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La necesidad de monitorizar los procesos de concentración bancaria desde las empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las decisiones que han de tomar las empresas en el desarrollo de su actividad, es la de elegir el número de entidades de crédito con las que trabajar. Elección que suele estar condicionada, tanto por las particularidades internas de cada compañía (fase de la vida económica que atraviesa, actividad que realiza, etcétera), como por sus necesidades financieras y de servicio, e inclusive por factores de tipo cultural. Por ejemplo, en el caso de España es habitual operar con más de una entidad financiera, a diferencia de otros países de nuestro entorno donde existe una cultura “monobanco”. Inclusive las entidades de crédito que operan en nuestro país, aceptan de buen grado compartir el riesgo que conlleva financiar a una compañía con otros competidores.

En cualquier caso, lo normal es que una empresa trabaje con los bancos que necesite en función de cuáles sean sus necesidades financieras, así como de los límites de riesgo (préstamos, créditos, etcétera) concedidos por cada entidad.

El problema puede surgir cuando debido al proceso de concentración bancaria al que llevamos asistiendo en los últimos tiempos, estos límites de riesgo puedan verse reducidos.

Intentaré explicarlo con el siguiente ejemplo:

Imagina que una empresa mantiene créditos y préstamos por importe de 10.000 euros con el banco A, y, al mismo tiempo, tiene otros créditos y préstamos concedidos también por 10.000 euros por el banco B. Si ambos bancos llegan a fusionarse, lo más probable es que la nueva entidad mantenga una financiación con la empresa de 10.000 euros, y no de 20.000, como en principio pudiera pensarse.

El motivo de este comportamiento es que tanto el banco A como el B, analizan la capacidad de pago de la empresa de forma independiente, y en base a ella, le conceden un límite de financiación. Al fusionarse, tendremos un único banco con una única política de riesgos. De este modo, la nueva entidad no sumará la capacidad de financiación de los dos bancos anteriores, siempre que la suma supere el límite máximo de riesgo para la empresa.

Esto supone que los responsables financieros de las compañías deben estar muy atentos a los posibles procesos de concentración de los bancos con los que trabajan, monitorizando su evolución. Se trata de estar preparados ante un eventual recorte de la financiación, y tener una estrategia por si fuera necesario buscar el dinero en otras entidades de crédito o recurriendo a otras fórmulas de financiación.

Cuatro medidas para mejorar la liquidez de la empresa en tiempos de coronavirus

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando llega el verano es habitual que aumenten las tensiones de liquidez en las empresas. Algo que este año inclusive puede verse acrecentado por el impacto que está teniendo la pandemia.

Entre las distintas medidas que pueden arbitrarse para intentar equilibrar los cobros con los pagos en el corto plazo, me gustaría destacar cuatro.

  1. Nuevas aportaciones de los socios

Una primera solución pasa porque los socios de la empresa realicen nuevas aportaciones al capital social. Esto se puede hacer de dos maneras. La primera, aumentando la cifra de capital inicial mediante la creación de nuevas participaciones (sociedades de responsabilidad limitada), o la emisión de nuevas acciones (sociedades anónimas). La segunda, elevando el valor nominal de las participaciones o acciones existentes.

No obstante, la formalización de la ampliación de capital implica unos gastos notariales y registrales que los socios pueden desear evitar, sobre todo si piensan que la necesidad de dinero extra es temporal y no permanente. En este caso, cabe la posibilidad de que los socios realicen una aportación provisional, la cual deberá registrarse en la cuenta contable prevista a tales efectos (cuenta corriente con socios y administradores).

  1. Venta de activos fijos no estratégicos

A pesar de que el objeto principal de los activos fijos que posee una empresa no sea convertirlos en liquidez en el corto plazo, sino utilizarlos en su proceso productivo, puede que con la crisis debida al coronavirus haya determinados elementos, por ejemplo, una máquina o un camión, que hayan perdido utilidad y que se puedan vender con el fin de obtener liquidez.

