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Facebook y sus socios quieren reinventar el dinero

Mario Cantalapiedra – Economista

Facebook y otras 27 compañías acaban de presentar Libra, la criptomoneda que tienen pensado lanzar al mercado a partir de 2020 y que, en su opinión, permitirá a los usuarios, especialmente a los que no disponen de cuenta bancaria, pero sí de cuenta en Facebook o acceso a WhatsApp, realizar transacciones financieras. Desde un país como España, donde la mayoría de la población adulta tiene cuenta bancaria, nos pueda resultar extraño que a nivel global, y según los datos del Banco Mundial, existan 1.700 millones de adultos sin acceso a servicios bancarios, a pesar de que dos tercios de ellos (alrededor de 1.100 millones) posean teléfono móvil, y casi 500 millones dispongan de acceso a internet. Por lo que parece, Facebook y sus socios han detectado en esta población un importante nicho de mercado al que acceder reinventando el dinero a través de Libra.

Una criptomoneda es un tipo de moneda virtual que, según el Banco Central Europeo (BCE), es una unidad de valor digital que puede ser intercambiada electrónicamente, pero que no tiene existencia física. Como el resto de criptomonedas, Libra está basada en la tecnología blockchain (cadena de bloques), una red descentralizada de equipos informáticos en las que operaciones se validan por el consentimiento de la mayoría. El BCE considera que las criptomonedas en general y el bitcoin en particular (la más famosas de ellas hasta la fecha) son activos especulativos, es decir, apuestas para obtener un beneficio en el que existe el riesgo de perder lo invertido, pero no las considera monedas y para ello utiliza los cuatro argumentos siguientes, a los que deberá hacer frente Libra:

No cuentan con respaldo público

Las criptomonedas no son emitidas por una autoridad pública central. El BCE te garantiza que el billete de cinco euros que llevas en el bolsillo te da derecho a pagar con él en cualquier lugar de la zona euro, pero Libra no tendrá ese respaldo público detrás, y sí en cambio el de compañías privadas con ánimo de lucro. Hoy por hoy, este argumento parece difícil de superar.

No son medios de pago generalmente aceptados

El BCE considera que si las criptomonedas fueran monedas podrían utilizarse en cualquier parte, no solo en internet o en las redes sociales. En cualquier caso, una moneda se basa en la confianza que le otorgan aquellos que la intercambian, ¿y quién dice que no hay gente, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, dispuesta a confíar más en Facebook y su Libra que en las monedas “tradicionales”?

Los usuarios no están protegidos

Si piratas informáticos robaran las Libras que tuvieras en tu ordenador, no existiría una protección legal detrás. Quizás este argumento se pueda vencer con algún tipo de cobertura del riesgo.

Su volatilidad es muy elevada

En principio una moneda, más allá de situaciones puntuales como la del bolívar venezolano, debe ser un depósito de valor fiable que oscile dentro de unos parámetros razonables. Las criptomonedas, por ejemplo el bitcoin, suelen sufrir variaciones hacia arriba o hacia abajo muy importantes en pocos días. En este sentido, y por lo que se sabe hasta ahora, Libra estará respaldada por una reserva de activos financieros de baja volatilidad que incluirá depósitos bancarios y títulos de deuda pública en monedas de bancos centrales estables y de buena reputación. Esto es una diferencia importante con respecto a la mayoría de las criptomonedas, bitcoin incluido, que existen en la actualidad.

Como puedes ves los interrogantes son todavía muchos, pero solamente comprobar las compañías que además de Facebook están en este proyecto (Mastercard, VISA, Paypal, Uber, eBay, Spotify, Vodafone, etcétera), confirma que algo importante se está moviendo en el mundo financiero con Libra y que deberemos estar muy atentos.

¿Son fáciles de regular los modelos de negocio “fintech”?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los avances tecnológicos han posibilitado la aparición de empresas fintech que ofrecen nuevos servicios financieros o satisfacen las necesidades financieras de sus clientes de forma diferente a las entidades financieras que podríamos denominar “tradicionales”. Desde el seno de estas empresas se suele acusar a los reguladores de no entender su negocio y de no saberlo regular. ¿Pero realmente las fintech son fáciles de regular? Yo creo que no.

