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¿Qué diferencias existen entre los códigos IAE y CNAE?

Mario Cantalapiedra – Economista

Muchos empresarios, especialmente los noveles, suelen confundir los códigos IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) y CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), cuando realmente obedecen a realidades distintas.

Por un lado, el IAE es un código numérico de carácter tributario que se refiere al impuesto municipal que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas realizadas por personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, uniones temporales de empresas, etcétera) en territorio nacional. No obstante, están exentos de pagar este impuesto:

  • Las entidades públicas.
  • Los sujetos pasivos que inicien la actividad, los dos primeros períodos impositivos.
  • Las personas físicas.
  • Las sociedades, entidades y contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No residentes con establecimiento permanente con un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros.
  • Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social.
  • Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza pública o concertada.
  • Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro.
  • La Cruz Roja Española.
  • Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales.

Los sujetos pasivos exentos no tienen que presentar declaraciones fiscales por IAE, pero sí tienen que indicar los códigos (grupos o epígrafes) que corresponden a sus actividades en las declaraciones censales de alta. Es importante señalar que dependiendo del código de IAE que se elija, se tendrán unas obligaciones fiscales u otras (por ejemplo, hay epígrafes que están exentos de IVA).

Por su parte, la CNAE depende del Instituto Nacional de Estadística (INE) y también es un código numérico, pero en este caso clasifica a las empresas según cuál sea su actividad con objeto fundamentalmente de elaborar información estadística. Su máximo nivel de detalle (4 dígitos) es utilizado para identificar la actividad de la empresa en distintos impresos y formularios, como, por ejemplo, en los que se emplean para trámites ante la Seguridad Social o en los datos generales de identificación que acompañan el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

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A pesar de que la relación ordenada de actividades que se recoge en el IAE trata de ajustarse a la empleada en la CNAE, no existe una relación directa entre los dos códigos, por lo que los empresarios deben disponer de ambos y utilizarlos según sea el caso.

¿Qué consecuencias tiene para una empresa la revocación de su NIF?

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de identificación fiscal (NIF) que asigna Hacienda a las empresas para que lo utilicen en sus relaciones de índole fiscal, puede ser revocado en determinadas ocasiones, decisión que como explicaré a continuación conlleva importantes consecuencias.

En concreto, la Administración Tributaria, según lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, puede revocar el NIF a una compañía en los siguientes casos: 

  • Cuando la empresa a la que se haya asignado un NIF provisional no aporte, en el plazo previsto legalmente, la documentación necesaria para obtener el NIF definitivo, salvo que se justifique la imposibilidad de aportarla.
  • Cuando las deudas tributarias de la empresa con Hacienda sean declaradas fallidas.
  • Cuando la empresa no presente el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.
  • Cuando durante un período superior a un año, y después de realizar al menos tres intentos de notificación, resulte imposible practicar notificaciones a la empresa en su domicilio fiscal.
  • Cuando la empresa haya comunicado a Hacienda mediante declaración censal el desarrollo de actividades económicas inexistentes.
  • Cuando la empresa se haya constituido sin que en el plazo de tres meses desde la solicitud del NIF se inicie la actividad económica o se realicen los actos preparatorios para el ejercicio efectivo de la misma, salvo que se acredite la imposibilidad de realizarlos.
  • Cuando Hacienda constante que un mismo capital ha servido para constituir varias sociedades y, teniendo en cuenta todas ellas, deduzca que no se ha producido el desembolso mínimo legal.
  • Cuando la empresa haya comunicado a Hacienda el desarrollo de actividades económicas, de gestión administrativa o de dirección de los negocios, en un domicilio aparente o falso, sin que se justifique su realización en otro domicilio diferente.

La revocación del NIF no es automática, contando la empresa con un período de 10 días para presentar alegaciones una vez que se produce la notificación de Hacienda. Si al final se aprueba la revocación, esta se ha de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), teniendo las siguientes consecuencias negativas para la empresa:

  • El cierre de su hoja registral en el Registro Mercantil.
  • El bloqueo de las cuentas bancarias abiertas a su nombre.
  • La imposibilidad de obtener un certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda.
  • La baja en los Registros tributarios de operadores intracomunitarios que realizan entregas y adquisiciones intracomunitarias (ROI) y de empresarios y profesionales con derecho a devolución mensual del IVA (REDEME).

La buena noticia es que la revocación del NIF no es algo irreversible, de tal manera que se puede rehabilitar si desaparecen las circunstancias que la motivaron, y siempre que la empresa lo solicite por escrito y aporte la documentación pertinente.

¿Debe Hacienda adelantar la presentación del Modelo 347 al mes de enero?

Mario Cantalapiedra – Economista

Hacienda tiene previsto adelantar al mes de enero la presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas, el conocido como modelo 347, que actualmente se presenta en febrero. Esta medida se recoge en un Proyecto de Orden, el cual está abierto hasta el próximo 8 de septiembre a los trámites de audiencia y opinión pública para recabar la opinión de la ciudadanía.

