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¿Por qué las empresas no ejercen su derecho a cobrar intereses de demora?

Mario Cantalapiedra – Economista

La mayoría de las empresas españolas renuncian al cobro de intereses de demora cuando sus clientes incumplen los plazos de pago, aunque la Ley les reconozca el derecho a cobrarlos. Así lo demuestran los datos del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, de Crédito y Caución e Iberinform.

Según este Estudio, hasta el 54 por ciento de las empresas “nunca” aplican intereses de demora, el 40 por ciento lo hace “a veces”, y solamente el 6 por ciento de las empresas declaran aplicarlos de una forma sistemática.

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¿Qué dice la legislación vigente en España sobre los intereses de demora?

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, regula los intereses de demora en sus artículos 5 al 7.

En el artículo 5 se reconoce el devengo de este tipo de intereses “automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor”.

Por su parte, en el artículo 6 se recogen los dos requisitos que ha de reunir el acreedor para poder exigir los intereses de demora al deudor:

  1. Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.
  2. Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.

En cuanto al tipo de interés que cobran las empresas cuando llegan a aplicarlo, según el Estudio de Crédito y Caución e Iberinform, hasta el 97 por ciento aplica un interés por debajo del que podría aplicarse según la Ley 3/2004.

En este sentido, el artículo 7 regula el interés de demora que deberá pagar el deudor, para lo cual existen las dos opciones siguientes:

  1. El tipo de interés que resulte del contrato que se firma entre acreedor y deudor.
  2. Si no hay pacto previo, el que resulte de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales (actualmente este tipo es del 8 por ciento).

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En este caso, ante la decisión de cobrar intereses de demora o no a un cliente que retrasa el pago de sus facturas, más que el derecho a hacerlo, pesa el miedo a perjudicar la relación comercial con él o incluso a perderle y que se vaya a la competencia.

 

Las empresas españolas tardan demasiado tiempo en reconocer que un crédito es moroso

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando una empresa o un profesional emite una factura a un cliente suele hacerlo con la confianza de que le será abonada en la fecha de vencimiento pactada. No obstante, es habitual, que se produzcan retrasos en el pago, que desde la perspectiva del acreedor pueden ser más o menos aceptables.

Existen retrasos que pueden deberse a cuestiones de tipo administrativo o comercial (no emitir una factura de abono pendiente, no respetar un descuento previamente pactado, etcétera), los cuales suelen subsanarse con rapidez una vez se conocen y liberar el pago que pueda estar retenido. No obstante, hay otros retrasos, más preocupantes para la empresa acreedora, y tras los que se esconde la dificultad del cliente para pagar las facturas, o inclusive su voluntad de no hacerlo. Estos últimos suelen aumentar en épocas de crisis cuando aparecen problemas de liquidez en muchas empresas que antes no los tenían.

A estos efectos, las empresas españolas suelen tardar bastante tiempo en reconocer que un crédito es moroso, tal como muestran los resultados del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform. Así, solamente catorce de cada cien empresas consultadas consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento, mientras que la mayoría (37 por ciento) dejan pasar más de 90 días hasta considerar el crédito como moroso e iniciar acciones de recobro. Como ya he comentado en alguna otra ocasión, este comportamiento lo pueden explicar diferentes elementos, entre ellos el tratar de cuidar la relación comercial con los clientes, o el propio sentimiento de vergüenza que experimentan algunos empresarios en el momento de tener que reclamar el cobro de sus facturas.

En cualquier caso, si pensamos que el transcurso del tiempo suele ir en contra de los intereses de la empresa acreedora, y a favor de los del deudor moroso, el plazo superior a 90 días no parece razonable, de tal modo que la recomendación no puede ser otra que tratar de acortarlo, eso sí, cuidando siempre la relación comercial con el cliente, al mismo tiempo que se hacen valer los derechos de la empresa. Desde luego, en épocas de dificultades como la actual debido a la pandemia, no parece oportuno relajar las gestiones de recobro, ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar nuestras facturas.

Recobro

Más de la mitad de las empresas redujeron su facturación en 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

Más de la mitad de las empresas en España vieron reducida su facturación en 2020. Es una de las principales conclusiones de la oleada de primavera del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que presentan de forma recurrente las empresas Crédito y Caución e Iberinform.

La cifra puede parecer muy llamativa, y de hecho lo es, pero si queremos ver el vaso medio lleno, ha mejorado bastante con respecto a las previsiones iniciales que tenían las empresas al aparecer la pandemia. En este sentido, en la primavera del año pasado con la declaración del estado de alarma y el confinamiento, el 72 por ciento de las empresas esperaban caídas de sus ventas. Este dato ya mejoró en las previsiones de otoño hasta el 61 por ciento, con la reactivación económica vivida en muchos sectores, para quedar finalmente en el 56 por ciento que conocemos ahora.

