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Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

El sector primario es el único que aumenta su volumen de crédito bancario

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Mario Cantalapiedra – Economista

Un año más, y como viene sucediendo desde 2011, el volumen de crédito concedido por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito para financiar actividades productivas en España, cerró 2018 con un descenso frente al ejercicio anterior, según los datos que acaba de presentar el Banco de España.

El total de crédito alcanzó al cierre de 2018 la cifra de 548.316 millones de euros (un 7,3 por ciento menos que en 2017 y casi la mitad del volumen de crédito concedido por las entidades financieras a finales de 2010), que se distribuyeron por sectores de la siguiente manera:

  • Primario (agricultura, ganadería y pesca): 21.363 millones de euros.
  • Industria: 106.286 millones de euros.
  • Construcción: 29.462 millones de euros.
  • Servicios: 391.204 millones de euros.

El único sector que vio aumentado su crédito bancario a cierre de 2018 fue el primario, mientras que industria, construcción y servicios tuvieron un volumen menor que el año anterior.

En cuanto al peso relativo de cada sector sobre el total de la financiación, lo encabeza el sector servicios (71,3 por ciento), seguido por la industria (19,4 por ciento), la construcción (5,4 por ciento) y finalmente el sector primario (3,9 por ciento). Como dato positivo se puede observar como se mantiene la tendencia al alza, observada en los ejercicios anteriores, del peso relativo de la industria sobre el total de crédito concedido.

Evolución crédito actividades productivas en España (saldo en millones de euros)

1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

27 plataformas de financiación participativa autorizadas por la CNMV

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Mario Cantalapiedra – Economista

El registro oficial de plataformas de financiación participativa (PFP) de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) cuenta actualmente con 27 plataformas autorizadas para operar en España, las cuales tienen por objeto poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de inversores (personas físicas o jurídicas) que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas (promotores) que solicitan financiación en nombre propio. Es lo que en inglés se conoce como “crowdfunding”, y que en España el legislador ha decidido denominar “financiación participativa”. A través de este registro oficial, las partes intervinientes en este mecanismo de financiación innovador (inversores, promotores, y las propias PFP) disfrutan de una mayor seguridad jurídica.

En el registro de la CNMV puedes encontrar los siguientes tipos de plataformas en función de cuáles sean los instrumentos utilizados en los proyectos que promueven:

  • De valores (obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos del capital de las empresas).
  • De participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (SRL).
  • De préstamos.

En el cuadro adjunto puedes ver la relación actualizada de las PFP con las modalidades en las que están autorizadas en cada caso, que pueden ser más de una.

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

El crédito comercial es el instrumento financiero más utilizado por las pymes

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Mario Cantalapiedra – Economista

El VII Informe “La financiación de la pyme en España” elaborado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), muestra como el crédito comercial, es decir, aquel que surge automáticamente al aplazar el pago de las facturas a los proveedores, es el instrumento financiero más utilizado por las pymes españolas. Hasta el 56,1 por ciento de ellas declaran haberlo utilizado en los últimos seis meses.

El Informe de CESGAR presenta los principales resultados de la “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena”, que se realiza con una periodicidad semestral, en los meses de marzo y septiembre. En este caso, la encuesta se refiere a septiembre de 2018 y ha sido realizada a responsables financieros de empresas de 0 a 250 empleados pertenecientes a todos los sectores de la actividad y a todas las comunidades autónomas, incluyendo también a los autónomos.

Tras el crédito comercial, el instrumento financiero más utilizado por las pymes es la línea de crédito o descuento bancario, seguido por los préstamos bancarios, el leasing o arrendamiento financiero, los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), los avales y otras garantías, el confirming, renting y otros y, por último, el factoring y similares. En este sentido, me gustaría precisar que entre los instrumentos financieros que recoge la encuesta de CESGAR pueden distinguirse fuentes de financiación propiamente dichas (crédito comercial, línea de crédito o descuento bancario, leasing, crédito ICO, confirming y factoring), instrumentos que “ayudan” a las empresas a conseguir la financiación sin que puedan considerarse fuentes financieras (avales u otras garantías) y elementos como el renting, que consiste en un contrato mercantil no financiero de alquiler a largo plazo el cual permite utilizar un bien sin endeudarse ni realizar desembolso alguno, salvo el pago de las correspondientes cuotas periódicas y, habitualmente, el depósito de una fianza en el momento de formalizar la operación.