  1. Refinanciación de la deuda

Otra opción pasa por tratar de acordar con las entidades que financian a la empresa, la sustitución de los préstamos en vigor y con vencimiento a corto plazo, por otros con un plazo de devolución mayor. Pueden negociarse periodos de carencia en el pago de intereses o en la propia devolución del principal. Lo más posible es que esta refinanciación suponga un aumento de la carga financiera total de la deuda, aunque la actual coyuntura de tipos bajos “juega” a favor de la empresa.

  1. Mejora de los plazos de almacenes, clientes y proveedores

Por último, se puede tratar de equilibrar la situación de liquidez incidiendo en la gestión de los activos corrientes relacionados con el negocio, fundamentalmente almacenes, clientes y proveedores.

En lo referente a los almacenes se ha de intentar mantener la inversión mínima necesaria para la actividad, y en el caso de que se hayan acumulado mercancías en los últimos tiempos de difícil salida, tratar de venderlas ofreciendo promociones o descuentos.

Para mejorar la liquidez a través de los clientes se ha de incidir en la gestión de su riesgo de crédito comercial, procurando seleccionar aquellos que aporten liquidez más temprana a la empresa, es decir, de los que cobremos antes.

Con los proveedores, en cambio, puede mejorarse la liquidez ampliado el plazo de abono de sus facturas, si ello fuese necesario, pero siempre con la garantía de pago final.

 

Importante descenso del número de sociedades mercantiles que se crean en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La constitución de sociedades mercantiles en España en 2020 disminuyó el 15,82 por ciento con respecto al año anterior, según la “Estadística 2020” publicada por el Registro Mercantil Central a partir de los datos que aportan los diferentes Registros Mercantiles Provinciales.

Los efectos del coronavirus se han dejado sentir en el número de constituciones, que han visto reducidas sus cifras en términos relativos en todas las comunidades autónomas.

Evolución número total de constituciones y su variación anual (%) 2014-2020Constituciones_variaciónFuente: Elaboración propia a partir de “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

En cuanto a las constituciones en 2020 según la forma social, la gran mayoría (97,01 por ciento) adoptaron la forma de sociedad limitada, mientras que un 0,39 por ciento nacieron como sociedades anónimas, y el restante 2,60 por ciento adoptaron otras formas sociales.

Sociedades constituidas por forma social en 2020tiposFuente: Elaboración propia a partir de “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Un dato interesante que aporta esta Estadística, es el del capital con el que se constituyen las sociedades mercantiles. Se suele argumentar que uno de los problemas que tradicionalmente afecta a las empresas españolas es el de estar poco capitalizadas (teniendo en cuenta la suma de su capital social y reservas voluntarias), ante situaciones de crisis que puedan surgir, como es el caso de la actual debida a la pandemia.

En este sentido, en el caso de las sociedades anónimas, en 2020 el 61 por ciento se constituyeron con un capital de 60 mil (mínimo legal) a 63 mil euros; el 15 por ciento de 63 mil a 180 mil euros; el 5 por ciento de 180 mil a 600 mil euros, y el 19 por ciento restante con más de 600 mil euros.

Constituciones_2020_SAFuente: “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Por su parte, para las sociedades limitadas, el 75 por ciento se constituyeron con un capital de 3.000 (mínimo legal) a 3.300 euros; el 14 por ciento de 3.300 a 18.000 euros; el 6 por ciento de 18.000 a 60.000 euros, y el restante 5 por ciento con más de 60.000 euros. Es decir, tres de cada cuatro sociedades limitadas nacieron con el capital mínimo legal o cercano a éste.

Constituciones_2020_SLFuente: “Estadística 2020” del Registro Mercantil Central.

Luego el perfil predominante de la sociedad mercantil que se crea en España, es el de una sociedad de responsabilidad limitada que se constituye con el capital mínimo que obliga la Ley.

La misión del responsable financiero de la empresa en el escenario post-COVID

Mario Cantalapiedra – Economista

El escenario post-COVID va a exigir a las empresas que sobrevivan, e inclusive a las nuevas que nazcan tras la pandemia, transparencia y generación de confianza entre los públicos con los que se relacionan.

