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Prohibición de repartir dividendos a sociedades mercantiles acogidas a ERTE por COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha prohibido temporalmente el reparto de dividendos a las sociedades mercantiles acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor vinculada al COVID-19, y que tengan 50 o más trabajadores.

De este modo, el artículo 5.2 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo establece lo siguiente:

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este real decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social. (…)

 “Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social”.

En cuanto al año fiscal al cual se refiere la limitación anterior, a partir de una consulta efectuada por el Consejo General de Economistas de España, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital ha contestado lo siguiente:

En la interpretación de ese Ministerio, el artículo 5.2 del Real Decreto-Ley 18/2020, al establecer que no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, determina límites al reparto de dividendos correspondientes a 2020 (ejercicio en el que se aplican los expedientes de regulación de empleo) y que se distribuirán, consecuentemente, en el ejercicio 2021“.

Por tanto, las sociedades mercantiles acogidas a ERTE por fuerza mayor debido al COVID-19, con 50 o más trabajadores, no podrán repartir dividendos correspondientes a 2020, salvo que previamente abonen el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

Entiendo que, a pesar de que la exoneración de las cuotas sociales en la mayoría de los casos servirá para que las pérdidas de las empresas sean menores en este aciago ejercicio, el Gobierno pretende evitar situaciones donde hipotéticos beneficios basados en el ahorro de costes por los ERTE y no en la actividad de la empresa, lleven al reparto de dividendos, sin antes devolver las ayudas recibidas.

En cualquier caso, si me gustaría compartir contigo mi preocupación al comprobar cómo esta crisis ha sorprendido a muchas empresas con niveles escasos de capital y pocas reservas. La política de ordeñar sistemáticamente a las empresas en épocas de bonanza, pasa factura cuando vienen mal dadas.

El endeudamiento empresarial continúa reduciéndose a pesar de la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La deuda de empresas y hogares españoles se situó en el 129,9 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2020, 3,7 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado hace justo un año, según informa el Banco de España (BdE). En base a este dato, y a pesar de los primeros efectos de la COVID-19, de momento no se observa un incremento en el nivel de endeudamiento privado.

La deuda consolidada de las sociedades no financieras y de los hogares y de las ISFLSH (instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, tales como las organizaciones no gubernamentales o las entidades religiosas) alcanzó los 1,610 billones de euros a finales de marzo. De esta cifra, 905.000 millones correspondieron a las empresas, mientras que 705.000 millones fueron la deuda de hogares e ISFLSH.

Centrándonos en las empresas, en relación al PIB, su deuda representó el 73,1 por ciento a finales de marzo, 2,1 puntos porcentuales por debajo del nivel de hace un año. Hay que señalar que en el importe total de la deuda se incluyen los préstamos y valores representativos de deuda, pero se excluyen los importes frente al propio sector (es decir, no se incluyen los préstamos que las empresas no financieras realizan entre sí). El ratio se elevaría al 93,7 por ciento si incluyéramos dicha deuda interempresarial.

En cualquier caso, las empresas han hecho un esfuerzo importante por reducir su nivel de deuda en los últimos años, tal como puedes comprobar en el cuadro adjunto, tanto en términos brutos (incluyendo deuda interempresarial) como netos (sin incluirla). Habrá que ver ahora cómo evoluciona este nivel de endeudamiento con los efectos de la pandemia, según vayamos conociendo nuevos datos.

Evolución deuda sociedades no financieras en EspañaDeuda_IT_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos BdE. CFEE I trimestre de 2020.

Cómo reflejar el efecto de la COVID-19 en las cuentas anuales de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

Puede que seas administrador de una empresa que todavía no haya formulado las cuentas anuales de 2019, cuyo plazo se ha extendido hasta el 31 de agosto, y te preocupe si has de reflejar en ellas el efecto del coronavirus y, en su caso, cómo hacerlo.

Pues bien, teniendo en cuenta que la declaración del estado de alarma se produjo en España el pasado 14 de marzo, se puede considerar que la crisis debida al coronavirus es un hecho posterior al cierre de 2019, el cual deberás reflejar en tus cuentas anuales ateniéndote a lo que dispone la normativa contable en vigor.

