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La tasa de morosidad bancaria se sitúa en mínimos desde septiembre de 2010

Mario Cantalapiedra – Economista

Según los datos aportados por el Banco de España (BdE), la tasa de morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito se situó a finales de mayo en el 5,64 por ciento, lo que significa su dato más bajo desde el 5,51 por ciento que marcó allá por septiembre de 2010.

El saldo vivo de créditos dudosos a finalizar mayo ascendió a 67.795 millones de euros, mientras que el saldo vivo del total de crédito concedido a empresas y familias alcanzó la cifra de 1.202.149 millones de euros. Dividiendo los créditos dudosos entre el total de crédito concedido se obtiene la tasa de morosidad del 5,64 por ciento. El BdE considera que los créditos dudosos son aquellos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total en los términos pactados. Dentro de ellos se incluyen los créditos morosos, en los que figura algún importe vencido (ya sea de principal, intereses o gastos) con más de tres meses de antigüedad.

En lo que respecta a la morosidad bancaria que es debida a las empresas, la tasa a final del primer semestre se situó en el 6,65 por ciento, confirmando asimismo la senda de mejora con respecto a los ejercicios anteriores.

Evolución morosidad bancariaImagen1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Evolución morosidad bancaria con empresasImagen2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

En España predominan las empresas muy pequeñas del sector servicios

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en febrero de 2019 ascendió a 2.884.795, según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De ellas, el 54,1 por ciento son autónomos (pymes sin asalariados), el 39,6 microempresas (que tienen entre 1 y 9 asalariados), el 5,3 pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados), el 0,8 medianas empresas (entre 50 y 249 asalariados) y solamente el 0,2 son empresas grandes (con 250 o más asalariados). Aunque en tasa de variación interanual, son precisamente las empresas grandes las que más crecen, casi el 94 por ciento del tejido empresarial español está compuesto por empresas muy pequeñas que o bien no tienen asalariados o no llegan a contar con 10 empleados en sus filas.

Al analizar estos datos oficiales hay que tener en cuenta que dentro del apartado de autónomos se incluyen los trabajadores por cuenta propia sin asalariados a su cargo, los cuales no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades de tipo societario, ni figuran como colaboradores familiares o están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores. Si tienen empleados a su cargo, se computan como empresas con asalariados.

Empresas inscritas en la Seguridad Social1Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En cuanto a la distribución sectorial de las empresas que cuentan con asalariados, la mayor parte (el 74,3 por ciento) pertenecen al sector servicios. Le siguen en importancia el sector de la construcción (9,7 por ciento), la industria (8,3 por ciento), y por último el sector agrario (que reúne al 7,7 por ciento de las empresas con trabajadores). En tasa de variación anual, el sector agrario es el que más crece, permaneciendo prácticamente inalterado el sector industrial.

Sectores de las empresas con asalariados2Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Luego en España lo que predominan son las empresas muy pequeñas que suelen pertenecer al sector servicios. En este sentido, y aunque pueda parecer un tópico, sería deseable que nuestro país contara con empresas de mayor tamaño y encuadradas en sectores como la industria, donde el valor añadido también es mayor. Está demostrado que países en los que abundan este tipo de empresas se comportan mejor durante las crisis económicas que suelen amenazarnos de forma cíclica.

La tasa de morosidad bancaria sigue disminuyendo en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La tasa de morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito cerró el pasado ejercicio en el 5,82 por ciento, según los datos provisionales ofrecidos por el Banco de España. Muy lejos queda ya el máximo histórico de esta tasa alcanzado en 2013 cuando se situó en el 13,62 por ciento.

Los créditos dudosos a final de 2018 ascendieron a 70.156 millones de euros, mientras que el total de crédito concedido vivo al cierre del año fue de 1.205.594 millones de euros. Por tanto, la tasa de morosidad del 5,82 por ciento se obtiene al dividir créditos dudosos entre total de crédito. Recuerdo que los créditos dudosos son aquellos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total en los términos pactados contractualmente. Dentro de ellos están incluido los créditos morosos, que son aquellos en los que figura algún importe vencido, de principal, de intereses o de gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad.