En este entorno cobra especial importancia el papel que puedan jugar los directores o  responsables financieros de las empresas, que a mi modesto entender han de ver reforzada su posición como verdaderos arquitectos de su futuro.

Estoy pensando, sobre todo, en su capacidad de generar confianza hacia los actores protagonistas de la financiación empresarial con los que se relaciona  (entidades financieras o proveedores de bienes y servicios), hacia organismos públicos tales como el Registro Mercantil o la Agencia Tributaria, o hacia compañías de seguros y empresas que elaboran informes comerciales.

Con esta misión muy presente, hay una serie de tareas en las que el financiero ha de concentrar sus esfuerzos, entre ellas, creo que merecen destacarse las siguientes:

  • Realizar pronósticos que sean lo más exactos posibles, estimando correctamente tanto los ingresos como los gastos, los cobros y los pagos, así como la rentabilidad de los proyectos en los que la empresa se pueda embarcar.
  • Observar y cumplir las obligaciones en materia legal (contables, fiscales, etcétera). En este ámbito será muy importante que integre y supervise los procesos y controles ajustados a las normativas legales existentes, y esté permanentemente actualizado sobre las modificaciones de las materias objeto de su responsabilidad que se están produciendo y que a buen seguro, se seguirán produciendo en los próximos meses, como, por ejemplo, los recientes cambios en la normativa contable.
  • Gestionar el riesgo de forma adecuada, tratando de mantener los costes de la empresa ajustados y protegiendo sus inversiones. Para ello será necesario que diagnostique y monitorice la situación de riesgo a través del control de los indicadores adecuados que se definan.
  • Suministrar información interpretada y transparente para aquellos colectivos internos y externos que la demandan. Ha de procurar que dicha información sea entendible por todos y cada uno de ellos, y se entregue en los momentos oportunos, con especial foco en los financiadores externos cuya relación hay que cuidar en extremo en estos momentos.

Si del responsable financiero se espera siempre que sea capaz de dar respuesta a los cambios que viven las organizaciones en clave de valor económico, en estos momentos de gran incertidumbre, ha de tratar de aportar además las mayores dosis de transparencia y confianza posibles.

Tres interrogantes sobre las nuevas ayudas del Gobierno a las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los rumores sobre las fórmulas que utilizará el Gobierno español para otorgar nuevas ayudas a las empresas, así como sobre los criterios en los que se basará para otorgarlas, se disparan en los últimos días.

Por lo que se ve, Gobierno y banca están tratando de llegar a un acuerdo, teniendo como base los préstamos avalados por el ICO que ya han sido concedidos. Tras su tira y afloja están las empresas necesitadas de nuevos fondos, a las que se les acaba el tiempo, sobre todo a las pymes enmarcadas en los sectores golpeados con mayor virulencia por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería, restauración, ocio, o vehículos a motor.

Ante este panorama surgen una serie de interrogantes que en función de cómo sean resueltos, pueden condicionar fuertemente el devenir de nuestra economía en los próximos años y el futuro de su tejido empresarial.

¿Deben ser los poderes públicos quienes decidan qué empresas han de sobrevivir?

Podría pensarse que en una economía de mercado como en la que nos encontramos, debería ser el propio juego libre de la oferta y de la demanda, la que tomará esta decisión.

No obstante, hay quien argumenta que debido al cierre de negocios en base a decisiones de carácter público, heterogéneas además entre los distintos territorios, muchas empresas no han podido competir con normalidad, y lo justo ahora es compensarlas.

¿Debe optarse por quitas o por ayudas directas?

Por un lado, se comenta que Moncloa prefiere que el instrumento de ayuda más utilizado sea el de las quitas en los préstamos avalados por el ICO, es decir, en la reducción de una parte del dinero que las empresas deben a los bancos, tratando de asegurar el cobro del resto. De este modo, el maltrecho déficit público español no soportaría todo el peso de medida, que también incidiría en las cuentas de resultados bancarias.