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El modelo 347 tiene carácter informativo y lo han de presentar las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que desarrollen actividades empresariales o profesionales en España, y tengan la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal en nuestro país. Los declarantes han de relacionar todas aquellas personas o entidades con quienes hayan efectuado operaciones, en el año natural anterior, que superen individualmente la cifra de 3.005,06 euros, computándose por separado las entregas de bienes y prestaciones de servicios (ventas) de las adquisiciones de bienes y servicios (compras). Se ha de declarar el total de la contraprestación, por lo que ha de incluirse, en su caso, el IVA que se haya repercutido en la venta o soportado en la compra.

Para la Agencia Tributaria el modelo 347 es un documento de control mediante el que se comprueba la facturación de las empresas, pudiendo cruzar los datos declarados por dos de ellas y observar si las compras que consigna una se corresponden a las ventas declaradas por la otra, lo que en caso de discrepancias puede llegar a motivar una inspección. También se puede comprobar el cuadre de los datos proporcionados en el 347 con los de otras declaraciones tributarias presentadas por las empresas como, por ejemplo, el resumen anual del IVA.

Las entidades financieras (bancos, plataformas de crowdlending, etcétera) suelen pedir copia del modelo 347 a las empresas que les solicitan financiación con el fin de mejorar el análisis de riesgos que realizan sobre ellas. A través de los datos que ofrece este modelo, por ejemplo, pueden saber cuáles son sus principales clientes y proveedores y ver si tienen dependencia o no de alguno en concreto.

Por tanto, es un documento que las empresas deben realizar con cuidado tratando de no cometer errores, por lo que no parece muy buena idea adelantar su presentación a un mes como el de enero, que ya de por sí es complicado para las empresas (sobre todo para las pymes y los autónomos) en cuanto a sus obligaciones con Hacienda se refiere.

 

¿Habrá finalmente sanciones tributarias para las grandes empresas morosas?

Mario Cantalapiedra – Economista

Durante la comparecencia del pasado 12 de enero del ministro Montoro en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, salió a relucir una cuestión que nos ocupa y preocupa en este blog desde hace tiempo, en concreto, la de la posibilidad de penalizar a las grandes empresas que pagan las facturas de sus proveedores a plazos excesivamente largos.

Montoro cree firmemente que los mecanismos de financiación extraordinaria y de liquidez aprobados por el Gobierno han sido muy útiles para reducir la morosidad pública. En sus propias palabras “la utilidad ha sido muy grande, porque ha reducido la morosidad de nuestras administraciones públicas de una manera formidable y nunca antes los proveedores de nuestras administraciones territoriales habían cobrado en los plazos en los que están cobrando en este año”.

Pues bien, la idea del Gobierno es trasladar esta experiencia positiva al sector privado. Según Montoro “no es aceptable que, con la Ley de morosidad vigente, se esté produciendo un abuso por parte las empresas de mayor tamaño a la hora de forzar condiciones de financiación a pequeñas empresas”. Inclusive el ministro habló en su comparecencia de que la coyuntura financiera invita a arreglar esta situación: “hoy no tiene ningún sentido tal como está la financiación general del país, con los bancos abiertos y con el acceso a mercados de capitales y demás, y el Gobierno sí puede actuar utilizando, por ejemplo, penalizaciones en materia tributaria”.

No es la primera vez que desde Hacienda se anuncian este tipo de medidas, muy demandadas por autónomos y pymes, principales damnificados por este comportamiento abusivo de las grandes empresas. Puede que, en esta ocasión, la amenaza se convierta en realidad y veamos al fin sanciones tributarias.

 

Evolución plazos de pago por tamaño de empresa (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View). Noviembre 2016.

Nueva regulación fiscal de las pérdidas por deterioro de créditos por insolvencias

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), aplicable a los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se ha visto modificada en parte la deducibilidad fiscal de las pérdidas por deterioro de créditos por insolvencias. Si bien se mantienen las cuatro circunstancias que permitían la deducción en la regulación anterior, se producen importantes novedades en cuanto a las excepciones a considerar.

De este modo, el artículo 13 de la Ley 27/2014, permite deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del IS concurra alguna de las cuatro circunstancias siguientes:

  • Hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la deuda.
  • El deudor esté declarado en situación de concurso.
  • El deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • La deuda haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Por su parte, no se permiten deducir las pérdidas por deterioro debidas a:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los términos establecidos en la Ley Concursal.
  • Estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores.

Por tanto, desaparece la limitación anterior que existía sobre las pérdidas de créditos afianzados y garantizados (por entidades de crédito, sociedades de garantía recíproca, contratos de seguro de crédito o caución, etcétera), y sobre las de créditos renovados o prorrogados de forma expresa, que ahora sí se podrán deducir.