En este sentido, la norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad 23.ª (22.ª en el caso del Plan de Pymes) distingue los siguientes supuestos:

  • Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que ya existían al cierre de ejercicio, los cuales en función de su naturaleza motivarán en las cuentas anuales un ajuste (una provisión con cargo a resultados), información en la memoria o ambos. No parece que sea el caso que nos ocupa, puesto que los efectos del COVID-19 se han empezado a sentir en las empresas bien entrado 2020.
  • Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que no existían al cierre del ejercicio, los cuales no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, si son tan importantes que si no se informa sobre ellos puede distorsionar la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas, se deberá incluir en la memoria información respecto a su naturaleza con estimación de su efecto, o en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. Entiendo que éste ha de ser el caso más general para nuestras empresas, donde lo que habrá que hacer será incluir en las memorias de 2019 información sobre el coronavirus y su grado de afectación al negocio, sin tener que reformular balances y cuentas de pérdidas y ganancias.
  • En todo caso, en la formulación de las cuentas debe tenerse en cuenta toda información que pueda afectar a la aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento (por el que se considera que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible), de tal modo que no se formularán sobre la base de dicho principio si se tiene la intención de liquidar la empresa o cesar su actividad, o si no existe una alternativa más realista que hacerlo, algo que por desgracia estará valorando más de un empresario en la actualidad. De este modo, si debido a los efectos de la COVID-19 tu empresa va a cerrar, deberás formular las cuentas anuales de 2019 conforme a lo dispuesto en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

Casi 62.000 empresas en España en alto riesgo de desaparición debido al “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta un 5 por ciento de empresas españolas prevén que la facturación impagada por sus  clientes supere el 10 por ciento en 2020 debido al impacto del “coronavirus”. Es una de las conclusiones que se desprenden del Decimotercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, en el que han participado gestores de más de 700 empresas de todos los tamaños y sectores del tejido empresarial.

Este nivel previsto de impagados es tan elevado que de confirmarse puede llevar a la desaparición de muchas empresas. Teniendo en cuenta las últimas cifras referidas a finales del mes de abril, en España existen 1.233.187 empresas inscritas en la Seguridad Social, por lo que extrapolando el dato del 5 por ciento con previsión alta de impagos, cerca de 62.000 empresas corren un importante riesgo de desaparición. Son muchas empresas, muchos proyectos que pueden verse truncados de la noche a la mañana.

Impago_covid

En la línea del dato anterior, también destaca el porcentaje de empresas que declaran prever un descenso de su facturación en 2020 debido al “coronavirus”. Hasta el 72 por ciento de los encuestados creen que facturarán menos que el año anterior. El  14 por ciento piensan que su facturación se mantendrá, y únicamente otro 14 por ciento observan un crecimiento de sus ventas en este año tan convulso.

Menos facturación y más impagados no configuran un escenario muy positivo para nuestro tejido empresarial. Evidentemente desde las empresa, toca extremar todo lo que se relaciona con la gestión del riesgo de crédito comercial, procurando que lo poco o mucho que se venda, se cobre en su totalidad.

factura

 

La declaración del estado de alarma condiciona la estadística de los concursos de acreedores en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos de deudores concursados en España durante el primer trimestre de 2020, los cuales debido a las circunstancias excepcionales que vivimos con la COVID-19 hay que interpretar con precaución.

De este modo, y a pesar de que el número de concursos haya disminuido en tasa anual un 22,3 por ciento en el primer trimestre (1.501 frente a los 1.932 del primer trimestre de hace un año), la declaración del estado de alarma ha limitado la actividad de los Juzgados en la segunda quincena de marzo. El INE se ha visto obligado a completar la información referente a los concursos con los datos publicados en el Boletín Oficial de Estado (BOE), hasta recoger información del 85 por ciento de los Juzgados que habitualmente colaboran con él. El propio INE se ha aventurado a decir que “en próximos trimestres, cabría esperar que la Estadística del Procedimiento Concursal refleje paulatinamente los deudores concursados que se hayan visto afectados por esta situación”.

También hay que recordar que mientras esté vigente el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre no existirá  la obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor en estado de insolvencia, ni se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores.

Con las limitaciones mencionadas, del total de concursos registrados en el primer trimestre de 2020, 974 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 64,9 por ciento del total, mientas que 527 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, o lo que es lo mismo el 35,1 por ciento restante.

La mayoría de los concursos (1.430) fueron declarados por el propio deudor en estado de insolvencia, mientras que 71 fueron solicitados por los acreedores.

En cuanto a la actividad económica se refiere, la mayor parte de las empresas concursadas pertenecen al sector comercio (22,4 por ciento), seguidas por las del sector de la construcción (13,6 por ciento).

Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, por este orden, tuvieron el mayor número de deudores concursados, llegando a concentrar entre las tres hasta el 58,5 por ciento del total.

Evolución del número de deudores concursados en España

Concursos_1T2020

Fuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2019).

La nueva Ley Concursal y su coincidencia en el tiempo con medidas concursales extraordinarias por la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis económica provocada por la COVID-19 hace que por desgracia vuelvan a cobrar protagonismo los concursos de acreedores, es decir, aquellos procedimientos judiciales especiales previstos para gestionar y administrar el patrimonio de personas naturales o jurídicas insolventes. Sin ir más lejos, desde Quabbala Abogados y Economistas, se prevé que sean presentados entre 50.000 y 60.000 concursos de acreedores como consecuencia de la pandemia.

En este sentido, se acaba de publicar en el BOE la nueva Ley Concursal, en concreto, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor se producirá el próximo 1 de septiembre. Es un texto muy esperado y que nace con vocación de permanencia. No obstante, y debido al actual estado de alarma por la COVID-19, va a coincidir en el tiempo con medidas temporales y extraordinarias aprobadas en el ámbito concursal.

De este modo, la nueva Ley va a coincidir con las medidas concursales extraordinarias aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, entre las que destacan las siguientes:

  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de cumplimiento.
  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, no tengan que solicitar la apertura de su liquidación si no pueden cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, con el objetivo de permitirles negociar y aprobar una modificación del convenio.
  • El permiso a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar propuesta de modificación o nueva solicitud sin necesidad de que hay transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.
  • La no obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor que se encuentre en estado de insolvencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, la no admisión a trámite hasta el 31 de diciembre de 2020 de las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores desde la declaración del estado de alarma.
  • La calificación como créditos ordinarios a los derivados de nuevos ingresos de tesorería (préstamos, créditos, etcétera) procedentes de personas especialmente vinculadas al deudor (socios de la empresa, cónyuges en el caso de personas naturales, etcétera), en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

Tal como se señala en la introducción del Real Decreto Legislativo 1/2020, “en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito”.

Las pérdidas de 2020 no computarán a los efectos de la causa legal de disolución de sociedades

Mario Cantalapiedra – Economista

Debido a la situación excepcional que vivimos con la crisis de la COVID-19, y con el fin de que las empresas españolas ganen tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar las pérdidas de este ejercicio, el Gobierno español acaba de aprobar una importante medida.

En concreto, ha decidido que a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas que contempla la Ley de Sociedades de Capital (LSC), no se tengan en cuenta las pérdidas de las empresas correspondientes a 2020.

Con esta decisión se ve afectado el artículo 363.1 e) de la LSC, el cual señala como una sociedad de capital deberá disolverse “por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso”.

A estos efectos, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado ayer, señala lo siguiente en su artículo 18:

Artículo 18. Suspensión de la causa de disolución por pérdidas.

  1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.
  1. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto-ley”.

En cualquier caso, y como puedes ver por el texto que ha sido aprobado, la medida se contempla únicamente para las pérdidas de 2020, restableciéndose la causa legal de disolución con las pérdidas que, en su caso, puedan producirse en 2021.

España cerró 2019 con una pérdida en el número de empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

En España a finales de 2019 existían 2.880.123 empresas, según el Informe “Cifras PYME” elaborado por la Dirección General de Industria y de la PYME (DGIPYME). Dentro de este dato se incluyen tanto las empresas de cualquier tamaño que tienen asalariados y que están inscritas en la Seguridad Social, como los autónomos que no tienen trabajadores a su cargo, y que sin embargo la DGIPYME cataloga como “empresas”.

En términos de variación anual, el pasado año España perdió un 0,58 por ciento de sus empresas, o 16.777 en datos absolutos, aunque la variación fue distinta según el tamaño de la compañía que se considere. De este modo, mientras las empresas de menor dimensión (autónomos sin asalariados y microempresas) sufrieron un retroceso, las pequeñas, medianas y grandes, vieron como sus cifras aumentaban. No obstante, las empresas de dimensión más modesta siguen siendo las más numerosas dentro del tejido empresarial español. Hasta el 93,5 por ciento de este se compone de autónomos sin asalariados y microempresas que no llegan a contar con 10 trabajadores en sus filas. Las 4.871 empresas grandes (con 250 o más trabajadores) solo representan el 0,17 por ciento del total, a pesar de que durante 2019 experimentaron un crecimiento cercano al 4 por ciento.

