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Cinco meses para aportar la información que falte en las cuentas anuales de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 26 de julio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Orden JUS 794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, la cual entró en vigor el 27 de julio. La Orden regula los modelos que deben utilizar los empresarios para depositar sus cuentas correspondientes al ejercicio de 2020, y básicamente introduce tres novedades:

  • La inclusión en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas sometidas a auditoría, de la fecha de emisión del informe, de la indicación del tipo de auditoría (voluntaria u obligatoria), y del número de ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) del auditor o sociedad de auditoría que ha emitido el informe, contemplando además la posibilidad de intervención de más de un auditor o entidad auditora.
  • La presentación de información no financiera, que determinadas empresas deben incluir en base a lo dispuesto por el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital, como anexo del informe de gestión.
  • La presentación, con carácter excepcional y transitorio, para las cuentas referidas a 2020 de la hoja de declaración COVID-19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia en las empresas, y sobre la que ya comentamos en mayo en el blog.

Su entrada en vigor a muy pocos días de la fecha límite para el depósito de cuentas ha generado una importante polémica. Recuerdo que, para las empresas cuyo ejercicio coincide con el año natural, este plazo terminó el 30 de julio, teniendo el cuenta los seis meses que existen para que la Junta apruebe las cuentas y los 30 días naturales posteriores que se tienen para depositarlas. En este sentido, las empresas y sus gestores han contado con escaso tiempo para adoptar las novedades de la Orden, pudiendo darse una de las siguientes situaciones:

  • Empresa que haya depositado sus cuentas de 2020 antes de la entrada en vigor de la Orden JUS 794/2021 (el 27 de julio de 2021), para la que es válida la utilización de los modelos anteriores.
  • Empresa que haya depositado o vaya a depositar sus cuentas a partir del 27 de julio, que deberá utilizar los nuevos modelos aprobados en la Orden JUS 794/2021.
  • Empresa que estando obligada a utilizar los nuevos modelos no haya podido hacerlo, la cual contará con un plazo de cinco meses, según el Colegio de Registradores, para aportar la información que falte y que le será reclamada por el Registro.
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Prohibición de utilizar programas informáticos que permitan llevar una doble contabilidad empresarial

Mario Cantalapiedra – Economista

La reciente Ley 11/2021, de 9 de julio (BOE de 10 de julio), conocida coloquialmente como “ley antifraude”, ha introducido la prohibición para las empresas y autónomos de utilizar el denominado software de doble uso, es decir, de programas informáticos que permiten llevar una doble contabilidad con el objeto de ocultar parte de la facturación a Hacienda, y pagar así menos impuestos. Según el Gobierno español, “cada año el empleo de estos programas produce pérdidas de ingresos públicos que excederían de varios miles de millones de euros”.

En concreto, se trata de terminar con el uso de programas informáticos en el ámbito empresarial que permiten llevar una doble contabilidad, no reflejar la anotación de transacciones realizadas, registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas, o alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable.

La nueva legislación establece la obligación de que los programas informáticos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial, utilizados por empresas y autónomos, se ajusten a ciertos requisitos (certificados) que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. De este modo, estos programas, a partir de la entrada en vigor de esta legislación el próximo 11 de octubre, deberán estar certificados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Lo cierto es que este es un tema bastante significativo para las empresas y autónomos, puesto que en caso de utilizar programas informáticos de doble uso se arriesgan a ser sancionados con una multa de, nada más y nada menos, 50.000 euros por cada ejercicio en el que lo hagan, tanto por la tenencia de programas sin certificar, como por la alteración o modificación de los que en su momento puedan ser certificados.

Por tanto, es muy importante que antes del 11 de octubre de 2021, los responsables de las empresas confirmen con sus proveedores de programas de contabilidad y facturación que los mismos están “certificados” y cumplen con lo dispuesto por la Ley 11/2021.

Los clientes morosos deberán abonar 40 euros por cada factura pagada fuera de plazo

Mario Cantalapiedra – Economista

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido, en una sentencia reciente, que el cliente moroso deberá abonar 40 euros por cada factura que pague fuera de plazo.

Esta sentencia supone una importante interpretación del artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que incorporó al derecho interno español la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000. En concreto, este artículo señala con respecto a la indemnización por costes de cobro lo siguiente:

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.

 Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.

  1. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago”.

Pues bien, el Tribunal Supremo especifica que el cobro de los 40 euros debe ser por cada una de las facturas, y no por el conjunto de ellas. En concreto, en su sentencia reconoce el derecho de una entidad financiera a cobrar dicha cantidad unitaria por cada una de las más de 5.000 facturas que fueron pagadas fuera del plazo contractual o legalmente establecido por el Servicio Extremeño de Salud.

