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La morosidad bancaria está contenida en España… de momento

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado mes de julio la tasa de morosidad bancaria sufrió su primer repunte desde que comenzó la crisis del coronavirus hasta situarse en el 4,72 por ciento, según los datos publicados por el Banco de España (BdE).

Esta tasa se obtiene dividiendo el saldo vivo de créditos dudosos (57.837 millones de euros a finales de julio) entre el saldo vivo del total de crédito concedido (1,226 billones de euros). Ambos saldos se han reducido con respecto al mes anterior, pero el de créditos dudosos lo ha hecho en una menor proporción.

Según se puede ver en la tabla adjunta, a pesar del aumento de la tasa en julio, la morosidad bancaria sigue bastante contenida en España, y muy lejos de la cota máxima que alcanzó en diciembre de 2013 (13,62 por ciento). No obstante, el problema puede venir, como ya se apunta desde el propio BdE, cuando finalicen los programas de apoyo a familias y empresas que están vigentes en la actualidad. Fundamentalmente cuando acaben las moratorias al pago de hipotecas y de préstamos personales que han concedido las entidades financieras a las familias, así como los períodos de carencia en los avales otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir parte del riego de la financiación a empresas y autónomos.

Es decir, la morosidad bancaria está contenida en España porque nuestra economía está “dopada” con medidas excepcionales, pero si éstas terminan de golpe el estallido de la morosidad puede llevarnos a las cifras de 2013 y además hacerlo de una forma muy rápida.

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El ICO abre el primer tramo para avalar nueva inversión de empresas y autónomos

Mario Cantalapiedra – Economista

La semana pasada se ha puesto en marcha el primer tramo de la Línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar las nuevas inversiones en España de autónomos y empresas. Una vez distribuidos los 100.000 millones de euros que fueron destinados a financiar necesidades de liquidez de la anterior Línea, el Gobierno cree que es momento de apoyar la inversión.

Esta nueva Línea, aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, prevé 40.000 millones para financiar nueva inversión empresarial, de los cuales ya están disponibles 8.000, con el siguiente desglose:

  • Pymes y autónomos: 5.000 millones de euros (el aval estatal cubrirá como máximo el 80 por ciento del principal de la operación).
  • Resto de empresas: 3.000 millones de euros (el aval cubrirá como máximo el 70 por ciento del principal).

En concreto, la Línea avalará financiación que empresas y autónomos obtengan para:

  • Inversión nueva en España (activos de primer uso o de segunda mano), incluyendo gastos corrientes y de capital vinculados a la inversión.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados a la ampliación, adaptación o renovación de las capacidad productivas o de servicios.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados al reinicio o desarrollo de la actividad.
  • Gastos corrientes y de capital destinados a la adquisición, alquiler, leasing o renting de elementos (equipos, maquinarias, etcétera) relacionados con la inversión y/o actividad.
  • Necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas o vencimientos corrientes de obligaciones financieras o tributarias.

Las empresas o autónomos solicitantes tendrán la obligación de realizar la inversión en los 24 meses siguientes a la firma de la operación de financiación, la cual deberá realizarse siempre después del 29 de julio de 2020.

Al igual que ocurría con la anterior Línea ICO liquidez, los solicitantes no podrán figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019, ni estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Tampoco se permitirá en esta ocasión que los bancos que suscriban el acuerdo con el ICO condicionen la operación a la contratación de otros productos como, por ejemplo, seguros de vida, ni que los costes de los nuevos préstamos beneficiados por el aval sean superiores a los cargados antes del inicio de la crisis de la COVID-19.

El plazo del aval emitido coincidirá con el de la operación, hasta un máximo de 8 años, y en principio, esta Línea ICO inversión estará disponible hasta el 1 de diciembre de 2020.

 

Cambios en la CIRBE para mejorar el análisis de la solvencia

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el fin de mejorar la información de la que disponen las entidades financieras a la hora de evaluar la solvencia de sus clientes, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha modificado determinados requisitos de la Central del Información del Riesgos del Banco de España (CIRBE), aunque estos cambios no entrarán en vigor de manera inmediata.

