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Tres interrogantes sobre las nuevas ayudas del Gobierno a las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los rumores sobre las fórmulas que utilizará el Gobierno español para otorgar nuevas ayudas a las empresas, así como sobre los criterios en los que se basará para otorgarlas, se disparan en los últimos días.

Por lo que se ve, Gobierno y banca están tratando de llegar a un acuerdo, teniendo como base los préstamos avalados por el ICO que ya han sido concedidos. Tras su tira y afloja están las empresas necesitadas de nuevos fondos, a las que se les acaba el tiempo, sobre todo a las pymes enmarcadas en los sectores golpeados con mayor virulencia por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería, restauración, ocio, o vehículos a motor.

Ante este panorama surgen una serie de interrogantes que en función de cómo sean resueltos, pueden condicionar fuertemente el devenir de nuestra economía en los próximos años y el futuro de su tejido empresarial.

¿Deben ser los poderes públicos quienes decidan qué empresas han de sobrevivir?

Podría pensarse que en una economía de mercado como en la que nos encontramos, debería ser el propio juego libre de la oferta y de la demanda, la que tomará esta decisión.

No obstante, hay quien argumenta que debido al cierre de negocios en base a decisiones de carácter público, heterogéneas además entre los distintos territorios, muchas empresas no han podido competir con normalidad, y lo justo ahora es compensarlas.

¿Debe optarse por quitas o por ayudas directas?

Por un lado, se comenta que Moncloa prefiere que el instrumento de ayuda más utilizado sea el de las quitas en los préstamos avalados por el ICO, es decir, en la reducción de una parte del dinero que las empresas deben a los bancos, tratando de asegurar el cobro del resto. De este modo, el maltrecho déficit público español no soportaría todo el peso de medida, que también incidiría en las cuentas de resultados bancarias.

En cambio, desde la banca, la cual argumenta no ser culpable de esta crisis, la fórmula preferida es la de las ayudas públicas directas a las empresas, similares a las que se están concedido en otros países como Italia o Alemania.

¿Debe olvidarse a las empresas que no han solicitado los préstamos ICO?

Este tema me parece especialmente polémico, sobre todo para aquellos que venimos defendiendo que las empresas deben tratar siempre de no endeudarse por encimas de sus posibilidades.

Me preocupa que se identifique a las empresas a ayudar únicamente con aquellas que han solicitado préstamos avalados por el ICO. Existen empresarios que han podido decidir no pedirlos para no endeudarse más, prestando ellos dinero a la empresa de sus ahorros, o incluso ampliando capital, con la confianza en que la pandemia no se extendería tanto en el tiempo. Ahora se pueden encontrar con dificultades, y no me parece correcto olvidarse de ellos.

Criterios objetivos y transparencia en la concesión de ayudas a las empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español parece tener claro de que será necesario ayudar más al tejido empresarial si no quiere ver cómo se dispara la cifra de quiebras en nuestro país. Por lo que acaba de anunciar la ministra Calviño, está esperando la autorización de Europa para lanzar un programa de ayudas directas a las empresas.

El problema es que este nuevo apoyo público no va a poder alcanzar a todas las empresas. Al principio de la pandemia se intentó ayudarlas de forma generalizada para que superaran sus dificultades de liquidez. Para ello, se utilizaron fundamentalmente los préstamos avalados por el ICO, pero ahora estamos hablando de algo distinto, de proteger solamente a empresas que se consideren viables.

Desde Europa, que en última instancia es la que nos va a facilitar el dinero, ya se ha indicado que se ha de favorecer a compañías viables, no sea que por tratar de llegar a todas no se llegue a ninguna, algo que ya ocurrió en la crisis de 2008. Evidentemente habrá que prever mecanismos para no dejar en la estacada a la demás, como, por ejemplo, la mejora de la ley de segunda oportunidad a través de la exoneración de las deudas con los acreedores públicos.

