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Pérdidas por insolvencias deducibles para empresas de reducida dimensión

Mario Cantalapiedra – Economista

En el momento en el que muchas empresas están preparando los últimos ajustes antes de presentar su Impuesto sobre Sociedades en el mes de julio, conviene repasar algunos elementos que pueden llegar a rebajar la factura fiscal y que en ocasiones las empresas dejan de aplicar por desconocimiento. Entre ellos, me gustaría destacar la posibilidad que tienen las empresas de reducida dimensión (ERD) de deducir un porcentaje global de sus deudores a final de ejercicio por posibles insolvencias.

Recuerdo que para la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), una ERD es aquella que factura menos de 10 millones de euros en el periodo impositivo anterior. Luego son muchas las empresas en este país que pueden aplicar esta ventaja fiscal. En este sentido, la LIS permite a las ERD la deducción “global” por insolvencias hasta el 1 por ciento del saldo de deudores existente al final del período impositivo, del que habrá que excluir los créditos que motivan deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles. Entre los primeros están los que han pasado seis meses desde su vencimiento, los que corresponden a deudores declarados en situación de concurso o procesados por un delito de alzamiento de bienes, así como los que han sido reclamados judicialmente o son objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. Entre los créditos no deducibles están los adeudados por entidades de derecho público (excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía) y los adeudados por personas o entidades vinculadas (salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez).

Veamos un ejemplo al respecto:

ERD que cuenta al final del ejercicio con un saldo de clientes de 50.000 euros de los que se sabe que:

  • 5.000 euros corresponden a la deuda de un ayuntamiento.
  • 3.500 euros corresponden a facturas adeudadas por una empresa vinculada.
  • 1.500 euros corresponden a una factura de un cliente reclamada judicialmente.

En este caso, el saldo a considerar para la dotación global será = 50.000 – 5.000 – 3.500 – 1.500 = 40.000 euros, por lo que la deducción podrá ser hasta de 400 euros (1 % sobre 40.000).

Por tanto, la ERD podrá deducir en concepto de pérdidas por deterioro de los créditos un máximo de 1.900 euros (1.500 euros de la dotación individual por la factura reclamada judicialmente más 400 euros correspondientes a la dotación global). Por su parte, los importes adeudados por el ayuntamiento y la empresa vinculada no serán deducibles.

La banca tendrá que informar de la residencia fiscal de los titulares de sus cuentas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, obligará a las entidades financieras a identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras, así como a identificar determinados datos de las mismas. Esta normativa recoge los estándares internacionales en la materia, tanto de la Unión Europea como de la OCDE, y viene a cumplir los compromisos adquiridos por España respecto al Acuerdo Multilateral de autoridades competentes para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, firmado en Berlín por 51 países y jurisdicciones.

De forma resumida, la información que anualmente tendrán que suministrar las entidades financieras a la Administración Tributaria sobre las cuentas será la siguiente:

  • Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio, país o jurisdicción de residencia y NIF de los titulares o de los que ejerzan el control de la cuenta.
  • Número de cuenta.
  • Nombre y número de identificación fiscal de la entidad financiera obligada a comunicar la información.
  • Saldo o valor de la cuenta al final del año natural considerado. Tratándose de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades, se tomará el valor en efectivo o el valor de rescate. Y en el caso de que la cuenta se haya cancelado durante el año, se habrá de comunicar la cancelación de la misma.
  • Según sea el tipo de cuenta, se habrán de aportar otros datos adicionales. Por ejemplo, en el caso de que la cuenta financiera sea de depósito, se habrá de informar del importe bruto total de intereses pagados o anotados en ella durante el año natural.

De la obligación a informar se exceptúan algunos casos, como los bancos centrales. Por otro lado, la Administración Tributaria podrá intercambiar esta información, de forma automática, con la Administración correspondiente del país o jurisdicción de residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de la cuenta. De este modo, se podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que obtienen rentas financieras en el extranjero, siendo, por tanto, un mecanismo legal para la lucha contra el fraude.

El Real Decreto 1021/2015 entrará en vigor el 1 de enero de 2016 próximo, y el primer suministro de información por parte de las entidades financieras se producirá en 2017 respecto a los datos relativos a 2016.

Novedades en el tratamiento fiscal de los intereses pagados en los préstamos participativos

Mario Cantalapiedra – Economista

El préstamo participativo es un instrumento de financiación a medio camino entre el capital social y el préstamo a largo plazo, que ha visto modificada, con la reciente entrada en vigor, el 1 de enero de 2015, de la nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), una de sus características fundamentales, que te recuerdo cuáles son:

