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Empeoran los plazos de pago de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los plazos de pago de las empresas en España han empeorado hasta situarse en 97 días de media en 2017, según se desprende del último estudio sobre plazos de pago en la empresa española que realizan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, y que ha sido presentado hoy en Madrid. En él se han tenido en cuenta los datos de 154.000 empresas privadas con cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a 2017, y ha sido elaborado utilizando la herramienta de inteligencia de negocio Insight View.

El dato de los 97 días está muy lejos del plazo de pago legal (actualmente fijado en 60 días), y además representa el máximo de la serie histórica, lo que debería preocuparnos, ya que detrás de esta cifra hay empresas que se ven obligadas a financiar retrasos en el pago de sus facturas, lo que especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, que se caracterizan por la debilidad de sus balances, puede suponer soportar fuertes tensiones de liquidez y hasta comprometer su propia continuidad en el mercado.

Es cierto que son varias las causas que pueden llegar a motivar retrasos en el pago de las facturas, pero también lo es que no todas ellas son imputables a los clientes. Frente a la falta de voluntad de un deudor que no paga, a las prácticas sectoriales que imponen plazos de pago largos o a la posición dominante de un cliente importante, por la que se acepta cobrar más tarde de él para no perderlo, poco puede hacerse desde el proveedor. No obstante, existen otras razones detrás del retraso, como son la de no gestionar adecuadamente el riesgo de crédito y vender a clientes sin utilizar ningún criterio de solvencia a la hora de seleccionarlos, o cometer errores en los procesos administrativos, como olvidar emitir un abono pendiente o consignar erróneamente los datos bancarios en una factura, cuya responsabilidad es achacable a la empresa acreedora. Especialmente una gestión más profesionalizada del riesgo de crédito comercial desde las empresas puede ayudar a minorar el impacto negativo de los plazos de pago, cuya situación por entorno en España ya vemos que no es nada favorable.

 

Evolución de los plazos de pago de las empresas en España (en días)

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Fuente: Crédito y Caución, Iberinform e IE Business School.

El error de relajar la gestión del riesgo de crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la crisis y el aumento de las cifras de impagados que trajo consigo, muchas empresas decidieron actuar y ponerse serias con la gestión del riesgo de crédito, tomando distintas medidas, entre ellas, el establecimiento de comités de riesgo, es decir, de estructuras formales de diálogo entre distintas áreas de la empresa relacionadas con la decisión de conceder crédito a un cliente, fundamentalmente de los ámbitos comercial y financiero. Pues bien, según los datos aportados por el Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, estas estructuras, que en los momentos más duros de la crisis (2012) estaban presentes hasta en el 58 por ciento de las empresas, hoy solo son mantenidas por el 23 por ciento de ellas. Se montan con la crisis y se desmontan cuando la tormenta amaina y la morosidad ya no preocupa tanto, lo que a mi modo de ver es un error, porque si algo nos ha debido enseñar la crisis es que la economía es cíclica y los malos tiempos siempre son más fáciles de afrontar si se cuenta con las estructuras adecuadas. Está claro que aunar las posturas entre comerciales (que tienen la premisa de que cuanto más se venda mejor) y financieros (con el axioma de que la venta no se termina hasta que se cobra) no es sencillo, por eso precisamente deben dialogar más y si es mediante estructuras formales, mejor.

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Prueba de esta relajación en cuanto al análisis del riesgo de crédito comercial se refiere, también lo representa el dato de que hasta un 38 por ciento de las empresas españolas no utilizan criterios de solvencia (informes comerciales, ratings de morosidad, ficheros con información sobre morosos, herramientas de inteligencia de negocio, etcétera) a la hora de seleccionar sus clientes. En este sentido, se comprueba un descenso en los últimos años del porcentaje de empresas que declaran utilizarlos. De las que no los utilizan, solamente el 25 por ciento planifican usarlas, el 13 por ciento restante se ve que no las deben necesitar…

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Menos de la mitad de las empresas en España cobran dentro del plazo de pago legal

Mario Cantalapiedra – Economista

Siguiendo con el análisis del Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que inicié en el “post” anterior, es preocupante comprobar como siguen siendo mayoría las empresas que cobran las facturas de sus clientes por encima del plazo de pago legal. Solamente el 41 por ciento de las empresas pueden decir que cobran dentro del mismo (recuerdo que el plazo de pago entre empresas debe ser dentro de los 30 días después de la fecha de recepción de los bienes o prestación de los servicios, ampliable hasta un máximo de 60 días si hay pacto entre las partes). Por su parte, un 45 por ciento declaran cobrar entre 60 y 90 días, y el 14 por ciento restante cobran por encima de 90 días, cifra esta última que, por cierto, se mantiene constante en los últimos tres ejercicios.