Entre las posibles soluciones que se está planteando para empresas endeudadas con préstamos avalados por el ICO, que presenten dificultades para devolverlos, pero que se consideren viables, figuran las siguientes:

  • La prórroga de plazos de los préstamos vigentes, permitiendo devolverlos con mayor facilidad.
  • Las quitas de parte de la deuda, esto es perdonar una parte del dinero que se ha prestado a las empresas.
  • La inyección de dinero público nuevo vía subvenciones a fondo perdido.
  • La conversión de los préstamos avalados por el ICO a préstamos participativos, en los cuales el pago de intereses (una parte) se ajusta al ciclo económico que atraviesa la empresa, de tal modo que si a ésta le va bien, el prestamista, en este caso, el Estado, percibe una mayor remuneración.

Sacrificar a algunas empresas que, a priori, no tienen posibilidades de sobrevivir para poder atender a otras que sí puedan hacerlo, exigirá de una labor casi de cirujanos. Habrá que determinar qué empresas estaban mal antes de la pandemia y diferenciarlas de aquellas cuyos problemas han sido originados por el coronavirus, pero que antes eran viables. En esta labor serán necesarios criterios objetivos y mucha transparencia, evitando tomar decisiones arbitrarias y huyendo de favorecer a redes clientelares.

 

Refuerzo del régimen sancionador por no depositar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

El nuevo Reglamento de Auditoría, aprobado por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, ha reforzado el régimen sancionador que penaliza la falta de depósito de cuentas anuales.

El Gobierno español ya venía avisando hace un tiempo de que su idea era aumentar el número de sanciones que se imponen a las empresas que no cumplen con esta obligación. Este número, hasta la fecha, ha sido reducido, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta el organismo sancionador (ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -), como por el hecho de que lo recaudado no redunda en sus cuentas, como ya se comentó en el blog.

Las novedades que afectan al régimen sancionador se incluyen en las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021, y básicamente se pueden resumir en los tres puntos siguientes:

1. Se abre la opción de que los registradores mercantiles puedan realizar tanto la gestión como la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores, acompañando al ICAC en esta tarea.

2. Se fija el plazo para tramitar el procedimiento sancionador en seis meses desde la adopción del acuerdo de incoación.

3. Se clarifican los criterios sobre activo y ventas utilizados para imponer las sanciones, dentro de los límites establecidos por la Ley de Sociedades de Capital (entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento para las empresas más pequeñas, pudiendo elevarse hasta 300.000 euros para las compañías que facturen por encima de los 6 millones):

  • De manera general, la sanción será del 0,5 por mil del total activo, más el 0,5 por mil de las ventas de la empresa, según la última declaración presentada ante la Agencia Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  • En el caso de que la empresa no aporte la declaración tributaria, la sanción se elevará al 2 por ciento de su capital social, según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  • En el supuesto de que sí se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los porcentajes sobre total activo y ventas sea mayor que el 2 por ciento del capital social, la sanción ascenderá a este último porcentaje con una reducción del 10 por ciento.

Habrá que ver ahora si la imposición de sanciones aumenta en los próximos meses, en un momento especialmente sensible para muchas empresas. En cualquier caso, los empresarios cuentan con un argumento más para depositar sus cuentas anuales, siempre que vengan obligados, y todavía mantengan dudas al respecto.

600.000 empresas cubren sus necesidades de liquidez mediante préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha publicado un resumen de los datos, a cierre de 2020, de la Línea de Avales prevista para cubrir las necesidades de liquidez motivadas por la COVID-19.

En este sentido, hay que recordar que en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, el sistema de ayudas se ha centrado en avalar préstamos bancarios a empresas y autónomos, y no tanto en concederles subvenciones de tipo directo. Estos préstamos avalados, aunque puedan suponer una ayuda para las empresas, implican nueva deuda que habrá que devolver, algo que no sucedería de haber obtenido subvenciones a fondo perdido. Es cierto que con la ampliación de los periodos de carencia iniciales por parte del Gobierno, muchas empresas no tendrán que empezar a devolverlos hasta marzo de 2022, pero tarde o temprano tendrán que hacerlo.

