). En este ámbito será muy importante que integre y supervise los procesos y controles ajustados a las normativas legales existentes, y esté permanentemente actualizado sobre las modificaciones de las materias objeto de su responsabilidad que se están produciendo y que a buen seguro, se seguirán produciendo en los próximos meses, como, por ejemplo, los recientes cambios en la normativa contable.
  • Gestionar el riesgo de forma adecuada, tratando de mantener los costes de la empresa ajustados y protegiendo sus inversiones. Para ello será necesario que diagnostique y monitorice la situación de riesgo a través del control de los indicadores adecuados que se definan.
  • Suministrar información interpretada y transparente para aquellos colectivos internos y externos que la demandan. Ha de procurar que dicha información sea entendible por todos y cada uno de ellos, y se entregue en los momentos oportunos, con especial foco en los financiadores externos cuya relación hay que cuidar en extremo en estos momentos.

Si del responsable financiero se espera siempre que sea capaz de dar respuesta a los cambios que viven las organizaciones en clave de valor económico, en estos momentos de gran incertidumbre, ha de tratar de aportar además las mayores dosis de transparencia y confianza posibles.

Tres interrogantes sobre las nuevas ayudas del Gobierno a las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los rumores sobre las fórmulas que utilizará el Gobierno español para otorgar nuevas ayudas a las empresas, así como sobre los criterios en los que se basará para otorgarlas, se disparan en los últimos días.

Por lo que se ve, Gobierno y banca están tratando de llegar a un acuerdo, teniendo como base los préstamos avalados por el ICO que ya han sido concedidos. Tras su tira y afloja están las empresas necesitadas de nuevos fondos, a las que se les acaba el tiempo, sobre todo a las pymes enmarcadas en los sectores golpeados con mayor virulencia por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería, restauración, ocio, o vehículos a motor.

Ante este panorama surgen una serie de interrogantes que en función de cómo sean resueltos, pueden condicionar fuertemente el devenir de nuestra economía en los próximos años y el futuro de su tejido empresarial.

¿Deben ser los poderes públicos quienes decidan qué empresas han de sobrevivir?

Podría pensarse que en una economía de mercado como en la que nos encontramos, debería ser el propio juego libre de la oferta y de la demanda, la que tomará esta decisión.

No obstante, hay quien argumenta que debido al cierre de negocios en base a decisiones de carácter público, heterogéneas además entre los distintos territorios, muchas empresas no han podido competir con normalidad, y lo justo ahora es compensarlas.

¿Debe optarse por quitas o por ayudas directas?

Por un lado, se comenta que Moncloa prefiere que el instrumento de ayuda más utilizado sea el de las quitas en los préstamos avalados por el ICO, es decir, en la reducción de una parte del dinero que las empresas deben a los bancos, tratando de asegurar el cobro del resto. De este modo, el maltrecho déficit público español no soportaría todo el peso de medida, que también incidiría en las cuentas de resultados bancarias.

En cambio, desde la banca, la cual argumenta no ser culpable de esta crisis, la fórmula preferida es la de las ayudas públicas directas a las empresas, similares a las que se están concedido en otros países como Italia o Alemania.

¿Debe olvidarse a las empresas que no han solicitado los préstamos ICO?

Este tema me parece especialmente polémico, sobre todo para aquellos que venimos defendiendo que las empresas deben tratar siempre de no endeudarse por encimas de sus posibilidades.

Me preocupa que se identifique a las empresas a ayudar únicamente con aquellas que han solicitado préstamos avalados por el ICO. Existen empresarios que han podido decidir no pedirlos para no endeudarse más, prestando ellos dinero a la empresa de sus ahorros, o incluso ampliando capital, con la confianza en que la pandemia no se extendería tanto en el tiempo. Ahora se pueden encontrar con dificultades, y no me parece correcto olvidarse de ellos.

Criterios objetivos y transparencia en la concesión de ayudas a las empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español parece tener claro de que será necesario ayudar más al tejido empresarial si no quiere ver cómo se dispara la cifra de quiebras en nuestro país. Por lo que acaba de anunciar la ministra Calviño, está esperando la autorización de Europa para lanzar un programa de ayudas directas a las empresas.

El problema es que este nuevo apoyo público no va a poder alcanzar a todas las empresas. Al principio de la pandemia se intentó ayudarlas de forma generalizada para que superaran sus dificultades de liquidez. Para ello, se utilizaron fundamentalmente los préstamos avalados por el ICO, pero ahora estamos hablando de algo distinto, de proteger solamente a empresas que se consideren viables.