En cambio, desde la banca, la cual argumenta no ser culpable de esta crisis, la fórmula preferida es la de las ayudas públicas directas a las empresas, similares a las que se están concedido en otros países como Italia o Alemania.

¿Debe olvidarse a las empresas que no han solicitado los préstamos ICO?

Este tema me parece especialmente polémico, sobre todo para aquellos que venimos defendiendo que las empresas deben tratar siempre de no endeudarse por encimas de sus posibilidades.

Me preocupa que se identifique a las empresas a ayudar únicamente con aquellas que han solicitado préstamos avalados por el ICO. Existen empresarios que han podido decidir no pedirlos para no endeudarse más, prestando ellos dinero a la empresa de sus ahorros, o incluso ampliando capital, con la confianza en que la pandemia no se extendería tanto en el tiempo. Ahora se pueden encontrar con dificultades, y no me parece correcto olvidarse de ellos.

600.000 empresas cubren sus necesidades de liquidez mediante préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha publicado un resumen de los datos, a cierre de 2020, de la Línea de Avales prevista para cubrir las necesidades de liquidez motivadas por la COVID-19.

En este sentido, hay que recordar que en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, el sistema de ayudas se ha centrado en avalar préstamos bancarios a empresas y autónomos, y no tanto en concederles subvenciones de tipo directo. Estos préstamos avalados, aunque puedan suponer una ayuda para las empresas, implican nueva deuda que habrá que devolver, algo que no sucedería de haber obtenido subvenciones a fondo perdido. Es cierto que con la ampliación de los periodos de carencia iniciales por parte del Gobierno, muchas empresas no tendrán que empezar a devolverlos hasta marzo de 2022, pero tarde o temprano tendrán que hacerlo.

A pesar de lo anterior, la Línea de Avales ha sido ampliamente utilizada por las empresas españolas como demuestran los datos publicados por el ICO. De este modo, del importe previsto inicialmente por el Gobierno de 100.000 millones de euros, a finales de 2020 se han consumido ya 87.085 millones de euros, los cuales han implicado 114.647 millones de euros de financiación para las empresas.

Casi 600.000 empresas han sido beneficiarias de los avales, de las cuales el 99 por ciento son autónomos y pymes, colectivos muy perjudicados por las pandemia y ampliamente mayoritarios en nuestro país. El número de operaciones firmadas ha sido de 944.588 (en este sentido, una empresa puede firmar más de una operación, ya que el límite de la ayuda es por cuantía avalada y no por número de operaciones).

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que tuvo un mayor número de operaciones avaladas en 2020, con  un total de 183.466, lo que representó una financiación de 21.125,9 millones de euros para sus empresas. A continuación se situaron Andalucía (149.925 operaciones y 13.868 millones), y la Comunidad de Madrid (132.590 operaciones y 24.137,9 millones).

En cuanto a la clasificación por sectores de actividad, el mayor número de operaciones se firmó por parte de las empresas del turismo, ocio y cultura, seguidas por las de la construcción e infraestructuras.

Línea de Avales ICO COVID-19 Liquidez. Resumen de avales concedidos a 31/12/2020ICO_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos ICO.

Hasta el 1 de junio los autónomos y empresas que así lo deseen, todavía pueden solicitar los préstamos garantizados por la Línea de Avales, los cuales pueden ser concedidos hasta el 30 de junio.

Hechos negativos que pueden hacer dudar sobre la continuidad del negocio

Mario Cantalapiedra – Economista

Las consecuencias económicas de la pandemia están llevando a que muchas empresas tengan problemas de liquidez, es decir, presenten dificultades para atender sus compromisos de pago a corto plazo.

Es una situación manejable mientras los activos en su conjunto sean superiores a los pasivos. Una entidad de crédito, por ejemplo, estará dispuesta a financiar la falta de liquidez si comprueba que la compañía es viable y que tiene suficiente patrimonio neto que sirva de garantía.