A pesar de lo anterior, la Línea de Avales ha sido ampliamente utilizada por las empresas españolas como demuestran los datos publicados por el ICO. De este modo, del importe previsto inicialmente por el Gobierno de 100.000 millones de euros, a finales de 2020 se han consumido ya 87.085 millones de euros, los cuales han implicado 114.647 millones de euros de financiación para las empresas.

Casi 600.000 empresas han sido beneficiarias de los avales, de las cuales el 99 por ciento son autónomos y pymes, colectivos muy perjudicados por las pandemia y ampliamente mayoritarios en nuestro país. El número de operaciones firmadas ha sido de 944.588 (en este sentido, una empresa puede firmar más de una operación, ya que el límite de la ayuda es por cuantía avalada y no por número de operaciones).

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que tuvo un mayor número de operaciones avaladas en 2020, con  un total de 183.466, lo que representó una financiación de 21.125,9 millones de euros para sus empresas. A continuación se situaron Andalucía (149.925 operaciones y 13.868 millones), y la Comunidad de Madrid (132.590 operaciones y 24.137,9 millones).

En cuanto a la clasificación por sectores de actividad, el mayor número de operaciones se firmó por parte de las empresas del turismo, ocio y cultura, seguidas por las de la construcción e infraestructuras.

Línea de Avales ICO COVID-19 Liquidez. Resumen de avales concedidos a 31/12/2020ICO_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos ICO.

Hasta el 1 de junio los autónomos y empresas que así lo deseen, todavía pueden solicitar los préstamos garantizados por la Línea de Avales, los cuales pueden ser concedidos hasta el 30 de junio.

Crece el número de sociedades mercantiles que cierran sus negocios en España

Mario Cantalapiedra – Economista

A partir de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de sociedades mercantiles que se disuelven en España aumenta, mientras que prácticamente se mantiene estable el correspondiente a las nuevas altas.

De este modo, en noviembre de 2020 se crearon 7.339 sociedades mercantiles, solamente un 0,1 por ciento más que en igual mes del año anterior. Salvando precisamente el dato de 2019, supone la menor creación de empresas en un mes de noviembre desde 2011.

Altas_noviembre

En cuanto al número de disoluciones, 2.062 sociedades mercantiles causaron baja en noviembre, lo que representa un incremento del 4 por ciento en términos interanuales. Es la cifra más alta en la destrucción de empresas en noviembre desde 2013.

El 71,9 por ciento de estas bajas fueron voluntarias, mientras que el 17,6 por ciento se debieron a fusiones entre empresas, y el 10,5 por ciento restante tuvieron otras causas.

Bajas_noviembre

En cuanto a los datos por sectores, el porcentaje mayor de empresas creadas en noviembre corresponde al comercio (23,4 por ciento), seguido por las empresas inmobiliarias, financieras y de seguros (15,7) y por el sector de la construcción (12,9).

Por su parte, el mayor número de cierres de empresas se dio en el sector de la industria y energía (19,9 por ciento), seguido por comercio (19,7) y construcción (14,6).

Sociedades mercantiles creadas según su actividad económica principal. Noviembre 2020. PorcentajeAltas_sector_noviembreFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Sociedades mercantiles disueltas según su actividad económica principal. Noviembre 2020. PorcentajeBajas_sector_noviembreFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

A pesar del empeoramiento que muestran estos datos sobre el cierre de empresas, todavía parecen razonables ante el entorno económico tan complejo que conlleva la pandemia. Medidas vigentes del Gobierno, como la prórroga de los ERTE o la moratoria en la obligación de solicitar concurso, puede que estén ocultando una situación empresarial bastante peor que vaya aflorando en los próximos meses. Tendremos que estar muy atentos.

Un resumen de 2020: “todo condicionado por la pandemia”

Mario Cantalapiedra – Economista

2020 ha sido un año muy difícil, inesperado, distópico. El habitual resumen anual que hago de los artículos publicados en el blog, en esta ocasión se ve claramente condicionado por la pandemia. Desde marzo es difícil encontrar un post en el que el dichoso bicho no se haya colado de una u otra manera.

