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España se suma a los países europeos que regulan el “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, España cuenta con una regulación de la financiación participativa a través de plataformas de Internet o crowdfunding, sumándose a los países de nuestro entorno como Francia, Italia o Reino Unido que ya la tenían.

De este modo, en el título V del mencionado texto legal se define a las plataformas de financiación participativa como “empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”. Como ya te adelanté en el blog, puedes observar que lo que se regula es únicamente la modalidad de crowdfunding en la que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que aporta, pero no otras en las que la financiación captada se logra a través de donaciones, ventas de bienes y servicios o préstamos sin intereses.

La regulación impone una serie de requisitos de tipo administrativo y financiero a las empresas que deseen obtener y mantener su autorización como plataformas de financiación participativa, los cuales se refieren a aspectos tales como su objeto social, domicilio, forma jurídica, administradores u organización. En lo que a requisitos financieros se refiere, destaca el hecho de que deban disponer de un capital social (íntegramente desembolsado en efectivo) de 60.000 euros o un seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía que cubra 300.000 euros por reclamación de daños, y un total de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones o una combinación de ambas posibilidades que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente. Es importante señalar que si la suma de financiación obtenida en los últimos 12 meses supera los dos millones de euros, los recursos propios (suma de capital, prima de emisión y reservas) deberán ser al menos de 120.000 euros, y si supera los cinco millones, estos recursos propios se verán incrementados de modo proporcional hasta alcanzar un máximo de dos millones de euros.

Para captar la financiación participativa se permite que el promotor emita obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas, otros valores representativos de capital o participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, o bien que solicite préstamos a los inversores.

 

La distinción entre inversores acreditados y no acreditados en el “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

 

Entre las medidas anunciadas dentro del Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado tres de octubre y enviado al Parlamento para su tramitación, se incluye la distinción entre inversores acreditados e inversores no acreditados en el crowdfunding, es decir, en la financiación colectiva a través de las plataformas de Internet donde se conectan proyectos de inversión con inversores que buscan un rendimiento dinerario. Se trata de limitar quién puede invertir en este tipo de plataformas y bajo qué condiciones, de modo similar a lo que ya se hace en otros lugares como Estados Unidos o Gran Bretaña.

De este modo, los denominados inversores acreditados podrán invertir sin tope en los proyectos de crowdfunding, mientras que los no acreditados se verán afectados por una doble limitación, tanto de inversión por proyecto como considerada de forma anual. Los inversores acreditados serán los institucionales, las empresas que superen el millón de euros de activo, los dos millones de euros de cifra de negocio o los trescientos mil euros de recursos propios, así como todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los cincuenta mil euros al año o tengan un patrimonio financiero, es decir, una inversión en activos financieros, superior a los cien mil euros y soliciten expresamente este tratamiento. El resto de inversores, considerados no acreditados, no podrán invertir más de tres mil euros por proyecto ni más de diez mil euros al año en el total de proyectos. Además se prevé una medida de protección adicional para los inversores no acreditados, ya que deberán requerir la firma manuscrita manifestando, antes de adquirir ningún compromiso de pago, haber sido advertidos de los riesgos de este tipo de inversiones.

También sabemos que la idea del Gobierno es que las plataformas de crowdfunding sean supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con la “ayuda” del Banco de España cuando la actividad consista en la intermediación de préstamos, así como que sean transparentes a la hora de proporcionar información a los inversores. Sobre los planes iniciales de regulación anunciados por parte del Ejecutivo ha habido cambios, fundamentalmente en los restrictivos límites a la inversión que tanta polémica generaron en su día y que ahora se ven aumentados. Toca esperar al final de la tramitación parlamentaria para conocer definitivamente cuál será la primera regulación sobre crowdfunding en España.

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