Si de intentos internacionales de regulación hablamos, la posición de la Comisión Europea sobre fintech se basa en los principios de neutralidad tecnológica, por el que actividades similares han de estar sujetas a las mismas reglas independientemente de quién sea su proveedor; de proporcionalidad, por el que se han de tener en cuenta modelo de negocio, tamaño, importancia sistémica, complejidad y actividad transfronteriza de las entidades proveedoras, y de integridad del mercado, por el que la aplicación de tecnologías a los servicios financieros debe promover una mayor transparencia del mercado en beneficio de los consumidores  y empresas, sin crear riesgos injustificados (cibernéticos, de abuso de mercado, etc.). Tener en cuenta estos tres principios parece tener sentido si se quiere regular “bien” este fenómeno.

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Con respecto al principio de neutralidad, para el regulador financiero no resulta sencillo ni definir el propio ámbito de aplicación de la norma. La innovación financiera ha permitido la aparición de nuevos modelos de negocio que descomponen la cadena de valor bancaria tradicional y se especializan en aquello donde consideran que pueden ser más eficientes (pagos, préstamos, etc.), segmentando la cadena tradicional, pero inclusive está permitiendo la aparición de nuevas cadenas de valor donde los proveedores no solamente prestan servicios financieros. En este contexto, se hace muy difícil definir una norma que cubra todas las posibilidades.

De igual modo, para el regulador no es fácil abordar el principio de proporcionalidad en un entorno en el que gracias a la tecnología se difuminan los ámbitos geográficos en los que las fintech prestan sus servicios.

Por último, los riesgos que pueden traer estos negocios han de ser afrontados desde una perspectiva global y de cooperación entre organismos reguladores a nivel internacional, teniendo en cuenta aspectos tales como la privacidad de la información, la defensa de la competencia o la seguridad frente a las amenazas cibernéticas.

Si la consolidación del modelo de negocio de las fintech pasa en gran parte por el método de prueba y error, parece que el regulador también necesita de entornos de pruebas controlados (sandbox) para conocer mejor el fenómeno antes de regularlo. Eso sí, mientras si se decide o no a lanzar el sandbox, la innovación en un mundo globalizado no espera

Foto: fancycrave1

 

 

27 plataformas de financiación participativa autorizadas por la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

El registro oficial de plataformas de financiación participativa (PFP) de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) cuenta actualmente con 27 plataformas autorizadas para operar en España, las cuales tienen por objeto poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de inversores (personas físicas o jurídicas) que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas (promotores) que solicitan financiación en nombre propio. Es lo que en inglés se conoce como “crowdfunding”, y que en España el legislador ha decidido denominar “financiación participativa”. A través de este registro oficial, las partes intervinientes en este mecanismo de financiación innovador (inversores, promotores, y las propias PFP) disfrutan de una mayor seguridad jurídica.

En el registro de la CNMV puedes encontrar los siguientes tipos de plataformas en función de cuáles sean los instrumentos utilizados en los proyectos que promueven:

  • De valores (obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos del capital de las empresas).
  • De participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (SRL).
  • De préstamos.

En el cuadro adjunto puedes ver la relación actualizada de las PFP con las modalidades en las que están autorizadas en cada caso, que pueden ser más de una.

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

Nuevos servicios de pago asociados al fenómeno “open banking”

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, ha regulado por primera vez en España dos nuevos servicios de pago (de iniciación de pagos y de información sobre cuentas), que se vienen a unir a los ya conocidos de adeudos domiciliados, tarjetas, transferencias, etcétera. Con esta regulación se transpone de forma parcial al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior, comúnmente conocida como PSD2. Esta Directiva obliga a las entidades financieras a poner los datos de las cuentas de sus clientes a disposición de terceros mediante programas informáticos que actúan de conectores entre bancos y dichos terceros. Es el fenómeno que se conoce como “open banking” o banca abierta.

