Mario Cantalapiedra – Economista

Los avances tecnológicos han posibilitado la aparición de empresas fintech que ofrecen nuevos servicios financieros o satisfacen las necesidades financieras de sus clientes de forma diferente a las entidades financieras que podríamos denominar “tradicionales”. Desde el seno de estas empresas se suele acusar a los reguladores de no entender su negocio y de no saberlo regular. ¿Pero realmente las fintech son fáciles de regular? Yo creo que no.

Si de intentos internacionales de regulación hablamos, la posición de la Comisión Europea sobre fintech se basa en los principios de neutralidad tecnológica, por el que actividades similares han de estar sujetas a las mismas reglas independientemente de quién sea su proveedor; de proporcionalidad, por el que se han de tener en cuenta modelo de negocio, tamaño, importancia sistémica, complejidad y actividad transfronteriza de las entidades proveedoras, y de integridad del mercado, por el que la aplicación de tecnologías a los servicios financieros debe promover una mayor transparencia del mercado en beneficio de los consumidores  y empresas, sin crear riesgos injustificados (cibernéticos, de abuso de mercado, etc.). Tener en cuenta estos tres principios parece tener sentido si se quiere regular “bien” este fenómeno.

Con respecto al principio de neutralidad, para el regulador financiero no resulta sencillo ni definir el propio ámbito de aplicación de la norma. La innovación financiera ha permitido la aparición de nuevos modelos de negocio que descomponen la cadena de valor bancaria tradicional y se especializan en aquello donde consideran que pueden ser más eficientes (pagos, préstamos, etc.), segmentando la cadena tradicional, pero inclusive está permitiendo la aparición de nuevas cadenas de valor donde los proveedores no solamente prestan servicios financieros. En este contexto, se hace muy difícil definir una norma que cubra todas las posibilidades.

De igual modo, para el regulador no es fácil abordar el principio de proporcionalidad en un entorno en el que gracias a la tecnología se difuminan los ámbitos geográficos en los que las fintech prestan sus servicios.

Por último, los riesgos que pueden traer estos negocios han de ser afrontados desde una perspectiva global y de cooperación entre organismos reguladores a nivel internacional, teniendo en cuenta aspectos tales como la privacidad de la información, la defensa de la competencia o la seguridad frente a las amenazas cibernéticas.

Si la consolidación del modelo de negocio de las fintech pasa en gran parte por el método de prueba y error, parece que el regulador también necesita de entornos de pruebas controlados (sandbox) para conocer mejor el fenómeno antes de regularlo. Eso sí, mientras si se decide o no a lanzar el sandbox, la innovación en un mundo globalizado no espera…

Foto: fancycrave1

Mario Cantalapiedra – Economista

El Consejo de Ministros del pasado viernes 22 de febrero, aprobó el Anteproyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero presentado por el Ministerio de Economía y Empresa, y en el que se incluye la creación del famoso sandbox tan demandado por el sector fintech en España. No obstante, al tratarse de la aprobación de un Anteproyecto de Ley, todavía le queda recorrido hasta que pueda convertirse en una realidad, condicionada esta en cualquier caso por la incertidumbre política que vive nuestro país.

El sandbox se prevé como un entorno controlado en el que puedan probarse innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero (fintech) antes de su comercialización, bajo la vigilancia de los supervisores públicos (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), y con las máximas garantías para los participantes.

Con el sandbox se pretende facilitar el proceso de transformación digital tanto de actores públicos como privados, facilitando el proceso innovador con el fin de lograr un mejor acceso a la financiación de los sectores productivos, unos servicios financieros más eficientes y una mayor captación de talento en un entorno internacional altamente competitivo, donde los mejores profesionales acuden allí donde encuentran mayores posibilidades de desarrollo. Desde el punto de vista de lo público, el sandbox ha de utilizarse especialmente para mejorar la supervisión y acompasar la legislación financiera con la transformación digital. El mundo de la innovación financiera va tan rápido que al legislador le cuesta mucho entenderlo, y si no lo entiende, difícilmente puede regularlo adecuadamente.

Según informa el Ministerio de Economía y Empresa, el acceso al sandbox se realizaría a través de un sistema de ventanilla única para la presentación de proyectos por parte de empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación u otros promotores. Los proyectos deberán encontrarse suficientemente avanzados y demostrar que aportan valor añadido en aspectos tales como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la cliente, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.

El Anteproyecto aprobado incluye otras medidas como la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, para garantizar que los requisitos exigidos son proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando igualdad de trato a todos los promotores.

En cuanto a la duración prevista para el sandbox en principio será de un año, tal como se desprende de las palabras pronunciadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “en este campo de pruebas estaremos un año y a partir de ahí se evaluarán los resultados”.

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