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Regulado en España el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica

Mario Cantalapiedra – Economista

Facilitar el acceso de los potenciales clientes a los servicios bancarios básicos, mejorar la transparencia y comparabilidad de las comisiones aplicadas a las cuentas de pago, así como mejorar su propio traslado, son los tres objetivos que persigue el Real Decreto-ley 19/2017, con entada en vigor el pasado 25 de noviembre. Esta normativa supone incorporar a la legislación española una Directiva europea de 2014 sobre estas materias, y viene a regular el derecho universal de acceso a un nuevo producto financiero denominado “cuenta de pago básica”, que habrá de incluir los siguientes servicios:

  • Apertura, utilización y cierre de cuenta.
  • Depósito de fondos.
  • Retirada de efectivo en las oficinas de la entidad o en los cajeros automáticos en la Unión Europea.
  • Domiciliación de adeudos directos.
  • Pago mediante tarjetas de débito o prepago.
  • Transferencias.

Es importante señalar que, aunque las comisiones que puedan repercutir las entidades de crédito por los servicios anteriores serán las que pacten libremente con sus clientes, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad establecerá los importes máximos de las mismas.

Los casos en los que las entidades de crédito podrán denegar el acceso a estas nuevas cuentas de pago básicas aparecen tasados en el mencionado Real Decreto-ley, a saber: cuando el potencial cliente no aporte la información requerida en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo; cuando la apertura de la cuenta sea contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público, o cuando el potencial cliente ya sea titular de otra cuenta que le permita realizar los mismos servicios.

Con respecto al traslado de cuentas de pago (ya sean básicas o no), todos los proveedores de servicios de pago (no solo entidades de crédito) habrá de efectuarlo de forma eficaz y ágil, colaborando activamente e intercambiando toda la información que resulte necesaria, entre sí y con el propio cliente. Para el traslado de las cuentas será necesaria la solicitud expresa de todos sus titulares.

Por último, en cuanto a las comisiones y también aplicable a todas las cuentas de pago, se establece que los proveedores de servicios de pago proporcionen gratuitamente, al cliente o potencial, un documento informativo de las comisiones aplicables con suficiente antelación respecto a la fecha de celebración del contrato. Asimismo, deberán proporcionar cada año a los clientes un documento que informe de todas las comisiones en las que hayan incurrido para los servicios asociados a cuentas de pago. Se habilita al Banco de España para que establezca los requisitos que deberán cumplir ambos documentos.

Entidades que pueden y no pueden captar fondos reembolsables del público

Mario Cantalapiedra – Economista

Las entidades de crédito en España son empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder crédito por cuenta propia, tal como recoge el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. En este sentido, mientras la concesión de crédito no precisa de autorización, la captación de fondos reembolsables del público (depósitos y otras fórmulas parecidas) con el compromiso de devolución en las condiciones acordadas, es una actividad reservada a los siguientes tipos de entidades:

  • Bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
  • Entidades bancarias extranjeras.
  • Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Las entidades anteriores para poder operar han de tener autorización administrativa y hallarse inscritas en los registros oficiales de entidades de crédito del Banco de España (BdE).

Entre las entidades que no pueden captar fondos reembolsables del público figuran las siguientes:

Establecimientos financieros de crédito (EFC)

Se dedican a realizar operaciones de crédito en un ámbito muy específico, tales como leasing financiero, factoring, crédito al consumo, crédito hipotecario, tarjetas, etcétera. Hay que señalar que pueden captar fondos reembolsables del público acudiendo a los mercados de valores mediante la emisión y colocación de títulos, pero no pueden hacerlo mediante depósitos.

Establecimientos de cambio de moneda

Personas físicas o jurídicas que realizan en establecimientos abiertos al público y con carácter profesional, la actividad de cambio de moneda.

Sociedades de tasación homologadas

Se dedican a realizar valoraciones de bienes inmuebles para entidades financieras relacionadas con el mercado hipotecario. Habitualmente certifican el valor de los inmuebles para determinadas finalidades como la concesión de financiación con garantía hipotecaria.