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El desarrollo tecnológico está permitiendo la proliferación de nuevas iniciativas que tratan de facilitar la vida a los usuarios de servicios financieros, basadas en gran medida en la utilización de sus datos, y que los poderes públicos tratan de entender y regular. En este sentido, si los datos de los clientes bancarios se pueden poner a disposición de terceros, dejan de pertenecer al banco para ser propiedad de los propios clientes, los cuales libremente deciden si permiten o no que terceras empresas accedan a ellos.

En concreto los dos nuevos servicios de pago regulador por el RDL 19/2018 son los siguientes:

En primer lugar, el servicio de iniciación de pagos, el cual permite a la persona que adquiere bienes o servicios a través de internet pagarlos sin tener que utilizar una tarjeta de crédito o de débito. El pago se realiza a través de un tercero (proveedor de servicios de iniciación de pago) que accede a la cuenta de pago del comprador, previa autorización de este, e inicia la transferencia instantánea del dinero en su nombre.

En segundo lugar, el servicio de información sobre cuentas permite que los clientes de las entidades financieras consulten en línea la información que tienen a su nombre en una o más entidades de forma agregada, sin tener que acceder a cada una de ellas, con lo que se facilita el control global de sus finanzas.

Es importante señalar que la prestación de los dos servicios anteriores no está supeditada a que exista una relación contractual entre banco y tercero prestador del servicio. Es, por tanto, un derecho que el legislador reconoce al usuario.

El “sandbox”, más cerca de ser una realidad en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Consejo de Ministros del pasado viernes 22 de febrero, aprobó el Anteproyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero presentado por el Ministerio de Economía y Empresa, y en el que se incluye la creación del famoso sandbox tan demandado por el sector fintech en España. No obstante, al tratarse de la aprobación de un Anteproyecto de Ley, todavía le queda recorrido hasta que pueda convertirse en una realidad, condicionada esta en cualquier caso por la incertidumbre política que vive nuestro país.

El sandbox se prevé como un entorno controlado en el que puedan probarse innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero (fintech) antes de su comercialización, bajo la vigilancia de los supervisores públicos (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), y con las máximas garantías para los participantes.

Con el sandbox se pretende facilitar el proceso de transformación digital tanto de actores públicos como privados, facilitando el proceso innovador con el fin de lograr un mejor acceso a la financiación de los sectores productivos, unos servicios financieros más eficientes y una mayor captación de talento en un entorno internacional altamente competitivo, donde los mejores profesionales acuden allí donde encuentran mayores posibilidades de desarrollo. Desde el punto de vista de lo público, el sandbox ha de utilizarse especialmente para mejorar la supervisión y acompasar la legislación financiera con la transformación digital. El mundo de la innovación financiera va tan rápido que al legislador le cuesta mucho entenderlo, y si no lo entiende, difícilmente puede regularlo adecuadamente.

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Según informa el Ministerio de Economía y Empresa, el acceso al sandbox se realizaría a través de un sistema de ventanilla única para la presentación de proyectos por parte de empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación u otros promotores. Los proyectos deberán encontrarse suficientemente avanzados y demostrar que aportan valor añadido en aspectos tales como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la cliente, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.

El Anteproyecto aprobado incluye otras medidas como la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, para garantizar que los requisitos exigidos son proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando igualdad de trato a todos los promotores.

En cuanto a la duración prevista para el sandbox en principio será de un año, tal como se desprende de las palabras pronunciadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “en este campo de pruebas estaremos un año y a partir de ahí se evaluarán los resultados”.

Foto: palichka

La “coopetición” entre “fintech” y banca en el nuevo ecosistema financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

El término “coopetición”, acuñado por los autores Adam Brandenburger y Barry Nalebuff en 1996, se utiliza para designar la combinación de las ventajas de la competencia y de la cooperación en una nueva dinámica de gestión empresarial, la cual puede utilizarse tanto para generar más beneficios como para cambiar la naturaleza del entorno empresarial a favor de los que la practican.