La sentencia explica que en la Ley y en la Directiva se estableció una cantidad mínima, que opera como suelo, y que es un importe fijo y asegurado de 40 euros que se paga con carácter automático sin necesidad de recordatorio, cuando el deudor incurra en mora, algo que ocurre cuando se presenta al cobro la factura y no se paga en el plazo contractual o legalmente establecido.

Esta interpretación jurídica supone un argumento más para que las empresas intenten no incurrir en mora y respeten los plazos de pago pactados/legales, ante el riego de que les sean reclamados 40 euros por cada factura que los sobrepase.

Nueva hoja de declaración COVID-19 para las cuentas anuales de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 que las empresas deberán depositar en el Registro Mercantil este año, incluirán, con carácter excepcional y transitorio, una hoja de declaración COVID-19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia.

Aunque la Orden del Ministerio de Justicia en el que se recoge esta novedad todavía es un Proyecto en trámite de audiencia pública, la obligación de información se referirá en principio a los elementos siguientes:

  1. Medidas laborales aplicadas a la empresa

En este apartado se deberá informar sobre las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante el ejercicio y motivados por la pandemia; los permisos retribuidos recuperables y las bajas laborales por el coronavirus.

  1. Alquileres (artículos 1 a 15 del Real Decreto-Ley 11/2020).
  1. Avales ICO

Se deberá detallar el importe del aval concedido, en su caso, por el ICO en aplicación de lo establecido en los artículos 29 y 30 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, informando del porcentaje que representa sobre el total solicitado.

  1. Ayudas públicas

Se deberá describir el plan o programa al que se ha acogido la empresa, así como el organismo de la Administración pública concedente y el sistema que ha sido utilizado (avales, moratoria, aplazamiento, interés bonificado, etc.).

  1. Moratorias hipotecarias
  1. Moratorias no hipotecarias
  1. Suministros

Se deberá informar si la empresa ha solicitado la flexibilización y suspensión de suministros (electricidad, gas natural, productos derivados del petróleo), según lo dispuesto por los artículos 42 a 44 del Real Decreto-Ley 11/2020.

  1. Turismo

Se deberá detallar si la empresa se ha acogido a las medidas de apoyo del sector del Turismo, según los artículos 12 y 13 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo.

El mencionado trámite de audiencia pública, durante el cual se pueden presentar alegaciones o comentarios al Proyecto de Orden, finaliza el próximo 24 de mayo. A estos efectos, las aportaciones se pueden presentar en el siguiente correo electrónico habilitado por el Ministerio de Justicia: deposito.cuentas@mjusticia.es

Reducción del plazo exigido para deducir fiscalmente las pérdidas por insolvencias

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), en su artículo 13, regula las circunstancias que, de forma general, permiten a las empresas deducir fiscalmente las pérdidas por deterioro de créditos derivadas de posibles insolvencias de sus clientes. En concreto, son las cuatro siguientes:

  • Que hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la deuda.
  • Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
  • Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Que la deuda haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa de su cobro.

En este sentido, no se permite la deducción fiscal de las perdidas por deterioro debidas a:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.
  • Estimaciones globales de riesgo de insolvencia de clientes y deudores, salvo que la deducción la practique una empresa de reducida dimensión (ERD), que no se trate de una entidad patrimonial.

A estos efectos, recuerdo que en el IS se considera que una ERD es una compañía que factura menos de 10 millones de euros con carácter anual.

Pues bien, con motivo de las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha reducido para las ERD no patrimoniales la antigüedad general exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos a la mitad (desde los 6 hasta los 3 meses). Esta medida se toma de manera excepcional para los períodos impositivos que se inicien en los años de 2020 y 2021, con el objeto de que los autónomos y las pymes puedan acelerar la incorporación en su base imponible de las pérdidas por insolvencias.

Por tanto, aquellas ERD cuyo ejercicio fiscal coincida con el año natural, podrán deducir los importes adeudados por sus clientes a final de ejercicio, y que se encuentren vencidos desde finales de septiembre o en una fecha anterior, tanto en 2020 como en 2021.

¿Qué supone para la gestión del riesgo de crédito que las transferencias sean el instrumento de pago más utilizado?

Mario Cantalapiedra – Economista

Las transferencias fueron el instrumento de pago más utilizado en los pagos minoristas que se realizaron en 2020. Así lo confirman los datos del Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), mecanismo normativo, operativo y técnico que soporta el sistema del pagos al por menor español.

En este sentido, en función del importe que alcancen los pagos, cabe distinguir entre sistema de pagos al por mayor o mayorista, en el que se procesan los de importes elevados que realizan entre sí las entidades de crédito, y el sistema de pagos al por menor o minorista, en el que se procesan los de menor importe que utilizan instrumentos basados en la cuenta corriente bancaria tales como transferencias, adeudos, cheques, efectos o traspasos.