Ha tocado, y previsiblemente tocará en los meses próximos, ayudar a las empresas, fundamentalmente a las pymes y a los autónomos, a resolver sus problemas en esta compleja situación. Mi idea es que algunos de mis consejos o análisis les puedan ser de utilidad.  No me queda duda de que las empresas han de ser las grandes protagonistas de la recuperación, y de que toda ayuda que se les preste puede parecer poca.

Teniendo presente estas circunstancias, me he decantado por resaltar los cinco posts siguientes de 2020:

  • En pleno proceso de transformación digital del mundo financiero, las fintech siguen ganando protagonismo. En enero la CNMV publicaba una interesante guía en la que exponía sus recomendaciones a la hora de solicitar los servicios de estas empresas.
  • Tras el estallido de la pandemia, dediqué varios artículos en abril a estudiar los principales cambios producidos en la gestión financiera de las empresas, tratando de aportar algún consejo práctico para anticiparse a los problemas de liquidez.
  • Aunque seguramente no era el momento más oportuno, tras el verano entró en vigor la nueva Ley concursal en España, con los objetivos de reordenar, clarificar y armonizar la legislación concursal. Veremos cómo afecta esta nueva regulación a la previsible avalancha de peticiones de concurso a partir del próximo 14 de marzo, cuando finalice la actual moratoria en la obligación de solicitarlo.
  • ¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis? Estas estructuras definidas en las empresas en las que se intercambian puntos de vista y de información antes de conceder crédito comercial a los clientes, suelen montarse en épocas de crisis como la actual. Sigo pensando que no debería ser así, que deberían existir en cualquier coyuntura del mercado.
  • Finalmente me gustaría resaltar el post dedicado a analizar los problemas contables en las pymes debido al coronavirus. La contabilidad más allá de ser un requisito legal, es una herramienta necesaria a la hora de tomar decisiones, de ahí la importancia de llevarla al día.

Confiemos que el próximo año la evolución con la pandemia sea buena, y de que poco a poco podamos ir desterrando al coronavirus de nuestras vidas y de la actividad de nuestras empresas.

Provisiones al cierre del ejercicio contable condicionadas por el coronavirus

Mario Cantalapiedra – Economista

Al cierre del ejercicio contable, las empresas suelen estimar obligaciones que tendrán frente a terceros en el futuro, dotando provisiones para cubrirse de los riesgos. Proceso que, en el cierre de 2020, se ve afectado por la gran incertidumbre que existe debido al coronavirus.

Contablemente las provisiones son pasivos (obligaciones con terceros) que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en la que se cancelarán. Pueden venir determinadas por una disposición legal o contractual o por una obligación implícita o tácita, y mediante ellas la empresa aplica una cantidad a gasto para estar preparada frente al posible riesgo. Se puede contabilizar una provisión, por ejemplo, por la indemnización que reclama un cliente por la venta defectuosa de un producto que muy probablemente habrá que pagar en el futuro, o por los costes que implicará una previsible reducción de plantilla, como por desgracia muchas empresas se están planteando en la situación actual.

La problemática principal que subyace con las provisiones es que su cálculo se basa en las estimaciones de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro, de tal modo que si son dotadas por exceso permiten declarar un menor beneficio y, por tanto, pagar menos impuestos. Por este motivo, Hacienda es más restrictiva que el Plan General de Contabilidad a la hora de considerarlas como gasto deducible.

En concreto, según lo regulado por el artículo 14.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no son deducibles los siguientes gastos asociados a provisiones:

  • Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas. Es decir, mientras que en contabilidad para dotar una provisión basta con la posibilidad de tener una obligación frente a terceros que pueda medirse con fiabilidad, a efectos de deducción fiscal dicha obligación ha de estar respaldada legal o contractualmente.
  • Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los beneficios económicos que se esperan recibir de los mismos.
  • Los derivados de reestructuraciones (programas de actuación planificados y controlados por la empresa que den lugar a un cambio significativo del alcance o de la manera de llevar la gestión de su actividad), excepto si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no meramente tácitas.
  • Los relativas al riesgo de devoluciones de ventas.
  • Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los empleados, y se satisfagan en efectivo.

