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“Blockchain”, una tecnología que se irá implantando progresivamente

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 20 de septiembre tuve la oportunidad de asistir a la Jornada “Blockchain, economistas y abogados, un apasionante mundo por descubrir” que se celebró en la sede del Colegio de Economistas de Madrid y en la que intervinieron Antonio Serrano, Mariano Torrecilla, Víctor García y Santiago Navarro, todos ellos profesionales relacionados con el mundo blockchain, quienes fueron moderados por Pedro Cortiñas.

En la Jornada se debatieron distintas cuestiones muy interesantes para aquellos que, como es mi caso, estamos tratando de comprender lo que subyace tras esta esta nueva tecnología. De lo que allí se expuso me gustaría destacar lo siguiente:

Concepto

Blockchain (cadena de bloques) se podría definir como una red de equipos informáticos que actúa como un libro mayor contable de acontecimientos digitales distribuido (compartido) entre muchas partes. Dentro de blockchain las operaciones se validan por el consentimiento de la mayoría, y una vez validadas son agrupadas con otras en bloques. Este mecanismo de funcionamiento permite tener operaciones por consenso, perfectamente trazables y difícilmente manipulables.

Función de los mineros

Son aquellos nodos (equipos informáticos) dentro de la red distribuida que verifican que una transacción es válida. Una blockchain se basa en la descentralización, no existen servidores centrales y cualquier equipo informático que se conecte a ella puede verificar y procesar una transacción. Como incentivo el minero que descifra la operación y la inserta en el bloque es retribuido con criptomonedas (monedas digitales). Su importancia depende del protocolo de cada red blockchain.

Internet del valor

Cuando mandas un email o compartes un archivo a través de una red social lo envías duplicado, una copia del archivo queda en tu ordenador y otra se transfiere a la persona que hayas elegido, sin embargo, con blockchain puedes transferir algo que es único, como por ejemplo el valor de una criptomoneda, de ahí que al nuevo internet que permite esta tecnología se le llame internet del valor.

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Smart contracts

La tecnología blockchain posibilita los denominados “contratos inteligentes” que tienen la capacidad de poder ejecutarse automáticamente y que están escritos en lenguaje informático aunque sobre bases de programación similares a las que tiene un contrato normal (condiciones del tipo “si pasa esto, se hace esto otro”). Estos contratos pueden tener utilidad en muchos ámbitos como el de la gestión del riesgo de crédito y la morosidad. Imagina una empresa que compra una máquina fotocopiadora a plazos que está conectada a través del internet de las cosas y deja de pagar una cuota al fabricante. En esta situación, puede ejecutarse automáticamente una cláusula del smart contract firmado entre las partes que haga que la máquina se pare y deje de funcionar.

Implantación progresiva

Cuando nació blockchain, allá por 2009, y durante varios años solo se valoraba su aplicación como base para el intercambio de criptomonedas (bitcóin), sin embargo, ahora se le están viendo nuevas funcionalidades, siendo un campo abonado para la innovación constante y donde queda mucho por descubrir. Inclusive se están probando nuevos modelos de blockchain que permiten una preselección de los mineros (de calidad), con lo cual se establece cierto control y centralización, cuestionando el espíritu inicial con el que nació la red distribuida. En opinión de los expertos que participaron en la Jornada del Colegio de Economistas de Madrid es una tecnología que se irá implantando progresivamente y que no servirá para todo. Nos toca estar atentos a esta evolución.

Foto: Maiconfz

 

 

Cuatro riesgos de la banca en la sombra en Europa

Mario Cantalapiedra – Economista

La banca en la sombra, es decir, la intermediación de crédito realizada por entidades y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional, representa cerca del 40 por ciento del sistema financiero de la UE según los datos de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB por sus siglas en inglés). Este organismo supervisor, creado en 2010, es competente para prevenir, detectar y mitigar los riesgos que se puedan producir a nivel del conjunto del sistema financiero en la UE (riesgo sistémico), y tiene un ámbito de competencias amplio en el que se incluye, además de a las entidades de crédito tradicionales, a las empresas de seguros, a infraestructuras del mercado financiero y otras instituciones financieras y mercados, a la banca en la sombra. El riesgo sistémico es el que llevaría al colapso del sistema financiero a partir del incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad que se contagiara a otras hasta afectar a todo el conjunto. En este sentido, la ESRB emite recomendaciones y advertencias si detecta riesgos.

