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Diferencias entre “venture capital” y “private equity”

Mario Cantalapiedra – Economista

Las entidades de capital riesgo según la Ley 22/2014 son entidades de inversión colectiva de tipo cerrado que obtienen capital de una serie de inversores con el fin de generar para ellos ganancias o rendimientos. También en dicha Ley se señala que su objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financiera que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de la Bolsa.

Se pueden distinguir distintas modalidades de capital riesgo en función de la fase de desarrollo en la que se encuentre la empresa financiada. Aunque en España es habitual que todas estas modalidades se engloben bajo el concepto genérico de capital riesgo, en los países anglosajones el ciclo vital de la empresa lleva a distinguir entre venture capital y private equity.

De este modo, el venture capital (o capital riesgo propiamente dicho) consiste en la aportación de fondos a una empresa que se encuentre en las primeras fases de su desarrollo, donde la incertidumbre sobre la marcha futura del negocio es mayor. A su vez se divide en:

  • Capital semilla, donde se financian nuevos proyectos empresariales antes de que estos nazcan.
  • Capital de arranque, donde se financia el establecimiento (instalaciones, páginas web, etcétera) y puesta en marcha de empresas ya creadas.

Por su parte, el private equity (capital privado) se refiere a la inversión en empresas consolidadas o en fase de crecimiento, sobre las que ya existe un historial de negocio y el riesgo es menor. En este caso, se divide en:

  • Capital expansión, donde se financian empresas operativas en fase de crecimiento con objetivos tales como el lanzamiento de un nuevo producto o el crecimiento en una nueva zona geográfica.
  • Compra apalancada, donde una parte de la compra se financia mediante recursos ajenos aportados por una entidad financiera distinta a la de capital riesgo y otra mediante el dinero que aportan los inversores. Los recursos ajenos se aseguran en base a los activos de la empresa y a la previsión de sus flujos de caja.
  • Sustitución, donde la entidad inversora entra en la empresa para ocupar el lugar de un accionista anterior que desea retirarse (el caso típico en una empresa familiar con problemas sucesorios donde el capital riesgo invierte para garantizar la continuidad del negocio).
  • Reorientación, donde se financia el cambio de orientación de una empresa que atraviesa dificultades.

 

Análisis del recorte de la financiación de Enisa para 2016

Mario Cantalapiedra – Economista

El 29 de abril de 2016 el Consejo de Ministros español aprobó un acuerdo de no disponibilidad de créditos en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 por importe de 2.000 millones de euros, con el objetivo de reducir el déficit público, que debía ser asumido entre todos los Departamentos ministeriales.

En este sentido, el pasado viernes se hizo público cómo afecta este recorte general a la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la cual juega un papel muy importante en la financiación de proyectos innovadores y viables impulsados por pymes y emprendedores a través de la concesión de préstamos participativos. Estos instrumentos de financiación, a medio camino entre el capital riesgo y el préstamo bancario a largo plazo, proporcionan recursos financieros a las empresas sin interferir en su gestión, caracterizándose por la participación de la entidad prestamista en los beneficios de la empresa financiada a través de un interés variable, además del cobro de un interés fijo. Tienen la ventaja de considerarse deuda subordinada, es decir, su exigibilidad queda por detrás de todos los acreedores comunes por cualquier otro crédito u obligación de la empresa, lo que permite a esta mantener su capacidad de endeudamiento. Pues bien, el anuncio del recorte efectuado por el Consejo de Ministros del 1 de julio, ha causado revuelo en los distintos foros de emprendedores, tan necesitados de buenas noticias, por lo que conviene puntualizar lo que pasados unos días sabemos del mismo:

  • La dotación presupuestaria para financiar proyectos en 2016 de Enisa se ha visto reducida en un 27 por ciento (inicialmente era de 113 millones de euros).
  • El recorte fundamental se ha producido en la línea de préstamos participativos a proyectos promovidos por empresas de base tecnológica, la conocida como línea EBT, que se fija ahora en un importe máximo de 1,7 millones de euros, lo que supone reducir en 18,6 millones de euros, su cuantía inicial.
  • Desde Enisa se quiere tranquilizar a los emprendedores, subrayando como siguen contando con 82,6 millones de euros para financiar proyectos innovadores y viables impulsados por pymes y emprendedores, incluidas startups y empresas de base tecnológica, así como cualquier otro sector de actividad (con ciertas excepciones en el inmobiliario y el financiero). Se trata de no dejar atrás a las compañías de base tecnológica, haciéndolas encajar en otras líneas de financiación donde por su amplitud tienen cabida.

