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La autorización expresa o tácita del cliente para poder emitirle facturas electrónicas

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el comienzo del ejercicio de 2013 y la entrada en vigor del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, resulta mucho más sencillo emitir facturas electrónicas a un cliente de la empresa, las cuales permiten, entre otras ventajas, el ahorro de costes o la reducción de los tiempos de gestión. Para ello basta con que el cliente sea informado, acepte el envío de forma expresa o tácita y cuente con el equipo necesario para recibir las facturas a través de medios electrónicos. Es importante señalar que ya no es necesario para garantizar la autenticidad e integridad de una factura electrónica firmarla mediante firma electrónica o utilizar sistemas de intercambio de datos tipo EDI, ahora simplemente se puede garantizar mediante cualquier medio de prueba que se admita en Derecho y más concretamente a través de los controles usuales de la actividad empresarial o profesional, como pueden ser la existencia de un contrato de suministro entre cliente y proveedor, la confirmación de un pedido o el cobro de la propia factura.

No obstante, para que el proceso funcione correctamente y no surjan problemas y equívocos posteriores, el proveedor que previamente estuviera enviando las facturas a su cliente en papel, deberá informarle, por ese mismo medio (papel), de que a partir de cierta fecha en la que quede constancia de su aceptación, procederá a remitirle las facturas por vía electrónica. Asimismo deberá precisarse la forma concreta en que se procederá a enviarlas, por ejemplo, a través del correo electrónico o de una página web en el que se pongan a su disposición. Esta información deberá especificar también la posibilidad de que el cliente, que preste su consentimiento expreso o tácito, pueda revocarlo y la forma en la que podrá realizarse dicha revocación. Cuidado que no es suficiente con conocer el correo electrónico del cliente y enviarle directamente las facturas allí o con que se le informe de que tiene la posibilidad de acceder a una web para descargarlas y ya está, se necesita confirmación expresa, por ejemplo, mediante aceptación del cliente por escrito del envío a través de correo electrónico o tácita, por ejemplo, comprobando que el cliente ha accedido a la web del proveedor donde se encuentran las facturas a su disposición y. al mismo tiempo, no comunica su rechazo a recibirlas en formato electrónico.

Aprobada una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

A través del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero, el Consejo de Ministros ha aprobado una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores que estará dotado con 2.600 millones de euros.

Los proveedores de Ayuntamientos y C.C.A.A. que se acojan al nuevo Plan de Pago a Proveedores tendrán hasta el 22 de marzo para comprobar si sus facturas, que han de ser anteriores al 1 de enero de 2012,  han sido comunicadas por su deudora al Ministerio de Hacienda ( pueden hacerlo a través de: http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/20130222_Proveedores.aspx ) o, en caso contrario, para solicitar que se incluyan mediante una certificación individual de reconocimiento de la obligación  de pago emitida por la Administración deudora. Una vez tengan reconocido su derecho de cobro, recibirán el importe de la deuda antes del 15 de junio de 2013.

Como novedades del nuevo Plan de Pago a Proveedores podemos destacar:

  • Se podrán acoger al mismo entidades que quedaron fuera en la primera fase, como son las mancomunidades de municipios, la entidades locales del Pais Vasco y Navarra (previo convenio con la Administración del Estado).
  • También podrán acogerse municipios y C.C.A.A. ya acogidos en la primera fase para aquellas deudas que no fueron abonadas por corresponder a fórmulas contractuales excluidas del primer plan.
  • Se incluyen deudas procedentes de modalidades contractuales no contempladas en el primer Plan de Pago a Proveedores. Así, podrán incluirse deudas derivadas de derivadas de convenios de colaboración, de concesiones administrativas, de encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma del artículo 9, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, las derivadas de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, correspondientes a la subvención que se hubiere pactado a cargo de la Comunidad Autónoma, siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad a 1 de enero de 2012, previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Sin duda se trata de una gran noticia, aunque en muchos casos tardía,  puesto que supondrá un influjo de liquidez en el sistema y permitirá subsistir a muchas empresas ahogadas por la morosidad del sector público, tal como ocurrió con la primera fase de este plan de pago a proveedores.