Desde Europa, que en última instancia es la que nos va a facilitar el dinero, ya se ha indicado que se ha de favorecer a compañías viables, no sea que por tratar de llegar a todas no se llegue a ninguna, algo que ya ocurrió en la crisis de 2008. Evidentemente habrá que prever mecanismos para no dejar en la estacada a la demás, como, por ejemplo, la mejora de la ley de segunda oportunidad a través de la exoneración de las deudas con los acreedores públicos.

Entre las posibles soluciones que se está planteando para empresas endeudadas con préstamos avalados por el ICO, que presenten dificultades para devolverlos, pero que se consideren viables, figuran las siguientes:

  • La prórroga de plazos de los préstamos vigentes, permitiendo devolverlos con mayor facilidad.
  • Las quitas de parte de la deuda, esto es perdonar una parte del dinero que se ha prestado a las empresas.
  • La inyección de dinero público nuevo vía subvenciones a fondo perdido.
  • La conversión de los préstamos avalados por el ICO a préstamos participativos, en los cuales el pago de intereses (una parte) se ajusta al ciclo económico que atraviesa la empresa, de tal modo que si a ésta le va bien, el prestamista, en este caso, el Estado, percibe una mayor remuneración.

Sacrificar a algunas empresas que, a priori, no tienen posibilidades de sobrevivir para poder atender a otras que sí puedan hacerlo, exigirá de una labor casi de cirujanos. Habrá que determinar qué empresas estaban mal antes de la pandemia y diferenciarlas de aquellas cuyos problemas han sido originados por el coronavirus, pero que antes eran viables. En esta labor serán necesarios criterios objetivos y mucha transparencia, evitando tomar decisiones arbitrarias y huyendo de favorecer a redes clientelares.

 

Refuerzo del régimen sancionador por no depositar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

El nuevo Reglamento de Auditoría, aprobado por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, ha reforzado el régimen sancionador que penaliza la falta de depósito de cuentas anuales.

El Gobierno español ya venía avisando hace un tiempo de que su idea era aumentar el número de sanciones que se imponen a las empresas que no cumplen con esta obligación. Este número, hasta la fecha, ha sido reducido, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta el organismo sancionador (ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -), como por el hecho de que lo recaudado no redunda en sus cuentas, como ya se comentó en el blog.

Las novedades que afectan al régimen sancionador se incluyen en las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021, y básicamente se pueden resumir en los tres puntos siguientes:

1. Se abre la opción de que los registradores mercantiles puedan realizar tanto la gestión como la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores, acompañando al ICAC en esta tarea.

2. Se fija el plazo para tramitar el procedimiento sancionador en seis meses desde la adopción del acuerdo de incoación.

3. Se clarifican los criterios sobre activo y ventas utilizados para imponer las sanciones, dentro de los límites establecidos por la Ley de Sociedades de Capital (entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento para las empresas más pequeñas, pudiendo elevarse hasta 300.000 euros para las compañías que facturen por encima de los 6 millones):

  • De manera general, la sanción será del 0,5 por mil del total activo, más el 0,5 por mil de las ventas de la empresa, según la última declaración presentada ante la Agencia Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  • En el caso de que la empresa no aporte la declaración tributaria, la sanción se elevará al 2 por ciento de su capital social, según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  • En el supuesto de que sí se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los porcentajes sobre total activo y ventas sea mayor que el 2 por ciento del capital social, la sanción ascenderá a este último porcentaje con una reducción del 10 por ciento.

Habrá que ver ahora si la imposición de sanciones aumenta en los próximos meses, en un momento especialmente sensible para muchas empresas. En cualquier caso, los empresarios cuentan con un argumento más para depositar sus cuentas anuales, siempre que vengan obligados, y todavía mantengan dudas al respecto.

Hechos negativos que pueden hacer dudar sobre la continuidad del negocio

Mario Cantalapiedra – Economista

Las consecuencias económicas de la pandemia están llevando a que muchas empresas tengan problemas de liquidez, es decir, presenten dificultades para atender sus compromisos de pago a corto plazo.

Es una situación manejable mientras los activos en su conjunto sean superiores a los pasivos. Una entidad de crédito, por ejemplo, estará dispuesta a financiar la falta de liquidez si comprueba que la compañía es viable y que tiene suficiente patrimonio neto que sirva de garantía.

No obstante, la prolongada caída de la actividad hace que muchos negocios estén empezando a entrar en problemas no ya de liquidez sino de solvencia que, de no ser solucionados, pueden motivar su desaparición.