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Hasta un 81 por ciento de las empresas declaran tener que aceptar plazos de pago superiores a los deseados, luego no hace falta ser muy sagaz para comprobar que solamente el 9 por ciento de las empresas en este país están satisfechas con los plazos a los que les pagan sus clientes. Las peores pagadoras son, como de costumbre, las grandes empresas (a un 51 por ciento de sus proveedores les imponen plazos de pago superiores a los deseados), sin embargo, solamente un 8 por ciento de las empresas que trabajan con las administraciones públicas tienen queja de sus plazos, esperemos que siga así.

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En cuanto al motivo concreto del retraso hay dos razones principales que muestran igual resultado en la encuesta, aunque lo que subyace detrás de ellas es muy diferente. Por un lado, el retraso se puede deber a la falta de disponibilidad de fondos (pobre cliente, “no tiene” para pagarme), por otro, a la intención del cliente (en este caso, de pobre nada… “no quiere” pagarme).

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Análisis del Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, basado en 650 encuestas a empresas, por primera vez desde 2012 empeora la tasa de empresas que sufren algún impago significativo en los últimos 12 meses. Es cierto, que solo lo hace en un 1 por ciento con respecto al año anterior (27 por ciento frente a 26 por ciento) y que está lejos de la tasa récord de este Estudio del 66 por ciento alcanzada en 2012, pero en cualquier caso este dato supone romper una tendencia positiva.

Impacto

Que las cosas van peor en cuanto a morosidad se refiere, lo confirma el empeoramiento de la tasa de impago en las relaciones B2B (transacciones comerciales entre empresas). Hasta un 6 por ciento de las compañías declaran tener unas tasas de impago altas (aquellas superiores al 4 por ciento), frente al 3 por ciento del año anterior, lo que también supone el primer cambio de tendencia en este indicador desde 2012.

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Los efectos que tiene la morosidad para las empresas siguen siendo muy similares a los declarados el año anterior. En primer lugar, se destacan las consecuencias negativas de un modo general (64 por ciento), seguidas por incremento de costes financieros y pérdida de ingresos (39 por ciento), limitación del crecimiento (16 por ciento) y limitación de nuevas inversiones (15 por ciento). En este capítulo, cabe destacar que para el 9 por ciento de las compañías encuestadas la morosidad pone en riesgo su propia continuidad. El retraso en el pago siempre genera problemas, que podrán ser más leves o más graves, pero siempre los crea. Como se comentó en la presentación del Estudio en el Instituto de Empresa, “hay algo diferente entre comprar y pagar; si me compra y no me paga, no es un cliente, es un problema”.

Consecuencias

Cambio de domicilio social y gestión del riesgo de clientes

Mario Cantalapiedra – Economista

La situación política que se vive en Cataluña está motivando el traslado de domicilio social por parte de muchas compañías catalanas en la búsqueda de una mayor seguridad jurídica para sus negocios. En este sentido, el Consejo de Ministros español aprobó recientemente el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, que facilita los trámites para realizar dicho traslado, de manera que, salvo que exista una declaración expresa en contrario por parte de los estatutos de la sociedad, sea su Consejo de Administración el competente para aprobarlo.

Hay que recordar que el domicilio social es el lugar en el que legalmente está establecida la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital señala que serán españolas todas las sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieran constituido, las cuales podrán elegir su domicilio social entre las dos opciones siguientes:

  • Lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección.
  • Lugar en el que radique su principal establecimiento o explotación.

No obstante, el domicilio social una vez que es elegido es único.

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En lo referente al domicilio fiscal, este se puede definir como el lugar de localización de los obligados tributarios en sus relaciones con la Administración tributaria. Es un lugar físico concreto donde las sociedades mercantiles pueden ejercer derechos y cumplir obligaciones de carácter tributario y donde Hacienda puede localizarlas. El artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señala que, para las personas jurídicas, el domicilio fiscal será su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleva a cabo dicha gestión o dirección. Luego será habitual que coincidan ambos domicilios, aunque no necesariamente ha de ser así.

