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Cuatro novedades que introduce la nueva legislación sobre entidades de capital riesgo

Mario Cantalapiedra – Economista

El nuevo régimen jurídico de las entidades de capital-riesgo (ECR) en España introducido con la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, pretende conseguir fundamentalmente que esta fórmula de financiación llegue a un mayor número de empresas, así como que se reoriente a la financiación de las pymes en sus primeras etapas de desarrollo y expansión, donde estas tienen más dificultades para acceder a los fondos ajenos. La Ley 22/2014 introduce cuatro novedades fundamentales con respecto a la legislación sobre capital-riesgo anterior:

1. Flexibilización del régimen financiero de las ECR

Se permite ahora el uso de un abanico más amplio de instrumentos financieros como los préstamos participativos (caracterizados por la participación de la entidad prestamista en los beneficios de la empresa financiada, además del cobro, por lo general, de un interés fijo), se da mayor flexibilidad a los cálculos de los plazos de cumplimiento del coeficiente obligatorio de inversión (el cual obliga a invertir un porcentaje mínimo del activo computable de la ECR en determinados tipos de activos) y se permite que los fondos de capital-riesgo (FCR) puedan distribuir resultados periódicamente.

2. Creación de las entidades de capital-riesgo-pyme

Se crean este nuevo tipo de entidades que pueden invertir el 70 por ciento de su patrimonio en participaciones de pymes, además de colaborar en su gestión y hacer labores de asesoramiento. Se observa para ellas un régimen financiero más flexible, pudiendo utilizar tanto préstamos participativos como deuda para financiar a las pymes.

3. Ampliación del ámbito de aplicación

Se amplía el ámbito de aplicación de la Ley a toda entidad de inversión colectiva de tipo cerrado con una política de inversiones predefinida y reparto de retorno entre los inversores o partícipes. Esta categoría de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado podrán adoptar la forma de fondos o de sociedades y gozarán de la máxima flexibilidad operativa.

4. Eliminación del régimen de intervención administrativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Se elimina casi completamente el régimen de intervención administrativa de la CNMV sobre las ECR y las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. No obstante, se mantiene la autorización para las sociedades gestoras (encargadas de gestionar a las ECR), mientras que los fondos y sociedades de inversión de tipo cerrado cuya gestión haya sido delegada a una sociedad gestora, solamente serán objeto de registro.

¿Por qué reduce realmente su financiación el ICO para 2015?

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) acaba de anunciar cuál será su política de financiación para el presente ejercicio de 2015. Recuerdo que el ICO es un banco público, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Pues bien, su objetivo de concesión de crédito para este año asciende a 14.000 millones de euros. La cifra puede parecer importante, pero representa un 34,8 por ciento menos que en 2014, donde los créditos otorgados por esta institución ascendieron a 21.469 millones de euros. Según se argumenta desde el banco público, las mejoras de las condiciones de financiación de la economía española permiten esta reducción, es decir, se piensa que su papel ha de ser sustituido progresivamente por las entidades de crédito privadas más propensas ahora a prestar a las empresas. De este modo, el ICO habría actuado como soporte financiero de las pymes durante las fases más agudas de la crisis, cuando el crédito bancario privado era muy escaso, y ahora tocaría ceder parte del testigo a dicho sector financiero privado.

El ICO ha firmado con la banca las líneas de financiación para 2015, con un mayor énfasis en la financiación de actividades del sector exterior y consolidando su aportación en el ámbito de garantías. Las entidades financieras que han suscrito el acuerdo han sido precisamente las más activas en la concesión de préstamos ICO el año pasado, en concreto, las diez siguientes: Banco Popular, Banco Santander, Banco Sabadell, BBVA, Bankia, La Caixa, Bankinter, Ibercaja, Bantierra y Targobak.

Otro objetivo del ICO para 2015 es el de potenciar el capital riesgo a través de FOND-ICO Global, primer fondo de fondos público de capital riesgo creado en España, que persigue mejorar la financiación no bancaria de las pymes españolas, tratando de conseguir que estén más capitalizadas y no dependan tanto del crédito bancario. Para 2015 se prevén dos convocatorias en las que participarán 11 fondos de inversión y en las que el ICO aportará 400 millones de euros.