Con respecto a las estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores, hay que señalar que, si bien no son deducibles de un modo general, sí pueden deducirlas las empresas de reducida dimensión, es decir, aquellas compañías que facturan menos de 10 millones de euros, hasta el límite del 1 por ciento sobre los deudores existentes a la conclusión del período impositivo, excluidos los que hayan motivado deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles.

 

 

 

El plazo de 10 días en las notificaciones por Internet de Hacienda

Mario Cantalapiedra – Economista

El sistema de notificaciones electrónicas obligatorias determina que una serie de personas físicas y entidades reciban necesariamente por Internet las comunicaciones y notificaciones que les realice la Agencia Tributaria. Para ello, la Administración crea de oficio una dirección electrónica habilitada (DEH) con vigencia indefinida, que asigna a cada persona o entidad obligada y notifica por carta. En concreto, las siguientes personas y entidades están obligadas a utilizar este procedimiento:

  • Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.
  • Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que no tengan nacionalidad española.
  • Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes.
  • Uniones temporales de empresas.
  • Agrupaciones de interés económico, agrupaciones de interés económico europeas, fondos de pensiones, fondos de capital riesgo, fondos de inversiones, fondos de titulización de activos, fondos de regularización del mercado hipotecario, fondos de titulización hipotecaria y fondos de garantía de inversiones.
  • Contribuyentes inscritos en el Registro de grandes empresas.
  • Contribuyentes que tributen en el Régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre sociedades.
  • Contribuyentes que tributen en el Régimen especial del grupo de entidades del IVA.
  • Contribuyentes inscritos en el Registro de devolución mensual del IVA.
  • Contribuyentes con autorización para presentar declaraciones aduaneras mediante el sistema de transmisión electrónica de datos (EDI).

Una vez que las personas y entidades anteriores son incluidas en el sistema, todas las notificaciones de la Agencia Tributaria les serán remitidas exclusivamente a su DEH, a la que pueden acceder directamente las personas o entidades relacionadas, o bien sus apoderados. Y es en este punto donde hay que tener un cuidado especial, puesto que, como se informa desde Hacienda, transcurridos 10 días naturales desde el envío de una notificación sin que se acceda a la misma, ésta se dará por efectuada. Por tanto, es aconsejable acceder periódicamente a la DEH, como mínimo cada 10 días, para ver si hay notificaciones o comunicaciones pendientes, y para ello se pueden utilizar los dos canales siguientes:

  • http://www.notificaciones.060.es
  • https://www.agenciatributaria.gob.es

También cabe la posibilidad de que, a la hora de configurar el perfil de la DEH, se facilite una cuenta de correo electrónico personal en la que, de forma no vinculante, se reciban las nuevas comunicaciones y notificaciones. En cuanto al cómputo del plazo de 10 días, empieza a contar a partir del día después de su puesta a disposición. Por ejemplo, para las notificaciones que se envíen a la DEH el día 1 de mes, el plazo comienza las 0 horas del día 2, finalizando a las 24 horas del día 11.

El Gobierno publicará listados de morosos con la Hacienda Pública

Mario Cantalapiedra – Economista

En su reunión del pasado viernes, el Consejo de Ministros ha decidido remitir a las Cortes la Reforma de la Ley General Tributaria que persigue potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica de las normas tributarias. Entre otras novedades anunciadas en esta Reforma, es llamativa la de dar publicidad a los deudores morosos con la Hacienda Pública que superen una cierta cuantía.

De este modo, por motivos de interés general, y para luchar contra el fraude, se autoriza la publicación de listados de obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubiesen sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario. Siguiendo la recomendación planteada por el Consejo de Estado, estos listados no incluirán las deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas. Con carácter previo a su publicación, se concederá un trámite de alegaciones a los interesados, pudiendo la Administración tributaria llevar a cabo, en su caso, la rectificación de los listados antes de publicarlos definitivamente, siendo además el acuerdo final impugnable en la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español tiene previsto publicar la primera lista de morosos en el cuarto trimestre de este año, respecto a aquellos deudores que a fecha de 31 de julio de 2015 incurran en las circunstancias comentadas. Con posterioridad, el primer semestre de cada año natural se publicará un listado que recoja los deudores morosos por encima del millón de euros a 31 de diciembre del año previo.

Por otro lado, el Consejo de Ministros del pasado viernes también ha acordado tramitar un Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal, para permitir la publicación parcial de las sentencias condenatorias firmes por delitos contra la Hacienda Pública. Se trata de dar publicidad de los condenados mediante sentencias firmes por delitos contra la Hacienda Pública, de insolvencia punible (siendo acreedora la Hacienda Pública) o de contrabando (con perjuicio a la Hacienda Pública). La publicación de estas sentencias no será completa sino únicamente en aquellos aspectos estrictamente necesarios, respetando los derechos fundamentales al honor y la intimidad, así como la protección de datos de carácter personal, y se aplicará a las sentencias que sean firmes tras la entrada en vigor de la Ley. Ahora el texto legal tiene que pasar el trámite del Consejo General del Poder Judicial.