Préstamos formalizados por Enisa en 2015enisaFuente: Empresa Nacional de Innovación (Enisa).

Evolución del crédito a las actividades productivas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El volumen de crédito otorgado por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito para financiar actividades productivas en España, cerró 2015 con un nuevo descenso frente al ejercicio anterior, fenómeno que se viene repitiendo en cada cierre anual desde 2010. En concreto, dicho crédito se sitúo a finales del pasado año en 644.282 millones de euros, según los últimos datos ofrecidos por el Banco de España.

Desglosando este dato general por sectores, el crédito para financiar actividades del sector primario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) se sitúo en 18.106 millones de euros (2,8 por ciento del total), para la industria en 110.463 millones de euros (17,1 por ciento del total), para la construcción en 43.936 millones de euros (6,8 por ciento del total), y para los servicios en 471.776 millones de euros (73,2 por ciento del total). Destaca claramente el peso que representa la financiación de las actividades de servicios. Dentro de éstas, son las actividades inmobiliarias las que reciben un volumen de crédito mayor con 135.190 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 28,7 por ciento del total de crédito que se destina al conjunto del sector servicios.

En la tabla adjunta puedes observar la evolución experimentada por el volumen de crédito desde 2009 hasta 2015, tanto en cifras absolutas como en términos porcentuales. Fundamentalmente destaca la fuerte caída del porcentaje que representa el crédito a la construcción, fiel reflejo de lo que ha ocurrido en nuestra economía en el pasado reciente. Si a finales de 2009 representaba un 13 por ciento del total, a cierre de 2015 no llega al 7 por ciento. El resto de sectores permanecen más o menos estables en términos relativos, con algo de subida en la industria y el protagonismo recurrente del sector servicios, el gran destinatario de los fondos de las entidades de crédito en España.

Evolución crédito a actividades productivas en España (saldo en millones de euros)

Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

La banca en la sombra crece en Europa

Mario Cantalapiedra – Economista

Según reconoce el Banco Central Europeo (BCE) en su último Informe Anual, correspondiente a 2015, la banca en la sombra se está convirtiendo en un proveedor de financiación cada vez más importante dentro de la zona euro. Inclusive el rápido crecimiento experimentado por este sistema financiero en los últimos años hace que existan dificultades a la hora de definirlo. De entre las propuestas existentes, destaca la del Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board – FSB), con sede en Basilea, y que reúne a las autoridades nacionales responsables de la estabilidad financiera, instituciones financieras internacionales, agrupaciones internacionales de reguladores y supervisores, comités de expertos de los bancos centrales y al propio BCE. Pues bien, según el FSB, la banca en la sombra “consiste en la intermediación de crédito con entidades y actividades fuera del sistema bancario regulado”.

En sentido amplio, se incluyen dentro de esta definición a todas las instituciones financieras no bancarias, excepto a las empresas de seguros y los fondos de pensiones. En concreto, las siguientes instituciones:

  • Fondos de inversión del mercado monetario (FMM).
  • Fondos de inversión distintos de los fondos del mercado monetario.
  • Sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización de activos (FVC).
  • Otras instituciones financieras.

Aunque en el mencionado Informe Anual del BCE se señala que la banca en la sombra está creciendo a nivel mundial, la zona euro es una de las regiones donde su ritmo de crecimiento resulta más acelerado. Según el supervisor bancario europeo, los activos totales del sector bancario en la sombra de la zona euro se han duplicado con creces en los últimos diez años. En concreto, con datos disponibles referidos a septiembre de 2015, y como puedes ver en el gráfico que acompaña este texto, de los activos totales del sistema financiero de la zona euro, que ascienden a 67 billones de euros, son más de 26 billones los que están en manos del sector bancario en la sombra, es decir, casi un 40 por ciento del total.

Es importante señalar que el BCE considera que la banca en la sombra constituye una fuente significativa de riesgo potencial para la estabilidad del sistema financiero de la zona euro y, por tanto, requiere un atento seguimiento.

Evolución activos zona euro en manos de banca en la sombra (I TR 1999 – III TR 2015, billones de euros)

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Fuente: Informe Anual 2015, Banco Central Europeo.

Requisitos para poder modificar el coste total de un crédito al consumo

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Banco de España, un préstamo personal es un producto bancario que le permite al prestatario recibir una determinada cantidad de dinero de una entidad de crédito (prestamista), a cambio del compromiso de devolver dicha cantidad, junto con los intereses correspondientes, mediante pagos periódicos. Se llaman “personales” porque la entidad prestamista toma como garantía genérica, para cubrir el riesgo, el conjunto de bienes presentes y futuros del prestatario y no un bien concreto.