La CIRBE es una base de datos que recoge información sobre riesgos directos que contraen las entidades financieras declarantes con los primeros obligados al pago (préstamos, créditos), e indirectos, contraídos con quienes garantizan o avalan las operaciones de riesgo directo en caso de incumplimiento del titular. Esta información, que recoge la situación existente en el último día del mes al que se refiere, es utilizada por parte de las entidades declarantes para ver el nivel de endeudamiento total que tienen sus clientes en el circuito bancario antes de concederles financiación.

En este sentido, la Orden ETD/699, de 24 de julio (publicada en el BOE del pasado 27 de julio), entre otros cambios, ha introducido las siguientes dos novedades que afectan a la CIRBE:

  • Las entidades tendrán que informar de los riegos acumulados por sus clientes que sean superiores a los 1.000 euros (en la actualidad, este umbral se sitúa en los 9.000 euros). El cambio es significativo, puesto que permitirá conocer mejor la situación de endeudamiento de aquellos clientes que suelen acumulan préstamos de baja cuantía entre varias entidades. Hasta ahora, un cliente podía repartir su deuda entre varios bancos, estar “sobreendeudado”, y siempre que no superara los 9.000 euros en cada entidad, el sistema no podía reconocerla.
  • Asimismo, se amplían las entidades declarantes a la CIRBE, y que, por tanto, pueden consultar los datos que son declarados por el resto, a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico, en ambos casos siempre que concedan préstamos a sus clientes.

Como comentaba al principio, estos dos cambios no se producirán de forma inmediata, debiendo tanto el Banco de España como las entidades declarantes ajustar sus sistemas, por lo que entrarán en vigor el próximo 27 de enero de 2021.

Entrada en vigor de la nueva Ley Concursal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En el día de hoy, 1 de septiembre de 2020, ha entrado en vigor la nueva Ley Concursal con el objeto de refundir, regularizar, aclarar y armonizar una legislación que ha sufrido tal cantidad de reformas desde su fecha de promulgación que resulta muy difícil de interpretar. Es uno de los problemas que siempre se atribuyen a España, donde el exceso de normativa y de reformas, llega a generar incertidumbre e inclusive inseguridad jurídica a los distintos actores económicos.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, pretende ordenar la legislación concursal existente en España en los siguientes tres libros:

Libro primero

Es el más extenso de los tres, y hace referencia al concurso de acreedores propiamente dicho. Entre los 14 títulos que incluye están, por ejemplo, los dedicados a los órganos del concurso (juez y administración concursal), a las masas activa y pasiva; al informe de la administración concursal, o al pago de los créditos a los acreedores.

Libro segundo

 En este caso, es un libro dedicado al derecho preconcursal, el cual se divide en cuatro títulos independientes. El primero tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo se ocupa de los acuerdos de refinanciación; el tercero hace referencia a los acuerdos extrajudiciales de pago, y el último se refiere a las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, o a un acuerdo extrajudicial de pagos.

Libro tercero

Por último, en este libro se incluyen las normas de derecho internacional privado de la insolvencia, que deberán aplicarse tanto al concurso de acreedores, como a los acuerdos de refinanciación y a los extrajudiciales de pagos.

Hay que recordar que esta nueva Ley va a coincidir en el tiempo con las medidas concursales extraordinarias relacionadas con la COVID-19 y aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, tal como ya comenté en el blog.

Por otro lado, esta reordenación, clarificación y armonización de la legislación concursal que entra en vigor hoy, ha de verse afectada por la transposición pendiente a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, en principio prevista para 2021. Por tanto, el proceso de reforma del derecho de la insolvencia en España no puede darse por finalizado.

Esperemos que las nuevas reformas ayuden a que más concursos no terminen en la liquidación de la empresa, que por desgracia es donde habitualmente terminan.

 

Prohibición de repartir dividendos a sociedades mercantiles acogidas a ERTE por COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha prohibido temporalmente el reparto de dividendos a las sociedades mercantiles acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor vinculada al COVID-19, y que tengan 50 o más trabajadores.

De este modo, el artículo 5.2 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo establece lo siguiente:

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este real decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social. (…)

 “Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social”.