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Dentro del concepto de banca en la sombra se incluyen los fondos de inversión, que según la ESRB representan alrededor de un tercio del total del este sistema en la UE, las entidades dedicadas a operaciones de titulización de activos y otras instituciones financieras, entre las que encontraríamos a las plataformas de crowdfunding.

En su último informe “EU Shadow Banking Monitor”, que abarca datos hasta el cierre de 2017, la ESBR presenta una visión general de la evolución del sistema bancario en la sombra en la UE, identificando los riesgos siguientes para la estabilidad financiera:

  1. Riesgos de liquidez (dificultad para convertir los activos en los que invierten en efectivo) y de excesivo endeudamiento en algunos tipos de fondos de inversión.
  2. Riesgo de contagio entre sistemas bancario tradicional y en la sombra por su nivel de interconexión. En este sentido, la ESRB considera que es importante comprender mejor y controlar las interconexiones entre bancos tradicionales y bancos en la sombra, así como los enlaces transfronterizos entre entidades.
  3. Riesgos de liquidez y endeudamiento por el uso de derivados y transacciones de financiación de valores.
  4. Vulnerabilidades en el sector de otras instituciones financieras debido a que la falta de algunos datos importantes impide realizar una evaluación completa de su riesgo.

Parece lógico que en el proceso a través del cual gran parte de la intermediación financiera se está desplazando desde el circuito bancario tradicional hacia otras entidades, el supervisor público busque adaptar su política al nuevo marco, tratando de identificar los riesgos y de desarrollar herramientas que los atenúen. Ante la rapidez de los cambios que la tecnología está impulsando en el mundo financiero, el reto es no llegar demasiado tarde.

Modalidades de “crowdfunding” reguladas y no reguladas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, en su título V, regula en España una serie de modalidades de crowdfunding (financiación participativa) en las que múltiples inversores ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, pero, como explicaré a continuación, este paraguas legal no alcanza a todas las opciones de financiación participativa que operan en el mercado.

En concreto, la Ley 5/2015 regula la actividad de las denominadas plataformas de financiación participativa (PFP), que ponen en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos mediante la emisión de valores (obligaciones o acciones) y participaciones sociales o mediante la solicitud de préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento. Luego se regulan los proyectos que estén instrumentados a través de los siguientes mecanismos:

  • Emisión o suscripción de títulos valores de renta fija (obligaciones). En este caso, los inversores participan en un empréstito emitido por una empresa, a través de una PFP, a cambio de un tipo de interés.
  • Emisión o suscripción de acciones (sociedades anónimas) y de participaciones sociales (sociedades de responsabilidad limitada). Es la modalidad que se conoce como crowdinvesting o equity-based crowdfunding, donde los inversores participan en el capital de una sociedad (se convierten en sus socios), a través de una PFP, con el objetivo de conseguir rentabilidad vía dividendos o aumento del valor futuro de las acciones o participaciones.
  • Solicitud de préstamos. Modalidad que se denomina crowdlending o loan-based crowdfunding, donde los inversores conceden un préstamo a una empresa o a un particular, a través de una PFP, a cambio de un tipo de interés.

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En este sentido, la Ley 5/2015 no regula otras modalidades de crowdfunding que operan en el mercado y en las que existe un rendimiento dinerario como, por ejemplo, aquellas donde las empresas que buscan financiación utilizan plataformas de internet para subastar facturas o pagarés de clientes entre múltiples inversores.

Tampoco están reguladas por esta Ley, las modalidades de crowdfunding donde no existe un rendimiento dinerario, como el crowdfunding de recompensa, donde los aportantes entregan su dinero a cambio de un bien o servicio determinado (por ejemplo, un libro o figurar en los créditos de una película), o el de donación, donde los fondos se entregan de forma altruista sin esperar nada a cambio.

