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La misión del responsable financiero de la empresa en el escenario post-COVID

Mario Cantalapiedra – Economista

El escenario post-COVID va a exigir a las empresas que sobrevivan, e inclusive a las nuevas que nazcan tras la pandemia, transparencia y generación de confianza entre los públicos con los que se relacionan.

En este entorno cobra especial importancia el papel que puedan jugar los directores o  responsables financieros de las empresas, que a mi modesto entender han de ver reforzada su posición como verdaderos arquitectos de su futuro.

Estoy pensando, sobre todo, en su capacidad de generar confianza hacia los actores protagonistas de la financiación empresarial con los que se relaciona  (entidades financieras o proveedores de bienes y servicios), hacia organismos públicos tales como el Registro Mercantil o la Agencia Tributaria, o hacia compañías de seguros y empresas que elaboran informes comerciales.

Con esta misión muy presente, hay una serie de tareas en las que el financiero ha de concentrar sus esfuerzos, entre ellas, creo que merecen destacarse las siguientes:

  • Realizar pronósticos que sean lo más exactos posibles, estimando correctamente tanto los ingresos como los gastos, los cobros y los pagos, así como la rentabilidad de los proyectos en los que la empresa se pueda embarcar.
  • Observar y cumplir las obligaciones en materia legal (contables, fiscales, etcétera). En este ámbito será muy importante que integre y supervise los procesos y controles ajustados a las normativas legales existentes, y esté permanentemente actualizado sobre las modificaciones de las materias objeto de su responsabilidad que se están produciendo y que a buen seguro, se seguirán produciendo en los próximos meses, como, por ejemplo, los recientes cambios en la normativa contable.
  • Gestionar el riesgo de forma adecuada, tratando de mantener los costes de la empresa ajustados y protegiendo sus inversiones. Para ello será necesario que diagnostique y monitorice la situación de riesgo a través del control de los indicadores adecuados que se definan.
  • Suministrar información interpretada y transparente para aquellos colectivos internos y externos que la demandan. Ha de procurar que dicha información sea entendible por todos y cada uno de ellos, y se entregue en los momentos oportunos, con especial foco en los financiadores externos cuya relación hay que cuidar en extremo en estos momentos.

Si del responsable financiero se espera siempre que sea capaz de dar respuesta a los cambios que viven las organizaciones en clave de valor económico, en estos momentos de gran incertidumbre, ha de tratar de aportar además las mayores dosis de transparencia y confianza posibles.

Tres interrogantes sobre las nuevas ayudas del Gobierno a las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los rumores sobre las fórmulas que utilizará el Gobierno español para otorgar nuevas ayudas a las empresas, así como sobre los criterios en los que se basará para otorgarlas, se disparan en los últimos días.

Por lo que se ve, Gobierno y banca están tratando de llegar a un acuerdo, teniendo como base los préstamos avalados por el ICO que ya han sido concedidos. Tras su tira y afloja están las empresas necesitadas de nuevos fondos, a las que se les acaba el tiempo, sobre todo a las pymes enmarcadas en los sectores golpeados con mayor virulencia por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería, restauración, ocio, o vehículos a motor.

Ante este panorama surgen una serie de interrogantes que en función de cómo sean resueltos, pueden condicionar fuertemente el devenir de nuestra economía en los próximos años y el futuro de su tejido empresarial.

¿Deben ser los poderes públicos quienes decidan qué empresas han de sobrevivir?

Podría pensarse que en una economía de mercado como en la que nos encontramos, debería ser el propio juego libre de la oferta y de la demanda, la que tomará esta decisión.

No obstante, hay quien argumenta que debido al cierre de negocios en base a decisiones de carácter público, heterogéneas además entre los distintos territorios, muchas empresas no han podido competir con normalidad, y lo justo ahora es compensarlas.

¿Debe optarse por quitas o por ayudas directas?

Por un lado, se comenta que Moncloa prefiere que el instrumento de ayuda más utilizado sea el de las quitas en los préstamos avalados por el ICO, es decir, en la reducción de una parte del dinero que las empresas deben a los bancos, tratando de asegurar el cobro del resto. De este modo, el maltrecho déficit público español no soportaría todo el peso de medida, que también incidiría en las cuentas de resultados bancarias.

En cambio, desde la banca, la cual argumenta no ser culpable de esta crisis, la fórmula preferida es la de las ayudas públicas directas a las empresas, similares a las que se están concedido en otros países como Italia o Alemania.

¿Debe olvidarse a las empresas que no han solicitado los préstamos ICO?