Coopetición es un término que se está utilizando mucho para describir el nuevo ecosistema financiero que está surgiendo con la entrada en el mercado de las fintech, empresas de nueva creación con fuerte base tecnológica que, en principio, vienen a disputar el mercado a las entidades financieras tradicionales. Lo que ocurre es que a estas startups que en su ADN llevan implantada la orientación al cliente, les faltan precisamente los clientes que atesoran las entidades tradicionales desde hace años. Igualmente, estos emprendedores que se caracterizan por la sencillez y transparencia en sus operaciones todavía son poco conocidos por la gran masa, y no han tenido tiempo de generar la confianza que muchos depositan en la banca tradicional, establecida en base a una relación prolongada en el tiempo. Por otro lado, a la banca le puede venir muy bien el conocimiento tecnológico y la cultura del cambio que aportan las fintech, por lo que la complementariedad parece posible. Inclusive aparece un tercer actor, como es el regulador, que alcanza claramente a la banca pero al que le cuesta entender a las fintech. Luego dentro de este ecosistema financiero en plena transformación, parece que cobra sentido la coopetición entre banca, fintech, e inclusive regulador, con el fin de establecer las nuevas reglas del juego financiero. Banca y fintech tienen seguramente más por construir y compartir que por enfrentarse en la captación de clientes.

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Esta idea general de colaboración cuenta ya con ejemplos concretos en el mercado. Recientemente una de las principales plataformas de crowdlending (financiación participativa a través de préstamos) registrada en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), ha llegado a un acuerdo con un banco español mediante el cual este le deriva clientes bajo determinadas circunstancias. Por política interna, la entidad de crédito no puede acumular riesgos (créditos, préstamos, etcétera) con un cliente por encima del 25 por ciento de su CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España, en la que se registran los riesgos que las entidades financieras acumulan con sus clientes), es decir, aunque el cliente muestre capacidad de devolución de los fondos prestados, el límite no se supera. En este caso, la entidad financiera deriva el cliente que le solicita más financiación a la plataforma fintech colaboradora, con lo cual se le da una solución.

Foto: Tumisu

 

Las 50 empresas “fintech” más importantes del mundo

Mario Cantalapiedra – Economista

El informe “2018: FINTECH100. Leading Global Fintech Innovators” elaborado por las compañías H2 Ventures y KPMG, ofrece el ranking de las 50 empresas fintech más importantes del mundo, en el cual predominan las empresas estadounidenses con 13 representantes, aunque tres de las cinco primeras posiciones corresponden a compañías chinas, entre ellas, Ant Financial, dueña de la plataforma de pagos Alipay, que lidera la clasificación. En el ranking aparecen varias empresas europeas, mayoritariamente del Reino Unido, sin que entre ellas figure ninguna española.

En cuanto a las categorías fintech (líneas de negocio) en las que compiten estas empresas pueden distinguirse las siguientes:

  • Pagos y transacciones, que agrupa al mayor número de empresas (14).
  • Préstamos (13).
  • Gestión patrimonial (7).
  • Seguros (7).
  • Neobancos (que ofrecen servicios bancarios a través de aplicaciones móviles, para lo cual se asocian con bancos tradicionales) (6).
  • Múltiple (en la que se incluyen empresas que compiten en varias categorías) (2).
  • Otras (las cuales no encajan en las categorías tradicionales, entre las que por ejemplo se encuentran las soluciones tecnológicas que facilitan el cumplimiento normativo en el sector financiero, lo que se conoce como regtech) (1).

Ranking de las 50 empresas fintech más importantestablaFuente: 2018 FINTECH100. Leading Global Fintech Innovators. H2 Ventures-KPMG.