Foto: Tumisu

 

 

 

Abierto el trámite de audiencia del Anteproyecto de Ley que regulará el “sandbox” para las “fintech”

Mario Cantalapiedra – Economista

El Ministerio de Economía y Empresa ha publicado el “Anteproyecto de Ley de transformación digital del sistema financiero” que incluye la regulación del deseado por muchos sandbox o banco de pruebas dirigido a innovaciones financieras de base tecnológica (fintech). Este Anteproyecto estará sometido al trámite de audiencia pública hasta el próximo 7 de septiembre para recabar la opinión de los interesados (organizaciones, asociaciones, autoridades, ciudadanos en general).

Según se comenta en la web del Ministerio, “la nueva regulación pretende favorecer el proceso innovador eliminando obstáculos y articulando cauces ágiles y transparentes de colaboración entre las autoridades públicas y la iniciativa privada como motor principal de la innovación. Al mismo tiempo, se preservan los principios configuradores de la política financiera, asegurando que la transformación digital no afecta al nivel de protección a la clientela de servicios financieros, a la estabilidad financiera y a la integridad en los mercados, ni facilita de ningún modo la utilización del sistema financiero para fines ilícitos”.

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Un sandbox, según la definición de la británica Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority – FCA), es “un espacio seguro en el que las empresas pueden probar productos, servicios, modelos de negocio y mecanismos de entrega innovadores sin tener que hacer frente desde el principio a todas las consecuencias regulatorias normales que recaen sobre la actividad en cuestión”. El objetivo del mismo es que las fintech, cuya velocidad de desarrollo y grado de novedad son tan elevados que es difícil seguirles la pista, puedan probar sus negocios innovadores mientras el regulador los entiende y aprende la mejor forma de regularlos (es difícil regular zapatos si no has visto nunca un zapato).

Con respecto al funcionamiento del sandbox, el Anteproyecto de Ley de transformación digital del sistema financiero prevé que las pruebas se realicen bajo las tres condiciones siguientes:

  • Vigilancia de las autoridades competentes, en particular los supervisores financieros (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones).
  • Delimitación previa del alcance, duración y características de las pruebas.
  • Máxima garantía para los participantes cuando la realización de las pruebas requiera de la participación de clientes reales.

Con carácter general, las contribuciones al Anteproyecto que hagan los interesados hasta el próximo 7 de septiembre (las cuales deberán enviarse por correo electrónico a la dirección habilitada por el Ministerio: audiencia@tesoro.mineco.es), serán susceptibles de difusión pública, de tal modo que los interesados deberán especificar si alguna parte de la información que remitan ha de ser tratada confidencialmente y no proceda su libre difusión.

 

Cada día una oficina bancaria menos que el día anterior

Mario Cantalapiedra – Economista

El canal de venta tradicional de los productos financieros, la oficina bancaria, está en crisis, así lo demuestra la evolución negativa del número de oficinas bancarias en España en los últimos años. Como escuché recientemente en una jornada que reunió a varias empresas fintech, “no va a haber ningún día una oficina bancaria más que el día anterior, igual que no se va a vender ningún día un periódico más que el día anterior”. El mundo está cambiando y lo físico está perdiendo peso frente a lo digital, también en lo que a la distribución de los productos financieros se refiere. Ante la aparición de los nuevos competidores que utilizan internet para llegar a los clientes, la banca tiene que avanzar en su transformación digital y en esta ecuación la oficina física va perdiendo peso progresivamente, ayudada también por la obsesión bancaria de reducir costes. De las 45.500 oficinas que existían en 2007 en España, apenas abrían sus puertas un 60 por ciento a finales del año pasado, y efectivamente desde 2009 se puede comprobar como cada año hay menos oficinas bancarias que el año anterior.

En las tablas adjuntas puedes observar la evolución experimentada por el número de oficinas bancarias entre 2007 y 2017, las cuales corresponden tanto a entidades de crédito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) como a establecimientos financieros de crédito residentes. Asimismo puedes ver las 10 comunidades autónomas y las 10 provincias que cuentan con mayor número de oficinas bancarias.

