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Las empresas españolas se resignan a cobrar más tarde del vencimiento

Mario Cantalapiedra – Economista

Aunque el retraso intencionado tiene un peso importante, la razón principal por la que las empresas cobran tarde sus facturas de clientes es la falta de disponibilidad de fondos por parte de estos, según se desprende del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, algo que, por otra parte, viene a confirmar los resultados de Estudios anteriores. Más lejos quedan el resto de motivos para el retraso, como la complejidad de los procedimientos de pago, las disputas sobre la calidad de los bienes o servicios o la facturación incorrecta. La liquidez es un divino tesoro para las empresas, de ahí que, en mi opinión, la falta de fondos para hacer frente a las obligaciones a corto plazo sea el principal riesgo que hoy deben gestionar los responsables financieros, como manifesté el pasado 10 de mayo en mi intervención en el Manager Business Forum de Barcelona.

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De otros datos aportados por el Estudio, resulta especialmente interesante comprobar en qué momento consideran las empresas que un crédito pasa a ser moroso. Solamente el 21 por ciento de las empresas encuestadas, creen que lo es si no se produce el pago en la fecha de vencimiento. Es decir, parece que la mayoría de las compañías (el 79 por ciento) dan por hecho que cobrarán más tarde de lo pactado. Dentro de esta categoría de empresas “resignadas”, para el 28 por ciento, el crédito es moroso cuando transcurren más de 30 días desde la fecha de vencimiento, para el 15 por ciento, cuando pasan más de sesenta días, y para el 36 por ciento, han de pasar 90 días desde el vencimiento para considerar un crédito moroso. En las últimas ediciones del Estudio estos porcentajes se han mantenido bastante estables como puedes ver en el gráfico.

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Análisis del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos que aporta el Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por el Observatorio de Cash Management que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, muestran que prácticamente una de cada tres empresas españolas (el 31 por ciento) ha sufrido algún impago significativo en los últimos 12 meses, observándose solamente una leve mejoría con respecto al dato del Estudio anterior (del 34 por ciento). Si bien es cierto que las cosas han mejorado, de forma progresiva, desde el máximo histórico de 2012, cuando el 66 por ciento de las empresas declaraban tener impagos significativos, también parece que la situación se está estancando y la cifra no deja de ser preocupante.

En cuanto al impacto de los impagados, para el 74 por ciento de las empresas encuestadas la morosidad supone consecuencias negativas de un modo general, pero lo que verdaderamente asusta es comprobar que para el 13 por ciento de la muestra el retraso en el cobro de sus facturas pone en riesgo su propia continuidad en el mercado.

Realmente no parece sencillo desarrollar una actividad empresarial en un país donde nada menos que el 83 por ciento de las empresas declaran tener que aceptar plazos superiores a los deseados, más allá de que exista un texto legal que limite los pagos a 60 días. El papel lo aguanta todo, la realidad empresarial va por otro camino. Como parece lógico, los que pueden imponer estas condiciones son los que ejercen una mayor fuerza relativa ante sus proveedores. De este modo, el 57 por ciento de las empresas se ven obligadas a aceptar plazos de cobro superiores a los deseados de sus clientes grandes empresas, mientras que el 50 por ciento los tienen que aceptar del sector público. Como siempre digo, hasta que las grandes compañías y las administraciones públicas no prediquen con el ejemplo y cumplan con los plazos de pago legales, seguiremos lidiando con tasas de morosidad demasiado elevadas para una economía como la española que se considera “avanzada”.

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Siete partidas para el análisis rápido del riesgo de un cliente

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando se analiza el riesgo de crédito comercial de un cliente, puede ser muy útil conocer de forma rápida la evolución de una serie de partidas que se consideren significativas. De tal modo que, a partir de este conocimiento, se deduzca la necesidad o no de hacer un análisis más profundo. Evidentemente no resulta sencillo llegar a un consenso de las partidas que debe recoger dicho análisis rápido, teniendo en cuenta, por ejemplo, las restricciones de información pública con las que contamos (hay datos significativos que querríamos saber y no podemos conocer a partir de la contabilidad oficial). No obstante, creo que puede ser muy interesante conocer la evolución de las siguientes siete partidas de los clientes:

Ventas (Importe neto de la cifra de negocios)

Incluye el importe de las ventas de mercaderías, de productos terminados, de productos semiterminados, de subproductos y residuos, de envases y embalajes y de las prestaciones de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, menos el importe de cualquier descuento realizado (por pronto pago, por devoluciones de ventas o por haber alcanzado un determinado volumen de pedidos), menos los impuestos que, como el IVA, deban ser objeto de repercusión. Fundamentalmente será importante vigilar las caídas significativas de las ventas del cliente de un ejercicio a otro.