Desde el punto de vista del análisis del riesgo de clientes, el cambio de domicilio social es un dato que debe valorarse. En el caso de que un cliente cambie su domicilio social se debe comprobar que dicho cambio no obedece a problemas en su actividad. Además será necesario revisar la información recogida en los sistemas de facturación propios para evitar problemas con la emisión, envío, y posterior cobro, de las facturas.

En España se paga tarde a los proveedores intencionadamente

Mario Cantalapiedra – Economista

El retraso intencionado del cliente es la razón principal por la que las compañías cobran tarde sus facturas, según el Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, superando a la falta de disponibilidad de fondos que solía ser la causa principal argumentada por las empresas en anteriores Estudios, y que ahora pasa a un segundo lugar. Motivos menos significativos del retraso son la complejidad de los procedimientos de pago, las disputas sobre la calidad (de los bienes o servicios comercializados) o la facturación incorrecta.

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Precisamente hoy el Congreso de los Diputados debate una Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que incluye sanciones con un mínimo de 60 euros para las infracciones leves en materia de morosidad (como, por ejemplo, pactar plazos de pago que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales), y que pueden llegar hasta los 819.780 euros en el caso de infracciones muy graves (como, por ejemplo, exceder en más de 60 días el plazo de pago legal). Esta Proposición incluye también, entre otras medidas, un sistema arbitral de morosidad para resolver extrajudicialmente las reclamaciones de las empresas por incumplimientos relacionados con los plazos contractuales o legales de pago, los intereses de demora o la indemnización por costes de cobro, la creación de un “Buzón de lucha contra la morosidad”, gestionado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a través del cual cualquier persona pueda poner en conocimiento los posibles incumplimientos de los plazos legales de pago, así como la constitución de un “Observatorio Estatal de la Morosidad en las operaciones comerciales” adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que correspondería el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de lucha contra la morosidad.

En cualquier caso, parece necesario tomar medidas de mayor calado que rompan la inercia instalada en este país de pagar tarde a los proveedores.

Análisis del Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos que aporta el Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, muestran que el 26 por ciento de las empresas españolas han sufrido algún impago significativo en los últimos 12 meses, confirmándose la mejora progresiva de este dato desde 2012, cuando el porcentaje era nada menos que del 66 por ciento. Va mejorando sí, aunque sigue haciéndolo demasiado lentamente para darnos por satisfechos.

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La morosidad supone consecuencias negativas de forma general para el 64 por ciento de las empresas encuestadas, siendo hasta un 10 por ciento de ellas las que declaran que el retraso en el cobro pone en riesgo su propia continuidad en el mercado. Hay que pensar que solamente un 39 por ciento de las empresas declaran cobrar por debajo de los 60 días que marca la Ley.

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Al igual que en el estudio anterior, hasta un 83 por ciento de las empresas tienen que aceptar plazos superiores a los deseados. No obstante, existe una diferencia importante al analizar de quién hay que aceptarlo en concreto, ya que desciende de forma considerable (del 50 hasta el 12 por ciento) el porcentaje de empresas que declaran soportarlo de las administraciones públicas. En cambio, hasta un 53 por ciento de las empresas tienen que seguir aceptando plazos de pago superiores a los deseados de sus clientes gran empresa, donde parece concentrarse ahora el problema de la morosidad en España.

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Las empresas apuestan por las entidades de recobro que actúan con profesionalidad

Mario Cantalapiedra – Economista

A partir de los datos del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, podemos conocer que la metodología de gestión del recobro de facturas pendientes más utilizada por las empresas es la gestión interna, seguida por los despachos de abogados y los seguros de crédito. En cuanto a la externalización de esta gestión en entidades especializadas en el recobro, son preferidas las empresas que ofrecen un servicio integral, contemplando las distintas fases en la que se puede subdividir este proceso: recobro por vía telefónica, amistosa y judicial. Por último, son utilizadas las entidades que recobran únicamente por vía telefónica.