En cuanto al año fiscal al cual se refiere la limitación anterior, a partir de una consulta efectuada por el Consejo General de Economistas de España, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital ha contestado lo siguiente:

En la interpretación de ese Ministerio, el artículo 5.2 del Real Decreto-Ley 18/2020, al establecer que no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, determina límites al reparto de dividendos correspondientes a 2020 (ejercicio en el que se aplican los expedientes de regulación de empleo) y que se distribuirán, consecuentemente, en el ejercicio 2021“.

Por tanto, las sociedades mercantiles acogidas a ERTE por fuerza mayor debido al COVID-19, con 50 o más trabajadores, no podrán repartir dividendos correspondientes a 2020, salvo que previamente abonen el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

Entiendo que, a pesar de que la exoneración de las cuotas sociales en la mayoría de los casos servirá para que las pérdidas de las empresas sean menores en este aciago ejercicio, el Gobierno pretende evitar situaciones donde hipotéticos beneficios basados en el ahorro de costes por los ERTE y no en la actividad de la empresa, lleven al reparto de dividendos, sin antes devolver las ayudas recibidas.

En cualquier caso, si me gustaría compartir contigo mi preocupación al comprobar cómo esta crisis ha sorprendido a muchas empresas con niveles escasos de capital y pocas reservas. La política de ordeñar sistemáticamente a las empresas en épocas de bonanza, pasa factura cuando vienen mal dadas.

El endeudamiento empresarial continúa reduciéndose a pesar de la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La deuda de empresas y hogares españoles se situó en el 129,9 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2020, 3,7 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado hace justo un año, según informa el Banco de España (BdE). En base a este dato, y a pesar de los primeros efectos de la COVID-19, de momento no se observa un incremento en el nivel de endeudamiento privado.

La deuda consolidada de las sociedades no financieras y de los hogares y de las ISFLSH (instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, tales como las organizaciones no gubernamentales o las entidades religiosas) alcanzó los 1,610 billones de euros a finales de marzo. De esta cifra, 905.000 millones correspondieron a las empresas, mientras que 705.000 millones fueron la deuda de hogares e ISFLSH.

Centrándonos en las empresas, en relación al PIB, su deuda representó el 73,1 por ciento a finales de marzo, 2,1 puntos porcentuales por debajo del nivel de hace un año. Hay que señalar que en el importe total de la deuda se incluyen los préstamos y valores representativos de deuda, pero se excluyen los importes frente al propio sector (es decir, no se incluyen los préstamos que las empresas no financieras realizan entre sí). El ratio se elevaría al 93,7 por ciento si incluyéramos dicha deuda interempresarial.

En cualquier caso, las empresas han hecho un esfuerzo importante por reducir su nivel de deuda en los últimos años, tal como puedes comprobar en el cuadro adjunto, tanto en términos brutos (incluyendo deuda interempresarial) como netos (sin incluirla). Habrá que ver ahora cómo evoluciona este nivel de endeudamiento con los efectos de la pandemia, según vayamos conociendo nuevos datos.

Evolución deuda sociedades no financieras en EspañaDeuda_IT_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos BdE. CFEE I trimestre de 2020.

Más de 600 mil préstamos avalados por la Línea ICO COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha hecho balance de la Línea de avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) arbitrada para garantizar la liquidez de empresas y autónomos en la crisis debida a la COVID-19, una vez que ha sido liberado en su totalidad el importe previsto inicialmente de 100.000 millones de euros.

Esta Línea fue aprobada el 17 de marzo, tras declararse el estado de alarma en España, y desde entonces se ha distribuido en los cinco tramos que puedes ver en la tabla adjunta.

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La distribución por beneficiarios del importe avalado por el ICO ha sido la siguiente:

  • A pymes y autónomos: 67.500 millones de euros.
  • A pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas: 2.500 millones de euros.
  • Al resto de empresas: 25.000 millones de euros.
  • A empresas y autónomos para adquirir o arrendar vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional: 500 millones de euros.
  • A emisiones del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF): 4.000 millones de euros.
  • A la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA): 500 millones de euros.