Este tema me parece especialmente polémico, sobre todo para aquellos que venimos defendiendo que las empresas deben tratar siempre de no endeudarse por encimas de sus posibilidades.

Me preocupa que se identifique a las empresas a ayudar únicamente con aquellas que han solicitado préstamos avalados por el ICO. Existen empresarios que han podido decidir no pedirlos para no endeudarse más, prestando ellos dinero a la empresa de sus ahorros, o incluso ampliando capital, con la confianza en que la pandemia no se extendería tanto en el tiempo. Ahora se pueden encontrar con dificultades, y no me parece correcto olvidarse de ellos.

600.000 empresas cubren sus necesidades de liquidez mediante préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha publicado un resumen de los datos, a cierre de 2020, de la Línea de Avales prevista para cubrir las necesidades de liquidez motivadas por la COVID-19.

En este sentido, hay que recordar que en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, el sistema de ayudas se ha centrado en avalar préstamos bancarios a empresas y autónomos, y no tanto en concederles subvenciones de tipo directo. Estos préstamos avalados, aunque puedan suponer una ayuda para las empresas, implican nueva deuda que habrá que devolver, algo que no sucedería de haber obtenido subvenciones a fondo perdido. Es cierto que con la ampliación de los periodos de carencia iniciales por parte del Gobierno, muchas empresas no tendrán que empezar a devolverlos hasta marzo de 2022, pero tarde o temprano tendrán que hacerlo.

A pesar de lo anterior, la Línea de Avales ha sido ampliamente utilizada por las empresas españolas como demuestran los datos publicados por el ICO. De este modo, del importe previsto inicialmente por el Gobierno de 100.000 millones de euros, a finales de 2020 se han consumido ya 87.085 millones de euros, los cuales han implicado 114.647 millones de euros de financiación para las empresas.

Casi 600.000 empresas han sido beneficiarias de los avales, de las cuales el 99 por ciento son autónomos y pymes, colectivos muy perjudicados por las pandemia y ampliamente mayoritarios en nuestro país. El número de operaciones firmadas ha sido de 944.588 (en este sentido, una empresa puede firmar más de una operación, ya que el límite de la ayuda es por cuantía avalada y no por número de operaciones).

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que tuvo un mayor número de operaciones avaladas en 2020, con  un total de 183.466, lo que representó una financiación de 21.125,9 millones de euros para sus empresas. A continuación se situaron Andalucía (149.925 operaciones y 13.868 millones), y la Comunidad de Madrid (132.590 operaciones y 24.137,9 millones).

En cuanto a la clasificación por sectores de actividad, el mayor número de operaciones se firmó por parte de las empresas del turismo, ocio y cultura, seguidas por las de la construcción e infraestructuras.

Línea de Avales ICO COVID-19 Liquidez. Resumen de avales concedidos a 31/12/2020ICO_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos ICO.

Hasta el 1 de junio los autónomos y empresas que así lo deseen, todavía pueden solicitar los préstamos garantizados por la Línea de Avales, los cuales pueden ser concedidos hasta el 30 de junio.

Hechos negativos que pueden hacer dudar sobre la continuidad del negocio

Mario Cantalapiedra – Economista

Las consecuencias económicas de la pandemia están llevando a que muchas empresas tengan problemas de liquidez, es decir, presenten dificultades para atender sus compromisos de pago a corto plazo.

Es una situación manejable mientras los activos en su conjunto sean superiores a los pasivos. Una entidad de crédito, por ejemplo, estará dispuesta a financiar la falta de liquidez si comprueba que la compañía es viable y que tiene suficiente patrimonio neto que sirva de garantía.

No obstante, la prolongada caída de la actividad hace que muchos negocios estén empezando a entrar en problemas no ya de liquidez sino de solvencia que, de no ser solucionados, pueden motivar su desaparición.

La clave aquí es entender cuándo los hechos son tan negativos que hacen dudar sobre la continuidad de la empresa.

En el Plan General de Contabilidad (PGC) se señala como uno de los principios contables básicos a aplicar a la hora de registrar y valorar los elementos de las cuentas anuales es el de empresa en funcionamiento. Por él se considera que el negocio se desarrollará con un carácter indefinido. Si la situación cambia, y la empresa se plantea cerrar, este principio deja de aplicarse.

En este sentido, la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, establece una serie de hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la continuidad de la empresa. Entre ellos, me gustaría destacar los siguientes:

De tipo financiero

  • Patrimonio neto negativo.
  • Préstamos a plazo fijo próximos a vencimiento sin perspectivas realistas de reembolso o renovación.
  • Dependencia excesiva de préstamos a corto plazo para financiar activos a largo.
  • Pérdidas de explotación importantes.
  • Incapacidad de obtener financiación para el desarrollo de nuevos productos o inversiones esenciales.