Dentro de los préstamos personales, existe una modalidad que tiene una regulación especial como es la de los créditos al consumo, regulados por la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. En dichos contratos, una persona física o jurídica, en el ejercicio de su actividad comercial o profesional, concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación, cuyo importe ascienda al menos a 200 euros. A estos efectos, el consumidor es la persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional.

La Ley 16/2011 ofrece una protección especial a los consumidores que solicitan estos créditos en diversos ámbitos, entre los que destaca la regulación de los supuestos en los que el coste total del crédito puede ser modificado y bajo qué condiciones.  Por coste total se entiende: “todos los gastos, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de crédito y que sean conocidos por el prestamista, con excepción de los gastos de notaría. El coste de los servicios accesorios relacionados con el contrato de crédito, en particular las primas de seguro, se incluye asimismo en este concepto si la obtención del crédito en las condiciones ofrecidas está condicionada a la celebración del contrato de servicios”. Pues bien, este coste no puede ser modificado en perjuicio del consumidor, salvo que esté previsto en acuerdo mutuo de prestamista y prestatario formalizado por escrito, debiendo cumplirse además los siguientes requisitos:

  1. La variación del coste del crédito se deberá ajustar, al alza o a la baja, a la de un índice de referencia objetivo.
  2. El acuerdo por escrito deberá tener el siguiente contenido mínimo:
  • Derechos que contractualmente correspondan a las partes en orden a la modificación del coste total del crédito inicialmente pactado y el procedimiento a que ésta deba ajustarse.
  • Diferencial (margen) que se aplicará, en su caso, al índice de referencia utilizado para determinar el nuevo coste.
  • Identificación del índice utilizado o, en su defecto, definición clara del mismo y del procedimiento para su cálculo. Los datos que sirvan de base al índice deberán ser agregados de acuerdo con un procedimiento objetivo.

En la práctica te encontrarás que los contratos de crédito al consumo incluirán cláusulas que autoricen la modificación de su coste total, pero es importante comprobar que cumplen los requisitos mencionados antes de firmar los contratos.

 

Cuatro notas características de las entidades de capital-riesgo-Pyme

Mario Cantalapiedra – Economista

Con las entidades de capital-riesgo-Pyme (ECR-Pyme) creadas por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, se pretende impulsar el capital riesgo hacia la inversión en las etapas tempranas de las pymes, donde tradicionalmente esta fórmula financiera ha tenido un menor crecimiento. La idea es establecer un vehículo que, aparte de financiación, proporcione apoyo en la gestión y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas. A partir del marco legislativo de las ECR-Pyme, se pueden deducir las cuatro notas características siguientes:

1. Capital social mínimo

Su capital social mínimo será de 900.000 euros, debiéndose desembolsar en el momento de la constitución, al menos, el 50 por ciento y el resto, en una o varias veces, dentro del plazo de tres años desde la constitución.

2. Coeficiente obligatorio de inversión mínimo

El 75 por ciento de su patrimonio, al final de cada ejercicio social, deberá estar invertido en participaciones de pymes, a través de los siguientes instrumentos financieros:

  • Acciones u otros valores o instrumentos financieros que puedan dar derecho a la suscripción o adquisición de acciones y participaciones en el capital.
  • Préstamos participativos.
  • Instrumentos financieros híbridos ligados a los resultados de la empresa, en los que la recuperación del principal en caso de concurso no esté plenamente asegurada.
  • Instrumentos de deuda, con o sin garantía, de las pymes participadas.
  • Acciones o participaciones en otras ECR-Pyme.

3. Requisitos de las pymes objeto de inversión

Las empresas que sean objeto de inversión de las ECR-Pyme deberán cumplir las siguientes condiciones:

  • No estar admitidas a cotización en un mercado secundario regulado en el momento de la inversión.
  • Tener menos de 250 empleados en el momento de la inversión.
  • Tener un activo anual no superior a los 43 millones de euros o un volumen de negocio anual no superior a los 50 millones de euros en el momento de la inversión.
  • No ser instituciones de inversión colectiva, ni empresas financieras o de naturaleza inmobiliaria.
  • Estar establecidas en Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, con excepción de los países considerados paraísos fiscales no cooperantes a efectos fiscales. En caso de que la empresa se encuentre establecida en un tercer país, este deberá haber firmado con España un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria.

4. Diversificación de inversiones

Las ECR-Pyme no podrán invertir más del 40 por ciento de su patrimonio en una misma empresa ni en empresas que pertenezcan al mismo grupo de sociedades.

