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Las prioridades sobre “FinTech” de la Autoridad Bancaria Europea (EBA)

Mario Cantalapiedra – Economista

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) acaba de publicar su hoja de ruta sobre FinTech, que establece las prioridades en esta materia para el período 2018/2019. Recuerdo que la EBA es una autoridad europea independiente que trabaja para garantizar un nivel efectivo y coherente de regulación y supervisión del sistema bancario dentro de la UE. Sus objetivos generales son mantener la estabilidad financiera en esta zona y velar por la integridad, eficiencia y correcto funcionamiento del sector bancario.

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La propia EBA, a través de su presidente, Andrea Enría, ha expresado la dificultad de definir el perímetro regulatorio al que deben someterse las empresas FinTech, señalando recientemente que “a pesar de que pueden ofrecer productos similares y competir con la banca tradicional, esto no necesariamente implica que deban ser reguladas como bancos”. En este contexto, la hoja de ruta de la EBA incluye la creación de un “Centro de Conocimiento sobre FinTech”, con el que se pretende mejorar el intercambio de conocimiento, así como fomentar la neutralidad tecnológica (por la que la misma actividad debe estar sujeta a la misma legislación con independencia de la forma en la que se preste) en los enfoques regulatorios y de supervisión.

Con respecto a las prioridades marcadas por la EBA sobre las FinTech para 2018/2019, son las siguientes:

  • Monitorizar el perímetro regulatorio, incluyendo la evaluación de los distintos enfoques que actualmente existen sobre la autorización de compañías FinTech, analizando los denominados regulatory sandboxes (espacios seguros en los que las empresas pueden probar productos, servicios, modelos de negocio y mecanismos de entrega innovadores sin tener que hacer frente desde el principio a todas las consecuencias regulatorias normales que recaen sobre la actividad en cuestión), así como los centros de innovación con el fin de identificar un conjunto de mejores prácticas para dar coherencia y facilitar la coordinación de la supervisión.
  • Monitorizar las tendencias emergentes, analizando el impacto de los modelos de negocio de estas nuevas compañías, y los riesgos y oportunidades que surgen del uso de FinTech con el fin de mejorar el intercambio de conocimientos.
  • Promover las mejores prácticas de supervisión para evaluar la ciberseguridad, así como un marco común de pruebas sobre las amenazas cibernéticas.
  • Abordar las cuestiones planteadas por los consumidores sobre FinTech, especialmente las relacionadas con la regulación confusa que tienen estas empresas y su divulgación a los consumidores, las posibles barreras nacionales que les impiden ampliar sus servicios a todos los consumidores del mercado único europeo, y la adecuación del marco regulatorio actual a las criptomonedas.
  • Identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero y de financiación del terrorismo asociados a las compañías FinTech reguladas, a los proveedores de tecnología y a las soluciones FinTech.

Continúa el goteo de plataformas de “crowdfunding” registradas en la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

Con las dos nuevas incorporaciones efectuadas en lo que llevamos de año, son ya 23 las plataformas de financiación participativa (PFP) o crowdfunding que aparecen registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que les permite operar de forma autorizada. Estas PFP ponen en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa.

En el registro oficial de la CNMV puedes encontrar tres modalidades distintas de PFP:

  • PFP de crowdinvesting, donde los inversores entregan dinero a una empresa a cambio de una participación en su capital.
  • PFP de crowdlending, donde los inversores prestan dinero a un proyecto a cambio de un tipo de interés.
  • PFP de ambos tipos (actualmente cinco).

En los siguientes cuadros puedes ver, por un lado, la relación detallada de su registro con número y fecha, denominación social y comercial, así como la modalidad en la que se han dado de alta, y, por otro lado, la relación de sus cuentas en Twitter.

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)

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Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

Relación de cuentas en Twitter de PFP registradas

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Fuente: Elaboración propia.

El debate sobre libertad y control en internet y las “criptomonedas”

Mario Cantalapiedra – Economista

El debate entre la libertad y el control en internet alcanza también al mundo financiero con un interés creciente sobre las denominadas criptomonedas y las ofertas iniciales de criptomonedas o ICOs (Initial Coin Offering).