 

Nivel de utilización de los distintos instrumentos financieros en los últimos 6 meses

Imagen1

Fuente: VII Informe “La financiación de la pyme en España”. CESGAR.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

¿Deben las plataformas de “crowdlending” subcontratar el análisis de riesgo?

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Mario Cantalapiedra – Economista

Las plataformas de crowdlending según lo establecido por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, pueden prestar los servicios básicos de recibir, seleccionar y publicar proyectos de financiación participativa, así como de desarrollar, establecer y explotar canales de comunicación que faciliten la contratación de la financiación entre inversores y promotores. Además, pueden prestar otros servicios auxiliares entre los que destaca el análisis de los proyectos de financiación recibidos, la determinación del nivel de riesgo que implica cada proyecto para los inversores y la determinación de cualquier otra variable que resulte útil para que los inversores tomen la decisión de inversión. A este respecto, el legislador considera que la publicación, clasificación y agrupación de tal información en términos objetivos, sin realizar recomendaciones personalizadas, no constituye asesoramiento financiero.

Puede sorprender que algo tan fundamental en un proceso de financiación como es el análisis de riesgo de los proyectos empresariales que les llegan a estas plataformas sea considerado un servicio auxiliar y no básico, pero precisamente aquí radica un interesante debate sobre cuál debe ser la actividad concreta de estos intermediarios. Precisamente en un curso que impartí hace unos días sobre financiación alternativa de empresas surgió dicho debate, en el que unos asistentes eran partidarios de que el análisis lo hiciera la propia plataforma y otros de que lo hiciera un tercero independiente.

Debe recordarse que el análisis de la solvencia de los proyectos empresariales, ya sea este interno o externo a la plataforma de crowdlending, permite establecer una calificación de riesgo (rating) que influye en el tipo de interés al que prestarán los inversores. En este sentido, si se piensa que estas plataformas son meros intermediarios, que lo que ofrecen es un marketplace para que se encuentren prestamistas y prestatarios y que el dinero nunca pasa por su balance, podría tener sentido pensar que el análisis de riesgo debería ser subcontratado a un tercero independiente para no influir de ningún modo en la decisión de inversión, respetando así su concepción más pura de intermediación.

No obstante, también se puede argumentar, y yo soy más partidario de esta segunda interpretación, que el éxito de estas plataformas pasa en gran medida porque no se disparen las tasas de de morosidad en los préstamos que intermedian, y para ello es fundamental que el análisis de riesgo sea parte de su “know how” y permanezca en su órbita interna. Imagino que si el legislador ha incluido la determinación del nivel de riesgo entre los servicios auxiliares que pueden prestar estas plataformas es que no le parece mal del todo ¿verdad?

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

No aumenta el crédito a las actividades productivas en España

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Mario Cantalapiedra – Economista

A pesar de los vientos de recuperación económica, el volumen de crédito otorgado por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito para financiar actividades productivas en España, cerró 2017 con un nuevo descenso frente al ejercicio anterior, fenómeno que se viene repitiendo desde 2011, como puedes ver en la tabla adjunta.

El total de crédito alcanzó al cierre del ejercicio pasado la cifra de 591.615 millones de euros (un 2,2 por ciento menos que en 2016), que se distribuyeron por sectores de la siguiente manera:

  • Primario (agricultura, ganadería y pesca): 20.330 millones de euros.
  • Industria: 108.553 millones de euros.
  • Construcción: 34.626 millones de euros.
  • Servicios: 428.125 millones de euros.

En términos absolutos aumenta el crédito al sector primario y a la industria, y se reduce a la construcción y a los servicios. Por su parte y si analizamos el peso relativo de cada sector sobre el total de la financiación, comprobamos que aumenta el de la industria hasta el 18,3 por ciento del total, lo que quizás represente el dato más positivo a destacar. También se confirma, un año más, la pérdida de peso de la construcción, que no alcanza ni el 6 por ciento del total. El sector servicios sigue siendo el gran receptor de fondos de las entidades financieras, con el 72,4 por ciento, estable en términos relativos con respecto al año anterior, y el primario concentra algo más de atención con un 3,4 por ciento del total.

