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Cambios en la normativa contable española para adaptarla a la legislación europea

Mario Cantalapiedra – Economista

Se avecinan cambios en la legislación contable española con el fin de homogeneizar nuestra normativa con las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea. En este sentido, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha abierto al período de información pública, el proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Las modificaciones previstas afectan a las siguientes normas contables:

  • Plan General de Contabilidad (PGC) y sus normas complementarias (Normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas y Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos) para adaptarlos a la normativa contable europea en materia de instrumentos financieros (NIIF-UE 9) y reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias (NIIF-UE 15).
  • Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC-Pymes), en el que se introduce una mejora técnica en la regla de presentación de las ampliaciones de capital.

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Este Real Decreto contempla tres objetivo principales:

  • Armonizar nuestro ordenamiento contable con la normativa contable internacional en materia de instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos. Con la reforma se persigue una mejora de la calidad de la información financiera en estas dos áreas.
  • Reformar el PGC y sus normas complementarias desde la perspectiva de la relevancia de los nuevos criterios internacionales para las empresas no financieras. La reforma persigue garantizar un equilibrio en los requisitos de información financiera para las pymes y las entidades no financieras, teniendo en cuenta cuál es nuestro modelo económico y productivo y la realidad de las empresas no financieras.
  • Realizar un análisis de los criterios internacionales desde una perspectiva crítica para no incluir en el PGC y sus normas complementarias las reglas que no se considere que introducen una mejora en la relevancia y fiabilidad de la información financiera.

Hasta el próximo 2 de noviembre los interesados pueden presentar observaciones a este proyecto normativo a través de la dirección de correo electrónico habilitada por el ICAC (contabilidad@icac.mineco.es).

Foto: FirmBee

El ICAC sanciona a sociedades que no depositan sus cuentas anuales en el Registro Mercantil

Mario Cantalapiedra – Economista

El mes de julio suele ser sinónimo de presentación de cuentas anuales para muchas sociedades, que suelen agotar el plazo legal de aprobación por la Junta General, fijado en el 30 de junio, por lo que tienen hasta el 30 de julio para depositarlas en el Registro Mercantil (un máximo de treinta días naturales después de la fecha de aprobación). En este sentido, una sociedad que no deposite sus cuentas anuales se puede enfrentar a una serie de problemas, entre ellos, los siguientes:

  • Si transcurre un año desde cierre del ejercicio sin presentación, se procede al cierre provisional de la hoja registral, con lo que no se podrá inscribir ningún documento en el Registro, excepto los que constan en el artículo 378.1 del Reglamento del Registro Mercantil (cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, revocación o renuncia de poderes, disolución de la sociedad, nombramiento de liquidadores y asientos ordenados por la Autoridad judicial o administrativa).
  • Posible derivación de responsabilidades contra los administradores de la sociedad por socios o terceros que puedan reclamar daños causados por no depositarlas.
  • Posible motivo para calificar un concurso como culpable.
  • Posible impacto negativo en los informes comerciales que realizan empresas especializadas.
  • Posibles mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria y lograr la cobertura del seguro de crédito.
  • Posible sanción por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Precisamente me gustaría detenerme en este último problema en base a una información reciente difundida por el Registro de Economistas Contables del Consejo General de Economistas, comentando la apertura por parte del ICAC de expedientes sancionadores a algunas sociedades que no han depositado sus cuentas anuales. Aunque dichas sanciones ya estaban recogidas en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, hasta la fecha no se estaban aplicando. Las multas pueden ir desde los 1.200 a los 60.000 euros, aunque pueden elevarse hasta 300.000 euros si la sociedad (o grupo de sociedades) factura por encima de 6 millones de euros. Hay que señalar que el Registro Mercantil debe remitir al finalizar cada año, a la Dirección General de los Registros y del Notariado, y esta, a su vez, al ICAC, una relación alfabética de las sociedades que no hayan depositado las cuentas, por lo que el ICAC tiene conocimiento de las mismas y puede sancionarlas.

 

Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales

En consecuencia esta Resolución del ICAC,  Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria ,tiene como objetivo dar cumplimiento al citado mandato y se dicta tanto al amparo de la habilitación expresa que otorga la disposición adicional tercera al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, como de la general recogida en la disposición final tercera del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, para que este Instituto pueda aprobar, mediante resolución, normas de obligado cumplimiento que desarrollen el Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias en relación con las normas de elaboración de las cuentas anuales.

El ámbito de aplicación de la Resolución se regula en la norma primera en sintonía con el alcance definido en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010.

A tal efecto, se integra dentro de la definición de “empresa” a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional que deba elaborar cuentas anuales de acuerdo con nuestro Derecho contable o que las elaborase voluntariamente.

Las empresas que formulen cuentas consolidadas también deberán atender el deber de información en la memoria consolidada aplicando la presente Resolución, si bien exclusivamente respecto a las empresas radicadas en España que se consolidan por el método de integración global o proporcional, al margen del marco de información financiera en que se formulen las citadas cuentas.

La norma tercera recoge la información que se considera oportuna para poder opinar sobre el grado de cumplimiento de la Ley 15/2010. En particular las empresas que elaboren la memoria en el modelo normal deberán incluir en una nota independiente la siguiente información:

  • Importe pagado fuera o dentro del plazo legal.
  • Plazo medio ponderado de los pagos excedidos durante el ejercicio.
  • Saldo pendiente de pago al cierre del mismo que acumule un aplazamiento superior al permitido por la ley.

La Resolución exige que se informe sobre el número de días en que la empresa ha superado el plazo legal de pago. En la medida que la empresa puede tener que cumplir con distintos plazos legales, en función de la naturaleza del bien o servicio de que se trate, y al objeto de ponderar el incumplimiento en el importe de la factura que no se ha atendido en plazo, para mostrar dicha información se ha considerado oportuno emplear el indicador “Plazo medio ponderado de pagos excedidos”. A tal efecto, la empresa deberá calcular el número de días de retraso sobre el plazo legal en cada uno de los pagos incumplidos y ponderarlo por el importe del pago, circunstancia que requiere identificar el plazo legal de pago que, en cada caso, corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.