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¿Cuándo consideran las empresas españolas que un cliente es moroso?

Mario Cantalapiedra – Economista

Uno de los elementos fundamentales que han de establecerse en las relaciones comerciales entre cliente y proveedor es el acuerdo sobre la fecha de pago de las facturas. Una vez que llega esta, si el cliente no abona la factura podría ser considerado como moroso. No obstante, las empresas españolas de forma general no lo entienden así.

Según los datos del Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España de Crédito y Caución e Iberinform, solamente el 14 por ciento de las empresas consideran que una venta a crédito está en mora si a fecha de vencimiento la factura no ha sido pagada. A partir de aquí el resto de empresas conceden un período de cortesía o de gracia antes de considerar que su cliente es moroso. El 32 por ciento dejan transcurrir hasta 30 días, el 19 por ciento 60 días y el 35 por ciento dejan pasar hasta 90 días. Son varias las causas que pueden explicar este comportamiento, desde no querer entrar en conflicto con el cliente para no perjudicar la relación comercial establecida y garantizar la continuidad de las ventas, hasta razones culturales por las que produce cierto reparo reclamar un pago vencido, aunque se tenga pleno derecho a ello. Se prefiere ser paciente, y esperar más tiempo para reclamar. El peligro de actuar de este modo es que la probabilidad de cobrar una deuda morosa decrece con el paso del tiempo.

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Lo que sigue siendo utópico para la mayoría de las empresas es cobrar intereses de demora a un cliente que no ha pagado la factura en el plazo acordado. La legislación contra la morosidad vigente (Ley 3/2004) reconoce que estos intereses surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado, o en su caso legalmente establecido, sin necesidad de aviso ni requerimiento previo, y siempre que el proveedor haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no hay recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el cliente demuestre que no es responsable del retraso. Solamente el 8 por ciento de las empresas encuestadas declaran aplicarlos siempre, un 43 por ciento lo hacen a veces, y el 49 por ciento de empresas restantes no lo hacen…. nunca.

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Inclusive la mayoría de empresas que aplican intereses de demora lo hacen por debajo del tipo legal que actualmente se sitúa en el 8 por ciento. Luego, pocas compañías repercuten estos intereses a sus clientes y en su caso lo hacen tomando un tipo por debajo del interés legal.

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Acordarse de Santa Bárbara cuando truena

Mario Cantalapiedra – Economista

El refranero español es muy rico para describir todo tipo de situaciones que se dan en la vida cotidiana. Entre nuestros refranes más conocidos destaca el que señala que “solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”, el cual entre sus diferentes acepciones viene a expresar la manía de dejar todo para última hora. Es algo que por desgracia se puede aplicar a la gestión del riesgo de crédito comercial en muchas empresas, de la que solamente se preocupan cuando el ciclo económico cambia y la morosidad aprieta sus cuentas de resultados, es decir, a última hora.

En este sentido y según los datos aportados por el Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España de Crédito y Caución e Iberinform, las empresas españolas están desmontando las estructuras de gestión del riesgo de crédito comercial, conocidas de forma genérica como “comités de riesgos”, que se establecieron durante los momentos más difíciles de la crisis económica, pero que cuando la situación ha mejorado se han dejado de lado. Como puedes ver en el gráfico se ha producido una caída desde 2016 en el porcentaje de empresas que declaran contar con este tipo de estructuras, la cual se ha acelerado a partir de 2017. Si en 2015, el 42 por ciento de las empresas contaban con comités de riesgos, en 2019 solamente el 22 por ciento de las compañías confiesan tenerlos.

Imagen1Lo cierto es que en el seno de estos comités se produce el diálogo entre distintas áreas de la empresa, principalmente de los ámbitos comercial y financiero, antes de tomar la decisión de conceder crédito a un cliente. Este diálogo, este análisis, parece del todo necesario para una correcta gestión de la venta de bienes y servicios y de su cobro posterior, y algo obligado en todo momento, no solo cuando vienen mal dadas. Precisamente es en época de bonanza cuando los responsables al frente de las compañías tienen que potenciar los comités de riesgo, de tal modo que cuando aparezcan en el horizonte etapas de desaceleración como la actual, en las que la morosidad pueda representar un problema, estén preparadas. La idea principal que subyace detrás es la de entender la gestión del riesgo de crédito comercial como algo cultural en las empresas, también en las pequeñas y medianas, y no solo como algo a lo que recurrir cuando la morosidad se dispara.

Más de la mitad de las empresas en España cobran sus facturas por encima del plazo legal

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta el 57 por ciento de las empresas en España cobran sus facturas por encima del plazo legal de 60 días que establece la Ley 15/2010. Así se desprende del Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, promovido por las compañías Crédito y Caución e Iberinform. Es cierto que se ha producido una mejora de dos puntos con respecto al dato del año anterior (que fue del 59 por ciento), pero el porcentaje de empresas que cobran fuera de plazo sigue siendo muy elevado. Inclusive, un 10 por ciento de ellas no solamente cobran fuera de plazo sino que lo hacen por encima de los 90 días. No obstante, en 2019 se ha producido una mejora significativa en la serie histórica del porcentaje de empresas que cobran más tarde, como puede comprobarse en el gráfico que se muestra a continuación.

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Lo cierto es que nada más y nada menos que el 81 por ciento de las empresas declaran tener que soportar plazos superiores a los deseados en sus relaciones comerciales, siendo las grandes empresas las mayores causante del retraso, seguidas por las pymes y con el mejor comportamiento del sector público. Es decir, es difícil encontrar una empresa que no haya tenido que aceptar el cobro de alguna de sus facturas por encima del plazo deseado, lo que habla bien a las claras de lo enquistado que está el problema de la morosidad en nuestro tejido empresarial.