Oficinas de representación de entidades de crédito extranjeras

Pueden realizar actividades informativas o comerciales sobre cuestiones bancarias, financieras o económicas. No obstante, a pesar de que no pueden captar fondos del público, sí que pueden canalizarlos hacia las entidades de crédito extranjeras que representan.

Entidades de pago

Tienen autorización para realizar servicios de pago, como, por ejemplo, transferencias, adeudos directos y pago efectuados con tarjetas.

Entidades de dinero electrónico

Se dedican a emitir dinero electrónico que es admitido como medio de pago por empresas distintas a la entidad emisora.

Sociedades de garantía recíproca (SGR)

Entidades que facilitan el acceso a la financiación bancaria de las pymes que se asocian en ellas mediante la concesión de avales.

Plataformas de financiación participativa (PFP)

Ponen en contacto, a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa. Por tanto, cuando una PFP solicita dinero al público, por ejemplo, a través de un préstamo en la modalidad de crowdlending, no puede considerarse como una captación de fondos reembolsables.

Depósitos no garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) en España, garantiza hasta 100.000 euros los depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), así como los valores u otros instrumentos financieros confiados a dichas entidades, también con el límite de 100.000 euros. Ambas garantías son distintas y compatibles, y se ofrecen por titular y entidad de crédito.

No obstante, conviene conocer que hay una serie de depósitos que no están garantizados por el FGD. En primer lugar, no se garantizan los depósitos realizados por los siguientes sujetos y entidades financieras:

  • Otras entidades de crédito por cuenta propia y en su propio nombre.
  • Sociedades y agencias de valores.
  • Entidades aseguradoras.
  • Sociedades de inversión mobiliaria.
  • Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, así como las sociedades gestoras de fondos de pensiones, de los fondos de titulización y de capital riesgo y los depósitos de las entidades que gestionan.
  • Sociedades gestoras de cartera.
  • Sociedades de capital riesgo y sus correspondientes sociedades gestoras.
  • Entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones.
  • Entidades que ejerzan las actividades típicas de las anteriores, así como cualquier otra entidad financiera sometida a supervisión prudencial.

Tampoco están garantizados los siguientes depósitos:

  • Valores representativos de deudas emitidos por la entidad de crédito, incluso los pagarés y efectos negociables.
  • Certificados de depósito al portador, cesiones temporales de activos y financiaciones con cláusula de subordinación.
  • Depósitos constituidos por empresas pertenecientes al mismo grupo económico que la entidad de crédito.
  • Depósitos constituidos por las Administraciones Públicas.
  • Depósitos constituidos por quienes ostenten cargos de administración o dirección en la entidad que origine la actuación del FGD, por las personas que tengan una participación significativa en el capital de la entidad, o una participación en empresas de su grupo económico, así como por los cónyuges y familiares en primer grado de unos y otros.
  • Depósitos constituidos con quebrantamiento de las disposiciones vigentes, en particular, los originados en operaciones en relación con las cuales haya habido una condena penal por delitos resultantes de operaciones de blanqueo de capitales.
  • Depósitos constituidos por clientes que hayan obtenido, a título personal, condiciones financieras que hayan contribuido a agravar la situación de la entidad, siempre que tal circunstancia haya sido determinada por sentencia firme.

Un tema interesante es el que hace referencia a si el dinero invertido a través de las plataformas de financiación participativa (crowdfunding), en las que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que aporta, está cubierto por el FGD. La respuesta es que “no”, puesto que estas plataformas intermedian entre inversores y promotores pero no son entidades de crédito, por tanto, no están adheridas al mismo. De hecho, se encuentran obligadas por Ley a advertirlo en su página web.

Evolución del crédito a las actividades productivas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El volumen de crédito otorgado por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito para financiar actividades productivas en España, cerró 2015 con un nuevo descenso frente al ejercicio anterior, fenómeno que se viene repitiendo en cada cierre anual desde 2010. En concreto, dicho crédito se sitúo a finales del pasado año en 644.282 millones de euros, según los últimos datos ofrecidos por el Banco de España.