Resultado neto

Diferencia entre el total de ingresos y el total de gastos en un ejercicio. En este caso, un cliente que sufra una disminución significativa de su resultado neto puede tener problemas para afrontar sus obligaciones de pago.

Total activo

Conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro, o, dicho de modo más sencillo, lo que tiene una empresa. Es importante observar si el activo del cliente crece o decrece con el paso del tiempo.

Patrimonio neto

Representa la parte residual de los activos de la empresa (lo que tiene) una vez deducidos todos los pasivos (lo que debe). Es, por tanto, el dinero que pertenece a los propietarios. Resulta muy preocupante que un cliente tenga un patrimonio neto negativo, en esa situación lo que debe (pasivo) es superior a lo que tiene (activo).

Fondo de maniobra

Diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Proporciona una medida de la adecuación entre activos a corto plazo y pasivos al mismo plazo, que, en principio, deben financiarlos. Si la diferencia es positiva, una parte del activo a corto es financiada con recursos permanentes (patrimonio neto y pasivo no corriente) permitiendo la existencia de un colchón de liquidez en el cliente. No obstante, un fondo de maniobra positivo también supone unas mayores necesidades de financiación de los activos corrientes que no pueden cubrirse con fuentes de financiación a corto plazo. Por tanto, conviene que el cliente tenga un fondo de maniobra adecuado para el sector. Incluso es habitual que en muchos sectores (agencias de viajes, gran distribución, etcétera) sea negativo.

Endeudamiento a corto plazo

Básicamente recoge las obligaciones con terceros vinculadas al ciclo normal de explotación (vencimiento menor o igual a un año) y otras obligaciones con vencimiento menor o igual a un año. Es lo que una empresa debe a corto plazo (por ejemplo, a un proveedor o a un banco). Si el endeudamiento a corto plazo del cliente se dispara, habrá que analizar los motivos por si ello puede afectar a sus compromisos de pago.

Número medio de empleados

Personal asalariado de la empresa (cifra media del ejercicio). Una caída muy significativa de esta cifra puede indicar una mala situación del cliente.

A continuación puedes ver la evolución de las siete partidas mencionadas, de una forma rápida y visual, en el caso del Grupo Isolux Corsán entre 2010 y 2014. Los datos los he obtenido utilizando la herramienta de inteligencia de negocio Insight View.

Evolución partidas significativas Grupo Isolux Corsán (2010-2014)

isoluxFuente: Insight View.

Análisis de clientes por antigüedad de vencimientos

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el término en inglés “ageing” se designa el análisis de los saldos de las cuentas pendientes de cobro (clientes) por antigüedad de vencimientos, el cual resulta muy útil dentro de la gestión del riesgo de crédito comercial. En dicho estudio se trata de reflejar la evolución en el tiempo de los importes debidos por cada cliente, teniendo en cuenta los retrasos sobre los vencimientos pactados de antemano. De este modo, se puede conocer, en un momento determinado, cuál es el riesgo que acumula un cliente, diferenciado deuda vencida y no vencida. Lo normal es distinguir para cada uno de ellos, su deuda total, su deuda no vencida y su deuda vencida clasificada en distintos tramos, como, por ejemplo, los siguientes (*):

  • De 1 a 30 días.
  • De 31 a 60 días.
  • De 61 a 90 días.
  • De 91 a 120 días.
  • De 121 a 360 días.
  • Más de un año.

Es un análisis que permite al responsable de la gestión de riesgos detectar los retrasos en el cobro y priorizar sus acciones de reclamo, debiendo realizarse cada cierto tiempo, en función de cuál sea la dimensión de la empresa y del volumen de clientes, por ejemplo, cada mes. A efectos operativos, puede utilizarse una hoja de cálculo que se alimente con los datos necesarios, adaptada a las circunstancias específicas de la empresa. No obstante, las nuevas herramientas de inteligencia de negocio, que permiten una gestión del riesgo del cliente más global, lo incluyen, y lo hacen a partir de la carga de los datos sobre las facturas de los clientes, permitiendo un análisis muy visual de la evolución en el tiempo de la deuda del cliente, como puedes ver en el ejemplo.

“Ageing” de un cliente

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Fuente: Insight View.

(*) Tramos que utiliza la herramienta de inteligencia de negocio Insight View.