Evolución crédito actividades productivas en España (saldo en millones de euros)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Seis acciones que realizan las plataformas de “crowdlending” para cumplir su función de intermediación

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Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Ley 5/2015, las plataformas de financiación participativa son empresas “cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”. En el caso del crowdlending esta financiación se instrumenta a través de préstamos que los inversores entregan a los promotores a cambio de un tipo de interés, siendo la plataforma el lugar donde los prestatarios pueden enseñar sus proyectos y encontrarse con los prestamistas.

11Es una fórmula que se está utilizando cada vez más para financiar empresas y en la que para cumplir su función fundamental de intermediación, las plataformas de crowdlending realizan las siguientes seis acciones:

1. Captación de proyectos

Buscan en el mercado proyectos empresariales que demanden financiación, fundamentalmente de pymes, para lo cual utilizan sus propios equipos y también la colaboración de agentes externos.

2. Análisis de riesgo

Es similar al que realizan las entidades de crédito para lo cual consultan los registros de morosos (RAI, ASNEF), así como los informes de solvencia que ofrecen empresas especializadas. Si los proyectos pasan su filtro les otorgan una calificación de riesgo (rating), que implica un tipo de interés para el préstamo (a mayor riesgo, mayor tipo de interés).

3. Publicación de proyectos

Con la publicación de los proyectos en sus webs, estas plataformas se convierten en escaparates a los que pueden acudir los inversores a prestar su dinero. El proceso de inversión se puede realizar mediante un sistema de mercado, donde el préstamo tiene importe, plazo y tipo de interés predeterminados, de tal modo que cuando las ofertas de los inversores alcanzan el importe solicitado, se cierra la operación; o de subasta, donde el préstamo tiene importe y plazo predeterminados, pero el inversor es quien decide el tipo de interés al que quiere prestar durante el período de subasta, de tal forma que cuando este termina, los inversores con pujas más bajas son los que participan en el préstamo.

4. Articulación de mecanismo de pago

Suelen utilizar el préstamo francés donde la devolución del capital más los intereses generados a los inversores se realiza mediante cuotas mensuales y constantes.

5. Gestión de flujo de dinero

El traslado del dinero de los inversores a los promotores, y viceversa, lo pueden hacer a través de una entidad de pago autorizada con la que colaboren (lo más habitual), o directamente si la plataforma cuenta con licencia de entidad de pago híbrida (aquella entidad de pago que realiza, además, cualquier otra actividad económica).

6. Gestión de recobro

Para el caso de que alguna cuota del préstamo resulte impagada tienen previstos mecanismos de recobro.

 

 

 

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

La línea de mediación ICO para empresas y emprendedores 2018

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Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), entre otras  líneas de mediación, ha lanzado la denominada “ICO Empresas y Emprendedores 2018”, que estará vigente hasta el 21 de diciembre de este año. Desde el punto de vista empresarial, esta línea se destina a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, que realicen inversiones productivas en territorio nacional y/o necesiten liquidez, con independencia de su domicilio social o fiscal y de si la mayor parte de su capital es español o extranjero

En la mecánica de las líneas de mediación que ofrece el ICO, este diseña y fija sus principales características (dotaciones, finalidad, tipos de interés y plazos de amortización), firmando acuerdos de colaboración con las entidades de crédito a las que provee de fondos. Son dichas entidades las que comercializan la financiación a través de sus redes y deciden su concesión o no, asumiendo el riesgo de impago y pudiendo solicitar las garantías que estimen oportunas salvo que exista un aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). En este caso, el acuerdo se ha realizado con las siguientes 11 entidades: Abanca, Banco Cooperativo, Banco de Crédito Cooperativo, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankia, Bankinter, BBVA, EBN Banco de Negocios, Santander y Unicaja Banco.