Las criptomonedas son monedas digitales que no están respaldadas por ningún banco central u organismo público, aunque se presentan como alternativa al dinero de curso legal (el bitcoin sería el ejemplo más claro). Por su parte, las ICOs pueden referirse tanto a la propia emisión de criptomonedas como a la de derechos, generalmente denominados tokens (vales), que se venden a cambio de criptomonedas o de divisas oficiales como, por ejemplo, euros. Estos tokens pueden otorgar participación en los futuros ingresos o aumento de valor de una entidad o negocio (security tokens) o dar derecho acceder a un servicio o recibir un producto (utility tokens).

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A primera vista parece que invertir en este tipo de activos es algo complejo y no apto para todos los públicos. Así lo piensan también la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España (BdE), que acaban de emitir un comunicado conjunto en el que realizan las cinco advertencias siguientes:

1. Espacio no regulado

Las criptomonedas y los actores implicados en su comercialización directa no están regulados en la Unión Europea. Aquel que las adquiera o mantenga no se beneficiará de las garantías y salvaguardias asociadas a los productos financieros regulados. Asimismo los tokens emitidos en una ICO o los productos financieros referenciados a criptomonedas podrían no estar sujetos a regulación.

2. Problemas derivados del carácter transfronterizo del fenómeno

En muchas ocasiones los actores implicados en la emisión, custodia y comercialización de criptomonedas no se encuentran localizados en España, de tal modo que la resolución de cualquier conflicto puede quedar fuera del ámbito competencial de las autoridades españolas, estando sujeto al marco normativo del país en cuestión.

3. Elevado riesgo de pérdida del capital invertido

Son inversiones altamente especulativas. Por otro lado, su fuerte dependencia de tecnologías poco consolidadas no excluye la posibilidad de fallos operativos y amenazas cibernéticas que podrían suponer la indisponibilidad temporal o incluso la pérdida total de las cantidades invertidas. No están protegidas por fondos de garantía como los que aseguran el efectivo o los valores depositados en entidades de crédito y empresas de servicio de inversión.

4. Problemas de iliquidez y volatilidad extrema

La ausencia de mercados equiparables a los regulados puede dificultar la venta de las criptomonedas o de los tokens. Puede que no existan opciones en el momento deseado para convertirlos en moneda convencional. Y cuando se puedan vender, es muy posible que exista falta de transparencia en relación a las comisiones aplicables. Los organismos supervisores también destacan las fuertes oscilaciones que suele sufrir su precio sin causa objetiva aparente.

5. Información inadecuada

En el caso de las ICOs, la información que se pone a disposición de los inversores no suele estar auditada y normalmente es incompleta. Por regla general, se enfatizan los beneficios potenciales, minimizándose los riesgos. El lenguaje utilizado suele ser muy técnico y poco claro, por lo que no es sencillo conocer los riesgos de la inversión.

Desde luego, sin negar la posibilidad real de invertir en estos activos, recomiendo que se tenga mucha cautela al hacerlo, respetando aquello de “no invertir en lo que no se entiende”.

Foto: TheDigitalArtist

Entidades que pueden y no pueden captar fondos reembolsables del público

Mario Cantalapiedra – Economista

Las entidades de crédito en España son empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder crédito por cuenta propia, tal como recoge el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. En este sentido, mientras la concesión de crédito no precisa de autorización, la captación de fondos reembolsables del público (depósitos y otras fórmulas parecidas) con el compromiso de devolución en las condiciones acordadas, es una actividad reservada a los siguientes tipos de entidades:

  • Bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
  • Entidades bancarias extranjeras.
  • Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Las entidades anteriores para poder operar han de tener autorización administrativa y hallarse inscritas en los registros oficiales de entidades de crédito del Banco de España (BdE).

Entre las entidades que no pueden captar fondos reembolsables del público figuran las siguientes:

Establecimientos financieros de crédito (EFC)

Se dedican a realizar operaciones de crédito en un ámbito muy específico, tales como leasing financiero, factoring, crédito al consumo, crédito hipotecario, tarjetas, etcétera. Hay que señalar que pueden captar fondos reembolsables del público acudiendo a los mercados de valores mediante la emisión y colocación de títulos, pero no pueden hacerlo mediante depósitos.

Establecimientos de cambio de moneda

Personas físicas o jurídicas que realizan en establecimientos abiertos al público y con carácter profesional, la actividad de cambio de moneda.

Sociedades de tasación homologadas

Se dedican a realizar valoraciones de bienes inmuebles para entidades financieras relacionadas con el mercado hipotecario. Habitualmente certifican el valor de los inmuebles para determinadas finalidades como la concesión de financiación con garantía hipotecaria.