De tipo operativo

  • Intención de la dirección de liquidar la empresa o de cesar en sus actividades.
  • Salida de directivos clave, sin sustitución.
  • Pérdida de un mercado importante, de uno o varios clientes clave, de una franquicia, de una licencia o de uno o varios proveedores principales.
  • Dificultades laborales.
  • Escasez de suministros importantes.
  • Aparición de un competidor de gran éxito.

De tipo legal u otros

  • Incumplimiento de los requerimientos de capital o de otros requerimientos.
  • Procedimientos legales pendientes contra la empresa que de prosperar puedan dar lugar a indemnizaciones improbables de satisfacer.
  • Cambios en disposiciones legales o en políticas públicas que afecten negativamente a la empresa.
  • Catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producen.

Evidentemente los responsables de la empresa deben ponderar el grado en que se dan algunos de estos hechos y las posibilidades reales de contrarrestarlos, antes de tomar una decisión tan traumática como es la de finalizar el negocio. Por ejemplo, habrá casos en que se pueda afrontar el reembolso de un préstamo ampliando capital o vendiendo activos no estratégicos. En otras ocasiones, por desgracia, solo quedará la opción del cierre.

El endeudamiento empresarial continúa reduciéndose a pesar de la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La deuda de empresas y hogares españoles se situó en el 129,9 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2020, 3,7 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado hace justo un año, según informa el Banco de España (BdE). En base a este dato, y a pesar de los primeros efectos de la COVID-19, de momento no se observa un incremento en el nivel de endeudamiento privado.

La deuda consolidada de las sociedades no financieras y de los hogares y de las ISFLSH (instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, tales como las organizaciones no gubernamentales o las entidades religiosas) alcanzó los 1,610 billones de euros a finales de marzo. De esta cifra, 905.000 millones correspondieron a las empresas, mientras que 705.000 millones fueron la deuda de hogares e ISFLSH.

Centrándonos en las empresas, en relación al PIB, su deuda representó el 73,1 por ciento a finales de marzo, 2,1 puntos porcentuales por debajo del nivel de hace un año. Hay que señalar que en el importe total de la deuda se incluyen los préstamos y valores representativos de deuda, pero se excluyen los importes frente al propio sector (es decir, no se incluyen los préstamos que las empresas no financieras realizan entre sí). El ratio se elevaría al 93,7 por ciento si incluyéramos dicha deuda interempresarial.

En cualquier caso, las empresas han hecho un esfuerzo importante por reducir su nivel de deuda en los últimos años, tal como puedes comprobar en el cuadro adjunto, tanto en términos brutos (incluyendo deuda interempresarial) como netos (sin incluirla). Habrá que ver ahora cómo evoluciona este nivel de endeudamiento con los efectos de la pandemia, según vayamos conociendo nuevos datos.

Evolución deuda sociedades no financieras en EspañaDeuda_IT_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos BdE. CFEE I trimestre de 2020.

Más de 600 mil préstamos avalados por la Línea ICO COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha hecho balance de la Línea de avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) arbitrada para garantizar la liquidez de empresas y autónomos en la crisis debida a la COVID-19, una vez que ha sido liberado en su totalidad el importe previsto inicialmente de 100.000 millones de euros.

Esta Línea fue aprobada el 17 de marzo, tras declararse el estado de alarma en España, y desde entonces se ha distribuido en los cinco tramos que puedes ver en la tabla adjunta.

ICO_liquidez

La distribución por beneficiarios del importe avalado por el ICO ha sido la siguiente:

  • A pymes y autónomos: 67.500 millones de euros.
  • A pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas: 2.500 millones de euros.
  • Al resto de empresas: 25.000 millones de euros.
  • A empresas y autónomos para adquirir o arrendar vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional: 500 millones de euros.
  • A emisiones del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF): 4.000 millones de euros.
  • A la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA): 500 millones de euros.

Con datos a 1 de julio, el Gobierno declara que se han aprobado un total de 663.995 operaciones, con un importe avalado de 64.725 millones de euros. El mayor volumen de operaciones y financiación se ha concentrado en pymes y autónomos, con 648.065 préstamos aprobados y un importe avalado de 46.777 millones de euros. Según el Ejecutivo español esto ha permitido canalizar a este colectivo 58.525 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante (hay que recordar que el aval del ICO en el caso de pymes y autónomos garantiza el 80 por ciento del principal tanto de las nuevas operaciones de financiación como de las renovaciones).