La clave aquí es entender cuándo los hechos son tan negativos que hacen dudar sobre la continuidad de la empresa.

En el Plan General de Contabilidad (PGC) se señala como uno de los principios contables básicos a aplicar a la hora de registrar y valorar los elementos de las cuentas anuales es el de empresa en funcionamiento. Por él se considera que el negocio se desarrollará con un carácter indefinido. Si la situación cambia, y la empresa se plantea cerrar, este principio deja de aplicarse.

En este sentido, la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, establece una serie de hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la continuidad de la empresa. Entre ellos, me gustaría destacar los siguientes:

De tipo financiero

  • Patrimonio neto negativo.
  • Préstamos a plazo fijo próximos a vencimiento sin perspectivas realistas de reembolso o renovación.
  • Dependencia excesiva de préstamos a corto plazo para financiar activos a largo.
  • Pérdidas de explotación importantes.
  • Incapacidad de obtener financiación para el desarrollo de nuevos productos o inversiones esenciales.

De tipo operativo

  • Intención de la dirección de liquidar la empresa o de cesar en sus actividades.
  • Salida de directivos clave, sin sustitución.
  • Pérdida de un mercado importante, de uno o varios clientes clave, de una franquicia, de una licencia o de uno o varios proveedores principales.
  • Dificultades laborales.
  • Escasez de suministros importantes.
  • Aparición de un competidor de gran éxito.

De tipo legal u otros

  • Incumplimiento de los requerimientos de capital o de otros requerimientos.
  • Procedimientos legales pendientes contra la empresa que de prosperar puedan dar lugar a indemnizaciones improbables de satisfacer.
  • Cambios en disposiciones legales o en políticas públicas que afecten negativamente a la empresa.
  • Catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producen.

Evidentemente los responsables de la empresa deben ponderar el grado en que se dan algunos de estos hechos y las posibilidades reales de contrarrestarlos, antes de tomar una decisión tan traumática como es la de finalizar el negocio. Por ejemplo, habrá casos en que se pueda afrontar el reembolso de un préstamo ampliando capital o vendiendo activos no estratégicos. En otras ocasiones, por desgracia, solo quedará la opción del cierre.

Crece el número de sociedades mercantiles que cierran sus negocios en España

Mario Cantalapiedra – Economista

A partir de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de sociedades mercantiles que se disuelven en España aumenta, mientras que prácticamente se mantiene estable el correspondiente a las nuevas altas.

De este modo, en noviembre de 2020 se crearon 7.339 sociedades mercantiles, solamente un 0,1 por ciento más que en igual mes del año anterior. Salvando precisamente el dato de 2019, supone la menor creación de empresas en un mes de noviembre desde 2011.

Altas_noviembre

En cuanto al número de disoluciones, 2.062 sociedades mercantiles causaron baja en noviembre, lo que representa un incremento del 4 por ciento en términos interanuales. Es la cifra más alta en la destrucción de empresas en noviembre desde 2013.

El 71,9 por ciento de estas bajas fueron voluntarias, mientras que el 17,6 por ciento se debieron a fusiones entre empresas, y el 10,5 por ciento restante tuvieron otras causas.

Bajas_noviembre

En cuanto a los datos por sectores, el porcentaje mayor de empresas creadas en noviembre corresponde al comercio (23,4 por ciento), seguido por las empresas inmobiliarias, financieras y de seguros (15,7) y por el sector de la construcción (12,9).

Por su parte, el mayor número de cierres de empresas se dio en el sector de la industria y energía (19,9 por ciento), seguido por comercio (19,7) y construcción (14,6).

Sociedades mercantiles creadas según su actividad económica principal. Noviembre 2020. PorcentajeAltas_sector_noviembreFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Sociedades mercantiles disueltas según su actividad económica principal. Noviembre 2020. PorcentajeBajas_sector_noviembreFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

A pesar del empeoramiento que muestran estos datos sobre el cierre de empresas, todavía parecen razonables ante el entorno económico tan complejo que conlleva la pandemia. Medidas vigentes del Gobierno, como la prórroga de los ERTE o la moratoria en la obligación de solicitar concurso, puede que estén ocultando una situación empresarial bastante peor que vaya aflorando en los próximos meses. Tendremos que estar muy atentos.

Un resumen de 2020: “todo condicionado por la pandemia”

Mario Cantalapiedra – Economista

2020 ha sido un año muy difícil, inesperado, distópico. El habitual resumen anual que hago de los artículos publicados en el blog, en esta ocasión se ve claramente condicionado por la pandemia. Desde marzo es difícil encontrar un post en el que el dichoso bicho no se haya colado de una u otra manera.