Oficinas de representación de entidades de crédito extranjeras

Pueden realizar actividades informativas o comerciales sobre cuestiones bancarias, financieras o económicas. No obstante, a pesar de que no pueden captar fondos del público, sí que pueden canalizarlos hacia las entidades de crédito extranjeras que representan.

Entidades de pago

Tienen autorización para realizar servicios de pago, como, por ejemplo, transferencias, adeudos directos y pago efectuados con tarjetas.

Entidades de dinero electrónico

Se dedican a emitir dinero electrónico que es admitido como medio de pago por empresas distintas a la entidad emisora.

Sociedades de garantía recíproca (SGR)

Entidades que facilitan el acceso a la financiación bancaria de las pymes que se asocian en ellas mediante la concesión de avales.

Plataformas de financiación participativa (PFP)

Ponen en contacto, a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa. Por tanto, cuando una PFP solicita dinero al público, por ejemplo, a través de un préstamo en la modalidad de crowdlending, no puede considerarse como una captación de fondos reembolsables.

20 plataformas de “crowdfunding” registradas en la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la incorporación de la plataforma de inversión inmobiliaria Housers son ya 20 las plataformas de financiación participativa o crowdfunding registradas oficialmente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en base a lo dispuesto por la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial.

Estas plataformas ponen en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa. En el registro oficial de la CNMV, detallado en el cuadro, puedes ver si la plataforma es de crowdinvesting (también denominado equity-based crowdfunding o crowdfunding de inversión), donde los inversores entregan dinero a una empresa a cambio de una participación en su capital, o de crowdlending (también conocido como loan-based crowdfunding o crowdfunding de préstamo), donde los inversores prestan dinero a un proyecto a cambio de un tipo de interés, o si está registrada en ambas modalidades (hasta cuatro plataformas actualmente lo están).

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)

Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

A la espera de que el “regulatory sandbox” para el sector “fintech” español sea una realidad

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 5 de julio se celebró en la Torre de Cristal de Madrid una interesante jornada sobre el sector fintech en España, organizada por el diario digital El Español, a la que tuve oportunidad de asistir. Entre los distintos temas allí tratados me gustaría comentar el que hace referencia al proyecto de creación de un regulatory sandbox por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo que vela por buscar encaje jurídico a estos nuevos modelos de negocio.

Un regulatory sandbox o “banco de pruebas regulatorio”, según la definición empleada por la británica Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority – FCA), viene a ser “un espacio seguro en el que las empresas pueden probar productos, servicios, modelos de negocio y mecanismos de entrega innovadores sin tener que hacer frente desde el principio a todas las consecuencias regulatorias normales que recaen sobre la actividad en cuestión”. Es decir, se trata de que las fintech puedan probar su negocio innovador mientras el regulador aprende la mejor forma de regularlas.

Pues bien, la CNMV, según lo comentado en la jornada por su subdirectora de Asuntos Internacionales, Fátima Cerdán de la Cruz, está trabajando en un sandbox para España similar a los que ya existen en otros lugares, como Gran Bretaña o Australia. Entre las cuestiones en las que están trabajando para darle forma definitiva figuran las siguientes:

  • Definir qué entidades podrían participar en el banco de pruebas (pudiendo ser solamente las plataformas autorizadas por la CNMV en base a lo dispuesto en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, o también las no autorizadas, como ocurre en el sandbox británico).
  • Concretar el plazo para realizar la prueba, el cual suele oscilar en otros países entre seis y doce meses, aunque, por ejemplo, en Gran Bretaña no supera los seis meses.
  • Delimitar la muestra de consumidores y cómo se articularía su consentimiento a participar en el ensayo.
  • Definir las características concretas de la prueba.
  • Concretar los mecanismos de salida fijando el tipo de compensación económica que recibirían los consumidores para no verse perjudicados.

Si bien es cierto que la CNMV ha manifestado su voluntad de poner en marcha el banco de pruebas, todavía no ha fijado una fecha concreta para hacerlo, lo cual enfría un poco las expectativas de un sector que va muy rápido y que siente como al regulador le cuesta seguirle.