En un cierre de ejercicio tan complejo como el actual en el que posiblemente muchas empresas doten provisiones sobre riesgos que hasta ahora no contabilizaban, habrá que tener muy presente su deducción fiscal según lo mencionado, para evitar problemas posteriores con Hacienda.

Reforzar el capital de empresas viables para acelerar la recuperación económica

Mario Cantalapiedra – Economista

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) estima que la recuperación en España será gradual, de tal modo que para finales de 2022 nuestro PIB todavía no alcanzará los niveles previos a la pandemia.

En la última edición de su informe “Perspectivas Económicas” (Número 108), la OCDE prevé que tras una fuerte caída del 11,6 por ciento en 2020, el PIB español crezca el 5 por ciento en 2021 y el 4 por ciento en 2022, crecimiento insuficiente para recuperar el nivel de producción que teníamos al finalizar 2019.

En opinión del organismo de cooperación internacional, las restricciones adoptadas para hacer frente a los brotes de la pandemia y las continuas alteraciones que ha sufrido el turismo y los viajes lastrarán nuestra recuperación hasta que una vacuna se despliegue ampliamente.

Con respecto al consumo privado, se verá afectado negativamente por la elevada incertidumbre y por las adversas condiciones del mercado laboral. En un país tan dependiente del exterior como España, a medida que la demanda externa se vaya recuperando, las exportaciones contribuirán al crecimiento en 2021 y 2022. No obstante, la tasa de desempleo seguirá siendo nuestra espada de Damocles. La OCDE estima que ésta, medida en porcentaje de la fuerza laboral, alcance el 16,9 por ciento al finalizar 2022 (cuando al cierre de 2019 se situaba en el 14,1 por ciento).

En cuanto a las soluciones propuestas, el organismo internacional aconseja focalizar el apoyo fiscal a las empresas y los trabajadores más afectados por la crisis. Además cree que los ERTE deben ir acompañados de una mayor formación y de políticas activas de empleo más sólidas para facilitar la reasignación de recursos entre empresas y sectores. De igual forma, opina que el plan de recuperación nacional, centrado especialmente en los objetivos de inversión verde y digital, debe alcanzarse mediante reformas estructurales ambiciosas que impulsen la productividad, creen empleo y mejoren los resultados ambientales.

En mi opinión, el apoyo a las empresas en España debería ser más ambicioso de lo que hemos visto hasta la fecha, y canalizarse, en parte, de forma diferente. Si bien los préstamos avalados por el ICO han permitido a muchas compañías solventar sus problemas de liquidez a corto plazo, no dejan de ser deudas que habrá que devolver. En cambio, en países de nuestro entorno, tales como Francia, Italia o Alemania, se están arbitrando ayudas a fondo perdido a las empresas viables que aquí no estamos viendo. Considero que reforzar desde lo público el capital de empresas con futuro puede permitir que nuestro proceso de recuperación económica se acelere.

Perspectivas PIB y tasa de desempleo en España

OCDE

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 108; y IHS Markit.

El plan del Gobierno para aumentar el número de sanciones por no depositar cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

En el mes de septiembre la compañía Iberinform anunciaba como la presentación de cuentas anuales en 2020 en los Registros Mercantiles acumulaba una caída del 30 por ciento con datos cerrados a 31 de agosto, siendo especialmente drástico el descenso del depósito de cuentas durante los meses de julio y agosto.

En parte esta caída se puede atribuir a la situación excepcional debida al coronavirus, la cual condujo a que el Gobierno prolongara el calendario de formulación, aprobación y depósito de las cuentas correspondientes a 2019. De este modo, la formulación se ha podido realizar hasta el 31 de agosto, la aprobación hasta el 31 de octubre y el depósito hasta el pasado 30 de noviembre. Habrá que ver cuando conozcamos datos más actualizados cómo está evolucionando el depósito de cuentas en este ejercicio atípico. No obstante, en España hay muchas compañías que sistemáticamente no las depositan, aun estado obligadas a hacerlo.