La duda es si esta importante reducción del crédito otorgado por el ICO a través de sus líneas financieras, responde únicamente a las perspectivas de mejora de la financiación bancaria privada, o también influyen en ella otros motivos como bien pudiera ser el de la morosidad. En este sentido y según se hacía eco recientemente el diario El Mundo, el ICO habría tenido que provisionar cerca de 200 millones de euros ante el posible impago del 35 por ciento de los créditos otorgados a través de su línea ICO Directo, cifra verdaderamente alta si la comparamos con la media de morosidad soportada por el sector bancario en nuestro país. Luego, ¿solamente cambio de ciclo o hay algo más en esta decisión tomada por el ICO?

Evolución del programa europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión Europea acaba de publicar el último informe sobre la evolución del “Instrumento Europeo de Microfinanciación para el Empleo y la Inclusión Social” (instrumento de microfinanciación Progress), iniciado en 2010 para aumentar la disponibilidad de microcréditos que se destinen a fundar o desarrollar pequeñas empresas por parte de personas en situación de desempleo o inactivas o que tengan dificultadas para obtener un crédito convencional (mujeres, personas jóvenes o mayores, discapacitados, etcétera). Según los datos que maneja la Comisión, desde el inicio del programa y hasta el 31 de marzo de 2014, más de 20.000 personas han obtenido microcréditos, por un importe total de 182 millones de euros.

Este instrumento no financia directamente a los empresarios sino que permite a unos proveedores de microcréditos, previamente seleccionados, aumentar los préstamos. Para ello, y a través del Fondo Europeo de Inversiones, se articulan dos tipos de actuaciones distintas: la emisión de avales para compartir el riesgo con los proveedores y la financiación a estos para que aumenten los microcréditos que conceden. Un mismo proveedor puede recibir avales y préstamos, pero estos deben cubrir siempre carteras diferentes, es decir, una garantía de microcrédito no puede utilizarse para cubrir el microcrédito financiado mediante un préstamo de microfinanciación Progress.

Los proveedores de microcréditos pueden ser entidades bancarias privadas o públicas, instituciones de microcrédito no bancarias y proveedores no lucrativos y se encargan de fijar las condiciones de la financiación (importe, duración, intereses, etcétera) para los beneficiarios. En España actualmente existen cinco proveedores de microcréditos: Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença, Instituto de Crédito y Finanzas Región de Murcia (ICREF), Cajas Rurales Unidas, Fundació Pinnae y Laboral Kutxa.

En cuanto al impacto social del instrumento, el informe presentado por la Comisión señala como el 60 por ciento de los beneficiarios finales se encontraba en situación de desempleo o inactividad al solicitar la financiación y que el 36 por ciento eran mujeres. Por su parte, aunque la mayoría de los beneficiarios de préstamos pertenecen principalmente al grupo de edad de 25 a 54 años, se destaca el aumento de los que tienen menos de 25 años hasta el 5,9 por ciento del total.

Según los objetivos de la Comisión, el instrumento seguirá ofreciendo avales y financiación hasta abril de 2016, a más tardar, con el fin de mejorar la accesibilidad y la disponibilidad de la microfinanciación en la Unión Europea.

La distinción entre inversores acreditados y no acreditados en el “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

 

Entre las medidas anunciadas dentro del Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado tres de octubre y enviado al Parlamento para su tramitación, se incluye la distinción entre inversores acreditados e inversores no acreditados en el crowdfunding, es decir, en la financiación colectiva a través de las plataformas de Internet donde se conectan proyectos de inversión con inversores que buscan un rendimiento dinerario. Se trata de limitar quién puede invertir en este tipo de plataformas y bajo qué condiciones, de modo similar a lo que ya se hace en otros lugares como Estados Unidos o Gran Bretaña.