Pues bien, en los pagos minoristas, y teniendo en cuenta el importe total de las operaciones, el pasado ejercicio las transferencias fueron el instrumento más utilizado. En concreto, representaron el 69,63 por ciento del importe total, porcentaje que se eleva hasta el 72,5 por ciento si añadimos las transferencias inmediatas, disponibles en España desde febrero de 2018.

Recuerdo que estas transferencias inmediatas se caracterizan por su rápida ejecución, de tal modo que el tiempo que tarda en llegar el dinero a la cuenta del beneficiario se reduce, desde el día hábil siguiente a la fecha de la emisión en el caso de una transferencia ordinaria, hasta únicamente los 10 segundos. Aunque es un servicio voluntario para los bancos, la mayoría cuentan con él. Desde el 1 de julio se pueden enviar hasta por 100 mil euros, aunque como he podido comprobar muchos bancos mantienen el límite anterior de 15.000 euros (las entidades puede establecer el importe máximo y las comisiones por emisión que consideren oportunos).

Tras las transferencias, el instrumento de pago más utilizado en 2020 fueron los adeudos con el 16,41 por ciento del importe total. Los cheques representaron el 9,07 por ciento, y los efectos comerciales únicamente el 1,40 por ciento.

Desde el punto de vista de la gestión del riesgo de crédito comercial, el hecho de que las transferencias sean el instrumento más utilizado en los pagos minoristas, supone que normalmente en las compraventas entre empresas la iniciativa de pago la tendrá el cliente. Algo que no ocurre cuando es el proveedor el que emite un adeudo.

Importe operaciones procesadas por SNCE por subsistema. 2020SNCE_2020Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SNCE.

¿Por qué las empresas no ejercen su derecho a cobrar intereses de demora?

Mario Cantalapiedra – Economista

La mayoría de las empresas españolas renuncian al cobro de intereses de demora cuando sus clientes incumplen los plazos de pago, aunque la Ley les reconozca el derecho a cobrarlos. Así lo demuestran los datos del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, de Crédito y Caución e Iberinform.

Según este Estudio, hasta el 54 por ciento de las empresas “nunca” aplican intereses de demora, el 40 por ciento lo hace “a veces”, y solamente el 6 por ciento de las empresas declaran aplicarlos de una forma sistemática.

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¿Qué dice la legislación vigente en España sobre los intereses de demora?

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, regula los intereses de demora en sus artículos 5 al 7.

En el artículo 5 se reconoce el devengo de este tipo de intereses “automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor”.

Por su parte, en el artículo 6 se recogen los dos requisitos que ha de reunir el acreedor para poder exigir los intereses de demora al deudor:

  1. Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.
  2. Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.

En cuanto al tipo de interés que cobran las empresas cuando llegan a aplicarlo, según el Estudio de Crédito y Caución e Iberinform, hasta el 97 por ciento aplica un interés por debajo del que podría aplicarse según la Ley 3/2004.

En este sentido, el artículo 7 regula el interés de demora que deberá pagar el deudor, para lo cual existen las dos opciones siguientes:

  1. El tipo de interés que resulte del contrato que se firma entre acreedor y deudor.
  2. Si no hay pacto previo, el que resulte de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales (actualmente este tipo es del 8 por ciento).

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En este caso, ante la decisión de cobrar intereses de demora o no a un cliente que retrasa el pago de sus facturas, más que el derecho a hacerlo, pesa el miedo a perjudicar la relación comercial con él o incluso a perderle y que se vaya a la competencia.

 

Las empresas españolas tardan demasiado tiempo en reconocer que un crédito es moroso

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando una empresa o un profesional emite una factura a un cliente suele hacerlo con la confianza de que le será abonada en la fecha de vencimiento pactada. No obstante, es habitual, que se produzcan retrasos en el pago, que desde la perspectiva del acreedor pueden ser más o menos aceptables.

Existen retrasos que pueden deberse a cuestiones de tipo administrativo o comercial (no emitir una factura de abono pendiente, no respetar un descuento previamente pactado, etcétera), los cuales suelen subsanarse con rapidez una vez se conocen y liberar el pago que pueda estar retenido. No obstante, hay otros retrasos, más preocupantes para la empresa acreedora, y tras los que se esconde la dificultad del cliente para pagar las facturas, o inclusive su voluntad de no hacerlo. Estos últimos suelen aumentar en épocas de crisis cuando aparecen problemas de liquidez en muchas empresas que antes no los tenían.

