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El endeudamiento empresarial continúa reduciéndose a pesar de la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La deuda de empresas y hogares españoles se situó en el 129,9 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2020, 3,7 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado hace justo un año, según informa el Banco de España (BdE). En base a este dato, y a pesar de los primeros efectos de la COVID-19, de momento no se observa un incremento en el nivel de endeudamiento privado.

La deuda consolidada de las sociedades no financieras y de los hogares y de las ISFLSH (instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, tales como las organizaciones no gubernamentales o las entidades religiosas) alcanzó los 1,610 billones de euros a finales de marzo. De esta cifra, 905.000 millones correspondieron a las empresas, mientras que 705.000 millones fueron la deuda de hogares e ISFLSH.

Centrándonos en las empresas, en relación al PIB, su deuda representó el 73,1 por ciento a finales de marzo, 2,1 puntos porcentuales por debajo del nivel de hace un año. Hay que señalar que en el importe total de la deuda se incluyen los préstamos y valores representativos de deuda, pero se excluyen los importes frente al propio sector (es decir, no se incluyen los préstamos que las empresas no financieras realizan entre sí). El ratio se elevaría al 93,7 por ciento si incluyéramos dicha deuda interempresarial.

En cualquier caso, las empresas han hecho un esfuerzo importante por reducir su nivel de deuda en los últimos años, tal como puedes comprobar en el cuadro adjunto, tanto en términos brutos (incluyendo deuda interempresarial) como netos (sin incluirla). Habrá que ver ahora cómo evoluciona este nivel de endeudamiento con los efectos de la pandemia, según vayamos conociendo nuevos datos.

Evolución deuda sociedades no financieras en EspañaDeuda_IT_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos BdE. CFEE I trimestre de 2020.

Más de 600 mil préstamos avalados por la Línea ICO COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha hecho balance de la Línea de avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) arbitrada para garantizar la liquidez de empresas y autónomos en la crisis debida a la COVID-19, una vez que ha sido liberado en su totalidad el importe previsto inicialmente de 100.000 millones de euros.

Esta Línea fue aprobada el 17 de marzo, tras declararse el estado de alarma en España, y desde entonces se ha distribuido en los cinco tramos que puedes ver en la tabla adjunta.

ICO_liquidez

La distribución por beneficiarios del importe avalado por el ICO ha sido la siguiente:

  • A pymes y autónomos: 67.500 millones de euros.
  • A pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas: 2.500 millones de euros.
  • Al resto de empresas: 25.000 millones de euros.
  • A empresas y autónomos para adquirir o arrendar vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional: 500 millones de euros.
  • A emisiones del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF): 4.000 millones de euros.
  • A la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA): 500 millones de euros.

Con datos a 1 de julio, el Gobierno declara que se han aprobado un total de 663.995 operaciones, con un importe avalado de 64.725 millones de euros. El mayor volumen de operaciones y financiación se ha concentrado en pymes y autónomos, con 648.065 préstamos aprobados y un importe avalado de 46.777 millones de euros. Según el Ejecutivo español esto ha permitido canalizar a este colectivo 58.525 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante (hay que recordar que el aval del ICO en el caso de pymes y autónomos garantiza el 80 por ciento del principal tanto de las nuevas operaciones de financiación como de las renovaciones).

El resto de empresas (grandes) han sido avaladas con 17.843 millones de euros, lo que les ha permitido recibir 26.493 millones de euros en financiación. En este caso, el aval público cubre el 70 por ciento del principal en las nuevas operaciones de préstamo y el 60 por ciento en las renovaciones.

El pasado viernes 3 de julio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de euros, pero en este caso no se destinará a liquidez sino a financiar nuevos proyectos de inversión de autónomos y empresas. Todavía no conocemos sus características concretas, por lo que habrá que estar muy atentos a las próximas reuniones del Consejo donde previsiblemente serán aprobadas.

La crisis del “coronavirus” dispara la deuda pública en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus ha disparado la deuda pública española hasta situarla en 1.224 millones de euros, según datos publicados por el Banco de España (BdE). En términos relativos, el ratio de deuda pública sobre PIB alcanzó el 98,9 por ciento, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2018. Inclusive la previsión del Gobierno es que a cierre de ejercicio este ratio se sitúe, nada más y nada menos, que en el 115,5 por ciento del PIB… terrible.

Este dato de la deuda pública se mide según el denominado “Protocolo de Déficit Excesivo” (PDE), concepto de endeudamiento que habitualmente se utiliza en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas, y en el que se incluyen tanto los pasivos de las administraciones públicas que están materializados en efectivo y depósitos, como los valores representativos de deuda y préstamos, valorados por sus importes nominales y excluidos los pasivos que han emitido unas administraciones y que están en poder de otras (lo que se técnicamente se conoce como consolidación).