De este modo, los denominados inversores acreditados podrán invertir sin tope en los proyectos de crowdfunding, mientras que los no acreditados se verán afectados por una doble limitación, tanto de inversión por proyecto como considerada de forma anual. Los inversores acreditados serán los institucionales, las empresas que superen el millón de euros de activo, los dos millones de euros de cifra de negocio o los trescientos mil euros de recursos propios, así como todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los cincuenta mil euros al año o tengan un patrimonio financiero, es decir, una inversión en activos financieros, superior a los cien mil euros y soliciten expresamente este tratamiento. El resto de inversores, considerados no acreditados, no podrán invertir más de tres mil euros por proyecto ni más de diez mil euros al año en el total de proyectos. Además se prevé una medida de protección adicional para los inversores no acreditados, ya que deberán requerir la firma manuscrita manifestando, antes de adquirir ningún compromiso de pago, haber sido advertidos de los riesgos de este tipo de inversiones.

También sabemos que la idea del Gobierno es que las plataformas de crowdfunding sean supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con la “ayuda” del Banco de España cuando la actividad consista en la intermediación de préstamos, así como que sean transparentes a la hora de proporcionar información a los inversores. Sobre los planes iniciales de regulación anunciados por parte del Ejecutivo ha habido cambios, fundamentalmente en los restrictivos límites a la inversión que tanta polémica generaron en su día y que ahora se ven aumentados. Toca esperar al final de la tramitación parlamentaria para conocer definitivamente cuál será la primera regulación sobre crowdfunding en España.

Tres novedades que incorpora el Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado viernes se aprobó por parte del Consejo de Ministros la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, el cual pretender mejorar los canales de financiación de las empresas españolas, especialmente de las pymes. Entre las distintas novedades que incorpora esta legislación me gustaría destacar tres de ellas, en concreto, las que afectan al preaviso a pymes cuya financiación se cancele o reduzca, al crowdfunding y al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

1. Preaviso a pymes

Con la entrada en vigor de esta Ley, será obligatorio para las entidades de crédito preavisar a las pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o reducida de forma importante (un 35 por ciento o más), al menos con tres meses de antelación. Con ello se pretende evitar el problema con el que se están encontrando muchas empresas que ven reducidos o cancelados sus créditos, como el que dice, “de la noche a la mañana”. Esta medida por sí misma no va a solucionar el problema de financiación para las pymes, pero al menos les permitirá tener un mayor poder de reacción. Junto con este preaviso, se otorga a las pymes el derecho de obtener gratuitamente de la entidad información sobre su posición financiera, historial de pagos o calificación crediticia en el plazo de 10 días hábiles. Las empresas podrán solicitar estos datos en cualquier otro momento que no coincida con el de cancelación o reducción de financiación, petición que deberá atenderse en el plazo de 15 días y a un coste reducido.

2. Crowdfunding

El Proyecto de Ley legisla, por primera vez en España, sobre la financiación colectiva a través de las plataformas de Internet, con el doble objetivo de proteger a los inversores e impulsar esta herramienta de financiación. En cualquier caso, lo que se regula ahora son las operaciones de financiación participativa que buscan un rendimiento dinerario derivado de la financiación empresarial o de consumo, no otros tipos de crowdfunding como los relacionados con el mecenazgo o la compraventa. Se pretende garantizar que los inversores tengan acceso a información suficiente sobre la plataforma, el promotor y las características del medio financiero utilizado para captar el dinero, así como que conozcan los riesgos de este tipo de proyectos. Un elemento que quizás genere cierta polémica, es el deseo del Gobierno de incluir una doble supervisión, a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España, cuando la actividad de crowdfunding consista en la intermediación de préstamos. Habrá que ver cómo queda este tema una vez que el Proyecto de Ley sea aprobado.

3. MAB

En este caso, se pretende flexibilizar el tránsito desde el MAB hacia la Bolsa de empresas cuyo tamaño y desarrollo así lo aconseje. De este modo, las compañías que superen una capitalización, es decir, un valor de mercado, de 500 millones de euros, habrán de pasar obligatoriamente a la Bolsa.