Destaca el hecho de que ninguna empresa de las encuestadas declare delegar la gestión del recobro en entidades de presencia caracterizada, es decir, en aquellas que se caracterizan por utilizar cobradores disfrazados de manera extravagante que se encargan de perseguir a los clientes morosos. Parece que las empresas están entendiendo la necesidad de trabajar con entidades de recobro que actúen con profesionalidad, dentro de la legalidad y de forma ética. El problema que tenemos en España es la falta de una regulación legal específica para estas entidades de recobro, la cual sí existe en otros países de nuestro entorno, lo que lleva a que sea un sector donde conviven empresas serias con otras que no lo son tanto. Hay que tener en cuenta que a estas entidades se les transfieren datos sensibles de los clientes, por lo que es importante que respeten los protocolos de protección datos y confidencialidad que marca la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). En este sentido, se debe firmar un contrato entre empresa acreedora y entidad de recobro, cuyo objeto esté constituido o comprenda la realización del servicio de gestión de recuperaciones de deuda, por el cual sehabilite a la entidad especializada a acceder a los datos personales sobre clientes del responsable del fichero (empresa acreedora) en los términos del artículo 12 de la LOPD. La entidad de recobro no podrá aplicar o utilizar estos datos personales con fin distinto al que figure en este contrato, ni podrá comunicarlos a otras personas.

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Los informes comerciales son la herramienta preferida de gestión del riesgo de crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

Los informes comerciales son la herramienta de gestión del riesgo de crédito preferida por las empresas, según el Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, en el cual hasta un 82 por ciento de las compañías encuestadas declaran consultarlos. Estos informes son realizados por agencias especializadas a partir de información de carácter público y el análisis experto de quien los elabora, y permiten conocer, a un coste reducido, la situación de un cliente y tomar, en su caso, decisiones de crédito sobre él. Inclusive, si son contratados en su modalidad investigada, permiten confirmar que el cliente existe y está activo, a partir de las visitas y entrevistas presenciales que dichas agencias le realizan.

A una distancia considerable se sitúa la segunda herramienta preferida por las compañías, el seguro de crédito, el cual es utilizado por un 47 por ciento de los encuestados, y que básicamente protege frente al riesgo de impago a través de la prevención, la indemnización y el recobro. Otras herramientas utilizadas son los rating/credit scoring (34 por ciento), los bureaus de crédito o ficheros de morosidad (22 por ciento), el factoring (18 por ciento), el crédito documentario (18 por ciento), y finalmente la business intelligence o inteligencia de negocio, que es utilizada por un 11 por ciento de las empresas y a la que aventuro un próspero futuro por delante, en la medida en que sea más conocida. Quizás en un plazo no muy lejano la veamos dar la vuelta a la tortilla y liderar el listado de las herramientas más utilizadas. Por cierto, hay un 8 por ciento de las empresas que declaran no utilizar ninguna, se ve que les va bien así.

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Las empresas españolas se resignan a cobrar más tarde del vencimiento

Mario Cantalapiedra – Economista

Aunque el retraso intencionado tiene un peso importante, la razón principal por la que las empresas cobran tarde sus facturas de clientes es la falta de disponibilidad de fondos por parte de estos, según se desprende del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, algo que, por otra parte, viene a confirmar los resultados de Estudios anteriores. Más lejos quedan el resto de motivos para el retraso, como la complejidad de los procedimientos de pago, las disputas sobre la calidad de los bienes o servicios o la facturación incorrecta. La liquidez es un divino tesoro para las empresas, de ahí que, en mi opinión, la falta de fondos para hacer frente a las obligaciones a corto plazo sea el principal riesgo que hoy deben gestionar los responsables financieros, como manifesté el pasado 10 de mayo en mi intervención en el Manager Business Forum de Barcelona.

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De otros datos aportados por el Estudio, resulta especialmente interesante comprobar en qué momento consideran las empresas que un crédito pasa a ser moroso. Solamente el 21 por ciento de las empresas encuestadas, creen que lo es si no se produce el pago en la fecha de vencimiento. Es decir, parece que la mayoría de las compañías (el 79 por ciento) dan por hecho que cobrarán más tarde de lo pactado. Dentro de esta categoría de empresas “resignadas”, para el 28 por ciento, el crédito es moroso cuando transcurren más de 30 días desde la fecha de vencimiento, para el 15 por ciento, cuando pasan más de sesenta días, y para el 36 por ciento, han de pasar 90 días desde el vencimiento para considerar un crédito moroso. En las últimas ediciones del Estudio estos porcentajes se han mantenido bastante estables como puedes ver en el gráfico.

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