Evolución del número de oficinas bancarias en España (2007-2017)vFuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Comunidades autónomas españolas con más oficinas bancarias (31/12/2017)sFuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Provincias españolas con más oficinas bancarias (31/12/2017)tFuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Las “fintech” son el mayor reto al que se enfrenta el sistema bancario a medio plazo

Mario Cantalapiedra – Economista

El último Informe Anual del Banco de España (BdE) correspondiente a 2017, considera que el nuevo marco competitivo derivado de las nuevas tecnologías y del avance de la desintermediación financiera es el mayor reto al que se enfrenta el sistema bancario español a medio plazo. En su opinión esta innovación financiera (fintech) supone un reto y también una oportunidad para los bancos. El BdE pronostica un aumento de la competencia en determinados segmentos y ciertos cambios en la demanda y en la forma de proveer los servicios bancarios, lo que obligará a las entidades a un proceso de anticipación y adaptación. La entidad supervisora señala que los efectos potenciales de estas nuevas tecnologías pueden ser muy importantes, a pesar de que actualmente su penetración en España sea limitada y exista incertidumbre sobre su futuro.

En cuanto a datos sobre el sector fintech en España, el BdE recoge la estadística publicada por la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), por la que a finales de 2017 trabajaban en este sector más de 5.000 personas en más de 300 compañías (238 fintech y 63 insurtech -rama de las fintech que se dedican al mundo del seguro-).

En el caso de las plataformas de financiación alternativa, el Informe Anual basándose en encuestas de consultores privados, señala como el mayor volumen de fondos se canaliza a través de préstamos entre particulares para proyectos empresariales con 44,5 millones de euros en 2016. Efectivamente los datos en términos absolutos todavía son modestos, pero el ritmo de crecimiento de algunas de estas fórmulas de financiación es bastante elevado, como puedes ver en la tabla adjunta la cual refleja la evolución de los siguientes modelos de financiación alternativa:

  • Préstamos entre particulares para proyectos empresariales (P2P business lending).
  • Financiación participativa de proyectos inmobiliarios (real estate crowdfunding).
  • Financiación de facturas o pagarés (invoice trading).
  • Financiación participativa basada en regalos (reward-based crowdfunding).
  • Financiación participativa instrumentada en acciones (equity-based crowdfunding).
  • Financiación participativa basada en donaciones (donation-based crowdfunding).
  • Préstamos entre particulares para financiación de consumo (P2P consumer lending).

He añadido una columna a la tabla en la que reflejo si la modalidad de financiación está o no regulada por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, la cual recuerdo que regula la actividad de las plataformas de financiación participativa en España.

Financiación alternativa por modelo en España 2013-2016 (millones de euros)12Fuente: Elaboración propia a partir de BdE, Cambridge Centre for Alternative Finance (2018) y CNMV.

Un “marketplace” para que inversores en “crowdfunding” puedan acudir en busca de liquidez

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las mayores preocupaciones que tienen los inversores que acuden a financiar proyectos empresariales a través de plataformas de crowdfunding (crowdinvesting o crowdlending), es la de poder vender su inversión, en un momento dado, y lograr liquidez. Algo que preocupa especialmente a los que invierten en acciones o participaciones de empresas a través del crowdinvesting.

A este respecto, conviene repasar el documento sobre preguntas y respuestas dirigidas a empresas fintech publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el cual se recuerda que la Ley 5/2015 no contempla la posibilidad de que las plataformas de financiación participativa (PFP) puedan establecer sitios virtuales (marketplaces) a modo de mercado secundario, donde inversores puedan comprar y vender obligaciones, acciones, participaciones o préstamos adquiridos previamente a través de ellas. No obstante, lo que sí contempla esta Ley en su artículo 52.1 es la posibilidad de que las plataformas habiliten canales de comunicación a distancia para que usuarios, inversores y promotores puedan ponerse en contacto entre sí antes, durante o después de que se haya financiado un proyecto. En base a lo anterior y con el fin de favorecer la liquidez de la inversión, la CNMV considera que en las webs de las PFP podrán existir marketplaces, a los que los inversores acudan en búsqueda de dicha liquidez, siempre que se respeten las siguientes particularidades:

  • No reúnan las características de un mercado secundario.
  • Consistan únicamente en la publicación de anuncios de inversores que deseen expresar su intención de vender la inversión que realizaron en algún proyecto publicado en la plataforma.
  • En los anuncios no aparezca el precio de la oferta.
  • Se advierta expresamente que el papel de la PFP únicamente es el de facilitar la comunicación entre inversores (potenciales vendedores) y usuarios (potenciales compradores).
  • La PFP anuncie de forma destacada que el contacto entre inversores y la posible formalización de la compraventa se realizará al margen de ella y sin su intervención, y con arreglo a la normativa general que afecte a la transmisibilidad del instrumento que haya sido utilizado para la financiación (acciones, préstamos, etcétera).
  • Los posibles interesados entren en contacto directo con el oferente y lleguen a un acuerdo de forma bilateral.
  • El oferente ponga a disposición del posible comprador la información disponible del promotor o, al menos, le facilite su búsqueda.

Preguntas y respuestas dirigidas a las “fintech”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado un documento en el que, bajo un formato de preguntas y respuestas, transmite al público en general y más concretamente a las entidades que quieren realizar actividades en el ámbito fintech, unos criterios de interpretación para la adecuada aplicación de la normativa del mercado de valores que les puede afectar.

Este documento es interesante ya que, a pesar de no tener carácter normativo, permite clarificar algunas de las dudas “legales” que se relacionan con el mundo fintech, cuya evolución es tan rápida y dispar que dificulta mucho poder seguir su rastro. En concreto, la CNMV presenta veinticuatro cuestiones encuadradas en los cinco epígrafes siguientes: preguntas generales, plataformas de financiación participativa (PFP), robo-advise, neo bancos y criptomonedas y ofertas iniciales de criptomonedas (ICO). El organismo supervisor advierte que los criterios expuestos pueden ser objeto de revisión, y en la medida que se planteen otras cuestiones que considere necesario aclarar, se irán añadiendo al documento, identificando en cada caso la fecha de actualización.

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Entre las cuestiones planteadas me gustaría destacar un par de ellas referidas a la PFP, a las que como quizás conozcas vengo dedicando una especial atención:

En primer lugar, destaca la imposibilidad de que estas plataformas designen a personas físicas o jurídicas para que actúen como agentes suyos. La CNMV interpreta que como la Ley 5/2015, que las regula, no ha previsto de forma expresa que puedan designarlos esto implica, tratándose de una actividad y un sector altamente regulado, que no pueden hacerlo.

En segundo lugar, un tema muy interesante es el de las fórmulas de financiación que pueden y no utilizar las PFP. De este modo, se recuerda que los proyectos que publiquen en sus webs, según lo regulado por la Ley 5/2015, solamente podrán instrumentarse a través de la emisión o suscripción de obligaciones, acciones, participaciones sociales u otros valores representativos de capital (crowdinvesting), o a través de préstamos (crowdlending), por lo que no podrán publicar proyectos que se instrumenten a través de otras fórmulas como las cesiones de créditos o el descuento de facturas o pagarés que, sin embargo, están funcionando en el mercado. De hecho, la CNMV reconoce que pueden existir plataformas fintech que estén operando bajo fórmulas no reguladas por la Ley 5/2015, algunas de las cuales ha incluido en una lista en la que se informa de su denominación y página web. No obstante, el supervisor reconoce que esta lista no es exhaustiva y que se basa principalmente en la búsqueda y análisis en internet y redes sociales, y que la inclusión en ella no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

¿Deben las plataformas de “crowdlending” subcontratar el análisis de riesgo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Las plataformas de crowdlending según lo establecido por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, pueden prestar los servicios básicos de recibir, seleccionar y publicar proyectos de financiación participativa, así como de desarrollar, establecer y explotar canales de comunicación que faciliten la contratación de la financiación entre inversores y promotores. Además, pueden prestar otros servicios auxiliares entre los que destaca el análisis de los proyectos de financiación recibidos, la determinación del nivel de riesgo que implica cada proyecto para los inversores y la determinación de cualquier otra variable que resulte útil para que los inversores tomen la decisión de inversión. A este respecto, el legislador considera que la publicación, clasificación y agrupación de tal información en términos objetivos, sin realizar recomendaciones personalizadas, no constituye asesoramiento financiero.