En el caso de la morosidad bancaria que es debida a las empresas también se observa una importante reducción de la tasa hasta el 7,39 por ciento (dato correspondiente al final del tercer trimestre de 2018).

Tal y como puedes observar en los cuadros adjuntos, tanto la reducción de la tasa de morosidad bancaria general como la debida exclusivamente a las empresas se acompañan, al igual que en años precedentes, de una disminución del volumen de crédito concedido.

Evolución morosidad bancaria (2012-2018)1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Evolución morosidad bancaria con empresas (2012-2018)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

¿Qué tipos de fraudes pueden afectar a una empresa?

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Real Academia Española, con el término fraude se hace referencia a la “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”, o bien al “acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”. Por su parte, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), principal organización antifraude a nivel mundial, entiende por fraude “cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una propiedad o dinero por la astucia, el engaño, u otros actos desleales”.

Siguiendo la tipología que propone ACFE, puede distinguirse entre fraudes que comprometen a empresas y otros que afectan a personas. En el primer caso, a su vez se puede diferenciar entre fraudes de tipo interno, donde la compañía se ve comprometida por sus empleados, directivos o propietarios, y de tipo externo, donde los que comprometen a la empresa son externos con los que se relaciona, tales como clientes, proveedores u otras partes.

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Por tanto, el fraude interno se produce cuando un empleado, un ejecutivo o un gerente comete fraude en contra de su empleador, y puede incluir una o varias de las siguientes categorías (la casuística es muy amplia, por lo que he optado por incluir algunos de los ejemplos que me parecen más llamativos en cada caso):

  • Corrupción: conflictos de interés (que se dan cuando un empleado, ejecutivo o gerente tiene un interés personal y económico oculto relacionado con una operación de compra o de venta, la cual es perjudicial para los intereses de la empresa o de sus accionistas); regalos ilegales; sobornos o extorsiones de tipo económico.
  • Apropiación de bienes: robo de efectivo, suministros (aquí el material de oficina es todo un “clásico”) o de equipos; apropiación de datos o empleados que cobran una nómina sin trabajar realmente en la empresa.
  • Cuentas fraudulentas: aunque también puede afectar a información no financiera, fundamentalmente incluye el fraude relacionado con los estados financieros (maquillaje contable) por el que se sobrevaloran (o infravaloran) activos, pasivos, ingresos o gastos.

Por su parte, dentro del fraude externo, se pueden incluir prácticas tales como facturaciones a la empresa por parte de proveedores por bienes o servicios que no se prestan, o el pago de facturas por parte de clientes con cheques librados sin fondos. También comprende el robo de información confidencial o de propiedad intelectual y la piratería.

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Amazon a nivel mundial y Zara a nivel español, las marcas más valiosas

Mario Cantalapiedra – Economista

La consultora británica de estrategia y valoración de marca Brand Finance acaba de publicar su informe “Global 500 2019”, el cual recoge el ranking de las 500 marcas más valiosas del mundo, encabezado por Amazon y en el que figuran las ocho marcas españolas siguientes: Zara (distribución), Santander (banca), BBVA (banca), Movistar (telecomunicaciones), El Corte Inglés (distribución), Repsol (energía), Caixabank (banca) e Iberdrola (energía).

Amazon tiene un valor, según la consultora británica, de 187.905 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 166.305 millones de euros), mientras que la primera marca española de la clasificación, Zara, propiedad de Inditex, se valora en 18.424 millones de dólares (lo que equivale a cerca de 16.306 millones de euros). En el “top ten” encontramos siete empresas estadounidenses, una coreana (Samsung) y dos empresas chinas. Por su parte, las cinco primeras marcas pertenecen todas a ellas a empresas tecnológicas. De hecho, el sector tecnológico acumula el 23,7 por ciento del valor total de las marcas representadas en el ranking, seguido por la banca con el 13,6 por ciento del valor total. Por países, Estados Unidos concentra casi la mitad del valor total (45,4 por ciento), seguido por China con el 19 por ciento.