Desglosando este dato general por sectores, el crédito para financiar actividades del sector primario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) se sitúo en 18.106 millones de euros (2,8 por ciento del total), para la industria en 110.463 millones de euros (17,1 por ciento del total), para la construcción en 43.936 millones de euros (6,8 por ciento del total), y para los servicios en 471.776 millones de euros (73,2 por ciento del total). Destaca claramente el peso que representa la financiación de las actividades de servicios. Dentro de éstas, son las actividades inmobiliarias las que reciben un volumen de crédito mayor con 135.190 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 28,7 por ciento del total de crédito que se destina al conjunto del sector servicios.

En la tabla adjunta puedes observar la evolución experimentada por el volumen de crédito desde 2009 hasta 2015, tanto en cifras absolutas como en términos porcentuales. Fundamentalmente destaca la fuerte caída del porcentaje que representa el crédito a la construcción, fiel reflejo de lo que ha ocurrido en nuestra economía en el pasado reciente. Si a finales de 2009 representaba un 13 por ciento del total, a cierre de 2015 no llega al 7 por ciento. El resto de sectores permanecen más o menos estables en términos relativos, con algo de subida en la industria y el protagonismo recurrente del sector servicios, el gran destinatario de los fondos de las entidades de crédito en España.

Evolución crédito a actividades productivas en España (saldo en millones de euros)

Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Aprobada una nueva regulación para las entidades de crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito tiene por objeto principal adaptar la normativa aplicable a las entidades de crédito en España a los cambios normativos que se imponen en el ámbito internacional y de la Unión Europa, y supone una importante modificación en aspectos tales como el régimen de supervisión, los requisitos de capital y el régimen sancionador de este tipo de entidades. La nueva regulación viene impulsada, tanto por la evolución internacional del derecho bancario como por la constatación que la crisis financiera ha dejado sobre la necesidad de mejorar la calidad de la regulación prudencial de las entidades de crédito, de tal modo que realicen sus actividades con el menor riesgo posible para la estabilidad financiera del país.

De este modo, la Ley 10/2014 incluye las disposiciones generales del régimen jurídico por el que han de regirse las entidades de crédito, recogiendo su definición y enumerando aquellas entidades que son consideradas así, estableciendo el contenido de su actividad y las fuentes de su régimen jurídico. Regula también su régimen de autorización y revocación, el régimen de participaciones significativas, el régimen de idoneidad e incompatibilidad de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente y el régimen de gobierno corporativo y políticas de remuneraciones.

Asimismo la Ley 10/2014 incluye las disposiciones que en materia de solvencia de las entidades de crédito se deben mantener en el ordenamiento nacional, referentes a la evaluación de la adecuación de su capital al riesgo que asumen, a los criterios que debe tener en cuenta el Banco de España para fijarlas posibles requisitos de liquidez buscando prevenir crisis y a los llamados “colchones” de capital, los cuales obedecen a la necesidad de contar con suplementos de capital frente a pérdidas inesperadas o de cubrir los riesgos originados por el carácter sistémico de algunas entidades.

En esta Ley 10/2014 se regulan las funciones de supervisión de las entidades de crédito por parte del Banco de España y el procedimiento sancionador aplicable. No obstante, el texto legal recuerda que, a partir de la entrada en vigor y completa efectividad del Mecanismo Único de Supervisión de la Unión Europea, el Banco de España ejercerá las funciones de supervisión en cooperación y sin perjuicio de las competencias que, en esta materia, sean directamente atribuidas al Banco Central Europeo. Finalmente otras disposiciones que contiene la Ley 10/2014 se refieren al régimen de las participaciones preferentes, que tantos quebraderos de cabeza nos están proporcionando, o a las normas aplicables a los sistemas institucionales de protección.

¿Habrá que pagar más a los bancos por tener tarjetas de crédito o débito?