Si analizamos los distintos subsectores en los que se puede dividir la deuda pública en España, se observa como en términos interanuales su saldo ha aumentado en casi todos ellos. De este modo, ha crecido el saldo de la Administración Central (2,7 por ciento), el de las Administraciones de Seguridad Social (27,8 por ciento) y el de las Comunidades Autónomas (0,3 por ciento), siendo las Corporaciones Locales las únicas que han disminuido el saldo de su deuda con respecto hace un año (-11,9 %). En lo que respecta al crecimiento tan llamativo de la Seguridad Social, el BdE señala que se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General  de marzo a noviembre de 2019 para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos, al tratarse de financiaciones entre administraciones, no computan a efectos del total de la deuda pública.

Deuda_pública_III_20

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 3)

Mario Cantalapiedra – Economista

Termino con este post la serie dedicada a repasar las principales cuestiones que fueron tratadas en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?”, que impartí el pasado 31 de marzo. De nuevo, quiero centrarme en uno de los temas que despertaron más interés como es el de la línea de avales prevista por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

La finalidad de esta línea tal como se anuncia en la web del ICO es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como:

  • Pago de salarios
  • Facturas de proveedores pendientes de liquidar
  • Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
  • Gastos de suministros
  • Necesidad de circulante
  • Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

El ICO especifica que, sin embargo, no podrán financiarse con cargo a esta línea las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, ni la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

En este sentido muchas empresas dudan sobre qué diferencias existen entre renovaciones (financiables por la línea del ICO) y reestructuraciones (no financiables), siendo ambas modificaciones de operaciones de financiación previamente contratadas con una entidad financiera. Para diferenciarlas debemos acudir a lo que señala el Banco de España:

“La principal diferencia entre una reestructuración y una renovación es que en la primera la entidad considera que el acreditado tiene dificultades financieras actuales o previsibles”.

Es decir, si en la modificación de la operación contratada con el banco, este considera que hay dificultades financieras en la empresa (actuales o previsibles), se trataría de una reestructuración no financiable por la línea del ICO. No obstante, el Banco de España teniendo en cuenta la situación excepcional que vivimos, también señala que la existencia de dificultades de liquidez de prestatarios con un buen comportamiento de pago (hasta la fecha) no llevaría automáticamente a identificar como reestructuraciones las modificaciones de las operaciones motivadas por la crisis del COVID-19. Para el organismo supervisor estas operaciones podrían mantenerse clasificadas como normales en la medida en que no presenten dudas razonables sobre su reembolso y no haya habido un incremento significativo de su riesgo de crédito.

Por otro lado, si la operación de préstamo avalado por el ICO es rechazada por una entidad financiera según sus criterios de riesgo, la empresa tiene la posibilidad de solicitarla en otras entidades.

Aprovecho para recordar que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes 10 de abril, activar el segundo tramo de la Línea de avales por 20.000 millones de euros, destinados íntegramente a avalar operaciones de pymes y autónomos. Se suman a los 10.000 millones que ya fueron previstos para este colectivo en el primer tramo aprobado.

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 2)

Mario Cantalapiedra – Economista

Continúo desgranando en el blog algunas de las cuestiones que traté en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” el pasado 31 de marzo.

Aplazamiento del pago de impuestos Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo

Una medida que puede ayudar algo a las pymes y autónomos que sufran tensiones de liquidez debido al COVID-19, es la del aplazamiento en el pago de impuestos previsto por el Gobierno. A estos efectos hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • Se pueden aplazar, previa solicitud a Hacienda, las deudas tributarias hasta un máximo de 30.000 euros.
  • No es necesario presentar garantías.
  • La empresa solicitante debió facturar en 2019 una cantidad menor o igual a 6.010.121,04 euros.
  • Pueden aplazarse las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario de pago entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020.
  • El aplazamiento será de 6 meses, pero solamente los 3 primeros no devengarán intereses de demora.

Con respecto al “no” devengo de intereses me gustaría hacer una pequeña aclaración. El aplazamiento se ha previsto que sea de 6 meses sin que exista la posibilidad de fraccionamiento, es decir, a fecha de vencimiento se pagará toda la deuda de una vez. No obstante, si la deuda se cancela en cualquier momento dentro de los 3 primeros meses no se devengarán intereses, pero para ello hay que solicitar de forma explícita a Hacienda la  carta de pago de dicha deuda. Si se pasa el plazo, a partir del final del tercer mes el tipo de interés aplicado será del 3,75 %. En mi opinión, se debería haber previsto que en la solicitud de aplazamiento se pudiera consignar la fecha de pago deseada dentro de los 3 meses que no conllevan intereses, evitando que desde las empresas tengamos que estar pendientes de solicitar la mencionada carta. En cualquier caso, hubiera ayudado mucho más a pymes y autónomos arbitrar el aplazamiento por 6 meses sin intereses.