No obstante, la prolongada caída de la actividad hace que muchos negocios estén empezando a entrar en problemas no ya de liquidez sino de solvencia que, de no ser solucionados, pueden motivar su desaparición.

La clave aquí es entender cuándo los hechos son tan negativos que hacen dudar sobre la continuidad de la empresa.

En el Plan General de Contabilidad (PGC) se señala como uno de los principios contables básicos a aplicar a la hora de registrar y valorar los elementos de las cuentas anuales es el de empresa en funcionamiento. Por él se considera que el negocio se desarrollará con un carácter indefinido. Si la situación cambia, y la empresa se plantea cerrar, este principio deja de aplicarse.

En este sentido, la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, establece una serie de hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la continuidad de la empresa. Entre ellos, me gustaría destacar los siguientes:

De tipo financiero

  • Patrimonio neto negativo.
  • Préstamos a plazo fijo próximos a vencimiento sin perspectivas realistas de reembolso o renovación.
  • Dependencia excesiva de préstamos a corto plazo para financiar activos a largo.
  • Pérdidas de explotación importantes.
  • Incapacidad de obtener financiación para el desarrollo de nuevos productos o inversiones esenciales.

De tipo operativo

  • Intención de la dirección de liquidar la empresa o de cesar en sus actividades.
  • Salida de directivos clave, sin sustitución.
  • Pérdida de un mercado importante, de uno o varios clientes clave, de una franquicia, de una licencia o de uno o varios proveedores principales.
  • Dificultades laborales.
  • Escasez de suministros importantes.
  • Aparición de un competidor de gran éxito.

De tipo legal u otros

  • Incumplimiento de los requerimientos de capital o de otros requerimientos.
  • Procedimientos legales pendientes contra la empresa que de prosperar puedan dar lugar a indemnizaciones improbables de satisfacer.
  • Cambios en disposiciones legales o en políticas públicas que afecten negativamente a la empresa.
  • Catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producen.

Evidentemente los responsables de la empresa deben ponderar el grado en que se dan algunos de estos hechos y las posibilidades reales de contrarrestarlos, antes de tomar una decisión tan traumática como es la de finalizar el negocio. Por ejemplo, habrá casos en que se pueda afrontar el reembolso de un préstamo ampliando capital o vendiendo activos no estratégicos. En otras ocasiones, por desgracia, solo quedará la opción del cierre.

El endeudamiento empresarial continúa reduciéndose a pesar de la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La deuda de empresas y hogares españoles se situó en el 129,9 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2020, 3,7 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado hace justo un año, según informa el Banco de España (BdE). En base a este dato, y a pesar de los primeros efectos de la COVID-19, de momento no se observa un incremento en el nivel de endeudamiento privado.

La deuda consolidada de las sociedades no financieras y de los hogares y de las ISFLSH (instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, tales como las organizaciones no gubernamentales o las entidades religiosas) alcanzó los 1,610 billones de euros a finales de marzo. De esta cifra, 905.000 millones correspondieron a las empresas, mientras que 705.000 millones fueron la deuda de hogares e ISFLSH.

Centrándonos en las empresas, en relación al PIB, su deuda representó el 73,1 por ciento a finales de marzo, 2,1 puntos porcentuales por debajo del nivel de hace un año. Hay que señalar que en el importe total de la deuda se incluyen los préstamos y valores representativos de deuda, pero se excluyen los importes frente al propio sector (es decir, no se incluyen los préstamos que las empresas no financieras realizan entre sí). El ratio se elevaría al 93,7 por ciento si incluyéramos dicha deuda interempresarial.

En cualquier caso, las empresas han hecho un esfuerzo importante por reducir su nivel de deuda en los últimos años, tal como puedes comprobar en el cuadro adjunto, tanto en términos brutos (incluyendo deuda interempresarial) como netos (sin incluirla). Habrá que ver ahora cómo evoluciona este nivel de endeudamiento con los efectos de la pandemia, según vayamos conociendo nuevos datos.