La financiación se puede destinar a liquidez (necesidades de circulante tales como gastos corrientes o pago a proveedores), donde no se necesita justificar el destino de los fondos, o a inversiones productivas dentro de territorio nacional (como, por ejemplo, activos fijos productivos nuevos o de segunda mano o adquisición de empresas), donde sí será necesario presentar un proyecto de inversión. Desde la fecha de la firma de la operación se dispone de un año para realizar la inversión correspondiente. No obstante, se pueden financiar inversiones previas a la firma siempre que no se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017.

En cuanto a los fondos que puede recibir cada solicitante son de hasta 12,5 millones de euros, en una o varias operaciones. Cuando el destino del dinero sea inversión podrá solicitarse bajo la modalidad de préstamo o de leasing, mientras que cuando se destine para liquidez se podrá solicitar un préstamo o una línea de crédito.

Como dato curioso no se pueden financiar actividades relacionadas con la fabricación o distribución de armas y municiones. En el siguiente enlace puedes obtener una información más detallada de esta línea “ICO Empresas y Emprendedores 2018”.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

La banca española endurece los criterios para prestar a las pymes

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Mario Cantalapiedra – Economista

Los criterios de la banca española para aprobar préstamos a empresas se han endurecido ligeramente durante el primer trimestre de 2017. Es una de las principales conclusiones de la última Encuesta sobre Préstamos Bancarios (EPB), que realizan de forma coordinada los bancos centrales nacionales del área del euro, entre ellos el Banco de España (BdE), y el Banco Central Europeo (BCE). En ella se pregunta a un conjunto representativo de entidades de crédito, por los cambios registrados en su política de concesión de préstamos y en la demanda percibida en el último trimestre, respecto a tres segmentos del mercado: sociedades no financieras (empresas), hogares para adquisición de vivienda y hogares para consumo y otros fines. Asimismo se pide su previsión para los siguientes tres meses.

Centrándonos en el ámbito de las empresas, las respuestas de las entidades españolas muestran que sus criterios de aprobación de préstamos en el último trimestre se han endurecido ligeramente tanto para grandes empresas como para pymes, aunque en el caso de las segundas lo han hecho de forma más intensa. En cuanto al vencimiento de los préstamos, el endurecimiento ha sido más leve en las operaciones de corto plazo y algo mayor en las de largo, que no olvidemos suelen ser las más difíciles de conseguir para las pymes. Según se señala desde el BdE, aunque la mayor competencia en los mercados financieros y la mejoría de la situación de liquidez de los bancos y de la solvencia de determinados sectores o empresas hayan podido propiciar una relajación de los criterios de aprobación, el aumento de los riesgos relativos a las garantías solicitadas, la menor tolerancia al riesgo y los mayores costes relacionados con el nivel de capital han llevado a que la balanza se incline por el endurecimiento.

En lo referente a la demanda empresarial de fondos bancarios, se ha producido un leve crecimiento durante los tres primeros meses de 2017, concentrado en los préstamos a corto plazo, y con las pymes como verdaderas protagonistas (la demanda de las grandes no ha variado). Entre los factores explicativos, el BdE apunta al aumento de existencias y de capital circulante, al descenso del nivel general de los tipos de interés y, en menor medida, a las mayores necesidades de financiación para inversión en inmovilizado, a las operaciones de fusión y a las reestructuraciones de deuda.

Las entidades encuestadas prevén que los criterios de aprobación de préstamos a empresas no variarán y que las peticiones de fondos seguirán aumentando para el trimestre en curso.

 

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Un nuevo entorno para facilitar la inversión privada en “startups”

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Mario Cantalapiedra – Economista

El Entorno Pre Mercado (EpM) es un nuevo proyecto desarrollado conjuntamente por la Bolsa de Valores de Valencia (Grupo Bolsas Mercados Españoles –BME-) y la Asociación Nacional de Business Angels, Big Ban Angels, para que empresas de reciente creación (startups) puedan acceder a nuevos inversores y conocer el funcionamiento del mercado bursátil, potenciando su acceso a la inversión privada.