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 6 de junio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. la vicepresidenta del Gobierno anunció una próxima rebaja en España de las comisiones de intercambio aplicables a las operaciones comerciales liquidadas con tarjetas de crédito o de débito, es decir, de los porcentajes sobre la venta que las entidades financieras cobran a los comerciantes en concepto de comisión por aceptar el pago mediante tarjetas, pretendiendo así estimular al comercio minorista. Con esta medida, el Gobierno adelanta un proyecto, todavía en tramitación, de Reglamento de la Comisión Europea para limitar dichas comisiones.

Te recuerdo que mediante la tarjeta de crédito una entidad financiera concede a sus clientes un determinado límite mensual de crédito del cual pueden disponer a través de la propia tarjeta, ya sea para pagar en comercios o para extraer dinero en cajeros automáticos. Por su parte, la tarjeta de débito, que también es concedida por una entidad financiera, permite disponer del saldo de una cuenta corriente o de ahorro y realizar operaciones sin necesidad de emplear efectivo, pero no supone ningún crédito para el cliente. Además de las comisiones que las entidades financieras cobran a sus clientes por facilitarles tarjetas que puedan utilizar, también cobran comisiones a los comerciantes por cada operación en la que las aceptan como medio de pago y estas son precisamente las que el Gobierno quiere limitar. En concreto, se propone un límite de 0,2 por ciento del valor de la compra para las tarjetas de crédito y un 0,3 por ciento para las de débito. Según los datos del Banco de España referidos al cuarto trimestre de 2013, las comisiones de intercambio aplicadas por las entidades financieras por operaciones de compra en una misma red, en el tramo de facturación de 0 a 100 millones de euros, se situaron en el 0,74 por ciento para las tarjetas de crédito y en el 0,30 por ciento para las de débito, por lo que la rebaja anunciada es importante y los comerciantes parecen haberla recibido con alegría. No obstante, la polémica está servida, ya que desde círculos bancarios se ha advertido que las entidades de crédito pueden llegar a compensar esta reducción de ingresos vía comerciantes con un incremento de las comisiones que cobran a los usuarios de las tarjetas, por lo que conviene que estés preparado por lo que pueda pasar.

Criterios para establecer las fechas valor en las operaciones bancarias

Mario Cantalapiedra – Economista

La fecha valor es la fecha efectiva a partir de la cual se calculan intereses sobre los fondos abonados o cargados en las cuentas bancarias, y puede diferir de la fecha de operación o contable o, lo que es lo mismo, del momento en el que la entidad de crédito contabiliza la operación mediante el correspondiente apunte. Existen ciertas disposiciones normativas, fundamentalmente recogidas en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, que regulan una valoración concreta para los abonos y adeudos en cuentas bancarias.

En las operaciones de pago emitidas, por ejemplo, una transferencia a un proveedor, la fecha valor nunca podrá ser anterior al momento de cargo en la cuenta del ordenante (es decir, la fecha valor no puede ser anterior a la contable). Por su parte, en las operaciones de pago recibidas, por ejemplo, una transferencia de un cliente, la fecha valor no podrá ser posterior al día hábil de recepción de los fondos por parte de la entidad de crédito, siendo la disponibilidad de los fondos inmediata después de dicha recepción. En este segundo caso, la fecha valor no puede ser posterior a la contable. Desde el 1 de enero de 2012, el plazo máximo de ejecución de las operaciones de pago es de un día hábil, por lo que si el emisor ordena la transferencia un lunes (que sea día hábil), deberá estar abonada con fecha valor en la cuenta del beneficiario el martes (que también sea hábil). Hay que señalar que, como excepción, este plazo podrá prolongarse en un día hábil más si la transferencia se ha firmado en papel y no de un modo electrónico.

En el caso de un ingreso en efectivo en una cuenta bancaria hay que diferenciar si el que realiza el mismo es un consumidor o un no consumidor. En el primer caso, es decir, en el de una persona física que, en los contratos de servicios de pago, actúa con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional, la fecha valor del ingreso coincidirá con la del día en que se realiza. Sin embargo, si es un no consumidor (empresa), la fecha valor podrá ser un día hábil después de la fecha de ingreso.