El resto de empresas (grandes) han sido avaladas con 17.843 millones de euros, lo que les ha permitido recibir 26.493 millones de euros en financiación. En este caso, el aval público cubre el 70 por ciento del principal en las nuevas operaciones de préstamo y el 60 por ciento en las renovaciones.

El pasado viernes 3 de julio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de euros, pero en este caso no se destinará a liquidez sino a financiar nuevos proyectos de inversión de autónomos y empresas. Todavía no conocemos sus características concretas, por lo que habrá que estar muy atentos a las próximas reuniones del Consejo donde previsiblemente serán aprobadas.

La crisis del “coronavirus” dispara la deuda pública en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus ha disparado la deuda pública española hasta situarla en 1.224 millones de euros, según datos publicados por el Banco de España (BdE). En términos relativos, el ratio de deuda pública sobre PIB alcanzó el 98,9 por ciento, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2018. Inclusive la previsión del Gobierno es que a cierre de ejercicio este ratio se sitúe, nada más y nada menos, que en el 115,5 por ciento del PIB… terrible.

Este dato de la deuda pública se mide según el denominado “Protocolo de Déficit Excesivo” (PDE), concepto de endeudamiento que habitualmente se utiliza en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas, y en el que se incluyen tanto los pasivos de las administraciones públicas que están materializados en efectivo y depósitos, como los valores representativos de deuda y préstamos, valorados por sus importes nominales y excluidos los pasivos que han emitido unas administraciones y que están en poder de otras (lo que se técnicamente se conoce como consolidación).

Si analizamos los distintos subsectores en los que se puede dividir la deuda pública en España, se observa como en términos interanuales su saldo ha aumentado en casi todos ellos. De este modo, ha crecido el saldo de la Administración Central (2,7 por ciento), el de las Administraciones de Seguridad Social (27,8 por ciento) y el de las Comunidades Autónomas (0,3 por ciento), siendo las Corporaciones Locales las únicas que han disminuido el saldo de su deuda con respecto hace un año (-11,9 %). En lo que respecta al crecimiento tan llamativo de la Seguridad Social, el BdE señala que se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General  de marzo a noviembre de 2019 para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos, al tratarse de financiaciones entre administraciones, no computan a efectos del total de la deuda pública.

Deuda_pública_III_20

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 3)

Mario Cantalapiedra – Economista

Termino con este post la serie dedicada a repasar las principales cuestiones que fueron tratadas en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?”, que impartí el pasado 31 de marzo. De nuevo, quiero centrarme en uno de los temas que despertaron más interés como es el de la línea de avales prevista por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

La finalidad de esta línea tal como se anuncia en la web del ICO es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como:

  • Pago de salarios
  • Facturas de proveedores pendientes de liquidar
  • Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
  • Gastos de suministros
  • Necesidad de circulante
  • Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

El ICO especifica que, sin embargo, no podrán financiarse con cargo a esta línea las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, ni la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

En este sentido muchas empresas dudan sobre qué diferencias existen entre renovaciones (financiables por la línea del ICO) y reestructuraciones (no financiables), siendo ambas modificaciones de operaciones de financiación previamente contratadas con una entidad financiera. Para diferenciarlas debemos acudir a lo que señala el Banco de España:

“La principal diferencia entre una reestructuración y una renovación es que en la primera la entidad considera que el acreditado tiene dificultades financieras actuales o previsibles”.

Es decir, si en la modificación de la operación contratada con el banco, este considera que hay dificultades financieras en la empresa (actuales o previsibles), se trataría de una reestructuración no financiable por la línea del ICO. No obstante, el Banco de España teniendo en cuenta la situación excepcional que vivimos, también señala que la existencia de dificultades de liquidez de prestatarios con un buen comportamiento de pago (hasta la fecha) no llevaría automáticamente a identificar como reestructuraciones las modificaciones de las operaciones motivadas por la crisis del COVID-19. Para el organismo supervisor estas operaciones podrían mantenerse clasificadas como normales en la medida en que no presenten dudas razonables sobre su reembolso y no haya habido un incremento significativo de su riesgo de crédito.

Por otro lado, si la operación de préstamo avalado por el ICO es rechazada por una entidad financiera según sus criterios de riesgo, la empresa tiene la posibilidad de solicitarla en otras entidades.