“Blockchain”, una tecnología que se irá implantando progresivamente

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 20 de septiembre tuve la oportunidad de asistir a la Jornada “Blockchain, economistas y abogados, un apasionante mundo por descubrir” que se celebró en la sede del Colegio de Economistas de Madrid y en la que intervinieron Antonio Serrano, Mariano Torrecilla, Víctor García y Santiago Navarro, todos ellos profesionales relacionados con el mundo blockchain, quienes fueron moderados por Pedro Cortiñas.

En la Jornada se debatieron distintas cuestiones muy interesantes para aquellos que, como es mi caso, estamos tratando de comprender lo que subyace tras esta esta nueva tecnología. De lo que allí se expuso me gustaría destacar lo siguiente:

Concepto

Blockchain (cadena de bloques) se podría definir como una red de equipos informáticos que actúa como un libro mayor contable de acontecimientos digitales distribuido (compartido) entre muchas partes. Dentro de blockchain las operaciones se validan por el consentimiento de la mayoría, y una vez validadas son agrupadas con otras en bloques. Este mecanismo de funcionamiento permite tener operaciones por consenso, perfectamente trazables y difícilmente manipulables.

Función de los mineros

Son aquellos nodos (equipos informáticos) dentro de la red distribuida que verifican que una transacción es válida. Una blockchain se basa en la descentralización, no existen servidores centrales y cualquier equipo informático que se conecte a ella puede verificar y procesar una transacción. Como incentivo el minero que descifra la operación y la inserta en el bloque es retribuido con criptomonedas (monedas digitales). Su importancia depende del protocolo de cada red blockchain.

Internet del valor

Cuando mandas un email o compartes un archivo a través de una red social lo envías duplicado, una copia del archivo queda en tu ordenador y otra se transfiere a la persona que hayas elegido, sin embargo, con blockchain puedes transferir algo que es único, como por ejemplo el valor de una criptomoneda, de ahí que al nuevo internet que permite esta tecnología se le llame internet del valor.

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Smart contracts

La tecnología blockchain posibilita los denominados “contratos inteligentes” que tienen la capacidad de poder ejecutarse automáticamente y que están escritos en lenguaje informático aunque sobre bases de programación similares a las que tiene un contrato normal (condiciones del tipo “si pasa esto, se hace esto otro”). Estos contratos pueden tener utilidad en muchos ámbitos como el de la gestión del riesgo de crédito y la morosidad. Imagina una empresa que compra una máquina fotocopiadora a plazos que está conectada a través del internet de las cosas y deja de pagar una cuota al fabricante. En esta situación, puede ejecutarse automáticamente una cláusula del smart contract firmado entre las partes que haga que la máquina se pare y deje de funcionar.

Implantación progresiva

Cuando nació blockchain, allá por 2009, y durante varios años solo se valoraba su aplicación como base para el intercambio de criptomonedas (bitcóin), sin embargo, ahora se le están viendo nuevas funcionalidades, siendo un campo abonado para la innovación constante y donde queda mucho por descubrir. Inclusive se están probando nuevos modelos de blockchain que permiten una preselección de los mineros (de calidad), con lo cual se establece cierto control y centralización, cuestionando el espíritu inicial con el que nació la red distribuida. En opinión de los expertos que participaron en la Jornada del Colegio de Economistas de Madrid es una tecnología que se irá implantando progresivamente y que no servirá para todo. Nos toca estar atentos a esta evolución.

Foto: Maiconfz

 

 

Cuatro riesgos de la banca en la sombra en Europa

Mario Cantalapiedra – Economista

La banca en la sombra, es decir, la intermediación de crédito realizada por entidades y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional, representa cerca del 40 por ciento del sistema financiero de la UE según los datos de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB por sus siglas en inglés). Este organismo supervisor, creado en 2010, es competente para prevenir, detectar y mitigar los riesgos que se puedan producir a nivel del conjunto del sistema financiero en la UE (riesgo sistémico), y tiene un ámbito de competencias amplio en el que se incluye, además de a las entidades de crédito tradicionales, a las empresas de seguros, a infraestructuras del mercado financiero y otras instituciones financieras y mercados, a la banca en la sombra. El riesgo sistémico es el que llevaría al colapso del sistema financiero a partir del incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad que se contagiara a otras hasta afectar a todo el conjunto. En este sentido, la ESRB emite recomendaciones y advertencias si detecta riesgos.