La Comisión Europea consulta sobre los modelos de negocio “fintech”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión Europea (CE) ha sometido a consulta un documento de trabajo sobre los modelos de negocio fintech, con el cual pretende que las partes interesadas, es decir, los proveedores de servicios financieros y los consumidores, le aporten información sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el sector de los servicios financieros, y sobre si los marcos regulador y supervisor que actualmente existen en Europa fomentan la innovación tecnológica en consonancia a los tres principios en los que se basa su posición sobre las fintech:

  • Neutralidad tecnológica (la misma actividad debe estar sujeta a la misma legislación con independencia de la forma en la que se preste).
  • Proporcionalidad (por la que se han de tener en cuenta aspectos tales como modelo de negocio, tamaño, importancia sistémica, así como complejidad y actividad transfronteriza de las entidades reguladas).
  • Integridad del mercado (de tal modo que la aplicación de tecnologías a los servicios financieros promueva una mayor transparencia en beneficio de consumidores y empresas, sin crear riesgos injustificados como, por ejemplo, abuso de mercado, ventas engañosas, problemas de ciberseguridad o riesgos sistémicos).

El documento de trabajo sujeto a consulta por la CE plantea una serie de preguntas estructuradas en cuatro bloques de política legislativa, los cuales representan las principales oportunidades, y también los principales retos, que se asocian a los negocios fintech:

1. Fomentar el acceso a los servicios financieros para consumidores y empresas

El primer bloque explora los beneficios que pueden ofrecer estos negocios a consumidores, inversores y empresas en términos de acceso a los servicios financieros y fortalecimiento de la inclusión financiera. También se plantean los retos y riesgos que pueden suponer para la protección de los consumidores y la estabilidad del sector financiero.

2. Reducir los costes operativos y aumentar la eficiencia de la industria

El segundo bloque revisa cómo estos negocios pueden reducir los costes operativos, aumentar la eficiencia y acelerar la innovación en la industria de servicios financieros, examinando al mismo tiempo los desafíos que traen en aspectos tales como el empleo.

3. Crear un mercado único más competitivo reduciendo las barreras de entrada

El tercer bloque describe las oportunidades de los negocios fintech para aumentar la competitividad del mercado único europeo. También se explora cómo reguladores, supervisores e industria pueden ayudar mejor a que se implanten estos negocios.

4. Equilibrar el mayor intercambio de datos y la transparencia con las necesidades de seguridad y protección

El último bloque evalúa la relación entre el acceso a una mayor cantidad de datos de los negocios fintech (frente a los canales tradicionales) para estimar y monitorizar el riesgo, con la adecuada protección de los datos personales, planteando las accciones qué pueden realizar los clientes si existe un mal uso de los mismos.

Los interesados pueden contestar a las preguntas del documento a través de un cuestionario “online” (en inglés) hasta el próximo 15 de junio de 2017.

¿Una CIRBE para el “crowdlending”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que permite a las entidades financieras declarantes (entre otras, bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) consultar información útil para analizar el riesgo de las posibles operaciones de crédito o préstamo que se plantean. En ella aparecen reflejados los riesgos que dichas entidades tienen con sus clientes, de tal modo que cuando un banco recibe la petición de un nuevo préstamo, por ejemplo, de una empresa, puede consultar la deuda que mantiene con el resto de entidades financieras y hacerse una idea mejor de su capacidad de pago. De igual modo, recuerdo que cualquier persona física o jurídica puede consultar de forma gratuita los datos declarados a su nombre en la CIRBE por las entidades financieras.

En este sentido, una de las ventajas que tienen las empresas promotoras que solicitan financiación a través de plataformas de financiación participativa basadas en préstamos (crowdlending), es que los fondos obtenidos, en su caso, no consumen CIRBE para ellas. Es decir, las plataformas de crowdlending al no ser entidades financieras, no tienen obligación de declarar los préstamos que intermedian a la CIRBE, por lo que si la empresa promotora también necesitara acudir a financiación bancaria no pierde posibilidades de conseguirla por un aumento de deuda en la CIRBE.

Lo que en principio es una ventaja para el desarrollo del crowdlending, y así lo vende el propio sector en sus páginas web y en los actos de comunicación en los que viene participando, supone también un inconveniente a la hora de evaluar el riesgo de los proyectos empresariales que les llegan, puesto que cada plataforma desconoce de forma “oficial” las peticiones de fondos que hacen las empresas promotoras que contactan con ellas a otras plataformas competidoras, teniendo que dedicarse a obtener estar información por su cuenta, lo que evidentemente les supone un consumo de recursos. A estos efectos, algunos actores del crowdlending parecen estar impulsando la idea de crear una especie de CIRBE para el propio sector que les permita un suministro recíproco de información, lo que pueda llevarles a mejorar su análisis de riesgo. La idea no me parece mala, de todos modos habría que ver cómo podría articularse en la práctica, así como conocer la opinión al respecto de los supervisores (Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España).