Con datos a 1 de julio, el Gobierno declara que se han aprobado un total de 663.995 operaciones, con un importe avalado de 64.725 millones de euros. El mayor volumen de operaciones y financiación se ha concentrado en pymes y autónomos, con 648.065 préstamos aprobados y un importe avalado de 46.777 millones de euros. Según el Ejecutivo español esto ha permitido canalizar a este colectivo 58.525 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante (hay que recordar que el aval del ICO en el caso de pymes y autónomos garantiza el 80 por ciento del principal tanto de las nuevas operaciones de financiación como de las renovaciones).

El resto de empresas (grandes) han sido avaladas con 17.843 millones de euros, lo que les ha permitido recibir 26.493 millones de euros en financiación. En este caso, el aval público cubre el 70 por ciento del principal en las nuevas operaciones de préstamo y el 60 por ciento en las renovaciones.

El pasado viernes 3 de julio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de euros, pero en este caso no se destinará a liquidez sino a financiar nuevos proyectos de inversión de autónomos y empresas. Todavía no conocemos sus características concretas, por lo que habrá que estar muy atentos a las próximas reuniones del Consejo donde previsiblemente serán aprobadas.

La crisis del “coronavirus” dispara la deuda pública en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus ha disparado la deuda pública española hasta situarla en 1.224 millones de euros, según datos publicados por el Banco de España (BdE). En términos relativos, el ratio de deuda pública sobre PIB alcanzó el 98,9 por ciento, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2018. Inclusive la previsión del Gobierno es que a cierre de ejercicio este ratio se sitúe, nada más y nada menos, que en el 115,5 por ciento del PIB… terrible.

Este dato de la deuda pública se mide según el denominado “Protocolo de Déficit Excesivo” (PDE), concepto de endeudamiento que habitualmente se utiliza en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas, y en el que se incluyen tanto los pasivos de las administraciones públicas que están materializados en efectivo y depósitos, como los valores representativos de deuda y préstamos, valorados por sus importes nominales y excluidos los pasivos que han emitido unas administraciones y que están en poder de otras (lo que se técnicamente se conoce como consolidación).

Si analizamos los distintos subsectores en los que se puede dividir la deuda pública en España, se observa como en términos interanuales su saldo ha aumentado en casi todos ellos. De este modo, ha crecido el saldo de la Administración Central (2,7 por ciento), el de las Administraciones de Seguridad Social (27,8 por ciento) y el de las Comunidades Autónomas (0,3 por ciento), siendo las Corporaciones Locales las únicas que han disminuido el saldo de su deuda con respecto hace un año (-11,9 %). En lo que respecta al crecimiento tan llamativo de la Seguridad Social, el BdE señala que se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General  de marzo a noviembre de 2019 para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos, al tratarse de financiaciones entre administraciones, no computan a efectos del total de la deuda pública.

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La COVID-19 podría aumentar en más del triple la tasa de incumplimiento de las empresas españolas

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Estudio “Spain after COVID-19: From resilience to reimagination” elaborado por McKinsey & Company, la pandemia de la COVID-19, sin considerar ninguna acción de mitigación por parte del sector público, podría provocar un aumento de más del triple en la tasa de incumplimiento de las empresas españolas en 2020. En el caso de los sectores más afectados, como los de hostelería y restauración, este incremento podría llegar a ser hasta de ocho veces. Otros sectores, como los de entretenimiento, transporte, logística y automóvil, podrían incrementar su tasa de incumplimiento entre cuatro y siete veces. Datos, sin duda, muy preocupantes.

Aunque desde McKinsey & Company se reconoce que la llegada de la pandemia ha encontrado a las empresas españolas en un mejor punto de partida que en la crisis de 2007, existen tres señales de advertencia a la hora de lidiar con la nueva crisis que se nos presenta:

  1. La economía española depende más del turismo (14,5 por ciento del PIB) que otras economías de nuestro entorno (9,5 por ciento del PIB en la Unión Europea), siendo éste un sector muy afectado por las restricciones generadas por la COVID-19.
  2. La estructura empresarial española se basa en pequeñas y medianas empresas (el 47,5 por ciento de la fuerza laboral española se concentra en empresas con menos de 20 trabajadores, frente al 37,5 por ciento en la Unión Europea). Las pequeñas empresas son más vulnerables ante un entorno económico debilitado. De hecho, entre 2007 y 2013, desaparecieron en una proporción cuatro veces mayor a la del conjunto de empresas.
  3. A pesar de que casi todos los sectores presentan mejores niveles de capital y de liquidez ahora que en 2007, algunos de ellos pueden ser menos resistentes ante la crisis del coronavirus debido a los niveles estructurales de estos elementos con los que operan. Entre los sectores con niveles más bajos de capital y de liquidez, el Estudio señala a los de hostelería y restauración, transporte, logística, automoción o comercio minorista.