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Prueba de que la morosidad es un problema que está instalado en el ADN de muchas empresas, es que la principal razón por la que se retrasan los pagos es la voluntad del cliente de pagar tarde, seguida a corta distancia por la falta de disponibilidad de fondos. Otros motivos esgrimidos como la complejidad del procedimiento de pago, las disputas sobre la calidad o la facturación incorrecta, tienen mucha menor relevancia. La legislación contra la morosidad establece un plazo, pero el mercado dispone otro diferente y la situación no termina de mejorar año tras año, como demuestran los datos del Estudio de Crédito y Caución e Iberinform. Como decía Francisco Fernández Ordóñez “es más fácil cambiar las leyes que las mentalidades y las inercias”. Crucemos los dedos para que la desaceleración económica a la que estamos asistiendo no agudice este problema.

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¿Puede la crisis económica convertirse en una profecía autocumplida?

Mario Cantalapiedra – Economista

En psicología se utiliza la expresión “profecía autocumplida” para hacer referencia a la predicción que alguien realiza, y que una vez formulada se convierte en la propia causa de que se cumpla. Por ejemplo, un alumno que piensa que suspenderá un examen, llevado por este miedo se bloquea al hacerlo y termina suspendiéndolo.

Trasladado este concepto al mundo de la economía, donde no debemos olvidar el peso que tiene la psicología en las decisiones que tomamos los distintos agentes económicos, y más concretamente al entorno económico actual, puede que la crisis se convierta en una profecía autocumplida para todos aquellos que vienen anunciando su inminente llegada.

En este sentido, la incertidumbre que existe con la evolución de acontecimientos internacionales como el Brexit o la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lleva a que muchas empresas retrasen sus decisiones de inversión en mercados exteriores hasta que el panorama se encuentre más despejado. Así parecen confirmarlo los datos del Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, que señalan como el 40 por ciento de las empresas están sufriendo el impacto de la incertidumbre internacional en sus negocios, siendo un 7 por ciento de compañías las que declaran que este impacto es muy significativo. Incertidumbre internacional que en el caso de España viene acompañada de las dudas existentes sobre la formación de un Gobierno estable, debido a nuestra fragmentación parlamentaria, que afronte con garantías el empeoramiento económico y tome las decisiones adecuadas para hacerle frente.

Realmente la incertidumbre afecta a todos los estratos de la economía, de tal modo que las decisiones individuales que toma cada persona o empresa basadas en sus expectativas negativas, si se consideran en su conjunto, pueden llevar a que la desaceleración sea más profunda, a tener un efecto de profecía autocumplida. Recientemente en una jornada que tuve la oportunidad de compartir con responsables de empresas del sector de material eléctrico, uno de los asistentes me comentaba como su mujer le había sugerido cambiar el sofá del salón. Me decía que se lo podían permitir, pero que habían decidido esperar a que la situación económica mejorara (recordemos que el ahorro de los españoles se encuentra en niveles máximos desde 2013). Si son muchas las familias que toman una decisión similar, los fabricantes de muebles sufrirán las consecuencias viéndose obligados a reducir su producción y a prescindir de parte de sus trabajadores, los transportistas tendrán menos trabajo, algunas tiendas de muebles se verán abocadas al cierre… trasladándose los efectos negativos al conjunto de la economía.

Aumenta el porcentaje de empresas con impagos significativos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Empeora el porcentaje de compañías en España que declaran haber sufrido un impago significativo en los últimos 12 meses. Así lo señala el Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform y realizado en el primer semestre de 2019 con la participación de 600 profesionales de empresas.

En concreto, son el 32 por ciento de las empresas encuestadas las que afirman haber sufrido un impago significativo, cinco puntos más que el dato del estudio anterior realizado en 2018, lo cual parece confirmar un cambio de tendencia en la serie histórica, que desde 2012 a 2017 observó una reducción de esta tasa año a año hasta el aumento producido en 2018 y ahora en 2019.

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Parece que la desaceleración y el fin de ciclo económico que ya muchos aventuran están afectando al comportamiento de las empresas. Sin ir más lejos el think tank Funcas realizaba esta misma semana un fuerte ajuste a la baja de sus previsiones de crecimiento para la economía española, señalando como nuestro producto interior bruto (PIB) iba a crecer el 1,9 por ciento en 2019, y el 1,5 por ciento en 2020, tres y cinco décimas menos, respectivamente, que en el análisis anterior. Tras sus datos se vislumbra un final de ciclo, que parece inevitable tenga su reflejo en la morosidad empresarial. No obstante, para Funcas estamos hablando precisamente de eso, de un fin del ciclo de crecimiento fuerte, pero no de recesión. Tendremos un crecimiento significativamente menor en los próximos trimestres, pero no un decrecimiento de la actividad económica, esa es su apuesta y la de otros organismos. El problema es que esta situación puede afectar de forma diferente a las empresas según cuál sea su dimensión y el sector en el que compitan, trasladándose a mayores cifras de morosidad en determinados casos.

En este sentido, el 68 por ciento de las empresas encuestadas por Crédito y Caución e Iberinform, consideran que la morosidad tiene consecuencias negativas para su negocio, siendo las más importantes la pérdida de ingresos financieros (28 por ciento), y el incremento de los costes financieros (25 por ciento). Otras consecuencias apuntadas son la limitación al crecimiento (7 por ciento), la amenaza a la continuidad empresarial (5 por ciento) y la limitación a las nuevas inversiones (3 por ciento). Especialmente llamativo es que hasta un 5 por ciento de las empresas consideren que la morosidad pone en riego la continuidad de sus negocios. El menor crecimiento económico previsto no puede ser una buena noticia para ellas.

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