Un portal de la CNMV para fomentar iniciativas empresariales “fintech” en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) considera que los modelos de negocio fintech, que unen tecnología y finanzas, suponen una oportunidad para mejorar los mercados financieros puesto que se orientan más al inversor final e incrementan la eficiencia y la competitividad de dichos mercados. En este sentido, el organismo público acaba de habilitar un portal con la intención general de promover iniciativas empresariales fintech en España y dos objetivos concretos:

1. Facilitar ayuda a promotores y entidades financieras sobre aspectos normativos del mercado de valores que pudieran afectar a sus proyectos.

2. Crear un espacio informal de comunicación con promotores y entidades financieras sobre sus iniciativas en este ámbito.

Como sabes la CNMV se encarga de autorizar e inscribir en un registro oficial a las plataformas de financiación participativa que recurren a préstamos, valores o participaciones en sociedades de responsabilidad limitada, y que están reguladas por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. No obstante, opina que existen otra serie de productos, servicios o procesos innovadores relacionados con el mercado de valores que podrían precisar de su autorización. Entre otros ejemplos cita al asesoramiento automatizado o la gestión de cartera automatizada, a los canales de distribución alternativos aplicados al mercado de valores, al big data o a la tecnología blockchain. De este modo, se trata de que las startups que consideren que sus proyectos fintech pueden estar relacionados con el mercado de valores se pongan en contacto con la propia CNMV para clarificar sus dudas sobre normativa aplicable y plantear sugerencias o facilitar información, para lo cual se ha previsto el siguiente mecanismo: se ha habilitado un formulario para que los emprendedores lo remitan por email, el cual una vez recibido debe ser contestado dentro de los tres días hábiles siguientes. Las comunicaciones serán de carácter informal y tendrán lugar por email o teléfono, inclusive podrán concertarse reuniones físicas con los emprendedores si así lo considera el organismo público. Una vez evaluados los proyectos, los que se requieran autorización serán derivados al departamento de la CNMV correspondiente. No obstante, los contactos a través del portal fintech no implican el inicio de un procedimiento administrativo ni tienen la consideración de asesoramiento legal con efecto vinculante. También se asegura que la información aportada será tratada de forma confidencial.

Nueve requisitos legales que han de cumplir las plataformas de “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015 que regula en España a las plataformas de financiación participativa (PFP) o crowdfunding, cuya actividad consiste en poner en contacto, a través de medios electrónicos, a una pluralidad de inversores que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario con promotores que solicitan dicha financiación, impone a las empresas que quieran ejercer oficialmente esta actividad los siguientes nueve requisitos:

  1. Objeto social exclusivo por el que solamente pueden realizar las actividades que son propias de las PFP. No obstante, si están autorizadas como entidades de pago híbridas también pueden realizar las actividades que se reservan a estas últimas, como, por ejemplo, la recepción de fondos con la finalidad de pago por cuenta de inversores o promotores.
  2. Tener domicilio social y efectiva administración y dirección en España u otro Estado miembro de la Unión Europea
  3. Revestir la forma de sociedad de capital constituidas por tiempo indefinido.
  4. Contar con administradores de reconocida honorabilidad empresarial o profesional, con conocimientos y experiencia adecuados en el mundo financiero. Se considera que existe dicha honorabilidad cuando, teniendo en cuenta toda la información disponible, los administradores vengan mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la PFP.
  5. Disponer de una buena organización administrativa y contable o de procedimientos de control interno adecuados.
  6. Disponer de medios adecuados para garantizar seguridad, confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado por medios electrónicos.
  7. Disponer de un reglamento interno de conducta que contemple los posibles conflictos de interés y términos de participación de sus administradores, directivos, empleados y apoderados en las solicitudes de financiación que instrumentan.
  8. Prever mecanismos para que, en caso de cese de actividad, se sigan prestando todos o parte de los servicios comprometidos para los proyectos de financiación participativa que hubieran obtenido financiación.
  9. Disponer de un capital social mínimo, íntegramente desembolsado en efectivo, de 60.000 euros, sustituible por una garantía que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional con una cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños y de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones; así como de unos recursos propios (capital, prima de emisión y reservas) que varían en función del volumen de financiación obtenido por los proyectos publicados hasta un máximo de 2 millones de euros.
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