Los apoderados de la empresa en la gestión del riesgo de crédito comercial

Mario Cantalapiedra – Economista

Es habitual que los administradores de una sociedad, a efectos de facilitar su operativa, nombren apoderados para que puedan actuar en nombre de la empresa a través de los denominados poderes notariales. Piensa que, nombrando apoderados, la sociedad se garantiza la posibilidad de realizar determinados actos, como puede ser, por ejemplo, el ingreso de un cheque en una cuenta bancaria o la firma de un contrato de venta, sin necesidad de que los administradores estén presentes.

Estos poderes notariales son documentos públicos, autorizados por un notario, en los que se deben especificar las atribuciones y la capacidad de actuación del apoderado. Éste, para que los actos en los que participe en representación de la empresa surtan efecto, deberá acreditar su cualidad de apoderado mediante la exhibición de la copia autorizada del poder que le habrá entregado la empresa. Por ejemplo, en el caso del ingreso de un cheque, se deberá mostrar ante el banco la copia del poder, antes de efectuarlo. Es importante señalar que el poder notarial tiene carácter unilateral, es decir, la empresa, a través de sus administradores, otorga a una persona la facultad de representarle sin que para ello necesite su autorización, o que dicha persona esté presente ante el notario en el momento del otorgamiento. Lógicamente los poderes se basan en la confianza de la empresa hacia la persona que le va a representar, y en el deseo de ésta de hacerlo.

El tema de la confianza no es menor y de ahí que la representación por parte del apoderado se pueda realizar de forma solidaria (independiente) o mancomunada (conjunta), en unión de uno o varios administradores o apoderados. Es decir, si el apoderado es solidario bastará con su única firma para representar a la empresa, mientras que si es mancomunado tendrá que firmar con otro u otros representantes legales. En cuanto a la inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, será necesaria si se desean inscribir en él los actos o contratos que otorguen los apoderados.

En el análisis del riesgo de crédito comercial que se realice sobre una sociedad interesará conocer sus apoderados, así como las vinculaciones que puedan existir con otras sociedades a través de ellos. Los informes comerciales y, sobre todo, las nuevas herramientas de inteligencia de negocio, que permiten conocer tanto los apoderados vigentes de una empresa como aquellos otros que en algún momento lo fueron, facilitan esta labor.

Si no puedo controlar a diario el B.O.E perderé derechos y dinero en el concurso de acreedores de mis deudores

Hace años, antes de que operase la reforma de la Ley Concursal instrumentada mediante la Ley 38/2011, si uno de nuestros clientes se declaraba en concurso de acreedores recibíamos la comunicación de la existencia del procedimiento concursal del Administrador del Concurso, comenzando a partir de ese momento a contar el plazo para comunicar nuestro crédito.

Desde la citada reforma se modificaron los artículos 23, 85 y 21 de la Ley Concursal de tal manera que el plazo para comunicar un crédito comienza desde el día en que se publica en el B.O.E. el auto admitiendo a trámite el concurso e, igualmente, comienza a computarse desde dicha publicación oficial el plazo para solicitar a la Agencia Tributaria la devolución del I.V.A. de las facturas que resultaron impagadas por la concursada.

Algunos Administradores Concursales, desde dicha reforma, ni siquiera envían la comunicación del inicio del concurso a los acreedores. Otros lo hacen pero cuando recibimos la carta de la Administración concursal ya se ha consumido en todo o en parte nuestro plazo de 1 mes para comunicar nuestro crédito en el procedimiento concursal.

Esto, como he tenido la oportunidad de comprobar con varios clientes, genera una serie de graves problemas para nuestra empresa que son:

1-      Si se nos pasa el plazo para comunicar el crédito corremos el riesgo de que el mismo no sea reconocido en el concurso o de que lo sea pero con el carácter de crédito subordinado, los últimos en cobrar en la prelación de cobros de la Ley Concursal.

2-      Si se nos pasa el plazo para reclamar la devolución del I.V.A. de las facturas que han resultado impagadas no tendremos otra oportunidad, perderemos el importe del I.V.A que hemos adelantado y que hoy por hoy asciende a un 21% de la factura, una quinta parte de nuestro crédito que dejamos de recuperar sólo por no haber controlado el B.O.E.

Sin embargo, el evitar los dos riesgos hasta ahora descritos genera un tercer problema a nuestra empresa, tener que controlar a diario el B.O.E. sobre todos y cada uno de nuestros clientes para verificar si han sido declarados o no en concurso de acreedores lo que, en empresas de gran envergadura, supondría contratar a un número considerable de personas sólo para desempeñar esta ardua tarea, debido al gran número de clientes que verificar cada mañana.