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El aviso a navegantes por redes sociales de la Agencia Tributaria es ya una realidad

Mario Cantalapiedra – Economista

El anuncio realizado por la Agencia Tributaria de analizar la información que fluye por las redes sociales en la búsqueda de posibles fraudes de los contribuyentes, se ha materializado de modo oficial en la Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015. Según el texto legal, estas directrices generales se apoyan en tres pilares: la comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero, el control del fraude en fase recaudatoria y la colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas. La atención de la Agencia en 2015 por lo que se ve estará centrada, entre otros, en los sectores o tipologías de fraude de la economía sumergida, de la investigación de patrimonios en el exterior, de la planificación fiscal de las multinacionales o de la economía digital.

En lo que a la economía digital se refiere, desde la Agencia Tributaria se reconoce como el uso de la tecnología ha cambiado la forma en la que se relacionan compradores y vendedores, por lo que también ella ha de modificar cómo controla a los contribuyentes. En este contexto, pretende emprender las siguientes actuaciones:

  • Captación de la información disponible en Internet con el objetivo esencial de proceder a efectuar una ordenación y sistematización de la misma, de cara a su explotación y análisis para su posterior incorporación a las bases de datos de la Administración Tributaria.
  • Captación de indicios de éxito de las páginas de comercio electrónico, a través de la información que ofrecen empresas especializadas en análisis y valoración de páginas web y de la disponible en las redes sociales.
  • Utilizando técnicas de análisis de las redes sociales, se analizarán las operaciones comerciales realizadas entre los distintos agentes económicos con el objetivo de identificar aquellos patrones de comportamiento que se corresponden con actividades defraudadoras. Una vez identificados los patrones defraude, se utilizarán tanto para la selección como para la comprobación.

 Se trata de descubrir actividades ocultas o bienes objeto de comercio ilícito a través de la información disponible en Internet, así como controlar que los vendedores que utilizan el medio digital para comercializar sus productos tributan adecuadamente en España. Además las redes sociales también han de servir a la Agencia Tributaria para detectar ingresos no declarados por los contribuyentes, a partir de “signos externos de riqueza”, que no resulten acordes con su historial de declaraciones fiscales.

 

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Hacienda, los bancos y los riesgos de utilizar inadecuadamente las redes sociales

Mario Cantalapiedra – Economista

A raíz del anuncio realizado por la Agencia Tributaria de su intención de analizar la información que fluye por las redes sociales para detectar posibles fraudes de los contribuyentes, me gustaría compartir contigo alguna reflexión acerca de los riesgos que puede acarrear su uso inadecuado, fundamentalmente desde la perspectiva del mundo de la empresa.

Si bien las redes sociales han supuesto una verdadera revolución en todo lo que a comunicación se refiere, permitiendo que sean los propios usuarios de las mismas los que generen contenidos y los consuman y haciendo que empresas y profesionales tengan acceso a multitud de contactos de los que pueden conocer datos y segmentar comunicaciones, también pueden representar una amenaza si no son utilizadas de un modo correcto. Conocidos son los casos de personas que han llegado a perder su puesto de trabajo por algún comentario realizado en redes sociales o por mostrar en ellas conductas alejada de los valores que definen a la empresa en la que prestan sus servicios. De igual modo, las redes sociales son fuente de información que consultan los reclutadores de personal con carácter previo a tomar decisiones de contratación. En este sentido y a colación del anuncio realizado ahora por Hacienda, me viene a la memoria el caso de un empresario que en su día me contaba como envuelto en pleno proceso de refinanciación de la deuda bancaria de su compañía, la entidad financiera con la que la negociaba le había denegado la operación, de forma “extraoficial”, por haber visto unas fotos suyas publicadas en una red social en las que aparecía esquiando en una famosa estación alpina. Por lo que se ve, la entidad financiera concluyó que si el empresario tenía dinero para ir a esquiar a tan selecto lugar, también lo tendría para devolver los préstamos que había solicitado en los plazos previamente pactados, no teniendo sentido refinanciación alguna. Luego en las redes sociales, los usuarios, entre ellos empresarios y profesionales, al igual que en el mundo fuera de ellas son dueños de sus silencios y esclavos de sus palabras, solamente que aquí lo que se haga público puede llegar a mucha más gente y de forma más rápida. Por tanto, no debe extrañar el anuncio de Hacienda, no solamente ella investiga en las redes en búsqueda de información. Se trata de saber utilizar esta herramienta y de medir los riesgos que se corren al hacerlo.