El concepto de entidad de capital-riesgo actualizado

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 22/2014 ha actualizado el concepto que define a las entidades de capital riesgo (ECR), que ahora se consideran entidades de inversión colectiva de tipo cerrado las cuales obtienen capital de una serie de inversores mediante una actividad comercial cuyo fin mercantil es generar ganancias o rendimientos para los inversores, y cuyo objeto principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financiera que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea (UE) o del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No obstante, las ECR también pueden extender su objeto principal a:

  • La inversión en valores emitidos por empresas cuyo activo esté constituido en más de un 50 por ciento por inmuebles, siempre que al menos los inmuebles que representen el 85 por ciento del valor contable total de los inmuebles de la entidad participada estén afectos ininterrumpidamente al desarrollo de una actividad económica.
  • La toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras que coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la UE o del resto de países miembros de la OCDE, siempre y cuando tales empresas sean excluidas de la cotización dentro de los doce meses siguientes a la toma de la participación.
  • La inversión en otras ECR.

La mención a inversión colectiva de tipo cerrado que incluye el nuevo concepto de ECR se refiere a la política de desinversión de sus inversores o partícipes. De este modo, las desinversiones que efectúe la ECR se han de producir de modo simultáneo para todos sus inversores o partícipes y lo percibido por cada uno de ellos se ajustará a los derechos que le correspondan según lo pactado en los estatutos o reglamentos.

Se mantiene con respecto a la legislación anterior, que las ECR han de ser gestionadas por sociedades gestoras y que pueden adoptar dos tipos de forma jurídica distintos: sociedades de capital riesgo (SCR), que revisten la forma de sociedades anónimas, o fondos de capital riesgo (FCR), que son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores, cuya gestión y representación corresponden a la correspondiente sociedad gestora, la cual ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del fondo.

 

 

 

 

 

Cuatro novedades que introduce la nueva legislación sobre entidades de capital riesgo

Mario Cantalapiedra – Economista

El nuevo régimen jurídico de las entidades de capital-riesgo (ECR) en España introducido con la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, pretende conseguir fundamentalmente que esta fórmula de financiación llegue a un mayor número de empresas, así como que se reoriente a la financiación de las pymes en sus primeras etapas de desarrollo y expansión, donde estas tienen más dificultades para acceder a los fondos ajenos. La Ley 22/2014 introduce cuatro novedades fundamentales con respecto a la legislación sobre capital-riesgo anterior:

1. Flexibilización del régimen financiero de las ECR

Se permite ahora el uso de un abanico más amplio de instrumentos financieros como los préstamos participativos (caracterizados por la participación de la entidad prestamista en los beneficios de la empresa financiada, además del cobro, por lo general, de un interés fijo), se da mayor flexibilidad a los cálculos de los plazos de cumplimiento del coeficiente obligatorio de inversión (el cual obliga a invertir un porcentaje mínimo del activo computable de la ECR en determinados tipos de activos) y se permite que los fondos de capital-riesgo (FCR) puedan distribuir resultados periódicamente.

2. Creación de las entidades de capital-riesgo-pyme

Se crean este nuevo tipo de entidades que pueden invertir el 70 por ciento de su patrimonio en participaciones de pymes, además de colaborar en su gestión y hacer labores de asesoramiento. Se observa para ellas un régimen financiero más flexible, pudiendo utilizar tanto préstamos participativos como deuda para financiar a las pymes.

3. Ampliación del ámbito de aplicación

Se amplía el ámbito de aplicación de la Ley a toda entidad de inversión colectiva de tipo cerrado con una política de inversiones predefinida y reparto de retorno entre los inversores o partícipes. Esta categoría de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado podrán adoptar la forma de fondos o de sociedades y gozarán de la máxima flexibilidad operativa.

4. Eliminación del régimen de intervención administrativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Se elimina casi completamente el régimen de intervención administrativa de la CNMV sobre las ECR y las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. No obstante, se mantiene la autorización para las sociedades gestoras (encargadas de gestionar a las ECR), mientras que los fondos y sociedades de inversión de tipo cerrado cuya gestión haya sido delegada a una sociedad gestora, solamente serán objeto de registro.

¿Por qué reduce realmente su financiación el ICO para 2015?