Por tanto, el valor de marca empresarial en el mundo se está concentrando en el sector tecnológico y en Estados Unidos, la pregunta a hacerse aquí es si no lo estará haciendo demasiado…

 

Ranking marcas más valiosas del mundo (2019)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Brand Finance Global 500 2019.

El primer año de vida es crítico para una “startup”

Mario Cantalapiedra – Economista

En el mundo del emprendimiento se conoce como “valle de la muerte” al período durante el cual una startup tiene que trabajar con un flujo de caja negativo, es decir, ha de soportar más pagos que cobros, lo que dicho sea de paso es la situación habitual cuando se inicia un negocio. El emprendedor desde el primer momento sí o sí tendrá que afrontar gastos y los pagos que están detrás, mientras que los ingresos por ventas, y sus correspondientes cobros, pueden tardar en llegar, y sobre todo en equilibrar la balanza. Este “valle de la muerte” es un período por el que todo emprendedor “debe” pasar, pero que no todo emprendedor “logra” pasar. Si no lo hace, su empresa muere.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre demografía empresarial, publicados en noviembre de 2018, pero referentes al año 2016, el stock de empresas (conjunto de empresas activas durante todo el año o parte de él) que operaron en España durante 2016 fue de 3.563.816, un 2,3 por ciento más que en 2015. Por sectores, el 57,4 por ciento del stock correspondió a empresas del sector resto de servicios, un 23,7 por ciento a comercio, un 12,8 por ciento a construcción y el restante 6,0 por ciento a industria. Como dato positivo, el número de empresas que se crearon en 2016 fue superior al de las que desaparecieron en 49.937 unidades, lo que originó una tasa de crecimiento neto del 1,4 por ciento.

Pero, ¿qué ocurre con las empresas que mueren en España?, ¿se puede saber cuándo desaparecen?

Los datos del INE en el mencionado estudio de demografía empresarial, señalan que es durante su primer año de vida cuando más empresas desaparecen. Sobre la muestra de empresas creadas desde 2004 hasta 2015, en promedio casi el 21 por ciento de ellas desaparecieron durante el período crítico del primer año. Y hasta un 43,8 por ciento ya no existían al final de sus tres primeros años de vida. Especialmente llamativo es el comportamiento de las empresas creadas durante 2010, de las que casi la mitad (48 por ciento) han desaparecido tres años después. A la vista de estos datos, ¿se puede o no considerar al emprendimiento como una actividad de riesgo?

 

Desapariciones de empresas en los tres primeros años de vida (en %)

11Fuente: Indicadores de demografía empresarial 2016. INE.

Desapariciones acumuladas de empresas en los tres primeros años de vida, por año de nacimiento (en %)

22Fuente: Indicadores de demografía empresarial 2016. INE.

Empeoran los plazos de pago de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los plazos de pago de las empresas en España han empeorado hasta situarse en 97 días de media en 2017, según se desprende del último estudio sobre plazos de pago en la empresa española que realizan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, y que ha sido presentado hoy en Madrid. En él se han tenido en cuenta los datos de 154.000 empresas privadas con cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a 2017, y ha sido elaborado utilizando la herramienta de inteligencia de negocio Insight View.

El dato de los 97 días está muy lejos del plazo de pago legal (actualmente fijado en 60 días), y además representa el máximo de la serie histórica, lo que debería preocuparnos, ya que detrás de esta cifra hay empresas que se ven obligadas a financiar retrasos en el pago de sus facturas, lo que especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, que se caracterizan por la debilidad de sus balances, puede suponer soportar fuertes tensiones de liquidez y hasta comprometer su propia continuidad en el mercado.