 

Medidas para facilitar a las pymes flujos de financiación alternativos a los bancarios

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado viernes 28 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial, cuyo objetivo principal es facilitar a las pymes flujos de financiación alternativos a los bancarios. El grado de dependencia para las empresas españolas de la financiación bancaria es muy elevado, si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, y esto es lo que ahora el Gobierno, en sus propias palabras, pretende corregir. Para ello ha anunciado las siguientes medidas:

  • Las entidades de crédito que deseen cancelar o reducir notablemente, en más de un tercio, la financiación global de una pyme, deberán preavisar con al menos tres meses de antelación. Además deberán facilitar a la empresa un historial con toda su información crediticia para que pueda aportarlo a otras entidades en la búsqueda de financiación alternativa.
  • Establecer un régimen más rápido y ejecutivo de garantía recíproca, por el cual el reaval de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) se activará ante el acreedor en caso de incumplimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) tras el primer requerimiento.
  • Mantener y potenciar las actividades realizadas por los establecimientos financieros de crédito, que hasta hace poco se consideraban entidades de crédito. Ahora se establece una nueva naturaleza para este tipo de entidades, que estarán supervisadas por el Banco de España, y orientadas a la financiación empresarial y del consumo por canales alternativos a los estrictamente bancarios.
  • Ampliar el régimen jurídico de las titulizaciones en España para adecuar este instrumento a las actuales demandas del mercado financiero, aportando seguridad jurídica y respaldo legal a su operativa, lo que ha de permitir a las entidades de crédito, por ejemplo, titulizar carteras de créditos que conceden a pymes y no solamente hipotecas como, fundamentalmente, se venía haciendo hasta ahora.
  • Facilitar el tránsito de las empresas que cotizan en Bolsa al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y viceversa.
  • Mejorar el régimen de emisión de obligaciones, facilitando que las empresas puedan financiarse en los mercados de deuda. Por ejemplo, ahora las sociedades de responsabilidad limitada podrán emitir deuda.
  • Mejorar los mercados de facturas donde las empresas puedan obtener liquidez mediante la cesión anticipada de estos derechos de crédito.
  • Y, por último, la medida que parece haber causado más revuelo, al menos en las redes sociales, como es la de regular las plataformas electrónicas de financiación participativa o crowdfunding, las cuales ponen en contacto a financiadores y personas que necesitan financiación para un proyecto empresarial a través de la red. En principio se persigue fijar las obligaciones de estas plataformas tratando de garantizar su transparencia y que los financiadores dispongan de información suficiente. A expensas de conocer el texto final, la polémica viene desde el propio concepto de crowdfunding elegido por el Gobierno hasta la propuesta de fijar límites máximos de aportación para los financiadores, e incluso cantidad máxima que un proyecto puede recaudar.

La subvención solo como complemento financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando alguien decide emprender y montar su propia empresa lo lógico es que evalúe la posibilidad de optar a algún tipo de ayuda oficial que financie parte de su aventura. A pesar de que son malos tiempos para conseguir una subvención pública, eso no impide que se investigue si existe alguna ayuda financiera que pueda servir, de hecho me parece plausible que el emprendedor lo haga, lo que ya no me parece tan correcto es que condicione la realización de todo su proyecto a la propia existencia de la subvención. El negocio debe ser rentable por sí mismo y la subvención solo ha de contemplarse como un extra que, si se consigue, bienvenido sea, sobre todo cuando tenga el carácter de no reintegrable.

A la hora de acceder a la subvención pública, el empresario ha de superar una serie de inconvenientes, el principal de los cuales, en la actualidad, es la escasez de fondos públicos. Además se habrá de enfrentar a la falta de información, a la complejidad de los requisitos exigidos o a la dispersión de los organismos subvencionadores, que lleva a que según la autoridad oficial competente, se pueda optar a ayudas de la Unión Europea, estatales, de las comunidades autónomas o locales, las cuales pueden ser perfectamente incompatibles entre sí. Si esto ocurre, se deberá analizar cuál es la más interesante y optar por ella.