El EpM pretende facilitar tanto un espacio virtual (web) como físico en la propia Bolsa de Valencia que permitan:

  • Dar visibilidad a las empresas incorporadas.
  • Permitir a inversores cualificados (socios de Big Ban Angels o inversores clasificados como tal por entidades bancarias o entidades de servicios de inversión), acceder a la información de las empresas que se incorporan.
  • Conectar empresas e inversores mediante la organización de jornadas específicas como el Investor’s Day, cuya primera convocatoria está prevista para el próximo mes de mayo en una jornada abierta en la Bolsa de Valencia, o el Transaction Day, los cuales permitan el conocimiento de las empresas y el acceso a la inversión directa.
  • Formar a profesionales, empresas e inversores en mercados de capitales (secundarios oficiales y alternativos).
  • Mostrar los avances de las empresas en el cumplimiento de los requerimientos normativos de acceso y permanencia en los mercados, obligaciones de información y gobierno corporativo.

 

Las compañías para poder incorporarse al EpM deberan reunir los siguientes requisitos:

  • Ser sociedades españolas anónimas o de responsabilidad limitada, con capital totalmente desembolsado y sin restricciones de transmisibilidad de sus acciones o participaciones sociales.
  • Tener una antigüedad mínima de dos años.
  • Tener cuentas anuales de los dos ejercicios previos auditadas.
  • Presentar un plan de negocio con previsiones y estimaciones para los próximos tres años.
  • Tener unas necesidades de financiación entre 500.000 y 2.000.000 de euros o estar en situación avanzada para acceder a los mercados.
  • Presentar una solicitud de incorporación que sea aprobada por parte del Comité de Dirección y Supervisión del EpM, formado por representantes de Big Ban Angels y de Bolsa de Valencia.

 

Según una reciente nota de prensa de BME un total de 30 startups se han interesado por formar parte de este EpM. Entre los sectores a los que pertenecen dichas empresas destacan fintech, biotech, apps, logística, ingeniería industrial, energías renovables, reciclaje, incubadoras y telemedicina. La selección de empresas ha comenzado el 11 de abril con el objetivo de arrancar el EpM el mes de mayo. Habrá que estar atentos a la evolución de esta iniciativa que, en cualquier caso, parece interesante.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

¿Debe el legislador condicionar la política de reparto de dividendos de una empresa?

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Mario Cantalapiedra – Economista

El 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor el artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), el cual permite la separación de un socio de la sociedad en caso de falta de distribución de dividendos, asunto que no está exento de cierta polémica. En concreto el texto del artículo es el siguiente:

“Artículo 348 bis Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos

  1. A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.
  2. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.
  3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las sociedades cotizadas”.

 

A partir de lo anterior, podemos señalar que la separación se puede dar si se reúnen las siguientes circunstancias:

  • La sociedad no cotice en Bolsa.
  • Hayan transcurrido al menos cinco ejercicios desde su inscripción en el Registro Mercantil (hemos de entender con reparto o sin reparto de dividendos durante los mismos).
  • Existan suficientes beneficios de explotación repartibles en el ejercicio cuyas cuentas se aprueben.
  • El socio que desea separarse haya votado a favor de la distribución de dichos beneficios.
  • La junta general no acuerde la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios de explotación obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.

 

El plazo fijado para el ejercicio del derecho de separación del socio es de un mes a partir de la fecha en la que se celebre la junta, debiendo la empresa, en su caso, adquirir sus acciones a valor razonable.

Habremos de ver en el tiempo el efecto real de esta medida, pero la verdad es que la entrada en vigor del artículo 348 bis del TRLSC, en mi opinión, plantea un dilema importante. Por un lado, permite a los socios minoritarios arrinconados en empresas donde entienden que no se cuenta con ellos desatascar su situación y tener una salida, pero, al mismo tiempo, puede condicionar la política de reparto de dividendo de las empresas más modestas. Soy de los que creen que todas las compañías, pero sobre todo las más pequeñas, tienen una gran oportunidad en la generación de reservas voluntarias para fortalecer su situación financiera y poder afrontar con ellas épocas de crisis, como la vivida recientemente, donde se tenga que acudir a la financiación propia ante la escasez de la ajena. La pregunta aquí es si el legislador con el fin de proteger a los socios minoritarios debe condicionar la política de reparto de dividendos y, por tanto, la de generación de reservas voluntarias de una empresa. Yo tengo mis serias dudas…

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