Es cierto que son varias las causas que pueden llegar a motivar retrasos en el pago de las facturas, pero también lo es que no todas ellas son imputables a los clientes. Frente a la falta de voluntad de un deudor que no paga, a las prácticas sectoriales que imponen plazos de pago largos o a la posición dominante de un cliente importante, por la que se acepta cobrar más tarde de él para no perderlo, poco puede hacerse desde el proveedor. No obstante, existen otras razones detrás del retraso, como son la de no gestionar adecuadamente el riesgo de crédito y vender a clientes sin utilizar ningún criterio de solvencia a la hora de seleccionarlos, o cometer errores en los procesos administrativos, como olvidar emitir un abono pendiente o consignar erróneamente los datos bancarios en una factura, cuya responsabilidad es achacable a la empresa acreedora. Especialmente una gestión más profesionalizada del riesgo de crédito comercial desde las empresas puede ayudar a minorar el impacto negativo de los plazos de pago, cuya situación por entorno en España ya vemos que no es nada favorable.

 

Evolución de los plazos de pago de las empresas en España (en días)

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Fuente: Crédito y Caución, Iberinform e IE Business School.

Empresas y familias españolas reducen su nivel de endeudamiento

Mario Cantalapiedra – Economista

La deuda bruta de las empresas no financieras y de los hogares e ISFLSH alcanzó los 1.847 miles de millones de euros al final del segundo trimestre de 2018, lo que representa el 155,7 % del PIB, según informan las Cuentas Financieras de la Economía Española (CFEE) publicadas por el Banco de España (BdE). El ratio de deuda en relación al PIB es un 8,3 % inferior al reflejado en igual período del años anterior, lo que parece seguir confirmando la tendencia de empresas y familias a reducir su nivel de endeudamiento que puede observarse en el gráfico.

El ratio de deuda de las empresas se situó en el 94,9 % del PIB, mientras que el de los hogares e ISFLSH alcanzó el 60,8 % del PIB. A estos efectos, el término ISFLSH hace referencia a instituciones sin ánimo de lucro dotadas de personalidad jurídica que sirven a los hogares y que son productores no de mercado privados (entre ellas se encuentran sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones científicas, asociaciones religiosas, clubes deportivos, asociaciones de beneficencia, etcétera). En cualquier caso y a pesar de los esfuerzos realizados, el endeudamiento empresarial sigue siendo elevado, por lo que sería deseable que se continuara reduciendo.

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Otro dato interesante que presentan las CFEE es el del total de activos financieros de los hogares e ISFLSH, que alcanzó a final del segundo trimestre de 2018 un importe de 2.198 miles de millones de euros, un 1,7 % superior al dato de un año antes. En relación al PIB, estos activos representan un 185,3 %. En cuanto a su distribución por tipo de activo es la siguiente:

  • Efectivo y depósitos: 874.394 millones de euros (39,8 % del total). Es el destino preferido por los hogares españoles para depositar sus activos financieros, a pesar de los tipos de interés tabajos que actualmente los remuneran.
  • Participaciones en el capital: 562.685 millones de euros (25,6 % del total).
  • Seguros y fondos de pensiones: 356.568 millones de euros (16,2 % del total).
  • Participaciones en fondos de inversión: 325.428 millones de euros (14,8 % del total).
  • Resto de activos financieros: 79.264 millones de euros (3,6 % del total).

Según informa el BdE, las participaciones en fondos de inversión fueron el componente que más incrementó su peso en el último año (+ 0,8 %), mientras que el peso de las participaciones en el capital fue el que más cayó (- 0,9 %). Los seguros y fondos de pensiones tuvieron una ligera alza (+ 0,1 %), mientras que el peso de los otros dos componentes (efectivo y depósitos, y resto de activos) no experimentó ninguna variación.