Para superar la situación adversa, el Estudio apunta a un esfuerzo sin precedentes por parte de los sectores público y privado en España que acelere la recuperación y facilite el establecimiento de una próxima normalidad, en el cual se contemplen 3 horizontes:

1. Resiliencia

En esta etapa, fundamental para los sectores más afectados por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería y restauración, las empresas deberán tratar de sobrevivir concentrándose en estimular sus fuentes de ingresos, estabilizar sus cadenas de suministro y optimizar sus modelos operativos. Por su parte, el sector público deberá facilitar el acceso a la liquidez y al capital e incentivar la demanda en los sectores que presentan mayores dificultades.

2. Retorno

A continuación se plantea una fase de retorno a los niveles de negocio y actividad anteriores a la crisis del coronavirus. Las empresas deberán adoptar tendencias que hayan cambiado o se hayan acelerado durante los meses de confinamiento. Esto puede llevar a que las empresas migren a modelos de ventas digitales, actualicen sus carteras de productos para adaptarse a nuevas necesidades de los clientes o redefinan sus cadenas de suministro. En esta fase, el sector público deberá apoyar tanto la recuperación de sectores económicos tradicionales como el desarrollo de los más nuevos, asegurando que el marco regulatorio y el sistema sanitario sean los adecuados.

3. Reinvención

En la última etapa, habrá que adaptar el panorama empresarial español a la nueva realidad económica. Las empresas deberán determinar si han de seguir con modelos de negocio tradicionales o explorar nuevos, lo cual puede conducir a una ola de fusiones, adquisiciones o alianzas, en la búsqueda de ventaja competitiva. El apoyo público podrá venir a través de elementos que apoyen esta fase de reinvención tales como la aceleración de la digitalización del país, el desarrollo de la infraestructura del futuro o la transición a una economía libre de carbono.

La necesidad de gestionar el recobro de facturas ante la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

En base a las estimaciones recientemente publicadas por Iberinform, la crisis económica asociada al coronavirus hace que al menos el 18 por ciento del tejido empresarial en España se encuentre en máximo o elevado riesgo de impago, mientras que un 21 por ciento adicional presenta un riesgo moderado. Solamente el 61 por ciento restante mantiene valores que permiten considerar su riesgo de crédito bajo o mínimo.

Lo cierto es que el deterioro de la situación económica está siendo muy rápido, y aunque muchos confían en que la recuperación puede ser también rápida, una vez que finalice el estado de alarma y se vaya reactivando la economía, de momento los datos que se van conociendo no nos dejan ser muy optimistas.

En cualquier caso, desde las empresas toca ser muy proactivos a la hora de gestionar los riesgos de la actividad, entre ellos, de un modo especial el riesgo de impago. Es en épocas de crisis cuando debe incidirse en esta gestión ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar las facturas de clientes.

¿Cuándo consideran las empresas en España que un cliente es moroso?

En base a la información que nos proporciona el Decimotercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, en el que han participado gestores de más de 700 empresas, solamente el 13 por ciento de las compañías consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento. Solemos ser bastante pacientes a la hora de iniciar acciones de recobro, llegando incluso al 32 por ciento las empresas que declaran esperar más de 90 días para iniciarlas. Detrás de este comportamiento suelen existir distintas motivaciones, que van desde el deseo de no deteriorar la relación comercial con los clientes, hasta cierto pudor o vergüenza a la hora de reclamar las facturas, que de esto último también hay.

El problema es el que el tiempo siempre corre a favor del moroso, y más en épocas de crisis, por lo que mi recomendación es que en estos momentos de deterioro de la situación económica, las empresas pongan su foco de atención en la gestión del recobro. Entre considerar al cliente moroso el mismo día del vencimiento, y dejar pasar más de 90 días existe un abismo que puede ser muy perjudicial para la empresa acreedora.

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