En el supuesto de cheques u otras operaciones sujetas a cláusula suspensiva, la fecha valor coincidirá con el momento en el que el abono sea “firme” en la cuenta bancaria.  Piensa que el abono de un cheque que sea de otro banco, siempre se realizará sujeto a la condición (suspensiva) de la existencia de fondos que permitan hacerlo efectivo, lo que,  a efectos prácticos, significa que la entidad de crédito dará, por regla general, fecha valor del mismo día de la operación a los cheques ingresados que sean de la propia entidad y del segundo día hábil siguiente al de la entrega, a los que sean de otras entidades.

Entidades de crédito que se unen para reducir el riesgo de una operación financiera

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis de deuda que están atravesando determinadas empresas españolas lleva a que esté de moda el término de sindicato bancario, es decir, del conjunto de entidades de crédito que se unen temporalmente para llevar a cabo una operación que debido a su elevado riesgo o cuantía no podrían realizar de forma individual. Esta unión puede tener por objeto la concesión conjunta de un crédito o de un préstamo o puede servir para asegurar conjuntamente una emisión de valores, por ejemplo, unas acciones o unos bonos.

En la operativa de un sindicato bancario suelen aparecer unos bancos directores, que son los principales responsables de la operación, con el cometido de organizarla y de establecer y negociar sus condiciones. Estos bancos deben realizar un estudio previo de la operación que remiten al resto de entidades bancarias interesadas junto a una invitación a participar en el proyecto. Los bancos directores y la empresa que busca los fondos, pueden establecer un acuerdo donde los primeros se comprometan a esforzarse en la consecución de la sindicación pero sin garantizar el préstamo o crédito, o fijar el compromiso de los bancos directores a prestar los fondos con independencia de que se logre o no la sindicación con otras entidades.

De la gestión y administración del crédito o préstamo (o de la emisión de los valores) se ocupan los llamados bancos agentes, los cuales se encargan del cobro de los intereses así como de la recuperación del principal prestado. Estos bancos agentes también canalizan las relaciones del sindicato bancario con terceros, y son elegidos por todos los bancos participantes. Por tanto, en el sindicato podrán distinguirse bancos directores, agentes y resto de participantes. En ocasiones todos los bancos participan al mismo nivel, considerándose todos ellos directores, lo que se lleva a que el sindicato de bancos originado se denomine “club deal”. Esta fórmula ha sido utilizada recientemente para financiarse por grandes empresas españolas tales como NH Hoteles o Cepsa.

Mediante el denominado pacto de sindicación se establecen las reglas de funcionamiento del sindicato, fijando la forma de adoptar las decisiones o la manera de solucionar los posibles conflictos que surjan a lo largo de su vida. El sindicato de bancos es propio del comercio internacional tanto por la importancia económica de determinadas operaciones en este entorno como por la prudencia de las entidades de crédito a la hora de concentrar su riesgo en determinados clientes internacionales o países. El protagonismo actual del sindicato bancario en España, que comentaba al principio del post, va ligado fundamentalmente a los procesos de refinanciación de deuda que están viviendo grandes empresas.

Sociedades de garantía recíproca: avalan pero no dan crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son entidades sin ánimo de lucro y ámbito de actuación específico, referenciado a comunidades autónomas o sectores de la actividad, que tienen por objeto facilitar el acceso de sus asociados a la financiación bancaria en mejores condiciones, en cuanto a coste y plazo, de las que obtendrían si negociaran de forma aislada ¿Y quienes son sus asociados? En su regulación legal se establece que al menos cuatro quintas partes de su accionariado debe estar compuesto por pymes; por tanto, a este colectivo de sufridas empresas, en lo que a la financiación bancaria se refiere, es al que se destina su ayuda. Además cuentan con otro tipo de socios, llamados protectores, que aportan recursos a las SGR sin que tengan derecho a solicitar sus garantías. Por regla general, estos socios protectores son administraciones públicas, cámaras de comercio, asociaciones o entidades de crédito.