Recopilación de la principal normativa publicada respecto al COVID-19

Es tal la maraña normativa que está ocasionando el coronavirus, que he considerado oportuno compartir contigo la relación de las principales normas estatales publicadas hasta la fecha.

Normativa_coronavirus

 

Las pymes españolas recurren al crédito comercial para financiarse

Mario Cantalapiedra – Economista

El VIII Informe “La financiación de la pyme en España” elaborado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), confirma que el crédito de los proveedores (crédito comercial) es el instrumento financiero más utilizado por las pymes españolas. Hasta el 37,6 por ciento de las empresas encuestadas por CESGAR declaran haberlo utilizarlo durante 2018. A estos efectos, este Informe de CESGAR, la asociación que asume las funciones de coordinación, cooperación, defensa y representación de los intereses de las 18 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que existen en España, presenta los principales resultados de la “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena” referidos al conjunto de 2018 y recabados en febrero de 2019.

El crédito comercial es una fuente de financiación a corto plazo que surge automáticamente y de forma relativamente sencilla al aplazar el pago de las facturas a los proveedores. Precisamente que sea una financiación fácil de obtener, sin que sea necesaria la negociación compleja que caracteriza a otros instrumentos financieros, sobre todo si el deudor se encuadra en un sector donde es habitual el pago aplazado, puede explicar en parte su uso masivo. También ayuda a explicarlo el hecho de que con el crédito comercial se pueden demorar los pagos a proveedores sin que surjan los problemas que aparecen al dejar de pagar una cuota bancaria.

Los instrumentos financiero más utilizados por las pymes tras el crédito comercial, son las líneas de crédito bancario/descuento bancario (28,2 por ciento), seguidos por los préstamos bancarios (20,6), el leasing (14,1), y el confirming (8,6). El Informe de CESGAR incluye a continuación a los avales y otras garantías de las SGR (8,1), aunque más que fuentes financieras son instrumentos que “ayudan” a las pymes a conseguir financiación ajena. Cerrando el listado de instrumentos se encuentran los créditos del ICO (4,6), el factoring (1,4) y las nuevas fórmulas del crowdfunding/crowdlending cuya participación todavía parece ser bastante testimonial (0,2), aunque soy de los que piensan que poco a poco irá ganando terreno, sobre todo en lo que hace referencia al crowdlending o financiación participativa a las empresas basada en préstamos.

Nivel de utilización de los distintos instrumentos financieros. Año 2018Imagen1Fuente: VIII Informe “La financiación de la pyme en España”. CESGAR.

El sector primario es el único que aumenta su volumen de crédito bancario

Mario Cantalapiedra – Economista

Un año más, y como viene sucediendo desde 2011, el volumen de crédito concedido por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito para financiar actividades productivas en España, cerró 2018 con un descenso frente al ejercicio anterior, según los datos que acaba de presentar el Banco de España.

El total de crédito alcanzó al cierre de 2018 la cifra de 548.316 millones de euros (un 7,3 por ciento menos que en 2017 y casi la mitad del volumen de crédito concedido por las entidades financieras a finales de 2010), que se distribuyeron por sectores de la siguiente manera:

  • Primario (agricultura, ganadería y pesca): 21.363 millones de euros.
  • Industria: 106.286 millones de euros.
  • Construcción: 29.462 millones de euros.
  • Servicios: 391.204 millones de euros.

El único sector que vio aumentado su crédito bancario a cierre de 2018 fue el primario, mientras que industria, construcción y servicios tuvieron un volumen menor que el año anterior.

En cuanto al peso relativo de cada sector sobre el total de la financiación, lo encabeza el sector servicios (71,3 por ciento), seguido por la industria (19,4 por ciento), la construcción (5,4 por ciento) y finalmente el sector primario (3,9 por ciento). Como dato positivo se puede observar como se mantiene la tendencia al alza, observada en los ejercicios anteriores, del peso relativo de la industria sobre el total de crédito concedido.

Evolución crédito actividades productivas en España (saldo en millones de euros)

1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

27 plataformas de financiación participativa autorizadas por la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

El registro oficial de plataformas de financiación participativa (PFP) de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) cuenta actualmente con 27 plataformas autorizadas para operar en España, las cuales tienen por objeto poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de inversores (personas físicas o jurídicas) que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas (promotores) que solicitan financiación en nombre propio. Es lo que en inglés se conoce como “crowdfunding”, y que en España el legislador ha decidido denominar “financiación participativa”. A través de este registro oficial, las partes intervinientes en este mecanismo de financiación innovador (inversores, promotores, y las propias PFP) disfrutan de una mayor seguridad jurídica.