No todas las empresas perdieron facturación en 2020. En un momento de sufrimiento generalizado para gran parte del tejido empresarial, hasta un 27 por ciento de compañías vieron cómo se incrementaba su facturación al cierre del ejercicio.

Factura_2020

Asimismo, con respecto a las previsiones para este año, más de la mitad de las empresas (el 53 por ciento) esperan que su facturación aumente, aunque en este caso el dato no mejora el pronóstico realizado por ellas en la primavera de 2020.

Muchos pensábamos que gracias al confinamiento estricto la pandemia se controlaría en poco tiempo y recuperaríamos la ansiada “normalidad”, pero por desgracia esto no ha ocurrido, y los efectos del coronavirus siguen llenando de incertidumbre a la sociedad y, por ende, al tejido empresarial.

En cualquier caso, me quiero quedar con el dato positivo y es que solamente un 14 por ciento de empresas esperan que su facturación caiga este año. Ojalá el final de ejercicio confirme una cifra todavía menor.

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¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis?

Mario Cantalapiedra – Economista

El intercambio de puntos de vista y de información entre diferentes áreas de la empresa antes de tomar la decisión de conceder crédito comercial a los clientes, suele incrementarse en épocas de crisis económica. En algunas empresas dicho intercambio se produce en el seno de estructuras de gestión del riesgo de crédito comercial, que genéricamente se conocen como “comités de riesgos”.

En base a los datos de la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por las compañías Crédito y Caución e Iberinform, la presencia en las empresas de estos comités de riesgo está aumentando. De este modo, el 26 por ciento de las empresas encuestadas en otoño declaran tenerlos, frente al 25 por ciento que decían tenerlos en primavera, y el 22 por ciento de 2019. Suele ocurrir así habitualmente, en épocas de crisis estas estructuras aumentan y cuando llega la bonanza se olvidan.

Comité

 

Los comités de riesgos revisan, recomiendan y aprueban los límites de crédito a los clientes, controlando la evolución en el tiempo de su cartera, y en ellos exponen y debaten sus puntos de vista diferentes departamentos de la empresa.

Según lo declarado por las empresas, el departamento que suele estar más presente en estas estructuras es el financiero (69 por ciento), seguido de cerca por la dirección general (66), y a mayor distancia por los departamentos comercial (39) y de riesgos (26). En el último caso, el del departamento de riesgos, es muy habitual que las empresas de dimensión más modesta (recordemos que en España cerca del 94 por ciento de la compañías son autónomos y microempresas que no llegan a contar con 10 trabajadores en sus filas), agrupen sus funciones en la persona o personas que se encargan del área financiera.

Departamentos

Contar con estructuras definidas en las empresas para gestionar el riesgo de crédito comercial, inclusive en las pequeñas, se me antoja que puede ser algo eficaz, y hasta eficiente, en cualquier coyuntura del mercado, no solamente en épocas de crisis económica.

En estos comités, los responsables financieros y comerciales que suelen tener posturas diferenciadas sobre los clientes (el financiero sobre todo quiere cobrar, el comercial sobre todo quiere vender), pueden compartir información y debatir acerca de las posibilidades reales de pago para llegar a acuerdos sobre los límites de riesgo. Esta forma estructurada de proceder puede minimizar muchos de los problemas de morosidad de las empresas.

El 63 por ciento de las empresas cobran por encima del plazo legal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En base a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, las empresas deben cobrar sus facturas como máximo a los 60 días naturales desde la fecha de recepción de las mercancías o de prestación de los servicios. Pues bien, este plazo no se cumple para el 63 por ciento de las empresas que venden bienes o prestan servicios en España.

Es una de las conclusiones de la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por las compañías Crédito y Caución e Iberinform. Aunque el dato ha mejorado algo con respecto al anterior realizado en primavera, sigue siendo muy alto el número de empresas que declaran no cobrar sus facturas dentro del plazo legal. No parece que la situación económica actual debida a la pandemia sea la más propicia para corregir un problema enquistado hace mucho tiempo en nuestra economía.

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Hasta un 79 por ciento de las empresas consultadas declaran tener que soportar plazos superiores a los deseados, siendo llamativo el crecimiento negativo experimentado por el colectivo de pymes (el 54 por ciento de las empresas consultadas, cuatro puntos más que en primavera, declaran tener que aceptar el cobro de sus clientes pymes más tarde de lo deseado).

Las pequeñas y medianas empresas están siendo muy golpeadas por la COVID-19, especialmente en determinados sectores, y ello se ha de reflejar de un modo u otro en demoras en sus pagos.