Barómetro internacional de comportamiento de pagos B2B

En España, tres de cada cuatro ventas entre empresas se realizan a crédito, un nivel solo superado por Hungría entre los 27 países analizados por Crédito y Caución.

Estudio Barometro comportamiento pagos B2B

El 95% de las grandes empresas españolas ha realizado sus ventas a crédito, frente al 62% de las microempresas, en el tercer trimestre de 2011. Además las compañías nacionales presentan los plazos de pago más largos de Europa, con una media de 70 días, llegando hasta 74 días de media en el caso de los clientes nacionales. Estos son algunos de los reveladores datos que se extraen de la 10 edición del Barómetro de Prácticas de Pago.

El estudio, cuyo trabajo de campo en España ha sido elaborado por Iberinform, analiza los aspectos fundamentales de la gestión y la oferta del crédito comercial por parte de las empresas españolas, así como el comportamiento en pagos de sus clientes nacionales e internacionales.

Barometro pagos 2011

En esta segunda encuesta de 2011, realizada en mercados en los que opera el Grupo Atradius, se ha entrevistado a más de 5.200 empresas de 27 países de todo el mundo: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, México, los Países Bajos, Polonia, la República Checa, Singapur, Suecia, Suiza y Taiwan.

¿Cuántas operaciones se realizan a crédito?

Casi tres cuartas partes de las ventas B2B de España se hacen a crédito, un nivel solo superado por Hungría en el conjunto de la encuesta. El 93% de los créditos comerciales se refieren a clientes domésticos, y solo el 7% a operaciones de exportación, según indican los datos del análisis.

¿Por qué se concede crédito comercial a un cliente?

Aproximadamente la mitad de las empresas concede crédito comercial movido por el establecimiento de relaciones comerciales a largo plazo con los clientes. La segunda razón más mencionada, por uno de cada cuatro, fue la promoción de ventas.

¿Cuál es el plazo medio de pago?

Las compañías españolas contemplan los segundos plazos de pago más largos de la encuesta, con una media de 70 días. Los encuestados fijan un plazo medio de 74 días en el caso de los clientes domésticos, y de 46 días en el caso de los clientes extranjeros. Las microempresas fijan los plazos más cortos.

¿Cómo se elige el plazo de pago que se ofrece a un cliente?

Las relaciones comerciales son el factor clave determinante clave de los plazos de pago, algo que destaca el 58% de las empresas españolas. La capacidad de crédito del cliente, y los plazos estándar de pago de la empresa, aparecen como factores menos importantes [47%].

¿Se utilizan descuentos por pronto pago?

El 61% de los encuestados españoles ofrece descuentos por pronto pago, frente a la media europea del 37%. Sólo el 9% de los clientes domésticos, y el 16% de los clientes extranjeros aceptaron los descuentos por pronto pago. Las medianas-grandes empresas ofrecen descuentos por pronto pago con mayor frecuencia.

¿Se usan herramientas de gestión del crédito?

Las empresas españolas muestran una propensión relativamente alta a utilizar herramientas de gestión del crédito para mitigar sus riesgos de impago. El 63% de las empresas menciona la comprobación del historial del comprador, y el 58% la comprobación de la solvencia del comprador, muy por encima de la media europea. El 51% de los encuestados confirma un aumento significativo en las comprobaciones de la solvencia del comprador y el control de los riesgos.

¿A cuántas facturas afecta la morosidad?

El porcentaje de facturas españolas vencidas y no pagadas es del 31% en pagos nacionales y 23% en pagos del extranjero. El 7% de las facturas nacionales y el 4% de las facturas de exportación superaron los 90 días de vencimiento.

¿Por qué se retrasan en su pago los clientes?

La razón clave de los retrasos en los pagos B2B es la insuficiencia de fondos disponibles. El 74% de los encuestados españoles cita esta circunstancia como factor muy importante de los retrasos, frente al 47% que lo hace en el caso de facturas al extranjero.

¿Qué porcentaje de impagados soporta?