Otro elemento fundamental que hay que tener muy en cuenta, es el del retraso que suele producirse entre el momento en el que se concede la subvención a la empresa y la fecha de su cobro. Dicho retraso puede llegar a motivar una situación perversa en la que un empresario agraciado con la concesión de una subvención, entre en una espiral de gasto y consecuente pago que no pueda afrontar y que le lleve al cierre de su negocio, mientras espera la llegada del dinero de la subvención. El pago de salarios de los trabajadores, las cuotas de seguridad social o el alquiler de la oficina no van a esperar hasta que lleguen los dineros por mucho que hayan sido concedidos en firme por un organismo público.

Por regla general, los programas de subvención se abren en los primeros meses del año, muchas veces con un tope presupuestario, por lo que conviene estar muy atento a su fecha de salida para no quedarse fuera. Como decía al principio, la subvención siempre que se contemple como un extra financiero, es una opción que hay que gestionar.

Tres actividades de la empresa que originan flujos de caja

Mario Cantalapiedra – Economista

Reconocida la importancia que puede tener conocer la capacidad para generar caja de una compañía, más allá de cuál sea el resultado de su actividad y que la falta de sincronía entre corriente económica (ingresos y gastos) y corriente monetaria (cobros y pagos) puede motivar problemas de liquidez, un paso más allá nos llevaría a tratar de averiguar qué actividades concretas de la empresa son generadores de flujos de caja. En principio, la empresa puede generar cash-flow a través de tres tipos de actividades:

  1. Por actividades de explotación: Flujos originados fundamentalmente por las operaciones de carácter ordinario que dan lugar al resultado de la compañía. Por ejemplo, surgen al pagar una factura de compra de materia prima a un proveedor, al pagar la nómina a un trabajador o al cobrar una factura de venta a un cliente.
  2. Por actividades de inversión: Flujos que vienen motivados por las operaciones de compra y venta de activos no corrientes, es decir, de aquellos que se destinan a servir de forma duradera en las actividades de la empresa. Por ejemplo, se incluiría el pago efectuado por la compra de una máquina fotocopiadora o el cobro recibido por la venta de un elemento de transporte.
  3. Por actividades de financiación: Por último, estos flujos se originan en las operaciones de obtención o cancelación de fondos financieros, tanto propios como ajenos, por parte de la empresa, no derivados de su actividad de explotación. Por ejemplo, aparecen cuando se cobra el principal de un préstamo concedido por una entidad de crédito o cuando se pagan todas y cada una de las cuotas de amortización del mismo.

Precisamente esta subdivisión es la que utiliza el Plan General de Contabilidad (PGC) para formular el Estado de Flujos de Efectivo (EFE), que han de presentar las empresas de mayor dimensión dentro de las cuentas anuales desde el 1 de enero de 2008. Por el contrario, están exentas de presentarlo aquellas compañías, pequeñas y medianas, que cumplan durante dos ejercicios consecutivos al menos dos de las circunstancias siguientes:

  • Activo total menor o igual a 2.850.000 euros.
  • Cifra anual de negocios menor o igual a 5.700.000 euros.
  • Número medio de empleados no supere los cincuenta.

No obstante, aunque para las pymes no sea obligatorio presentar el EFE, parece un ejercicio interesante estudiar la procedencia de los flujos de caja según la división de actividades mencionada, evaluando la naturaleza real de las transacciones que llevan a generar caja.

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La financiación mediante cuotas de amortización

Mario Cantalapiedra – Economista

Una parte de los fondos generados por la empresa en el desarrollo de su actividad quedan libres y a su disposición, bajo ciertas restricciones, constituyendo unos recursos financieros que se invierten de forma espontánea, es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los fondos provenientes de la amortización del inmovilizado.

Desde un punto de vista económico-contable, la amortización representa la pérdida de valor o depreciación que sufren los activos no corrientes, fundamentalmente por su aplicación al proceso productivo de la empresa, por lo cual contribuye a mantener el valor real de la misma. No obstante, también puede considerarse como una acumulación de fondos que financia a elementos del activo de mayor o menor liquidez, ya que los fondos que se obtienen a partir de la incorporación de los bienes del inmovilizado (amortizables) en el proceso productivo se materializan en el activo de la empresa, acumulándose a lo largo de los ejercicios, hasta que se produce la renovación de los elementos correspondientes.