Las consecuencias de no cumplir este requisito legal son varias. Desde el cierre provisional de la hoja registral salvo para determinadas inscripciones, pasando por el impacto negativo en los informes comerciales de la empresa incumplidora, hasta las mayores dificultades que se pueden encontrar para acceder a la financiación ajena o lograr la cobertura del seguro de crédito. Inclusive existe la posibilidad de recibir una sanción por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), según lo que se regula en el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital.

La multa prevista legalmente no es pequeña, ya que puede oscilar entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento en el caso de las empresas más pequeñas, y llegar hasta los 300.000 euros para las sociedades que facturen por encima de los 6 millones de euros. No obstante, hasta la fecha se han impuesto pocas multas. A pesar de que en España hay alrededor de 150.000 sociedades que no realizan el depósito de cuentas, según un reciente artículo publicado por elEconomista, el volumen de sanciones que impone el ICAC es muy limitado, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta, como por el hecho de que lo que recauda por este concepto no redunda en sus cuentas sino que se destina al Tesoro Público.

Por lo que se ve, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital desea cambiar esta situación y aumentar el número de sanciones, de ahí que se esté planteando, por un lado, que un parte de lo recaudado se quede en el ICAC, y, por otro, que exista una participación activa de otros organismos (de los registradores mercantiles que disponen de toda la información sobre los incumplimientos, y de la Agencia Tributaria) en el proceso sancionador. De materializarse este plan, las empresas tendrán mayor motivo para depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Relación actualizada de declarantes y consultantes a la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que alimentan y utilizan las entidades de crédito para analizar el endeudamiento de sus clientes. Básicamente, informa de los riesgos directos (préstamos, créditos) e indirectos (avales, garantía) que el conjunto de entidades mantiene con su clientela.

No obstante, las entidades de crédito no son las únicas obligadas a suministrar información.

La relación de entidades que están obligadas a declarar a la CIRBE se ha ido incrementando con el paso del tiempo, de tal modo que, tras los cambios introducidos este mismo año por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, queda de la siguiente manera:

  • Banco de España.
  • Entidades de crédito españolas (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito e Instituto de Crédito Oficial).
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Sucursales en España de entidades de crédito extranjeras (que solamente han de declarar la operativa de sus oficinas en nuestro país).
  • Sociedades de garantía recíproca y de reafianzamiento.
  • Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (Sareb).
  • Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
  • Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
  • Entidades de crédito que operen en régimen de libre prestación de servicios (son entidades de crédito extranjeras que ofrecen servicios bancarios en territorio español de forma puntual, sin contar con establecimientos de carácter permanente, y que solamente han de declarar la operativa que realicen con residentes en España).
  • Prestamistas inmobiliarios (que no estén incluidos en las categorías anteriores).
  • Entidades de pago que concedan préstamos (tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021 en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).
  • Entidades de dinero electrónico que concedan préstamos (igualmente, tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021, en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).

Entidades que tienen derecho a consultar la CIRBE

Por otro lado, todas las entidades declarantes relacionadas en el apartado anterior pueden consultar la CIRBE, y además lo pueden hacer los intermediarios de crédito inmobiliario (cuya actividad principal consiste en poner en contacto a personas físicas con prestamistas a cambio de una remuneración).

Tanto las entidades declarantes como los intermediarios de crédito inmobiliario, pueden consultar la CIRBE de cualquier persona física o jurídica que mantenga con ellos algún tipo de riesgo, o les haya solicitado un préstamo o cualquier otra operación de riesgo, o figure como obligada al pago o garante en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación les haya sido solicitada.

De igual modo, cualquier titular de riesgos declarables a la CIRBE, sea persona física o jurídica, tiene derecho a obtener su informe de riesgos.

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