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) acaba de anunciar cuál será su política de financiación para el presente ejercicio de 2015. Recuerdo que el ICO es un banco público, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Pues bien, su objetivo de concesión de crédito para este año asciende a 14.000 millones de euros. La cifra puede parecer importante, pero representa un 34,8 por ciento menos que en 2014, donde los créditos otorgados por esta institución ascendieron a 21.469 millones de euros. Según se argumenta desde el banco público, las mejoras de las condiciones de financiación de la economía española permiten esta reducción, es decir, se piensa que su papel ha de ser sustituido progresivamente por las entidades de crédito privadas más propensas ahora a prestar a las empresas. De este modo, el ICO habría actuado como soporte financiero de las pymes durante las fases más agudas de la crisis, cuando el crédito bancario privado era muy escaso, y ahora tocaría ceder parte del testigo a dicho sector financiero privado.

El ICO ha firmado con la banca las líneas de financiación para 2015, con un mayor énfasis en la financiación de actividades del sector exterior y consolidando su aportación en el ámbito de garantías. Las entidades financieras que han suscrito el acuerdo han sido precisamente las más activas en la concesión de préstamos ICO el año pasado, en concreto, las diez siguientes: Banco Popular, Banco Santander, Banco Sabadell, BBVA, Bankia, La Caixa, Bankinter, Ibercaja, Bantierra y Targobak.

Otro objetivo del ICO para 2015 es el de potenciar el capital riesgo a través de FOND-ICO Global, primer fondo de fondos público de capital riesgo creado en España, que persigue mejorar la financiación no bancaria de las pymes españolas, tratando de conseguir que estén más capitalizadas y no dependan tanto del crédito bancario. Para 2015 se prevén dos convocatorias en las que participarán 11 fondos de inversión y en las que el ICO aportará 400 millones de euros.

La duda es si esta importante reducción del crédito otorgado por el ICO a través de sus líneas financieras, responde únicamente a las perspectivas de mejora de la financiación bancaria privada, o también influyen en ella otros motivos como bien pudiera ser el de la morosidad. En este sentido y según se hacía eco recientemente el diario El Mundo, el ICO habría tenido que provisionar cerca de 200 millones de euros ante el posible impago del 35 por ciento de los créditos otorgados a través de su línea ICO Directo, cifra verdaderamente alta si la comparamos con la media de morosidad soportada por el sector bancario en nuestro país. Luego, ¿solamente cambio de ciclo o hay algo más en esta decisión tomada por el ICO?

Evolución del programa europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión Europea acaba de publicar el último informe sobre la evolución del “Instrumento Europeo de Microfinanciación para el Empleo y la Inclusión Social” (instrumento de microfinanciación Progress), iniciado en 2010 para aumentar la disponibilidad de microcréditos que se destinen a fundar o desarrollar pequeñas empresas por parte de personas en situación de desempleo o inactivas o que tengan dificultadas para obtener un crédito convencional (mujeres, personas jóvenes o mayores, discapacitados, etcétera). Según los datos que maneja la Comisión, desde el inicio del programa y hasta el 31 de marzo de 2014, más de 20.000 personas han obtenido microcréditos, por un importe total de 182 millones de euros.

Este instrumento no financia directamente a los empresarios sino que permite a unos proveedores de microcréditos, previamente seleccionados, aumentar los préstamos. Para ello, y a través del Fondo Europeo de Inversiones, se articulan dos tipos de actuaciones distintas: la emisión de avales para compartir el riesgo con los proveedores y la financiación a estos para que aumenten los microcréditos que conceden. Un mismo proveedor puede recibir avales y préstamos, pero estos deben cubrir siempre carteras diferentes, es decir, una garantía de microcrédito no puede utilizarse para cubrir el microcrédito financiado mediante un préstamo de microfinanciación Progress.

Los proveedores de microcréditos pueden ser entidades bancarias privadas o públicas, instituciones de microcrédito no bancarias y proveedores no lucrativos y se encargan de fijar las condiciones de la financiación (importe, duración, intereses, etcétera) para los beneficiarios. En España actualmente existen cinco proveedores de microcréditos: Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença, Instituto de Crédito y Finanzas Región de Murcia (ICREF), Cajas Rurales Unidas, Fundació Pinnae y Laboral Kutxa.

En cuanto al impacto social del instrumento, el informe presentado por la Comisión señala como el 60 por ciento de los beneficiarios finales se encontraba en situación de desempleo o inactividad al solicitar la financiación y que el 36 por ciento eran mujeres. Por su parte, aunque la mayoría de los beneficiarios de préstamos pertenecen principalmente al grupo de edad de 25 a 54 años, se destaca el aumento de los que tienen menos de 25 años hasta el 5,9 por ciento del total.

Según los objetivos de la Comisión, el instrumento seguirá ofreciendo avales y financiación hasta abril de 2016, a más tardar, con el fin de mejorar la accesibilidad y la disponibilidad de la microfinanciación en la Unión Europea.

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