En principio podría pensarse que los recursos procedentes de la amortización sólo tienen función financiera con carácter provisional hasta que son necesarios para afrontar la renovación de los elementos de activo no corriente, es lo normal. A pesar de ello, en determinadas ocasiones y siempre que cumplan una serie de condiciones pueden llegar a tener un carácter permanente. Estas condiciones se refieren a que los equipos se sustituyan al finalizar su vida útil (período durante el cual el bien puede ser utilizado por la empresa) por elementos de iguales características, a que las renovaciones de los mismos se realicen de forma continuada y a que el sistema de amortización utilizado por la empresa sea lineal con un porcentaje aplicado constante en el tiempo. Sólo bajo las condiciones comentadas, una proporción de los fondos provenientes de las dotaciones a la amortización tendrá la consideración de fuente financiera permanente.

Por otro lado, en una empresa que está generando pérdidas, que espero no sea vuestro caso aunque la cosa no está para tirar cohetes, desde la perspectiva contable se amortizará igual que si estuviera generando beneficios, puesto que también se habrá producido la depreciación de los bienes, pero financieramente se habrán dejado de recuperar los recursos equivalentes a esas pérdidas ante la prioridad de atender otros costes más inmediatos. En este contexto, no será posible valerse de los recursos procedentes de la amortización para obtener financiación.

¿Enriquecerse o mantenerse?: Lograr financiación

Mario Cantalapiedra – Economista

En momentos de dificultades para acceder a la financiación ajena, la autofinanciación puede representar casi la única forma que tiene un empresario para financiar su actividad. En este caso, me quiero referir fundamentalmente a la generación de recursos financieros por parte de la propia empresa, los cuales permiten a ésta tener una menor dependencia del exterior, un menor endeudamiento.

Así una parte de los fondos generados por la empresa en el desarrollo de su actividad quedan libres y a su disposición, bajo ciertas restricciones, como recursos financieros que se reinvierten de forma espontánea. Desde esta perspectiva, el concepto de autofinanciación suele subdividirse en dos categorías diferentes en función del objeto que se persiga:

  • Autofinanciación de enriquecimiento: Formada por aquellos beneficios no repartidos y acumulados en la empresa, lo que conocemos como reservas, así como por las diferencias producidas entre los fondos destinados a amortizaciones sobre la depreciación económica real de los bienes, y entre los recursos destinados a provisiones sobre los riesgos y gastos reales a cubrir. Su fin último sería incrementar la dimensión de la compañía. La característica fundamental de este tipo de autofinanciación es la posibilidad de utilizar los fondos generados sin límite temporal.
  • Autofinanciación de mantenimiento: En este caso, la integran aquellos recursos que contribuyen a mantener el valor real de la empresa creados a partir de las dotaciones a la amortización, las provisiones y cualquier otra cuenta correctora de valor de los elementos que componen el patrimonio de la misma. Se incluyen aquí los saldos de las amortizaciones y las provisiones que reflejan realmente la depreciación o pérdida de valor sufrida por los elementos correspondientes. En este caso, los fondos provenientes de este tipo de autofinanciación, salvo excepciones, se podrán utilizar sólo hasta el momento en que sean necesarios para cumplir el fin por el que fueron creados.

Debido a la subjetividad que encierra el cálculo de sus componentes, según las definiciones que acabo de comentar, no siempre resulta sencillo delimitar la frontera existente entre uno y otro tipo de autofinanciación, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de un beneficio “excedido” motivado por unas amortizaciones calculadas por defecto, aplicando una prebenda de tipo fiscal. En cualquier caso, no me interesa tanto establecer la frontera entre una y otra categoría como señalar la importancia que creo que adquiere la autofinanciación, en términos globales, como fuente de fondos para empresas que atraviesan momentos de dificultades financieras, sobre todo en el caso concreto de las reservas que seamos capaces de generar, las cuales podrán ser utilizadas como financiación sin un límite temporal.

 

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