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Lo difícil de la situación actual también se comprueba con el incremento significativo del retraso intencionado como causa explicativa de la demora en los pagos (del 45 por ciento en primavera pasa a ser el 52 por ciento ahora en la consulta de otoño). Es la segunda causa argumentada por las empresas consultadas, pero está muy cerca ya de la primera, la indisponibilidad de fondos.

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Veremos si la situación de deterioro que se describe en estas gráficas no empeora cuando finalicen los ERTE y los estímulos actuales. Mucho me temo que de no cambiar radicalmente nuestro entorno empresarial, en 2021 lo datos relacionados con el pago entre empresa puedan sufrir un grave deterioro.

Nubarrones negros se ciernen sobre el PIB y la facturación de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) reflejadas en su último informe de “Perspectivas de la economía mundial”, España se convertirá en la economía avanzada que sufra un mayor retroceso de su producto interior bruto (PIB) en 2020. En concreto, este organismo internacional prevé que la caída del PIB sea nada más y nada menos que del 12,8 por ciento.

Muchas economías van a terminar 2020 en negativo. De hecho el FMI prevé un retroceso del 4,4 por ciento para el producto mundial, y del 5,8 por ciento para las economías avanzadas, de entre las cuales España es la que más cae.

Para nuestro país supone la mayor caída en su indicador de producción desde la Guerra Civil. Nos queda la esperanza de que nuestro producto sea de los que más crezcan en 2021. De hecho, el FMI estima que se incrementará un 7,2 por ciento, pero claro está, no será un nivel suficiente a efectos de recuperar la caída de 2020 (para recuperarla tendría que aumentar un 14,6 por ciento, teniendo en cuenta aquello del diferente comportamiento de los porcentajes en las bajadas y en las subidas).

Proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial (variación porcentual anual)

FMI_octubre_2020

Fuente: Elaboración propia a partir datos FMI. Octubre 2020.

Y al final estas proyecciones macroeconómicas tienen su fiel reflejo en las previsiones que también realizan los empresarios españoles.

Si atendemos ahora a las conclusiones de la segunda oleada del Estudio del Riesgo de Crédito en España que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, el 61 por ciento de las empresas esperan una caída de su facturación en 2020. A pesar de todo, hay cierta mejora con respecto a la anterior oleada de este estudio de primavera de 2020. Entonces eran hasta un 72 por ciento de empresas las que creían que su facturación iba a menguar este año. El que no se consuela es porque no quiere.

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La necesidad de gestionar el recobro de facturas ante la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

En base a las estimaciones recientemente publicadas por Iberinform, la crisis económica asociada al coronavirus hace que al menos el 18 por ciento del tejido empresarial en España se encuentre en máximo o elevado riesgo de impago, mientras que un 21 por ciento adicional presenta un riesgo moderado. Solamente el 61 por ciento restante mantiene valores que permiten considerar su riesgo de crédito bajo o mínimo.

Lo cierto es que el deterioro de la situación económica está siendo muy rápido, y aunque muchos confían en que la recuperación puede ser también rápida, una vez que finalice el estado de alarma y se vaya reactivando la economía, de momento los datos que se van conociendo no nos dejan ser muy optimistas.

En cualquier caso, desde las empresas toca ser muy proactivos a la hora de gestionar los riesgos de la actividad, entre ellos, de un modo especial el riesgo de impago. Es en épocas de crisis cuando debe incidirse en esta gestión ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar las facturas de clientes.

¿Cuándo consideran las empresas en España que un cliente es moroso?

En base a la información que nos proporciona el Decimotercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, en el que han participado gestores de más de 700 empresas, solamente el 13 por ciento de las compañías consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento. Solemos ser bastante pacientes a la hora de iniciar acciones de recobro, llegando incluso al 32 por ciento las empresas que declaran esperar más de 90 días para iniciarlas. Detrás de este comportamiento suelen existir distintas motivaciones, que van desde el deseo de no deteriorar la relación comercial con los clientes, hasta cierto pudor o vergüenza a la hora de reclamar las facturas, que de esto último también hay.

El problema es el que el tiempo siempre corre a favor del moroso, y más en épocas de crisis, por lo que mi recomendación es que en estos momentos de deterioro de la situación económica, las empresas pongan su foco de atención en la gestión del recobro. Entre considerar al cliente moroso el mismo día del vencimiento, y dejar pasar más de 90 días existe un abismo que puede ser muy perjudicial para la empresa acreedora.

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Casi 62.000 empresas en España en alto riesgo de desaparición debido al “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta un 5 por ciento de empresas españolas prevén que la facturación impagada por sus  clientes supere el 10 por ciento en 2020 debido al impacto del “coronavirus”. Es una de las conclusiones que se desprenden del Decimotercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, en el que han participado gestores de más de 700 empresas de todos los tamaños y sectores del tejido empresarial.