Ciertamente roza un poco en lo absurdo que sea una obligación del acreedor de la concursada, ya suficientemente perjudicado por la declaración en concurso, el tener que controlar a diario si alguno de sus clientes entra en concurso de acreedores pero, absurdo o no, así es en la cruda realidad.

El consejo que normalmente doy a mis clientes al respecto consiste en contratar herramientas informáticas de inteligencia de negocio con alertas enfocadas a la gestión del riesgo de crédito, hay algunas muy buenas y que cada mañana nos dan toda la información y novedades que atañen a todos y cada uno de nuestros clientes, incluyendo en esa información la aparición o no en el B.O.E. de su declaración de concurso, evitando con ello que perdamos la inclusión de nuestro crédito o el derecho a recuperar el I.V.A. adelantado en su momento.

                                                                                                    Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Responsable Comisión Morosidad ASSET

                                                                                                      Socio AGM ABOGADOS

INSIGHTCABECERA

Análisis del Octavo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Octavo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, realizado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, una de cada tres empresas españolas (el 34 por ciento) ha sufrido un impago significativo en los últimos 12 meses. Por tanto, se sigue confirmando la mejora del dato a lo largo de la serie histórica (te recuerdo que la cifra en el estudio anterior, presentado en la primavera de 2014, ascendía al 43 por ciento). En palabras de Ignacio Jiménez, director comercial y marketing de Iberinform, “el PIB y la morosidad son como un espejo, en la medida que mejora uno, mejora la otra”. La duda que surge aquí es que al venir de un período donde las empresas, ante la presencia de un entorno muy hostil, han congelado de forma generalizada sus decisiones de inversión, contentándose con capear el temporal trabajando con los clientes más “seguros”, ello haya podido incidir en una menor morosidad. Ahora que el ciclo parece invitar a crecer, a tomar decisiones más arriesgadas y buscar nuevos clientes, existe la posibilidad de que el porcentaje de impago significativo repunte de nuevo. Piensa que en España, el 98 por ciento de las ventas entre empresas se realizan a crédito, por lo que el riesgo de impago siempre está ahí. Además, y el estudio lo vuelve a confirmar, sigue siendo muy elevado el porcentaje de empresas que cobran de otras compañías por encima del plazo legal de 60 días, en concreto un 54 por ciento del total.

En cuanto a las razones del retraso en el pago de clientes que señalan las empresas, sigue siendo la principal la falta de disponibilidad de fondos, seguida a continuación por la falta de formalidad del cliente. Por su parte, las incidencias del sistema bancario pierden peso de forma significativa como argumento, una vez que bancos y empresas han debido adaptar sus instrumentos de pago a la normativa SEPA.

Resulta algo desalentador comprobar como un porcentaje muy elevado de las empresas consultadas, el 49 por ciento, no ha notado ninguna mejoría en los plazos de pago de las administraciones públicas. Sigo insistiendo que el problema de la morosidad se ha de corregir, en primer lugar, desde lo público, sino seguiremos, como diría un castizo, “mareando la perdiz” en este tema.

¿Qué departamentos de la empresa intervienen en la política de riesgo de crédito comercial?

Mario Cantalapiedra – Economista

Finalizo la serie de entradas que he dedicado a comentar los resultados del Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, con este en el que me detendré en las respuestas de las empresas acerca de cuáles son las áreas o departamentos, dentro de su estructura, que llegan a implicarse en la política de riesgo de crédito comercial. Se trata, por tanto, de conocer dónde reside la decisión acerca de la entrada o no de un cliente o del establecimiento y seguimiento de su riesgo de crédito.

De los resultados obtenidos se desprende que en el 58 por ciento de las empresas existe una intervención en este tema al máximo nivel, es decir, su dirección general o su presidencia participan a la hora de establecer el riesgo de crédito comercial. No obstante, esta intervención de las altas esferas parece ir perdiendo peso, ya que los dos últimos Estudios muestran una reducción progresiva del porcentaje declarado. En este caso, la caída es de 10 puntos frente a la encuesta de primavera de 2013. También es significativa la disminución de la participación de los departamentos especializados de riesgos, que pasan del 41 por ciento hace un año al 30 por ciento actual. Puede pensarse que a lo largo de la crisis financiera y con el rápido aumento de las cifras de morosidad, muchas compañías optaron por crear departamentos específicos ocupados en definir el riesgo de crédito comercial, que, una vez que el viento parece amainar, pasan a reintegrarse en sus áreas financieras dentro de procesos de reestructuración y ahorro de costes. Si pensamos que esta hipótesis puede llegar a ser cierta, nos resultará más fácil entender cómo aumenta el papel del departamento financiero o administrativo en la política de riesgo de crédito, que en este Estudio alcanza al 70 por ciento de las empresas. Por su parte, en el 40 por ciento de las empresas interviene el departamento comercial en la política de riesgo de crédito, por lo que también se puede considerar que tiene un papel relevante. Un 1 por ciento de los encuestados manifiesta que otros departamentos distintos a los mencionados llegan a intervenir, mientras que un reducido, aunque inquietante, 5 por ciento de las empresas declara que ninguno de sus departamentos participa en la fijación de pautas de riesgo de crédito.