En el registro de la CNMV puedes encontrar los siguientes tipos de plataformas en función de cuáles sean los instrumentos utilizados en los proyectos que promueven:

  • De valores (obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos del capital de las empresas).
  • De participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (SRL).
  • De préstamos.

En el cuadro adjunto puedes ver la relación actualizada de las PFP con las modalidades en las que están autorizadas en cada caso, que pueden ser más de una.

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

El crédito comercial es el instrumento financiero más utilizado por las pymes

Mario Cantalapiedra – Economista

El VII Informe “La financiación de la pyme en España” elaborado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), muestra como el crédito comercial, es decir, aquel que surge automáticamente al aplazar el pago de las facturas a los proveedores, es el instrumento financiero más utilizado por las pymes españolas. Hasta el 56,1 por ciento de ellas declaran haberlo utilizado en los últimos seis meses.

El Informe de CESGAR presenta los principales resultados de la “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena”, que se realiza con una periodicidad semestral, en los meses de marzo y septiembre. En este caso, la encuesta se refiere a septiembre de 2018 y ha sido realizada a responsables financieros de empresas de 0 a 250 empleados pertenecientes a todos los sectores de la actividad y a todas las comunidades autónomas, incluyendo también a los autónomos.

Tras el crédito comercial, el instrumento financiero más utilizado por las pymes es la línea de crédito o descuento bancario, seguido por los préstamos bancarios, el leasing o arrendamiento financiero, los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), los avales y otras garantías, el confirming, renting y otros y, por último, el factoring y similares. En este sentido, me gustaría precisar que entre los instrumentos financieros que recoge la encuesta de CESGAR pueden distinguirse fuentes de financiación propiamente dichas (crédito comercial, línea de crédito o descuento bancario, leasing, crédito ICO, confirming y factoring), instrumentos que “ayudan” a las empresas a conseguir la financiación sin que puedan considerarse fuentes financieras (avales u otras garantías) y elementos como el renting, que consiste en un contrato mercantil no financiero de alquiler a largo plazo el cual permite utilizar un bien sin endeudarse ni realizar desembolso alguno, salvo el pago de las correspondientes cuotas periódicas y, habitualmente, el depósito de una fianza en el momento de formalizar la operación.

 

Nivel de utilización de los distintos instrumentos financieros en los últimos 6 meses

Imagen1

Fuente: VII Informe “La financiación de la pyme en España”. CESGAR.

¿Deben las plataformas de “crowdlending” subcontratar el análisis de riesgo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Las plataformas de crowdlending según lo establecido por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, pueden prestar los servicios básicos de recibir, seleccionar y publicar proyectos de financiación participativa, así como de desarrollar, establecer y explotar canales de comunicación que faciliten la contratación de la financiación entre inversores y promotores. Además, pueden prestar otros servicios auxiliares entre los que destaca el análisis de los proyectos de financiación recibidos, la determinación del nivel de riesgo que implica cada proyecto para los inversores y la determinación de cualquier otra variable que resulte útil para que los inversores tomen la decisión de inversión. A este respecto, el legislador considera que la publicación, clasificación y agrupación de tal información en términos objetivos, sin realizar recomendaciones personalizadas, no constituye asesoramiento financiero.

Puede sorprender que algo tan fundamental en un proceso de financiación como es el análisis de riesgo de los proyectos empresariales que les llegan a estas plataformas, sea considerado un servicio auxiliar y no básico, pero precisamente aquí radica un interesante debate sobre cuál debe ser la actividad concreta de estos intermediarios. Precisamente en un curso que impartí hace unos días sobre financiación alternativa de empresas surgió dicho debate, en el que unos asistentes eran partidarios de que el análisis lo hiciera la propia plataforma y otros de que lo hiciera un tercero independiente.

Debe recordarse que el análisis de la solvencia de los proyectos empresariales, ya sea este interno o externo a la plataforma de crowdlending, permite establecer una calificación de riesgo (rating) que influye en el tipo de interés al que prestarán los inversores. En este sentido, si se piensa que estas plataformas son meros intermediarios, que lo que ofrecen es un marketplace para que se encuentren prestamistas y prestatarios y que el dinero nunca pasa por su balance, podría tener cierta lógica pensar que el análisis de riesgo debería ser subcontratado a un tercero independiente para no influir de ningún modo en la decisión de inversión, respetando así su concepción más pura de intermediación.

No obstante, también se puede argumentar, y yo soy más partidario de esta segunda interpretación, que el éxito de estas plataformas pasa en gran medida porque no se disparen las tasas de morosidad en los préstamos que intermedian, y para ello es fundamental que el análisis de riesgo sea parte de su “know how” y permanezca en su órbita interna. Imagino que si el legislador ha incluido la determinación del nivel de riesgo entre los servicios auxiliares que pueden prestar estas plataformas es que no le parece mal del todo, ¿verdad?

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