Este nivel previsto de impagados es tan elevado que de confirmarse puede llevar a la desaparición de muchas empresas. Teniendo en cuenta las últimas cifras referidas a finales del mes de abril, en España existen 1.233.187 empresas inscritas en la Seguridad Social, por lo que extrapolando el dato del 5 por ciento con previsión alta de impagos, cerca de 62.000 empresas corren un importante riesgo de desaparición. Son muchas empresas, muchos proyectos que pueden verse truncados de la noche a la mañana.

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En la línea del dato anterior, también destaca el porcentaje de empresas que declaran prever un descenso de su facturación en 2020 debido al “coronavirus”. Hasta el 72 por ciento de los encuestados creen que facturarán menos que el año anterior. El  14 por ciento piensan que su facturación se mantendrá, y únicamente otro 14 por ciento observan un crecimiento de sus ventas en este año tan convulso.

Menos facturación y más impagados no configuran un escenario muy positivo para nuestro tejido empresarial. Evidentemente desde las empresa, toca extremar todo lo que se relaciona con la gestión del riesgo de crédito comercial, procurando que lo poco o mucho que se venda, se cobre en su totalidad.

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Menos de la mitad de las empresas en España cobran dentro del plazo de pago legal

Mario Cantalapiedra – Economista

Siguiendo con el análisis del Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que inicié en el “post” anterior, es preocupante comprobar como siguen siendo mayoría las empresas que cobran las facturas de sus clientes por encima del plazo de pago legal. Solamente el 41 por ciento de las empresas pueden decir que cobran dentro del mismo (recuerdo que el plazo de pago entre empresas debe ser dentro de los 30 días después de la fecha de recepción de los bienes o prestación de los servicios, ampliable hasta un máximo de 60 días si hay pacto entre las partes). Por su parte, un 45 por ciento declaran cobrar entre 60 y 90 días, y el 14 por ciento restante cobran por encima de 90 días, cifra esta última que, por cierto, se mantiene constante en los últimos tres ejercicios.11

Hasta un 81 por ciento de las empresas declaran tener que aceptar plazos de pago superiores a los deseados, luego no hace falta ser muy sagaz para comprobar que solamente el 9 por ciento de las empresas en este país están satisfechas con los plazos a los que les pagan sus clientes. Las peores pagadoras son, como de costumbre, las grandes empresas (a un 51 por ciento de sus proveedores les imponen plazos de pago superiores a los deseados), sin embargo, solamente un 8 por ciento de las empresas que trabajan con las administraciones públicas tienen queja de sus plazos, esperemos que siga así.

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En cuanto al motivo concreto del retraso hay dos razones principales que muestran igual resultado en la encuesta, aunque lo que subyace detrás de ellas es muy diferente. Por un lado, el retraso se puede deber a la falta de disponibilidad de fondos (pobre cliente, “no tiene” para pagarme), por otro, a la intención del cliente (en este caso, de pobre nada… “no quiere” pagarme).

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Análisis del Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Undécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, basado en 650 encuestas a empresas, por primera vez desde 2012 empeora la tasa de empresas que sufren algún impago significativo en los últimos 12 meses. Es cierto, que solo lo hace en un 1 por ciento con respecto al año anterior (27 por ciento frente a 26 por ciento) y que está lejos de la tasa récord de este Estudio del 66 por ciento alcanzada en 2012, pero en cualquier caso este dato supone romper una tendencia positiva.

Impacto

Que las cosas van peor en cuanto a morosidad se refiere, lo confirma el empeoramiento de la tasa de impago en las relaciones B2B (transacciones comerciales entre empresas). Hasta un 6 por ciento de las compañías declaran tener unas tasas de impago altas (aquellas superiores al 4 por ciento), frente al 3 por ciento del año anterior, lo que también supone el primer cambio de tendencia en este indicador desde 2012.

b2b

Los efectos que tiene la morosidad para las empresas siguen siendo muy similares a los declarados el año anterior. En primer lugar, se destacan las consecuencias negativas de un modo general (64 por ciento), seguidas por incremento de costes financieros y pérdida de ingresos (39 por ciento), limitación del crecimiento (16 por ciento) y limitación de nuevas inversiones (15 por ciento). En este capítulo, cabe destacar que para el 9 por ciento de las compañías encuestadas la morosidad pone en riesgo su propia continuidad. El retraso en el pago siempre genera problemas, que podrán ser más leves o más graves, pero siempre los crea. Como se comentó en la presentación del Estudio en el Instituto de Empresa, “hay algo diferente entre comprar y pagar; si me compra y no me paga, no es un cliente, es un problema”.

Consecuencias

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