Evolución deuda sociedades no financieras en EspañaDeuda_IT_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos BdE. CFEE I trimestre de 2020.

Más de 600 mil préstamos avalados por la Línea ICO COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha hecho balance de la Línea de avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) arbitrada para garantizar la liquidez de empresas y autónomos en la crisis debida a la COVID-19, una vez que ha sido liberado en su totalidad el importe previsto inicialmente de 100.000 millones de euros.

Esta Línea fue aprobada el 17 de marzo, tras declararse el estado de alarma en España, y desde entonces se ha distribuido en los cinco tramos que puedes ver en la tabla adjunta.

ICO_liquidez

La distribución por beneficiarios del importe avalado por el ICO ha sido la siguiente:

  • A pymes y autónomos: 67.500 millones de euros.
  • A pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas: 2.500 millones de euros.
  • Al resto de empresas: 25.000 millones de euros.
  • A empresas y autónomos para adquirir o arrendar vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional: 500 millones de euros.
  • A emisiones del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF): 4.000 millones de euros.
  • A la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA): 500 millones de euros.

Con datos a 1 de julio, el Gobierno declara que se han aprobado un total de 663.995 operaciones, con un importe avalado de 64.725 millones de euros. El mayor volumen de operaciones y financiación se ha concentrado en pymes y autónomos, con 648.065 préstamos aprobados y un importe avalado de 46.777 millones de euros. Según el Ejecutivo español esto ha permitido canalizar a este colectivo 58.525 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante (hay que recordar que el aval del ICO en el caso de pymes y autónomos garantiza el 80 por ciento del principal tanto de las nuevas operaciones de financiación como de las renovaciones).

El resto de empresas (grandes) han sido avaladas con 17.843 millones de euros, lo que les ha permitido recibir 26.493 millones de euros en financiación. En este caso, el aval público cubre el 70 por ciento del principal en las nuevas operaciones de préstamo y el 60 por ciento en las renovaciones.

El pasado viernes 3 de julio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de euros, pero en este caso no se destinará a liquidez sino a financiar nuevos proyectos de inversión de autónomos y empresas. Todavía no conocemos sus características concretas, por lo que habrá que estar muy atentos a las próximas reuniones del Consejo donde previsiblemente serán aprobadas.

La crisis del “coronavirus” dispara la deuda pública en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus ha disparado la deuda pública española hasta situarla en 1.224 millones de euros, según datos publicados por el Banco de España (BdE). En términos relativos, el ratio de deuda pública sobre PIB alcanzó el 98,9 por ciento, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2018. Inclusive la previsión del Gobierno es que a cierre de ejercicio este ratio se sitúe, nada más y nada menos, que en el 115,5 por ciento del PIB… terrible.

Este dato de la deuda pública se mide según el denominado “Protocolo de Déficit Excesivo” (PDE), concepto de endeudamiento que habitualmente se utiliza en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas, y en el que se incluyen tanto los pasivos de las administraciones públicas que están materializados en efectivo y depósitos, como los valores representativos de deuda y préstamos, valorados por sus importes nominales y excluidos los pasivos que han emitido unas administraciones y que están en poder de otras (lo que se técnicamente se conoce como consolidación).

Si analizamos los distintos subsectores en los que se puede dividir la deuda pública en España, se observa como en términos interanuales su saldo ha aumentado en casi todos ellos. De este modo, ha crecido el saldo de la Administración Central (2,7 por ciento), el de las Administraciones de Seguridad Social (27,8 por ciento) y el de las Comunidades Autónomas (0,3 por ciento), siendo las Corporaciones Locales las únicas que han disminuido el saldo de su deuda con respecto hace un año (-11,9 %). En lo que respecta al crecimiento tan llamativo de la Seguridad Social, el BdE señala que se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General  de marzo a noviembre de 2019 para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos, al tratarse de financiaciones entre administraciones, no computan a efectos del total de la deuda pública.

Deuda_pública_III_20

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