A estos efectos, las empresas españolas suelen tardar bastante tiempo en reconocer que un crédito es moroso, tal como muestran los resultados del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform. Así, solamente catorce de cada cien empresas consultadas consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento, mientras que la mayoría (37 por ciento) dejan pasar más de 90 días hasta considerar el crédito como moroso e iniciar acciones de recobro. Como ya he comentado en alguna otra ocasión, este comportamiento lo pueden explicar diferentes elementos, entre ellos el tratar de cuidar la relación comercial con los clientes, o el propio sentimiento de vergüenza que experimentan algunos empresarios en el momento de tener que reclamar el cobro de sus facturas.

En cualquier caso, si pensamos que el transcurso del tiempo suele ir en contra de los intereses de la empresa acreedora, y a favor de los del deudor moroso, el plazo superior a 90 días no parece razonable, de tal modo que la recomendación no puede ser otra que tratar de acortarlo, eso sí, cuidando siempre la relación comercial con el cliente, al mismo tiempo que se hacen valer los derechos de la empresa. Desde luego, en épocas de dificultades como la actual debido a la pandemia, no parece oportuno relajar las gestiones de recobro, ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar nuestras facturas.

Recobro

Importante descenso del número de sociedades mercantiles que se crean en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La constitución de sociedades mercantiles en España en 2020 disminuyó el 15,82 por ciento con respecto al año anterior, según la “Estadística 2020” publicada por el Registro Mercantil Central a partir de los datos que aportan los diferentes Registros Mercantiles Provinciales.

Los efectos del coronavirus se han dejado sentir en el número de constituciones, que han visto reducidas sus cifras en términos relativos en todas las comunidades autónomas.

Evolución número total de constituciones y su variación anual (%) 2014-2020Constituciones_variaciónFuente: Elaboración propia a partir de “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

En cuanto a las constituciones en 2020 según la forma social, la gran mayoría (97,01 por ciento) adoptaron la forma de sociedad limitada, mientras que un 0,39 por ciento nacieron como sociedades anónimas, y el restante 2,60 por ciento adoptaron otras formas sociales.

Sociedades constituidas por forma social en 2020tiposFuente: Elaboración propia a partir de “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Un dato interesante que aporta esta Estadística, es el del capital con el que se constituyen las sociedades mercantiles. Se suele argumentar que uno de los problemas que tradicionalmente afecta a las empresas españolas es el de estar poco capitalizadas (teniendo en cuenta la suma de su capital social y reservas voluntarias), ante situaciones de crisis que puedan surgir, como es el caso de la actual debida a la pandemia.

En este sentido, en el caso de las sociedades anónimas, en 2020 el 61 por ciento se constituyeron con un capital de 60 mil (mínimo legal) a 63 mil euros; el 15 por ciento de 63 mil a 180 mil euros; el 5 por ciento de 180 mil a 600 mil euros, y el 19 por ciento restante con más de 600 mil euros.

Constituciones_2020_SAFuente: “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Por su parte, para las sociedades limitadas, el 75 por ciento se constituyeron con un capital de 3.000 (mínimo legal) a 3.300 euros; el 14 por ciento de 3.300 a 18.000 euros; el 6 por ciento de 18.000 a 60.000 euros, y el restante 5 por ciento con más de 60.000 euros. Es decir, tres de cada cuatro sociedades limitadas nacieron con el capital mínimo legal o cercano a éste.

Constituciones_2020_SLFuente: “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Luego el perfil predominante de la sociedad mercantil que se crea en España, es el de una sociedad de responsabilidad limitada que se constituye con el capital mínimo que obliga la Ley.

La morosidad bancaria repunta ligeramente en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La morosidad bancaria se mantiene relativamente estable en España, a pesar de haber sufrido un ligero repunte en enero de 2021, según los últimos datos publicados por el Banco de España (BdE).

De este modo, al finalizar el primer mes del año, la morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito se situó en el 4,54 por ciento, tres centésimas más que al cierre de 2020.

Recuerdo que la tasa de morosidad bancaria se obtiene dividiendo el saldo vivo de los créditos dudosos (55.066 millones de euros a finales de enero), entre el saldo vivo del total de crédito concedido (1,213 billones de euros). Ambos saldos se han reducido en enero de 2021, aunque el de total de crédito lo ha hecho en mayor proporción, de ahí el incremento de la tasa.

Se puede decir que la morosidad bancaria sigue bastante contenida en nuestro país, y muy lejos de la cota máxima que alcanzó en diciembre de 2013 (13,62 por ciento).

Habrá que ver ahora la evolución que sigue la morosidad bancaria en los próximos meses, en función de que los estímulos públicos arbitrados con el estado de alarma se vayan retirando y de que la recuperación de la economía sea o no rápida.

Evolución morosidad bancaria en EspañaMorosidad_bancaria_enero_2021Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

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