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Dentro del concepto de banca en la sombra se incluyen los fondos de inversión, que según la ESRB representan alrededor de un tercio del total del este sistema en la UE, las entidades dedicadas a operaciones de titulización de activos y otras instituciones financieras, entre las que encontraríamos a las plataformas de crowdfunding.

En su último informe “EU Shadow Banking Monitor”, que abarca datos hasta el cierre de 2017, la ESBR presenta una visión general de la evolución del sistema bancario en la sombra en la UE, identificando los riesgos siguientes para la estabilidad financiera:

  1. Riesgos de liquidez (dificultad para convertir los activos en los que invierten en efectivo) y de excesivo endeudamiento en algunos tipos de fondos de inversión.
  2. Riesgo de contagio entre sistemas bancario tradicional y en la sombra por su nivel de interconexión. En este sentido, la ESRB considera que es importante comprender mejor y controlar las interconexiones entre bancos tradicionales y bancos en la sombra, así como los enlaces transfronterizos entre entidades.
  3. Riesgos de liquidez y endeudamiento por el uso de derivados y transacciones de financiación de valores.
  4. Vulnerabilidades en el sector de otras instituciones financieras debido a que la falta de algunos datos importantes impide realizar una evaluación completa de su riesgo.

Parece lógico que en el proceso a través del cual gran parte de la intermediación financiera se está desplazando desde el circuito bancario tradicional hacia otras entidades, el supervisor público busque adaptar su política al nuevo marco, tratando de identificar los riesgos y de desarrollar herramientas que los atenúen. Ante la rapidez de los cambios que la tecnología está impulsando en el mundo financiero, el reto es no llegar demasiado tarde.

Modalidades de “crowdfunding” reguladas y no reguladas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, en su título V, regula en España una serie de modalidades de crowdfunding (financiación participativa) en las que múltiples inversores ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, pero, como explicaré a continuación, este paraguas legal no alcanza a todas las opciones de financiación participativa que operan en el mercado.

En concreto, la Ley 5/2015 regula la actividad de las denominadas plataformas de financiación participativa (PFP), que ponen en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos mediante la emisión de valores (obligaciones o acciones) y participaciones sociales o mediante la solicitud de préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento. Luego se regulan los proyectos que estén instrumentados a través de los siguientes mecanismos:

  • Emisión o suscripción de títulos valores de renta fija (obligaciones). En este caso, los inversores participan en un empréstito emitido por una empresa, a través de una PFP, a cambio de un tipo de interés.
  • Emisión o suscripción de acciones (sociedades anónimas) y de participaciones sociales (sociedades de responsabilidad limitada). Es la modalidad que se conoce como crowdinvesting o equity-based crowdfunding, donde los inversores participan en el capital de una sociedad (se convierten en sus socios), a través de una PFP, con el objetivo de conseguir rentabilidad vía dividendos o aumento del valor futuro de las acciones o participaciones.
  • Solicitud de préstamos. Modalidad que se denomina crowdlending o loan-based crowdfunding, donde los inversores conceden un préstamo a una empresa o a un particular, a través de una PFP, a cambio de un tipo de interés.

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En este sentido, la Ley 5/2015 no regula otras modalidades de crowdfunding que operan en el mercado y en las que existe un rendimiento dinerario como, por ejemplo, aquellas donde las empresas que buscan financiación utilizan plataformas de internet para subastar facturas o pagarés de clientes entre múltiples inversores.

Tampoco están reguladas por esta Ley, las modalidades de crowdfunding donde no existe un rendimiento dinerario, como el crowdfunding de recompensa, donde los aportantes entregan su dinero a cambio de un bien o servicio determinado (por ejemplo, un libro o figurar en los créditos de una película), o el de donación, donde los fondos se entregan de forma altruista sin esperar nada a cambio.

Foto: Tumisu

 

 

 

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