Aprovecho para recordar que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes 10 de abril, activar el segundo tramo de la Línea de avales por 20.000 millones de euros, destinados íntegramente a avalar operaciones de pymes y autónomos. Se suman a los 10.000 millones que ya fueron previstos para este colectivo en el primer tramo aprobado.

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 2)

Mario Cantalapiedra – Economista

Continúo desgranando en el blog algunas de las cuestiones que traté en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” el pasado 31 de marzo.

Aplazamiento del pago de impuestos Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo

Una medida que puede ayudar algo a las pymes y autónomos que sufran tensiones de liquidez debido al COVID-19, es la del aplazamiento en el pago de impuestos previsto por el Gobierno. A estos efectos hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • Se pueden aplazar, previa solicitud a Hacienda, las deudas tributarias hasta un máximo de 30.000 euros.
  • No es necesario presentar garantías.
  • La empresa solicitante debió facturar en 2019 una cantidad menor o igual a 6.010.121,04 euros.
  • Pueden aplazarse las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario de pago entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020.
  • El aplazamiento será de 6 meses, pero solamente los 3 primeros no devengarán intereses de demora.

Con respecto al “no” devengo de intereses me gustaría hacer una pequeña aclaración. El aplazamiento se ha previsto que sea de 6 meses sin que exista la posibilidad de fraccionamiento, es decir, a fecha de vencimiento se pagará toda la deuda de una vez. No obstante, si la deuda se cancela en cualquier momento dentro de los 3 primeros meses no se devengarán intereses, pero para ello hay que solicitar de forma explícita a Hacienda la  carta de pago de dicha deuda. Si se pasa el plazo, a partir del final del tercer mes el tipo de interés aplicado será del 3,75 %. En mi opinión, se debería haber previsto que en la solicitud de aplazamiento se pudiera consignar la fecha de pago deseada dentro de los 3 meses que no conllevan intereses, evitando que desde las empresas tengamos que estar pendientes de solicitar la mencionada carta. En cualquier caso, hubiera ayudado mucho más a pymes y autónomos arbitrar el aplazamiento por 6 meses sin intereses.

Recopilación de la principal normativa publicada respecto al COVID-19

Es tal la maraña normativa que está ocasionando el coronavirus, que he considerado oportuno compartir contigo la relación de las principales normas estatales publicadas hasta la fecha.

Normativa_coronavirus

 

Las pymes españolas recurren al crédito comercial para financiarse

Mario Cantalapiedra – Economista

El VIII Informe “La financiación de la pyme en España” elaborado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), confirma que el crédito de los proveedores (crédito comercial) es el instrumento financiero más utilizado por las pymes españolas. Hasta el 37,6 por ciento de las empresas encuestadas por CESGAR declaran haberlo utilizarlo durante 2018. A estos efectos, este Informe de CESGAR, la asociación que asume las funciones de coordinación, cooperación, defensa y representación de los intereses de las 18 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que existen en España, presenta los principales resultados de la “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena” referidos al conjunto de 2018 y recabados en febrero de 2019.

El crédito comercial es una fuente de financiación a corto plazo que surge automáticamente y de forma relativamente sencilla al aplazar el pago de las facturas a los proveedores. Precisamente que sea una financiación fácil de obtener, sin que sea necesaria la negociación compleja que caracteriza a otros instrumentos financieros, sobre todo si el deudor se encuadra en un sector donde es habitual el pago aplazado, puede explicar en parte su uso masivo. También ayuda a explicarlo el hecho de que con el crédito comercial se pueden demorar los pagos a proveedores sin que surjan los problemas que aparecen al dejar de pagar una cuota bancaria.

Los instrumentos financiero más utilizados por las pymes tras el crédito comercial, son las líneas de crédito bancario/descuento bancario (28,2 por ciento), seguidos por los préstamos bancarios (20,6), el leasing (14,1), y el confirming (8,6). El Informe de CESGAR incluye a continuación a los avales y otras garantías de las SGR (8,1), aunque más que fuentes financieras son instrumentos que “ayudan” a las pymes a conseguir financiación ajena. Cerrando el listado de instrumentos se encuentran los créditos del ICO (4,6), el factoring (1,4) y las nuevas fórmulas del crowdfunding/crowdlending cuya participación todavía parece ser bastante testimonial (0,2), aunque soy de los que piensan que poco a poco irá ganando terreno, sobre todo en lo que hace referencia al crowdlending o financiación participativa a las empresas basada en préstamos.

Nivel de utilización de los distintos instrumentos financieros. Año 2018Imagen1Fuente: VIII Informe “La financiación de la pyme en España”. CESGAR.

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