Ha tocado, y previsiblemente tocará en los meses próximos, ayudar a las empresas, fundamentalmente a las pymes y a los autónomos, a resolver sus problemas en esta compleja situación. Mi idea es que algunos de mis consejos o análisis les puedan ser de utilidad.  No me queda duda de que las empresas han de ser las grandes protagonistas de la recuperación, y de que toda ayuda que se les preste puede parecer poca.

Teniendo presente estas circunstancias, me he decantado por resaltar los cinco posts siguientes de 2020:

  • En pleno proceso de transformación digital del mundo financiero, las fintech siguen ganando protagonismo. En enero la CNMV publicaba una interesante guía en la que exponía sus recomendaciones a la hora de solicitar los servicios de estas empresas.
  • Tras el estallido de la pandemia, dediqué varios artículos en abril a estudiar los principales cambios producidos en la gestión financiera de las empresas, tratando de aportar algún consejo práctico para anticiparse a los problemas de liquidez.
  • Aunque seguramente no era el momento más oportuno, tras el verano entró en vigor la nueva Ley concursal en España, con los objetivos de reordenar, clarificar y armonizar la legislación concursal. Veremos cómo afecta esta nueva regulación a la previsible avalancha de peticiones de concurso a partir del próximo 14 de marzo, cuando finalice la actual moratoria en la obligación de solicitarlo.
  • ¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis? Estas estructuras definidas en las empresas en las que se intercambian puntos de vista y de información antes de conceder crédito comercial a los clientes, suelen montarse en épocas de crisis como la actual. Sigo pensando que no debería ser así, que deberían existir en cualquier coyuntura del mercado.
  • Finalmente me gustaría resaltar el post dedicado a analizar los problemas contables en las pymes debido al coronavirus. La contabilidad más allá de ser un requisito legal, es una herramienta necesaria a la hora de tomar decisiones, de ahí la importancia de llevarla al día.

Confiemos que el próximo año la evolución con la pandemia sea buena, y de que poco a poco podamos ir desterrando al coronavirus de nuestras vidas y de la actividad de nuestras empresas.

Provisiones al cierre del ejercicio contable condicionadas por el coronavirus

Mario Cantalapiedra – Economista

Al cierre del ejercicio contable, las empresas suelen estimar obligaciones que tendrán frente a terceros en el futuro, dotando provisiones para cubrirse de los riesgos. Proceso que, en el cierre de 2020, se ve afectado por la gran incertidumbre que existe debido al coronavirus.

Contablemente las provisiones son pasivos (obligaciones con terceros) que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en la que se cancelarán. Pueden venir determinadas por una disposición legal o contractual o por una obligación implícita o tácita, y mediante ellas la empresa aplica una cantidad a gasto para estar preparada frente al posible riesgo. Se puede contabilizar una provisión, por ejemplo, por la indemnización que reclama un cliente por la venta defectuosa de un producto que muy probablemente habrá que pagar en el futuro, o por los costes que implicará una previsible reducción de plantilla, como por desgracia muchas empresas se están planteando en la situación actual.

La problemática principal que subyace con las provisiones es que su cálculo se basa en las estimaciones de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro, de tal modo que si son dotadas por exceso permiten declarar un menor beneficio y, por tanto, pagar menos impuestos. Por este motivo, Hacienda es más restrictiva que el Plan General de Contabilidad a la hora de considerarlas como gasto deducible.

En concreto, según lo regulado por el artículo 14.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no son deducibles los siguientes gastos asociados a provisiones:

  • Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas. Es decir, mientras que en contabilidad para dotar una provisión basta con la posibilidad de tener una obligación frente a terceros que pueda medirse con fiabilidad, a efectos de deducción fiscal dicha obligación ha de estar respaldada legal o contractualmente.
  • Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los beneficios económicos que se esperan recibir de los mismos.
  • Los derivados de reestructuraciones (programas de actuación planificados y controlados por la empresa que den lugar a un cambio significativo del alcance o de la manera de llevar la gestión de su actividad), excepto si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no meramente tácitas.
  • Los relativas al riesgo de devoluciones de ventas.
  • Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los empleados, y se satisfagan en efectivo.

En un cierre de ejercicio tan complejo como el actual en el que posiblemente muchas empresas doten provisiones sobre riesgos que hasta ahora no contabilizaban, habrá que tener muy presente su deducción fiscal según lo mencionado, para evitar problemas posteriores con Hacienda.

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