Puede sorprender que algo tan fundamental en un proceso de financiación como es el análisis de riesgo de los proyectos empresariales que les llegan a estas plataformas, sea considerado un servicio auxiliar y no básico, pero precisamente aquí radica un interesante debate sobre cuál debe ser la actividad concreta de estos intermediarios. Precisamente en un curso que impartí hace unos días sobre financiación alternativa de empresas surgió dicho debate, en el que unos asistentes eran partidarios de que el análisis lo hiciera la propia plataforma y otros de que lo hiciera un tercero independiente.

Debe recordarse que el análisis de la solvencia de los proyectos empresariales, ya sea este interno o externo a la plataforma de crowdlending, permite establecer una calificación de riesgo (rating) que influye en el tipo de interés al que prestarán los inversores. En este sentido, si se piensa que estas plataformas son meros intermediarios, que lo que ofrecen es un marketplace para que se encuentren prestamistas y prestatarios y que el dinero nunca pasa por su balance, podría tener cierta lógica pensar que el análisis de riesgo debería ser subcontratado a un tercero independiente para no influir de ningún modo en la decisión de inversión, respetando así su concepción más pura de intermediación.

No obstante, también se puede argumentar, y yo soy más partidario de esta segunda interpretación, que el éxito de estas plataformas pasa en gran medida porque no se disparen las tasas de morosidad en los préstamos que intermedian, y para ello es fundamental que el análisis de riesgo sea parte de su “know how” y permanezca en su órbita interna. Imagino que si el legislador ha incluido la determinación del nivel de riesgo entre los servicios auxiliares que pueden prestar estas plataformas es que no le parece mal del todo, ¿verdad?

Seis acciones que realizan las plataformas de “crowdlending” para cumplir su función de intermediación

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Ley 5/2015, las plataformas de financiación participativa son empresas “cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”. En el caso del crowdlending esta financiación se instrumenta a través de préstamos que los inversores entregan a los promotores a cambio de un tipo de interés, siendo la plataforma el lugar donde los prestatarios pueden enseñar sus proyectos y encontrarse con los prestamistas.

11Es una fórmula que se está utilizando cada vez más para financiar empresas y en la que para cumplir su función fundamental de intermediación, las plataformas de crowdlending realizan las siguientes seis acciones:

1. Captación de proyectos

Buscan en el mercado proyectos empresariales que demanden financiación, fundamentalmente de pymes, para lo cual utilizan sus propios equipos y también la colaboración de agentes externos.

2. Análisis de riesgo

Es similar al que realizan las entidades de crédito para lo cual consultan los registros de morosos (RAI, ASNEF), así como los informes de solvencia que ofrecen empresas especializadas. Si los proyectos pasan su filtro les otorgan una calificación de riesgo (rating), que implica un tipo de interés para el préstamo (a mayor riesgo, mayor tipo de interés).

3. Publicación de proyectos

Con la publicación de los proyectos en sus webs, estas plataformas se convierten en escaparates a los que pueden acudir los inversores a prestar su dinero. El proceso de inversión se puede realizar mediante un sistema de mercado, donde el préstamo tiene importe, plazo y tipo de interés predeterminados, de tal modo que cuando las ofertas de los inversores alcanzan el importe solicitado, se cierra la operación; o de subasta, donde el préstamo tiene importe y plazo predeterminados, pero el inversor es quien decide el tipo de interés al que quiere prestar durante el período de subasta, de tal forma que cuando este termina, los inversores con pujas más bajas son los que participan en el préstamo.

4. Articulación de mecanismo de pago

Suelen utilizar el préstamo francés donde la devolución del capital más los intereses generados a los inversores se realiza mediante cuotas mensuales y constantes.

5. Gestión de flujo de dinero

El traslado del dinero de los inversores a los promotores, y viceversa, lo pueden hacer a través de una entidad de pago autorizada con la que colaboren (lo más habitual), o directamente si la plataforma cuenta con licencia de entidad de pago híbrida (aquella entidad de pago que realiza, además, cualquier otra actividad económica).

6. Gestión de recobro

Para el caso de que alguna cuota del préstamo resulte impagada tienen previstos mecanismos de recobro.

 

 

 

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