En cuanto a los sectores a los que pertenecen las empresas españolas, destaca el de servicios (con el 72,39 por ciento del total), seguido por construcción (10,74), industria (6,10) y sector agrario (10,76). Todos los sectores menos la construcción sufrieron la pérdida de compañías durante 2019, resultando especialmente llamativo el descenso del 1,43 por ciento de empresas en la industria.

En definitiva, el sector servicios sigue acaparando a la mayor parte de las empresas de nuestro país, las cuales, por otro lado, se caracterizan por ser muy pequeñas.

Empresas por tamaño en España2019_empresas_tamañoFuente: Elaboración propia a partir Cifras PYME. DGIPYME. Diciembre 2019.

Empresas por sectores en España2019_empresas_sectorFuente: Elaboración propia a partir Cifras PYME. DGIPYMEDiciembre 2019.

La expansión del negocio de empresas y autónomos a través de sucursales

Mario Cantalapiedra – Economista

Una empresa a la hora de expandir su negocio puede hacerlo a través de sucursales, es decir, de delegaciones emplazadas en diferentes lugares geográficos que representan al negocio principal. Legalmente, según el artículo 295 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, una sucursal es “todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrollen, total o parcialmente, las actividades de la sociedad”. Luego una sucursal debe mantener una actividad continuada en el tiempo, tener cierta autonomía en la gestión y desarrollar la actividad objeto de su empresa matriz.

La apertura de una sucursal es un trámite que requiere del otorgamiento de escritura pública, la cual habrá de inscribirse en el Registro Mercantil. Pueden abrirlas los empresarios individuales, las sociedades mercantiles y otras entidades. Las sucursales carecen de personalidad jurídica propia, de ahí que al frente de las mismas se sitúen representantes legales facultados para administrar su operativa, pero subordinados a las directrices de la empresa principal.

Mapa_sucursales

Con respecto a otros establecimientos mercantiles, de las oficinas de representación de empresas no residentes en España  se diferencian en que estas no pueden desarrollar la actividad principal sino otras secundarias como publicidad, promoción o actividades auxiliares. Por su parte, de las franquicias se diferencian en que estas nacen de la colaboración entre empresas independientes, mientras que las sucursales dependen de una empresa matriz.

En lo que se refiere a sus obligaciones contables, las sucursales deben llevar una contabilidad propia referida a las operaciones que realizan y a los elementos patrimoniales que tienen afectos. En el caso de sucursales de empresas extranjeras, las matrices han de depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales o, en su caso, sus cuentas consolidadas elaboradas conforme a la legislación extranjera. En el caso de que la legislación a la que estén sometidas no las obligue a elaborar cuentas anuales o lo haga de forma no equivalente a la legislación española, están obligadas a elaborar dichas cuentas en relación con la actividad de sus sucursales en España y a depositarlas en el Registro.

Para conocer las sucursales que una empresa o un autónomo tiene en España se puede acudir al Registro Mercantil, o a las soluciones de analítica avanzada que ofrecen las empresas especializadas en información comercial en las que inclusive se puede visualizar su ubicación en el mapa.

Empeora la tasa de morosidad bancaria en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En un momento en el que cualquier dato se analiza con atención ante la preocupación por la desaceleración económica a la que estamos asistiendo, acabamos de conocer el repunte de la tasa de morosidad bancaria en España. Aunque de forma ligera, esta ha aumentado en agosto 2019 rompiendo la trayectoria de caída que mantenía desde principios de año.

En concreto, la tasa de morosidad de los créditos concedidos a empresas y familias por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito, cerró agosto en el 5,24 por ciento frente al 5,23 del mes anterior. Esta tasa se obtiene dividiendo el saldo vivo de créditos dudosos (62.813 millones de euros a finales de agosto) entre el saldo vivo del total de crédito concedido. (1.198.458). En agosto no se produjo un aumento de los créditos dudosos con respecto al mes anterior, pero como su caída fue menor que la experimentada por el total de crédito, la tasa de morosidad subió.

Con respecto a la morosidad que es debida exclusivamente a las empresas, los últimos datos facilitados por el Banco de España, correspondientes al final del segundo semestre, reflejan en cambio una mejora de la tasa hasta situarse en el 6,10 por ciento. Al estar calculada a finales de junio, habrá que esperar a las siguientes estadísticas para ver cómo ha afectado el verano al reembolso de préstamos y créditos bancarios por parte de las empresas.

Evolución morosidad bancaria en EspañaImagen1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Evolución morosidad bancaria con empresas en EspañaImagen2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

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