¿Qué opinan las empresas sobre ampliar el plazo de pago legal si hay cesión de la deuda a un tercero?

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las novedades interesantes que incluye el Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, es la opinión de las empresas acerca de la posibilidad anunciada por el Gobierno, a través del anteproyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial, de ampliar los plazos máximos de pago legales cuando haya acuerdo entre acreedor y deudor para ceder la deuda comercial a un tercero, quien abonaría las facturas en plazo legal.

En concreto, el anteproyecto prevé modificar la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, introduciendo un nuevo apartado 5 en su artículo 4, el que hace referencia a la determinación del plazo de pago, con la siguiente redacción:

5. Se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la Ley cuando acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda a un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido.”

Luego esta posible modificación permitiría ampliar el plazo de pago por encima de los 60 días fijados legalmente, siempre que se cediera la deuda a un tercero, como ocurre, por ejemplo, en el confirming bancario, donde el acreedor cede el crédito comercial que ostenta frente al deudor a una entidad bancaria, adelantando su cobro a cambio del pago de unos intereses y unas comisiones.

Lo cierto es que, tal como está redactada, la medida parece confundir plazos de pago con medios de pago y de ahí que haya generado polémica. Los datos del Estudio reflejan que la mayoría de las empresas, el 60 por ciento de la muestra, estaría de acuerdo con esta propuesta siempre que no acarreara costes adicionales. Por su parte, un 25 por ciento la rechaza de pleno, mientras que el 14 por ciento restante se muestra conforme con ella, sin matices. La duda que debe despejarse si la propuesta decide llevarse adelante es quién asumirá los costes financieros del aplazamiento por encima del plazo legal, si los soportaría el acreedor o podría hacerlo el deudor, esta es la clave. En este sentido, considero que el medio de pago que se utilice no debe ir nunca en perjuicio del derecho del acreedor a cobrar sus facturas dentro del plazo marcado por la Ley.

Análisis del Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, realizado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, muestra por vez primera desde que se inició la investigación, allá por la primavera de 2011, una mejora en muchos de los parámetros que miden el riesgo de crédito comercial. En esta ocasión, el trabajo de campo que alimenta la muestra ha sido realizado entre los meses de febrero y marzo de 2014, a través de la información facilitada por 347 profesionales relacionados con la gestión del riesgo de clientes en sus respectivas empresas.

Entre los resultados presentados, destaca la reducción del porcentaje de empresas que declara haber sufrido algún impago significativo en los últimos doces meses, hasta el 43 por ciento del total, el mejor dato, con mucho, de la serie histórica. El principal motivo por el que los clientes retrasan el pago sigue siendo la falta de disponibilidad de fondos, citado por el 75 por ciento de los encuestados, la falta de liquidez sigue haciendo daño a nuestro tejido empresarial. A continuación se menciona la falta de formalidad de los clientes, con un 45 por ciento de las respuestas. Los demás motivos (incidencias del sistema bancario, complejidad del procedimiento, disputa comercial sobre la calidad, facturación incorrecta, productos o servicios erróneos, etcétera) quedan ya a mucha distancia.

También creo que merece subrayarse la reducción significativa de los plazos de pago entre empresas en España. De este modo, solamente el 22 por ciento declara pactar pagos por encima de los 90 días, siendo el porcentaje más bajo de la serie histórica. No obstante, el porcentaje de compañías que afirma trabajar con plazos inferiores a 60 días, es decir, dentro del plazo legal vigente, es todavía relativamente modesto, en concreto, el 34 por ciento del total. El mayor número de empresas (43 por ciento) trabaja con plazos que van entre los 60 y los 90 días. De cara al ejercicio en curso, las empresas encuestadas prevén mejorar los plazos de pago, de tal modo que el 39 por ciento cree que trabajará por debajo de los 60 días y únicamente un 19 por ciento estima que lo hará por encima de los 90 días. Luego, se observa una mejoría en los plazos de pago, una tendencia positiva que esperemos se confirme en los próximos meses.

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