Las SGR están sometidas a las reglas de autorización previa, control e inspección del Banco de España al igual que las entidades de crédito, sin embargo, se diferencian de éstas en que su objeto social básico es avalar, por lo que sólo pueden operar en la última fase del circuito de intermediación, en la de asunción del riesgo, teniendo prohibida la concesión de ninguna clase de crédito. También tienen la especialidad de que sus destinatarios finales son exclusivamente pymes, por lo que no pueden acudir a otros segmentos del mercado. Luego es importante señalar que pueden avalar pero no conceder crédito a las pymes.

Las SGR básicamente se dirigen a dos grupos distintos de pymes. En primer lugar, a las que tienen dificultades para acceder a la financiación bancaria, sobre todo a la de largo plazo, por no contar con suficientes garantías que respalden su proyecto de inversión, a pesar de que el mismo pueda ser económicamente viable, es decir, un caso muy extendido en nuestros días. En segundo término, a las que teniendo garantías suficientes para respaldar su proyecto, pueden obtener financiación bancaria en mejores condiciones de plazo de amortización y coste aportando el aval de la SGR, similares a las que se ofrecen a una empresa de gran tamaño.

En la web de CESGAR (Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca) podéis encontrar información de las veintitrés SGR que actualmente operan en España. La mayoría de ellas circunscriben su ámbito de actuación a las diferentes comunidades autónomas, aunque tres tienen carácter nacional y sectorial (en concreto, se referencian a los sectores del transporte, juego y audiovisual respectivamente).

El mayor fichero de morosos de España

Mario Cantalapiedra – Economista

El fichero de morosos y operaciones impagadas más importante de España es gestionado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), organización empresarial que sirve de enlace entre las entidades de crédito especializadas en financiación al consumo y las distintas administraciones públicas, otras asociaciones profesionales españolas y europeas y los consumidores o usuarios finales de productos financieros.

Forman parte de ASNEF casi todas las entidades de crédito especializadas, así como un gran número de empresas pertenecientes a otros sectores de actividad como, por ejemplo, las compañías de telecomunicaciones, las empresas de servicios energéticos (electricidad, agua, gas) o las empresas aseguradoras. Luego ya podemos hacernos una primera idea de que tipo de empresas pueden incluirnos en este listado “maldito” si no pagamos uno de sus recibos.

En el fichero de impagos gestionado por ASNEF se puede encontrar información referente a los incumplimientos en el pago realizados por personas físicas y también jurídicas, es decir, empresas, estando el acceso a la información restringido a las entidades que aportan información, en concreto, a los asociados a ASNEF y adheridos que no estén asociados. En el fichero de ASNEF se puede encontrar la siguiente información:

  • Datos identificativos de la persona consultada.
  • Relación de nombres y domicilios distintos con los que consta en el fichero.
  • Resumen de la situación actual de operaciones morosas, con datos como el saldo total impagado o el número de operaciones.
  • Detalle de cada una de las operaciones morosas, especificando su importe, el número de cuotas, el tipo de entidad acreedora, etcétera.
  • Evolución mensual, durante los últimos veinticuatro meses, tanto de la información resumida como detallada por operación impagada.

El tratamiento del fichero está encargado a la compañía Equifax Ibérica, S.L. con la que ASNEF mantiene un acuerdo de colaboración. A esta compañía debemos dirigirnos si deseamos ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a los datos que puedan existir en nuestra contra. En principio las únicas formas de salir del fichero ASNEF es saldando la deuda con la compañía correspondiente, demostrando la inexistencia de dicha deuda, o una vez que se cumple el tiempo máximo de permanencia fijado legalmente, el cual es nada menos que de seis años. Los derechos de acceso y demás que acabo de comentar pueden ejercitarse a través de los siguientes medios:

Las compañías que pueden acceder a la información del fichero de ASNEF lo consultan para conocer la solvencia o capacidad de pago de sus clientes antes de concederles crédito.