  • Su vencimiento es a largo plazo, por lo que se destina a financiar inversión a largo de la empresa.
  • Suele tener un largo período de carencia en la devolución del principal.
  • La entidad prestamista percibe un interés variable en función de la evolución de la actividad de la empresa financiada, medida por un criterio determinado (beneficio neto, volumen de negocio, etcétera), además del cobro, por regla general, de un interés fijo independiente de la evolución del negocio.
  • Solamente puede cancelarse anticipadamente si se compensa con una ampliación de capital de igual cuantía. Las partes pueden acordar una cláusula penalizadora en caso de amortización anticipada.
  • Tiene la consideración de deuda subordinada, por lo que su grado de exigibilidad en situación de insolvencia se sitúa justo detrás de los acreedores comunes y antes de los accionistas.
  • Se considera patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil. Este aspecto es muy importante en caso de situación económica desfavorable de la empresa financiada, ya que permite retrasar su liquidación y le concede más oportunidades de recuperación.
  • Por último, los intereses que paga la empresa financiada, tanto fijos como variables, son deducibles a efectos fiscales siempre que el préstamo participativo, y aquí es donde radica la novedad, no sea concedido por una empresa del grupo (con anterioridad a la Ley 27/2014 eran deducibles independientemente de que entidad prestamista y prestataria pertenecieran o no a un mismo grupo). De este modo, a efectos del nuevo IS, los intereses pagados para retribuir préstamos concedidos por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades se consideran retribución de fondos propios y, por tanto, importes no deducibles. Es posible que este cambio lleve a que las empresas pertenecientes a grupos, que venían financiando sus filiales con préstamos participativos, se planteen sustituirlos por otras alternativas financieras como la ampliación de capital. En cualquier caso, este nuevo tratamiento no es aplicable a los préstamos participativos otorgados antes del 20 de junio de 2014.

Las nuevas tablas oficiales de amortización en el Impuesto sobre Sociedades

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2015, trae consigo una simplificación y actualización de las tablas oficiales de amortización, las cuales recogen los coeficientes de amortización lineal aplicables a los elementos de inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. Destaca el hecho de que la tabla sea única sin diferenciar elementos amortizables por sectores de actividad, como venía ocurriendo hasta la fecha.

El sistema de amortización lineal según tablas es el más empleado por las empresas debido a su simplicidad y se basa en el establecimiento para cada elemento amortizable de un coeficiente y un período máximos de amortización. El coeficiente determina la cantidad máxima deducible anualmente y, al mismo tiempo, el número mínimo de años en que se puede amortizar el bien. Por su parte, el período indica el número máximo de años en que se puede amortizar, al mismo tiempo que marca el coeficiente mínimo de amortización anual. Por ejemplo, para un elemento de mobiliario, como puedes ver en la tabla adjunta vigente a partir de 2015, el coeficiente máximo es del 10 por 100, mientras que el período máximo es de 20 años, por lo que dicho elemento podrá amortizarse entre un mínimo del 5 (100 dividido entre 20) y un máximo del 10 por 100 anual. En cuanto a número de años se refiere, se podrá amortizar entre 10 (100 dividido entre 10) y 20 años.

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Cómo calcular el plazo idóneo a efectos fiscales de un arrendamiento financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

Con un sencillo ejercicio de cálculo matemático podemos conocer el plazo idóneo a efectos fiscales de un arrendamiento financiero, es decir, el plazo que nos interesará negociar con la entidad financiera correspondiente para aprovechar al máximo la ventaja fiscal sobre la parte de la cuota correspondiente a amortización del bien.

1. Supuesto general

El importe de la cantidad deducible en concepto de amortización del bien arrendado, puede ser hasta el doble del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización oficialmente aprobadas que corresponda al citado bien, de tal modo que para determinar el plazo de la operación idóneo desde un punto de vista fiscal:

  • En primer lugar, habría que conocer el coeficiente de amortización máximo según tablas del bien. Vamos a imaginar que la operación de arrendamiento financiero se realiza sobre un vehículo industrial con un coeficiente máximo de amortización del 16 por 100.
  • A continuación, se multiplica por 2 dicho coeficiente de amortización máximo (2 x 16 = 32 por 100).
  • Dividiendo 100 entre el porcentaje obtenido, tendremos el período en años óptimo desde un punto de vista fiscal (100:32 = 3,125 años).
  • Por último, multiplicando el período en años óptimo por 12 (supondremos arrendamiento financiero con cuotas mensuales, que son las más comunes), se determina el período en meses que permite aprovechar la ventaja fiscal (3,125 x 12 = 37,5 meses). En consecuencia, el plazo óptimo será de 38 meses, el cual estará por encima de la duración mínima exigida legalmente para los contratos de arrendamiento financiero efectuados sobre bienes muebles como es un vehículo industrial, que os recuerdo es de 2 años.

2. Supuesto empresa de reducida dimensión

Las empresas de reducida dimensión, según el artículo 108 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, son aquellas cuya cifra de negocios en el período impositivo inmediato anterior es inferior a 10 millones de euros. Para este tipo de empresas, el límite de deducción en concepto de amortización se eleva hasta el triple del coeficiente de amortización lineal máximo según tablas. Utilizando el mismo ejemplo del vehículo industrial anterior, ahora deberíamos realizar el siguiente cálculo:

  • Coeficiente de amortización máximo según tablas: 16 por 100.
  • Multiplicamos por 3 dicho coeficiente máximo (3 x 16 = 48 por 100).
  • Dividiendo 100 entre el porcentaje obtenido, tendremos el plazo en años óptimo desde un punto de vista fiscal (100:48 = 2,083 años).
  • Finalmente multiplicando esta última cantidad por 12, determinamos el período en meses ventajoso fiscalmente (2,083 x 12 = 25 meses). En este caso, también se comprueba que el plazo óptimo obtenido supera la restricción legal de los 2 años.