El nivel de cuentas incobrables es significativamente más bajo que la media global: 2% en facturas nacionales, y 1% en el extranjero. Las pequeñas empresas presentan las cifras más altas en facturas incobrables nacionales.

¿Cuál es el periodo medio de cobro?

El período medio de cobro [PMC] en España, de 86 días, es el más elevado del estudio, excediendo en dos semanas la siguiente cifra más importante de la encuesta [Grecia, 70 días]. La tendencia PMC de España aumentó bruscamente en el primer semestre de 2011.

Perder el miedo a negociar una operación de “factoring”

Mario Cantalapiedra – Economista

Siguiendo con las operaciones de financiación que pueden ayudarnos a mitigar los efectos de la crisis que nos toca vivir, me gustaría hablar de la operación de factoring, en la cual lo que hacemos es ceder las facturas generadas por nuestras ventas de bienes o servicios a una compañía especializada (la mayoría de las entidades financieras existentes en el mercado ofrecen este producto a través de filiales) para que se ocupe de su gestión de cobro, a cambio del cobro de una comisión por los servicios de carácter administrativo y unos intereses por la financiación, en el supuesto de que se solicite un pago anticipado.

No se puede negar que es una fórmula financiera que tiene cierta complejidad, lo que hace que muchas empresas, fundamentalmente de tamaño pequeño y mediano, no la contemplen entre sus opciones de financiación, y en la que además resulta fundamental negociar con detalle las distintas cláusulas del contrato que se firme, en su caso, con el factor. Si finalmente se llega un acuerdo, el contrato deberá incorporará una “cláusula de cesión” de facturas por la que se autoriza al factor a cobrarlas, circunstancia que se notificará a los clientes obligados al pago. Como se ha indicado, las condiciones pactadas habrán de establecer con claridad los servicios que el factor va a prestar, entre los que pueden incluirse la gestión de cobro de los créditos comerciales, el pago anticipado de las facturas, la investigación comercial y clasificación de los clientes, el control contable de las facturas y la cobertura del riesgo por insolvencia. Este último aspecto, permite pactar dos tipos de factoring diferentes; el factoring “con recurso” (donde el factor no asume el riesgo por insolvencia del cliente, pudiendo actuar contra la empresa cedente en caso de impago de las facturas), y el factoring “sin recurso” (donde el factor se hace cargo del riesgo por insolvencia del cliente, no pudiendo actuar contra la empresa cedente en caso de impago). Lo cierto es que si se pacta una cobertura total del riesgo de impago, la operación de factoring se encarece enormemente, por lo que es habitual que se establezca la posibilidad de negociar coberturas inferiores (además, desde la perspectiva bancaria, plantear las operaciones “sin recurso” ahora mismo es un tema delicado, como vimos en el anterior post al tratar el tema del confirming). También puede pactarse no adelantar el total de la facturación del cliente sino sólo un porcentaje (por ejemplo, el sesenta por ciento) y dejar el resto para que se abone a vencimiento de las facturas. Estos ejemplos nos dan la idea de que el factoring goza de cierta flexibilidad a la hora de negociar sus condiciones. Como requisitos adicionales exigidos habitualmente por el factor están los de exclusividad y globalidad.

El primero significa que la empresa no puede realizar un factoring sobre el mismo cliente con dos factores distintos (cuando la facturación es muy elevada puede llegar a pactarse un factoring sindicado). Por el segundo, la empresa cede la totalidad de las facturas del cliente, aunque es posible matizarlo y sólo ceder las facturas de una zona geográfica determinada o de un tipo de producto. Decíamos anteriormente que existe cierto recelo a plantear este tipo de operación por parte de las empresas con dimensión más modesta, no obstante, debemos tener en cuenta que el elemento fundamental que se analizará para conceder la financiación por esta vía será la solvencia de nuestros clientes. De este modo, una pyme que trabaje con clientes solventes podría acceder a este producto de financiación, por lo que parece una opción que al menos conviene plantearse.

A pesar de ello, también es justo resaltar que existen determinadas ventas, como las relacionadas con productos de tipo perecedero, o las que tienen vencimientos lejanos en el tiempo (más de seis meses), para las que el factoring no suele aceptarse.