Menos concursos de empresas y más de personas físicas

Mario Cantalapiedra – Economista

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que está previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una empresa (o también de una persona física sin actividad empresarial) insolvente, es decir, que no puede atender con regularidad sus compromisos de pago. El concurso trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa (o la recuperación de la persona física). Puede ser solicitado por el propio deudor, originando lo que se denomina concurso “voluntario”, o por alguno de sus acreedores dando lugar a un concurso “necesario”.

A este respecto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos referentes a deudores concursados en el primer trimestre de 2018 en España, con información obtenida a partir de los boletines judiciales que rellenan los Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia mercantil. Destaca la cifra de 1.457 concursados durante dicho primer trimestre, de los cuales 1.066 corresponden a empresas y 391 a personas físicas sin actividad empresarial. La buena noticia es que, en tasa anual, el número total de concursos disminuye un 1,3 por ciento, sin embargo, hay un comportamiento dispar entre concursos de empresas (que disminuyen el 3,4 por ciento) y de personas físicas sin actividad empresarial (que aumentan el 5,1 por ciento).

En cuanto al tipo de concurso, el 94,1 por ciento del total (1.371) son de tipo voluntario, de tal modo que solamente en un 5,9 por ciento de los casos (86) el concurso fue solicitado por los acreedores.

En lo referente a comunidades autónomas, Cataluña concentra el mayor número de concursos con el 30,2 por ciento del total (440), seguida a bastante distancia por la Comunidad de Madrid, con un 14,6 por ciento (213).

Por último, un dato que considero interesante destacar es el que hace referencia a la antigüedad de las empresas concursadas. El mayor porcentaje se da entre aquellas que tienen de 5 a 8 años (no entre las más recientes como alguno pudiera pensar), seguidas por las empresas más recientes (hasta 4 años) y las más antiguas (20 años o más), que comparten el porcentaje del 20,5 por ciento. En el cuadro adjunto puedes ver el detalle de la clasificación por antigüedad.

Empresas concursadas por antigüedad. 1º trimestre 20181

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Las empresas declaran una mejora en la cultura de pagos de las administraciones públicas

Mario Cantalapiedra – Economista

De los datos presentados por el Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, parece desprenderse una mejora en la cultura de pagos de las administraciones públicas. Así puede verse como un 28 por ciento de las empresas encuestadas declara que sus plazos de pago se han reducido, mientras que un 7 por ciento adicional señala que, a pesar de no observar cambios significativos en los plazos que se pactan, la Administración acepta antes sus facturas. Por su parte, un 21 por ciento de las empresas proveedoras de la Administración no percibe cambios en los plazos de pago, sin embargo, sí reconoce los efectos positivos que los distintos planes de pago a proveedores impulsados por el Gobierno han tenido en la liquidación de la deuda antigua. El grupo más amplio, formado por el 44 por ciento restante, no percibe ningún cambio en los plazos de pago de las administraciones públicas, no obstante, este porcentaje es diez puntos más bajo que hace un año.

Interrogadas las empresas que operan en España por la incidencia de los niveles de impago en el ámbito de las administraciones públicas, el 74 por ciento del total declara mantener una tasa de impago inferior al 4 por ciento de su facturación (nivel adecuado de riesgo, según el Estudio), cuando en la primavera de hace un año solamente un 63 por ciento de las empresas mantenía dicho nivel. Por su lado, el 11 por ciento de los proveedores de la Administración soporta una tasa de impago por encima del 10 por ciento respecto al volumen de sus operaciones (nivel de riesgo extremo, según el Estudio), pero, en este caso, también hay una mejora de cinco puntos con respecto a los niveles de la primavera de 2013.

Los esfuerzos realizados desde lo público a través de los distintos planes de pago a proveedores, así como a través de las medidas legislativas introducidas para que las administraciones públicas paguen las facturas a sus proveedores dentro de los treinta días siguientes a la fecha de conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados, empiezan a dar sus frutos. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, si lo que se desea es que la cultura del pago de las facturas a plazo razonable (legal) se extienda por el tejido empresarial español, las administraciones públicas son las primeras que deben predicar con su ejemplo.

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